Las razones de la Fiscalía para acusar a Sergio Fajardo

A punto de enfrentarse a una contienda electoral que podría llevarlo a la Presidencia de la República, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, no solo tendrá que atizar sus esfuerzos para llegar a la Casa de Nariño, sino también para tener uno de los primeros cara a cara con la justicia. La Fiscalía ya presentó el escrito de acusación en su contra ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El político antioqueño se encuentra ante los estrados judiciales por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación por un negocio que buscaba pagar una millonaria deuda, pero terminó aumentando su valor.

La puja judicial en su contra empezó en octubre de 2016, tras un informe que rindió Mónica Jiménez, miembro del despacho del hoy exfiscal condenado Luis Gustavo Moreno, quien para la época de los hechos era parte de la Dirección Especializada contra la Corrupción. En ese documento, Jiménez expuso que había encontrado unas supuestas irregularidades en un contrato de préstamo, entre la Gobernación de Antioquia y el Banco Corpbanca, por US$77 millones. Y por eso compulsó copias a un fiscal delegado ante la Corte, en febrero de 2017, para que investigara a la cabeza de la Gobernación de ese entonces: Sergio Fajardo.

El contrato en cuestión se firmó en 2013 y tenía la intención de pagar una serie de deudas que tenía la Gobernación con tres bancos diferentes. Una con el banco BBVA, por $82.075 millones; otra con Bancolombia, por $99.450 millones, y la última con Corpbanca, del orden de $2.971 millones. En ese negocio se contempló que el desembolso del dinero, así como los pagos de los intereses, se realizarían con base en la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de dólares estadounidenses. Esa decisión, según la Fiscalía, generó un detrimento para el departamento porque, al momento del desembolso, el dólar costaba $1.926 y, en 2015 ya superaba los $3.140. En ese caso, el ente acusador le reprochó a Fajardo no haber blindado esa transacción con un seguro de riesgo cambiario.

En palabras sencillas, que Fajardo no previno que el dólar iba a aumentar $1.214 en tres años y que la Gobernación terminaría pagando esa diferencia. Para la Fiscalía, lo que ocurrió con el contrato no se trató de un simple cuestionamiento o equivocación del empleo de la moneda extranjera, o por no predecir las variaciones del peso. Según la acusación en su contra, lo que se le reprocha a Fajardo son sus actuaciones, que tuvieron la compañía del Comité Financiero y Tesorería del departamento de Antioquia, que produjeron una vulneración grave. La Fiscalía asegura que, al no tener en cuenta esa fluctuación de la moneda, se afectaron las finanzas de la Gobernación para el provecho de un tercero.

En concreto, lo que la Fiscalía le acusa al exgobernador es que el contrato cuestionado con Corpbanca debía ser una sustitución de las otras tres deudas, es decir, que no generara gastos adicionales. Y, en caso de que no hubiera otra forma de negociar, que el perfil de la deuda de la Gobernación mejorara. De acuerdo con la investigación, Fajardo incurrió en error en ese sentido, porque la deuda se convirtió en una obligación bancaria nueva que obligaba a tener otra serie de autorizaciones por parte del Departamento Administrativo de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Además de cuestionar la adquisición de otra deuda con el contrato con Corpbanca, la Fiscalía agregó un detalle más.

Según la acusación en contra de Fajardo, también habría cuestionamientos frente a la transparencia para escoger al contratista. La Fiscalía aseguró que el exgobernador no tuvo en cuenta que una de las deudas que tenía que pagar era con Corpbanca, el mismo banco con el que firmó el cuestionado contrato. A los investigadores les llamó la atención que fuera esa misma entidad bancaria y no otra, sobre todo porque, según las condiciones del negocio no podía firmarse con nadie que ya estuviera previamente en el panorama para no generar un posible conflicto de intereses.

Aunque la Fiscalía ya destapó sus cartas, el abogado Mauricio Pava, quien defiende los intereses de Fajardo, tiene lista la gruesa defensa de más de 100 pruebas con las que pretende desacreditar las acusaciones del ente investigador. El penalista tiene, entre sus argumentos, los conceptos de la Contraloría y la Procuraduría que, en 2017, se inhibieron de abrir investigaciones en contra de Fajardo. El Ministerio Público, por su parte, se abstuvo de abrir una acción disciplinaria porque consideró que las pruebas demuestran que la operación de sustitución de la deuda se formalizó mediante el contrato celebrado en 2013 y porque en él se estipuló un período de gracia de tres años para pagar la deuda total.

