Las razones de la Fiscalía para declarar el caso de Álvaro Gómez Hurtado de lesa humanidad

Tras 22 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cometido el 2 de noviembre de 1995, la Fiscalía tomó por fin la decisión que la familia del líder conservador llevaba años exigiendo: que su caso se declarara de lesa humanidad. Es decir, que se reconociera que ese no era un asesinato ordinario, un delito cualquiera, sino que era parte de todo un plan criminal y sistemático con propósitos claros. Luego de tanto tiempo, en el cual las responsabilidades más importantes —las de los determinadores del crimen— no se han esclarecido, el ente investigador llegó a la conclusión de que el proceso no tendrá fecha de vencimiento, pues es imprescriptible.

La Fiscalía llegó a esta conclusión con base en una hipótesis: que así como en los años 80 el cartel de Medellín usó la violencia para doblegar a la sociedad y al Estado, y evitar la extradición de sus líderes; en los 90, cuando el cartel de Medellín ya no existía en el panorama, el del norte del Valle replicó sus métodos en la época en que el Proceso 8.000 comprometía de todas las formas la legitimidad del gobierno Samper. Porque para la Fiscalía, con las pruebas y los testimonios que tiene en su haber, no hay duda de que el cartel del norte del Valle, con su exjefe Orlando Henao a la cabeza, fue la organización criminal que orquestó el magnicidio. Con un aliado excepcional: el coronel (r) de la Policía Danilo González.

“Para concluir, este despacho encuentra que el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado fue uno más de la larga lista de figuras públicas que cayeron bajo las balas del narcotráfico por haber tenido la valentía de enfrentarlos y retarlos a que permitieran construir un país moral, ético, sin la influencia de los dineros del narcotráfico, como lo pregonaba, especialmente, en sus últimos días cuando proponía luchar “Por un régimen”, producto de una democracia libre, no una democracia comprada o negociada, dedicada al interés general y no al particular; un régimen que no implicaba tumbar al presidente sino hacer “un acuerdo sobre lo fundamental”, se lee en la decisión de la Fiscalía 190 de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos.

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La declaratoria de lesa humanidad del caso Gómez Hurtado, un documento de 52 páginas conocido en su integridad por El Espectador, resalta el papel que el coronel (r) Danilo González cumplió en la muerte de quien fue uno de los hombres más importantes en la conformación de la Asamblea Constituyente. “Siendo el jefe del Unase de Bogotá fue determinante en el homicidio del doctor Gómez Hurtado”, resaltó la Fiscalía, la cual encontró que “por los años 96/ 97 comienza el declive del cartel del norte del Valle con las muertes de Efraín Hernández y Orlando Henao, por lo que se da un reacomodamiento del cartel al mando de Wílber Varela y Danilo González Gil, como su ala militar”.

Para esa época, cuando ya se había ejecutado el crimen de Gómez Hurtado mientras salía de dar clase en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Danilo González ya se había retirado de la Policía. Fue asesinado en 2004 cuando, se suponía, negociaba su entrega con la DEA. La hipótesis de la Fiscalía es que a los capos del cartel del norte del Valle les interesaba sacar a Gómez Hurtado del camino porque, de llegar al poder, buscaría restablecer la extradición —que había quedado suspendida con la Constitución del 91—. “Hay que resaltar, entonces, lo imprescindible que fue Danilo González Gil en dicha estructura; pues se dice era quien les allanaba los caminos del negocio”.

“Con relación a la sistematicidad y generalidad (del crimen del político conservador), no cabe duda que este atentado estuvo enmarcado en un plan criminal como parte de la política trazada por los grupos de narcotraficantes que buscaban doblegar el país en favor de sus intereses; por lo que desde 1989 comenzó una arremetida sistemática de asesinatos, secuestros y amenazas de muchos colombianos (…) Es evidente —resalta la Fiscalía— ‘los palos de ciego’ que se dieron en esta investigación desde su inicio por cuenta de las acciones desviatorias que llevaron a vincular aproximadamente a 12 personas que, a la postre, fueron demostrando su inocencia al paso de los años”.

Para declarar el caso de lesa humanidad, el organismo investigativo tuvo en cuenta varios testimonios de hombres relacionados con el mundo del crimen organizado. Por un lado, un puñado de exjefes paramilitares como Hébert Veloza (alias H.H.) Salvatore Mancuso o Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna). Ellos testificaron que el coronel (r) González y Henao trataron de convencer a Carlos Castaño de unirse a su idea de asesinar a Gómez Hurtado. “(Murillo Bejarano) dice que cuando Castaño le hizo reclamo a Danilo González (por haber asesinado a Gómez Hurtado) este le contestó: … ‘que fue una situación en que no le quedaba otra alternativa, que si el gobierno se caía, se caía encima de todos’”.

