El Gobierno Nacional no es el único que ha impuesto medidas restrictivas por cuenta de la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19. Un informe de Human Rights Watch (HRW) evidenció que varios grupos armados han cometido asesinatos contra civiles y han difundido panfletos amenazantes a fin de que se cumplan las restricciones que ellos imponen de forma arbitraria en los territorios. Las investigaciones demuestran que al menos en 11 de los 32 departamentos de Colombia, los grupos armados indicaron a las poblaciones locales sobre reglas para evitar la propagación del virus.
Toques de queda, cuarentenas y otras medidas para contener el contagio por el nuevo Coronavirus han sido ordenadas por grupos armados ilegales en varias partes del país donde, para hacer cumplir sus reglas, estos grupos han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están acatando las normas. “Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Para analizar y confirmar la situación, entre marzo y junio de 2020, la organización de derechos humanos entrevistó por teléfono a 55 personas en 13 departamentos de Colombia incluidos líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes logales. De igual forma examinó y verificó la veracidad de los panfletos firmados por grupos armados, así como publicaciones de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones locales de derechos humanos.
Los resultados indican que en los departamentos de Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, grupos armados informaron a las poblaciones que estaban imponiendo reglas por cuenta de la pandemia. Además, en al menos cinco de estos territorios se utilizó la violencia para imponer el cumplimiento de las mismas y en otros cuatro recurrieron a amenazas e intimidaciones. Estos grupos se han comunicado a través de panfletos y mensajes de WhatsApp en los que advierten sobre medidas como toques de queda; restricción a la circulación de personas, vehículos y embarcaciones; límites de horarios de apertura de tiendas; y prohibición de acceso de extranjeros y personas de otras zonas del país a las comunidades.
Por ejemplo, miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), en Bolívar, difundieron un panfleto a principios de abril en el cual anunciaban que se sentían “forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas” debido a que la población no había “acatado órdenes de prevención contra el COVID-19″. Agregaban que “solo pueden trabajar graneros, droguerías y panaderías” y que las demás personas deberán cumplir el aislamiento en sus casas. En efecto, la investigación indica que estos grupos ilegales han impuesto “brutales castigos”, incluidos asesinatos, a quienes supuestamente incumplen sus normas.
Según la investigación, los grupos armados que imponen medidas para prevenir la propagación del COVID-19 incluyen al Ejército de Liberación Nacional (Eln); el Ejército de Liberación Popular (Epl); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y varios grupos armados que surgieron de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Además, se encontró evidencia de que Los Contadores, en Nariño, y La Mafia, en Putumayo también han impuesto restricciones. Las disidencias de las Farc involucradas en estos abusos incluyen al Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico (Nariño); la columna móvil Jaime Martínez y la columna móvil Dagoberto Ramos (Cauca); el Frente 10 (Arauca); los Frentes 7 y 1 (Guaviare); y el Frente Carolina Ramírez (Putumayo).
HRW sostiene que el accionar de estos grupos ha menoscabado todavía más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza, acceso que ya era limitado debido al aislamiento ordenado por el gobierno. Un líder comunitario de Tumaco dijo a Human Rights Watch que, debido a las normas establecidas por los grupos armados para limitar la pesca, los residentes ya no tenían pescado ni mariscos para vender. La imposición del toque de queda desde las 5:00 p.m., también implica que ya no puedan subsistir vendiendo comida en puestos callejeros durante la noche.
Las medidas que imponen los grupos armados suelen ser más severas que las establecidas por el gobierno. Trabajadores comunitarios dijeron a la organización de derechos humanos que grupos armados en zonas de Nariño, Arauca, Putumayo y Guaviare no han permitido que personas, incluyendo enfermos, salgan de sus casas durante los toques de queda establecidos por estos grupos. “Los castigos brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del COVID-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas. El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades”, agregó Vivanco.
Y es que los hechos violentos han sido contundentes. El 26 de abril, miembros de la columna móvil Jaime Martínez - un grupo que surgió de la desmovilización de las Farc - mataron a tres civiles e hirieron a otros cuatro en el Cauca. Las víctimas fueron atacadas en un parque público, según indicaron a Human Rights Watch un fiscal y un funcionario de la Defensoría del Pueblo que investigaron el caso. El fiscal dijo que tenía evidencia de que los civiles fueron asesinados por no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por el grupo armado. Los miembros de la disidencia habían advertido a estas personas que serían asesinadas si no cumplían con las normas, sostuvo el fiscal.