La inhibición del Ministerio Público obedece a que las actuaciones de Fajardo no están previstas como una falta disciplinaria. Antonio José Núñez, entonces procurador delegado para la economía y hacienda pública, dejó claro que al acordarse el pago a capital tres años después de celebrado el contrato, no era viable suscribir un convenio de cobertura del riesgo porque la primera cuota del abono se haría varios años después. Además, pusieron de presente que la recomendación del Comité Financiero fue esperar el comportamiento que tuviera el dólar durante el primer año después de la contratación. Sumado a ello, existen pruebas que documentan que desde la administración se exploró la posibilidad de realizar contratos que mitigara la volatilidad en la tasa de cambio.

“En el caso que nos ocupa la evidencia indica que el riesgo de tasa de cambio peso-dólar fue expresamente considerado por la Gobernación de Antioquia, y que al comparar la probabilidad de que se materializara con impacto negativo sobre la entidad con el costo de la cobertura, concluyó que esta última no se justificaba”, reposa en el documento de la Procuraduría que consideró que la solicitud de Adolfo León, entonces secretario de Hacienda, por verificar las posibles irregularidades en el proceso de contratación con Corpbanca, no tenía forma porque los hechos eran “disciplinariamente irrelevantes”.

Desde la Contraloría, en un documento de 18 páginas, que abrió un pleito de responsabilidad fiscal contra el exgobernador, el órgano de control aclaró que en el proceso de contratación se realizaron los estudios pertinentes y no hubo irregularidades en la parte procedimental. Incluso, mencionaron que hubo un comité financiero en el que, después de analizar las ventajas y desventajas de tomar un préstamo en dólares, recomendó adquirirlo teniendo en cuenta que la tasa de menor volatilidad de la moneda extranjera en 2013 no superaba los $2.000. El órgano fiscal anuló la indagación en junio pasado, pese a que él mismo dejó calculada el monto de las deudas.

Según la Contraloría, para 2017 y con el alza del dólar, la deuda total ascendió a los $227 millones, mientras que en un comienzo era de solo $151 millones. Con los argumentos disciplinarios y fiscales, entre otras pruebas, la defensa del posible candidato a la Presidencia está lista en el proceso judicial que hasta ahora empieza en el alto tribunal, pese a que intentaron con varios recursos que la Fiscalía destapara sus cartas mucho antes para que la investigación no se mezclara con la contienda electoral. Fue tal la insistencia de Fajardo por agilizar su caso, que ante la demora le pidieron a la ONU veeduría y garantías.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

A punto de enfrentarse a una contienda electoral que podría llevarlo a la Presidencia de la República, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, no solo tendrá que atizar sus esfuerzos para llegar a la Casa de Nariño, sino también para tener uno de los primeros cara a cara con la justicia. La Fiscalía ya presentó el escrito de acusación en su contra ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El político antioqueño se encuentra ante los estrados judiciales por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación por un negocio que buscaba pagar una millonaria deuda, pero terminó aumentando su valor.

La puja judicial en su contra empezó en octubre de 2016, tras un informe que rindió Mónica Jiménez, miembro del despacho del hoy exfiscal condenado Luis Gustavo Moreno, quien para la época de los hechos era parte de la Dirección Especializada contra la Corrupción. En ese documento, Jiménez expuso que había encontrado unas supuestas irregularidades en un contrato de préstamo, entre la Gobernación de Antioquia y el Banco Corpbanca, por US$77 millones. Y por eso compulsó copias a un fiscal delegado ante la Corte, en febrero de 2017, para que investigara a la cabeza de la Gobernación de ese entonces: Sergio Fajardo.

El contrato en cuestión se firmó en 2013 y tenía la intención de pagar una serie de deudas que tenía la Gobernación con tres bancos diferentes. Una con el banco BBVA, por $82.075 millones; otra con Bancolombia, por $99.450 millones, y la última con Corpbanca, del orden de $2.971 millones. En ese negocio se contempló que el desembolso del dinero, así como los pagos de los intereses, se realizarían con base en la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de dólares estadounidenses. Esa decisión, según la Fiscalía, generó un detrimento para el departamento porque, al momento del desembolso, el dólar costaba $1.926 y, en 2015 ya superaba los $3.140. En ese caso, el ente acusador le reprochó a Fajardo no haber blindado esa transacción con un seguro de riesgo cambiario.

En palabras sencillas, que Fajardo no previno que el dólar iba a aumentar $1.214 en tres años y que la Gobernación terminaría pagando esa diferencia. Para la Fiscalía, lo que ocurrió con el contrato no se trató de un simple cuestionamiento o equivocación del empleo de la moneda extranjera, o por no predecir las variaciones del peso. Según la acusación en su contra, lo que se le reprocha a Fajardo son sus actuaciones, que tuvieron la compañía del Comité Financiero y Tesorería del departamento de Antioquia, que produjeron una vulneración grave. La Fiscalía asegura que, al no tener en cuenta esa fluctuación de la moneda, se afectaron las finanzas de la Gobernación para el provecho de un tercero.