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Por otro lado, testimonios de exnarcotraficantes relacionados con el cartel del norte del Valle, como el de Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño), fueron claves para esta determinación de la Fiscalía, “según la cual el narcotráfico y especialmente el cartel del norte del Valle como el Gobierno estaban muy preocupados por las constantes críticas de Álvaro Gómez contra el presidente Samper y algunos de sus ministros. Por esta razón se tranquilizaron cuando ocurrió el asesinato”. Rasguño aseguró haber estado en una reunión con Orlando Henao y Carlos Castaño, en la cual el promotor del paramilitarismo les habría reclamado a Henao y al cartel “porque habían matado a un hombre conservador y que él era conservador”.

Con esta hipótesis de la Fiscalía, en medio de todo, quienes mejor salen librados son los sospechosos de siempre en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Los dos hombres del poder a quienes les hacía fuerte oposición, el presidente Ernesto Samper y su escudero, el entonces ministro Horacio Serpa. Una de las tesis más fuertes que se tejió alrededor de este crimen fue que Samper había utilizado a integrantes de la brigada XX del Ejército para aniquilar a Gómez Hurtado, lo cual el expresidente ha negado reiteradamente. La Fiscalía dice hoy que eran los narcotraficantes, principalmente, quienes buscaban beneficiarse con la muerte del líder conservador. La extradición, de cualquier modo, se restableció en el período de Samper.

“En este proceso también se debe investigar la muerte de Ignacio Londoño, Nacho (abogado de capos del cartel del norte del Valle asesinado en 2015). Hasta el momento no se sabe nada de lo ocurrido y podría tener relación. En esta investigación varios testigos han muerto antes de poder declarar ante la Fiscalía, como ocurrió con Carlos Oviedo Alfaro, Lorena Henao entre otros. También se debe investigar la manipulación de pruebas. Esto es un triunfo y lo celebramos, pero queda mucho camino”, le dijo a este diario Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia Gómez Hurtado y sobrino del inmolado político conservador.

(En video: Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, habla sobre su papá)

Tras 22 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cometido el 2 de noviembre de 1995, la Fiscalía tomó por fin la decisión que la familia del líder conservador llevaba años exigiendo: que su caso se declarara de lesa humanidad. Es decir, que se reconociera que ese no era un asesinato ordinario, un delito cualquiera, sino que era parte de todo un plan criminal y sistemático con propósitos claros. Luego de tanto tiempo, en el cual las responsabilidades más importantes —las de los determinadores del crimen— no se han esclarecido, el ente investigador llegó a la conclusión de que el proceso no tendrá fecha de vencimiento, pues es imprescriptible.

La Fiscalía llegó a esta conclusión con base en una hipótesis: que así como en los años 80 el cartel de Medellín usó la violencia para doblegar a la sociedad y al Estado, y evitar la extradición de sus líderes; en los 90, cuando el cartel de Medellín ya no existía en el panorama, el del norte del Valle replicó sus métodos en la época en que el Proceso 8.000 comprometía de todas las formas la legitimidad del gobierno Samper. Porque para la Fiscalía, con las pruebas y los testimonios que tiene en su haber, no hay duda de que el cartel del norte del Valle, con su exjefe Orlando Henao a la cabeza, fue la organización criminal que orquestó el magnicidio. Con un aliado excepcional: el coronel (r) de la Policía Danilo González.

“Para concluir, este despacho encuentra que el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado fue uno más de la larga lista de figuras públicas que cayeron bajo las balas del narcotráfico por haber tenido la valentía de enfrentarlos y retarlos a que permitieran construir un país moral, ético, sin la influencia de los dineros del narcotráfico, como lo pregonaba, especialmente, en sus últimos días cuando proponía luchar “Por un régimen”, producto de una democracia libre, no una democracia comprada o negociada, dedicada al interés general y no al particular; un régimen que no implicaba tumbar al presidente sino hacer “un acuerdo sobre lo fundamental”, se lee en la decisión de la Fiscalía 190 de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos.

