Las razones de la exhumación de Carlos Pizarro

El 26 de abril de 1990, cuando un sicario asesinó al entonces candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, las autoridades judiciales responsabilizaron del crimen al capo de capos Pablo Escobar Gaviria. El jefe del Cartel de Medellín lo desmintió de inmediato. Desde entonces, la investigación judicial por el magnicidio es un derrotero de impunidad. Hoy, casi 25 años después, la Fiscalía intenta aclarar el caso con un punto de partida: la exhumación del cadáver de Pizarro, que se adelantó esta mañana en el cementerio Central.

El propósito de esa diligencia es adelantar un examen pericial a las heridas que causaron la muerte de Pizarro. La hipótesis de la Fiscalía es establecer si el protocolo de la necropsia que se adelantó en 1990 estuvo mal hecho, porque examinado con las técnicas actuales no ofrece suficiente claridad sobre la trayectoria de los proyectiles y los orificios de entrada y salida de los mismos en el cuerpo sin vida del excomandante guerrillero. En otras palabras, si las explicaciones judiciales de la época coinciden con un nuevo examen de balística, promovido con los avances de la ciencia.

El caso judicial por el crimen de Carlos Pizarro, como otros ocurridos en la misma época, puede ser clasificado como sospechoso. Desde la investigación que se adelantó en su momento como los hechos que se han venido develando a través del tiempo, dan la oportunidad de cambiar su rumbo histórico. En 1990, cuando Pizarro fue asesinado, el dato más revelador fue constatar que el hombre que le disparó, Gerardo Gutiérrez, había sido compañero de trabajo del sicario que le quitó la vida al candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, en marzo del mismo año.

Sin embargo, tanto un caso como el otro, se fueron desvaneciendo en el tiempo. El asesino de Jaramillo, el joven de 16 años Andrés Gutiérrez Maya, terminó asesinado durante un permiso otorgado por la Fiscalía para salir de prisión. En ese momento se perdió la principal oportunidad de establecer los nexos entre ambos asesinatos. Ya no existía la vaga sindicación contra Escobar Gaviria y el Cartel de Medellín sino el señalamiento contra Fidel Castaño, en ese momento un jefe paramilitar del que apenas se empezaba a descubrir su mano narcotraficante, paramilitar y terrorista.

No obstante, para la misma época, al interior del M-19 se estableció una comisión interna para indagar la autoría del asesinato de Pizarro Leongómez. Dicha comisión, integrada por los exmiembros del M-19 Otty Patiño, Álvaro Jiménez y Roberto Sabogal, hizo averiguaciones por su cuenta e incluso se entrevistó con Fidel Castaño en su finca de Las Tangas, en el departamento de Córdoba. El jefe paramilitar se encargó de confirmarles que su organización estaba detrás del asesinato. De paso corroboró también que por la misma vía se había consumado el crimen de Bernardo Jaramillo.

El exdirigente del M-19, Otty Patiño, hizo públicas sus averiguaciones hasta 1998, lo cual le permitió a la Fiscalía confirmar la hipótesis de la autoría intelectual de ambos magnicidios. Pero fue en 2001 el propio Carlos Castaño, hermano menor de Fidel, quien se encargó de admitir lo que había sucedido. En su libro ‘Mi confesión’, escrito por el periodista Mauricio Aranguren, Castaño reconoció que él mismo estuvo al frente del operativo para asesinar a Pizarro. En cuanto al tema Jaramillo, fue más cauto y dijo que sí lo había matado gente de su organización, pero que él no había participado.

Con base en esta confesión y en las débiles pesquisas de la justicia colombiana, en 2001, un juzgado especializado de Bogotá condenó a 20 y 25 años de prisión a Fidel y Carlos Castaño. Sin embargo, después de esta sentencia que al parecer dejaba en impunidad completa el caso, surgió un hilo suelto que con el paso de los años permitió una nueva hipótesis. En el mismo libro de ‘Mi confesión’, Carlos Castaño admitió que en ésa época, para concretar los magnicidios, habían tenido la colaboración del DAS, y específicamente mencionó a su entonces jefe de inteligencia Alberto Romero.

No obstante, el tiempo siguió pasando sin mayores avances judiciales. En 2009, María José Pizarro, hija del excomandante guerrillero, con el apoyo de la Comisión Colombiana de Juristas, se apersonó del caso, y no solo solicitó a la Fiscalía que lo reabriera a la luz de los nuevos hallazgos, sino que decidió llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia. Finalmente, el exfiscal Mario Iguarán acogió la solicitud, designó un fiscal de Derechos Humanos para recobrar la senda judicial y en 2010 el caso fue reconocido como de lesa humanidad, es decir, imprescriptible.