En concreto, lo que la Fiscalía le acusa al exgobernador es que el contrato cuestionado con Corpbanca debía ser una sustitución de las otras tres deudas, es decir, que no generara gastos adicionales. Y, en caso de que no hubiera otra forma de negociar, que el perfil de la deuda de la Gobernación mejorara. De acuerdo con la investigación, Fajardo incurrió en error en ese sentido, porque la deuda se convirtió en una obligación bancaria nueva que obligaba a tener otra serie de autorizaciones por parte del Departamento Administrativo de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Además de cuestionar la adquisición de otra deuda con el contrato con Corpbanca, la Fiscalía agregó un detalle más.

Según la acusación en contra de Fajardo, también habría cuestionamientos frente a la transparencia para escoger al contratista. La Fiscalía aseguró que el exgobernador no tuvo en cuenta que una de las deudas que tenía que pagar era con Corpbanca, el mismo banco con el que firmó el cuestionado contrato. A los investigadores les llamó la atención que fuera esa misma entidad bancaria y no otra, sobre todo porque, según las condiciones del negocio no podía firmarse con nadie que ya estuviera previamente en el panorama para no generar un posible conflicto de intereses.

Aunque la Fiscalía ya destapó sus cartas, el abogado Mauricio Pava, quien defiende los intereses de Fajardo, tiene lista la gruesa defensa de más de 100 pruebas con las que pretende desacreditar las acusaciones del ente investigador. El penalista tiene, entre sus argumentos, los conceptos de la Contraloría y la Procuraduría que, en 2017, se inhibieron de abrir investigaciones en contra de Fajardo. El Ministerio Público, por su parte, se abstuvo de abrir una acción disciplinaria porque consideró que las pruebas demuestran que la operación de sustitución de la deuda se formalizó mediante el contrato celebrado en 2013 y porque en él se estipuló un período de gracia de tres años para pagar la deuda total.

La inhibición del Ministerio Público obedece a que las actuaciones de Fajardo no están previstas como una falta disciplinaria. Antonio José Núñez, entonces procurador delegado para la economía y hacienda pública, dejó claro que al acordarse el pago a capital tres años después de celebrado el contrato, no era viable suscribir un convenio de cobertura del riesgo porque la primera cuota del abono se haría varios años después. Además, pusieron de presente que la recomendación del Comité Financiero fue esperar el comportamiento que tuviera el dólar durante el primer año después de la contratación. Sumado a ello, existen pruebas que documentan que desde la administración se exploró la posibilidad de realizar contratos que mitigara la volatilidad en la tasa de cambio.

“En el caso que nos ocupa la evidencia indica que el riesgo de tasa de cambio peso-dólar fue expresamente considerado por la Gobernación de Antioquia, y que al comparar la probabilidad de que se materializara con impacto negativo sobre la entidad con el costo de la cobertura, concluyó que esta última no se justificaba”, reposa en el documento de la Procuraduría que consideró que la solicitud de Adolfo León, entonces secretario de Hacienda, por verificar las posibles irregularidades en el proceso de contratación con Corpbanca, no tenía forma porque los hechos eran “disciplinariamente irrelevantes”.

Desde la Contraloría, en un documento de 18 páginas, que abrió un pleito de responsabilidad fiscal contra el exgobernador, el órgano de control aclaró que en el proceso de contratación se realizaron los estudios pertinentes y no hubo irregularidades en la parte procedimental. Incluso, mencionaron que hubo un comité financiero en el que, después de analizar las ventajas y desventajas de tomar un préstamo en dólares, recomendó adquirirlo teniendo en cuenta que la tasa de menor volatilidad de la moneda extranjera en 2013 no superaba los $2.000. El órgano fiscal anuló la indagación en junio pasado, pese a que él mismo dejó calculada el monto de las deudas.

Según la Contraloría, para 2017 y con el alza del dólar, la deuda total ascendió a los $227 millones, mientras que en un comienzo era de solo $151 millones. Con los argumentos disciplinarios y fiscales, entre otras pruebas, la defensa del posible candidato a la Presidencia está lista en el proceso judicial que hasta ahora empieza en el alto tribunal, pese a que intentaron con varios recursos que la Fiscalía destapara sus cartas mucho antes para que la investigación no se mezclara con la contienda electoral. Fue tal la insistencia de Fajardo por agilizar su caso, que ante la demora le pidieron a la ONU veeduría y garantías.

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