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La declaratoria de lesa humanidad del caso Gómez Hurtado, un documento de 52 páginas conocido en su integridad por El Espectador, resalta el papel que el coronel (r) Danilo González cumplió en la muerte de quien fue uno de los hombres más importantes en la conformación de la Asamblea Constituyente. “Siendo el jefe del Unase de Bogotá fue determinante en el homicidio del doctor Gómez Hurtado”, resaltó la Fiscalía, la cual encontró que “por los años 96/ 97 comienza el declive del cartel del norte del Valle con las muertes de Efraín Hernández y Orlando Henao, por lo que se da un reacomodamiento del cartel al mando de Wílber Varela y Danilo González Gil, como su ala militar”.

Para esa época, cuando ya se había ejecutado el crimen de Gómez Hurtado mientras salía de dar clase en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Danilo González ya se había retirado de la Policía. Fue asesinado en 2004 cuando, se suponía, negociaba su entrega con la DEA. La hipótesis de la Fiscalía es que a los capos del cartel del norte del Valle les interesaba sacar a Gómez Hurtado del camino porque, de llegar al poder, buscaría restablecer la extradición —que había quedado suspendida con la Constitución del 91—. “Hay que resaltar, entonces, lo imprescindible que fue Danilo González Gil en dicha estructura; pues se dice era quien les allanaba los caminos del negocio”.

“Con relación a la sistematicidad y generalidad (del crimen del político conservador), no cabe duda que este atentado estuvo enmarcado en un plan criminal como parte de la política trazada por los grupos de narcotraficantes que buscaban doblegar el país en favor de sus intereses; por lo que desde 1989 comenzó una arremetida sistemática de asesinatos, secuestros y amenazas de muchos colombianos (…) Es evidente —resalta la Fiscalía— ‘los palos de ciego’ que se dieron en esta investigación desde su inicio por cuenta de las acciones desviatorias que llevaron a vincular aproximadamente a 12 personas que, a la postre, fueron demostrando su inocencia al paso de los años”.

Para declarar el caso de lesa humanidad, el organismo investigativo tuvo en cuenta varios testimonios de hombres relacionados con el mundo del crimen organizado. Por un lado, un puñado de exjefes paramilitares como Hébert Veloza (alias H.H.) Salvatore Mancuso o Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna). Ellos testificaron que el coronel (r) González y Henao trataron de convencer a Carlos Castaño de unirse a su idea de asesinar a Gómez Hurtado. “(Murillo Bejarano) dice que cuando Castaño le hizo reclamo a Danilo González (por haber asesinado a Gómez Hurtado) este le contestó: … ‘que fue una situación en que no le quedaba otra alternativa, que si el gobierno se caía, se caía encima de todos’”.

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Por otro lado, testimonios de exnarcotraficantes relacionados con el cartel del norte del Valle, como el de Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño), fueron claves para esta determinación de la Fiscalía, “según la cual el narcotráfico y especialmente el cartel del norte del Valle como el Gobierno estaban muy preocupados por las constantes críticas de Álvaro Gómez contra el presidente Samper y algunos de sus ministros. Por esta razón se tranquilizaron cuando ocurrió el asesinato”. Rasguño aseguró haber estado en una reunión con Orlando Henao y Carlos Castaño, en la cual el promotor del paramilitarismo les habría reclamado a Henao y al cartel “porque habían matado a un hombre conservador y que él era conservador”.

Con esta hipótesis de la Fiscalía, en medio de todo, quienes mejor salen librados son los sospechosos de siempre en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Los dos hombres del poder a quienes les hacía fuerte oposición, el presidente Ernesto Samper y su escudero, el entonces ministro Horacio Serpa. Una de las tesis más fuertes que se tejió alrededor de este crimen fue que Samper había utilizado a integrantes de la brigada XX del Ejército para aniquilar a Gómez Hurtado, lo cual el expresidente ha negado reiteradamente. La Fiscalía dice hoy que eran los narcotraficantes, principalmente, quienes buscaban beneficiarse con la muerte del líder conservador. La extradición, de cualquier modo, se restableció en el período de Samper.

“En este proceso también se debe investigar la muerte de Ignacio Londoño, Nacho (abogado de capos del cartel del norte del Valle asesinado en 2015). Hasta el momento no se sabe nada de lo ocurrido y podría tener relación. En esta investigación varios testigos han muerto antes de poder declarar ante la Fiscalía, como ocurrió con Carlos Oviedo Alfaro, Lorena Henao entre otros. También se debe investigar la manipulación de pruebas. Esto es un triunfo y lo celebramos, pero queda mucho camino”, le dijo a este diario Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia Gómez Hurtado y sobrino del inmolado político conservador.

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