Las razones del llamado a juicio disciplinario al general Jairo Alejandro Fuentes
La Procuraduría General cuestiona que se haya ordenado que cada persona que ingresara a la Séptima Brigada del Ejército tuviera que tener una tarjeta o fichero que valía $30.000. Hoy está al mando de la Octava División.
El general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval autorizó en 2017, cuando comandaba la Séptima Brigada del Ejército Nacional en Villavicencio, que cada persona que ingresara a esa unidad militar, ya fuera uniformado o civil, necesitaba un fichero o una tarjeta para el control de ingreso que costaba $30.000. Ese carné, que se habría ordenado hacer sin soporte legal alguno, es la razón por la que la Procuraduría General de la Nación lo acaba de llamar a juicio disciplinario.
La citación incluye al coronel Ariel Fernando Durán Urrea, quien en ese momento era el segundo comandante y jefe de estado mayor de la misma unidad operativa. La Procuraduría General cuestiona un presunto incremento patrimonial a la firma Advantage Microsystems Colombia Ltda. y a su representante legal, Pablo Emilio Páez Beltrán.
Las personas necesitaban tener ese fichero por trabajo o residencia, para ingresar a las instalaciones de la Séptima Brigada, “ya fuera al cantón de Apiay, donde está ubicada la sede del Hospital Militar de Villavicencio, o al de El Recreo”. El general Fuentes, quien hoy está al mando de la Octava División del Ejército, también es investigado por haber participado en el proceso de contratación con dicha empresa.
Según la Procuraduría, este proceso “habría concluido con un sustento en un acuerdo informal, alcanzado con el señor Pablo Emilio Páez Beltrán, representante de la firma, para el suministro, a título oneroso, de las tarjetas o ficheros de control de ingreso a las instalaciones de la Séptima Brigada del Ejército, con un eventual desconocimiento de los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal”.
En el caso del coronel Durán Urrea, la Procuraduría General reprocha que supuestamente faltó a la verdad varias veces a la hora de responder las peticiones que hicieron varias personas que se preguntaban en ese momento por qué ese fichero o tarjeta de ingreso debía ser adquirido obligatoriamente. La Procuraduría solicitó que se suspendan todas las “las órdenes, actos administrativos o contratos irregularmente celebrados que avalen el cobro por las tarjetas de control de ingreso”.
El general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval autorizó en 2017, cuando comandaba la Séptima Brigada del Ejército Nacional en Villavicencio, que cada persona que ingresara a esa unidad militar, ya fuera uniformado o civil, necesitaba un fichero o una tarjeta para el control de ingreso que costaba $30.000. Ese carné, que se habría ordenado hacer sin soporte legal alguno, es la razón por la que la Procuraduría General de la Nación lo acaba de llamar a juicio disciplinario.
La citación incluye al coronel Ariel Fernando Durán Urrea, quien en ese momento era el segundo comandante y jefe de estado mayor de la misma unidad operativa. La Procuraduría General cuestiona un presunto incremento patrimonial a la firma Advantage Microsystems Colombia Ltda. y a su representante legal, Pablo Emilio Páez Beltrán.
Las personas necesitaban tener ese fichero por trabajo o residencia, para ingresar a las instalaciones de la Séptima Brigada, “ya fuera al cantón de Apiay, donde está ubicada la sede del Hospital Militar de Villavicencio, o al de El Recreo”. El general Fuentes, quien hoy está al mando de la Octava División del Ejército, también es investigado por haber participado en el proceso de contratación con dicha empresa.
Según la Procuraduría, este proceso “habría concluido con un sustento en un acuerdo informal, alcanzado con el señor Pablo Emilio Páez Beltrán, representante de la firma, para el suministro, a título oneroso, de las tarjetas o ficheros de control de ingreso a las instalaciones de la Séptima Brigada del Ejército, con un eventual desconocimiento de los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal”.
En el caso del coronel Durán Urrea, la Procuraduría General reprocha que supuestamente faltó a la verdad varias veces a la hora de responder las peticiones que hicieron varias personas que se preguntaban en ese momento por qué ese fichero o tarjeta de ingreso debía ser adquirido obligatoriamente. La Procuraduría solicitó que se suspendan todas las “las órdenes, actos administrativos o contratos irregularmente celebrados que avalen el cobro por las tarjetas de control de ingreso”.