Con esta nueva condición, la Fiscalía llamó a versión libre al exjefe de inteligencia del DAS Alberto Romero, quien reconoció que sí había tenido contactos con Carlos Castaño, pero que solo fue una fuente anónima y propia de las labores de inteligencia. Cuando el ente investigador se disponía vincular en indagatoria a Romero, este falleció en 2011. Entonces la Fiscalía se interesó por otra particularidad del caso. La extraña reacción de uno de los agentes del DAS en el momento del atentado a Pizarro, cuando se apuró a dispararle en la cabeza al asesino Gerardo Gutiérrez.

Ese agente, llamado Ernesto Gómez Muñoz, no estaba al lado de Pizarro en el momento del atentado a bordo de un avión. Estaba en la parte delantera del aparato. Sin embargo se apresuró a dispararle al sicario, a pesar de que algunos testigos aseguraron que pedía a gritos que no lo mataran. Gómez compareció ante la Fiscalía y argumentó que actuó en legítima defensa ante el ataque del sicario Gutiérrez al candidato. No se ha vuelto a determinar qué fue lo que sucedió con Gómez y su súbita actuación. La idea de la Fiscalía es que vuelva a explicar su reacción aquel 26 de abril de 1990.

Además, existe otra circunstancia que la Fiscalía quiere hoy aclarar. Por qué uno de los escoltas del DAS que acompañaba a Bernardo Jaramillo Ossa el día de su asesinato, el 22 de marzo de 1990, apareció también en el grupo de escoltas que seguía a Pizarro el día del atentado. Tampoco es claro, porque nunca se investigó, quién pudo haber colocado el arma con la que se asesinó a Pizarro en el baño del avión. Uno de los escoltas de Pizarro que también pertenecía al DAS, resultó asesinado semanas después del atentado, en un extraño caso mientras visitaba a su novia.

Todos estos elementos y la insistencia de la Comisión Colombiana de Juristas para que se averiguaran, condujeron al ente investigador a reenfocar el caso. Después de tres fiscales que desde 2010 a la fecha no habían avanzado lo suficiente, el cuarto que se ocupa del caso, esta vez perteneciente a la Unidad de Análisis y Contexto, ordenó la exhumación del cadáver de Pizarro para empezar de nuevo. Sin embargo, antes de la diligencia se encontró con una sorpresa: hace algunos meses, por orden de un fiscal seccional, fue destruida la mini Ingram calibre 380 con la que fue asesinado Pizarro.

El arma fue inexplicablemente fundida en noviembre de 2013, a pesar de que se trataba de un elemento de prueba fundamental en un caso de lesa humanidad. Es más, en 2011, durante una diligencia de reconstrucción de los hechos, esa arma hizo parte de la averiguación judicial. Hoy ya no es posible constatar su trazabilidad, es decir, la historia del arma, si hizo parte de una compra estatal, o cuál fue su derrotero. Lo único claro es que a través de una simple resolución fue destruida. La Comisión Colombiana de Juristas solicitó que se investigue si fue una deliberada supresión de un material probatorio.

Por ahora, con la exhumación del cadáver de Carlos Pizarro, se quiere establecer si desde los orígenes de la investigación, el caso fue desviado. Además, en la búsqueda de contextos y situaciones comunes, se busca establecer si hay nexos entre varios hechos similares. Cabe recordar que el 3 de marzo de 1989, en el aeropuerto Eldorado, fue asesinado a tiros el dirigente de la Unión Patriótica, José Antequera. Tiempo después, el candidato de esa misma colectividad, Bernardo Jaramillo, también fue acribillado en Eldorado. El asesinato de Pizarro se fraguó desde este mismo terminal aéreo.

La idea de la justicia es establecer nexos entre estos hechos y otros crímenes políticos ocurridos en la misma época, en los que se presentaron sospechosas actuaciones de agentes o personas vinculadas al DAS. Como el crimen del coordinador de la Unión Patriótica en Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría, asesinado en su propio despacho y después el sicario de inmediato asesinado por uno de los escoltas. O el de la entonces alcaldesa de Apartadó, Diana Cardona, muerta a tiros en febrero de 1990. O el de Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989, con sospechosa actuación de su escolta del DAS.