De igual forma, el 8 de junio fue asesinado Edison León Pérez, un líder comunitario de Putumayo. Según un fiscal que investigó el caso, miembros del grupo armado La Mafia habrían asesinado a Pérez porque, días antes, la víctima había denunciado a las autoridades locales que el grupo armado estaba obligando a los residentes locales a organizar puntos de control para interrogar y examinar a las personas que ingresaban a la zona en relación con síntomas de COVID-19. Asimismo, la organización de derechos humanos documentó tres casos (dos en el Cauca y uno en Guaviare) en los que estos grupos armados quemaron motocicletas de personas que violaron sus restricciones a la circulación.
El informe agrega que en Caquetá, el Frente Carolina Ramírez amenazó con “multar” con $2 millones a quienes incumplieran las normas. En el Norte de Santander, el Epl “invitó” a las personas a cumplir las medidas y manifestó que sus miembros se encargarían de contribuir al “control de la población. A finales de marzo, la columna Jaime Martínez publicó un panfleto que decía que “muchos no entendieron, no acataron las órdenes y no han cumplido con la cuarentena establecida por el gobierno nacional, por lo cual nuestra organización tomará el control con el fin de proteger a la población”. Lo mismo hizo el Eln a principios de abril, en el Chocó, a través de un panfleto en el que enumeraban ocho reglas como: cerramiento total de las vías, prohibición de toda clase de eventos públicos y reuniones con más de 10 personas, prohibición de salir entre 8:00 p.m. y 6:00 a.m., y la obligación de que las personas que llegaron a la zona se aislaran.
Asesinatos y otros ataques violentos
Human Rights Watch documentó nueve asesinatos en tres departamentos de Colombia que estuvieron vinculados con medidas impuestas por los grupos armados para evitar la propagación del Covid-19. Ocho civiles habrían sido asesinados por no cumplir con las medidas. La otra víctima era un líder comunitario que, al parecer, habría sido asesinado por oponerse a las medidas impuestas por los grupos armados.
Asesinato a civiles en el Cauca
El informe refiere seis asesinatos cometidos por grupos armados en el departamento del Cauca. El 4 de abril, el campesino José Rubiel Muñoz Samboní fue asesinado en la comunidad La Medina, luego de haber llegado desde una comunidad cercana para reunirse con amigos. Un fiscal que examinó el caso y la Defensoría del Pueblo creen que lo asesinaron miembros del Eln porque no cumplió el confinamiento dictado por ese grupo en la zona.
El 26 de abril, miembros de la columna móvil Jaime Martínez, asesinaron a Armando Montaño, Weimar Arará y Humberto Solís, e hirieron a otros cuatro civiles en un parque público. El 30 de mayo, miembros de la columna móvil Dagoberto Ramos atacaron a cuatro migrantes venezonalos en el municipio de Toribío. En este hecho murieron Johan José Ibáñez Hernández y Yonier Alexis Mutate Solano y dos personas más resultaron heridas. Según funcionarios de organizaciones humanitarias, las víctimas habían estado consumiendo licor en una tienda de reparación de celulares en el centro urbando del municipio. Actividad que había sido prohibida por el grupo armado.
Asesinato de líder comunitario en Putumayo
HRW idicó que el 8 de junio, el líder comunitario Edinson León Pérez, fue asesinado en el Putumayo después de que escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección lo acompañaran hasta su casa. Este líder había recibido amenazas en el pasado, en relación con su trabajo como presidente de la Junta de AcciónVecinal de la zona. Un fiscal que examinó el homicidio de Pérez cree que integrantes de La Mafia lo habrían asesinado porque, días antes, perez envió una carta a las autoridades locales denunciando que el grupo armado estaba exponiendo a la población al COVID-19, al obligarlos a trabajar en un puesto de control sanitario.
“Aproximadamente a unos trescientos metros del hospital... se instaló un puesto de control sanitario con comunidades... impuesto por el grupo narcotraficante que opera en la región, donde se obliga a las comunidades... a colocar personal las 24 horas sin ninguna medida de protección...exponiéndonos a contraer el COVID-19... a muchas personas estando enfermas se les niega el paso, los que no tienen problema para cruzar son los autorizados por el grupo de narcos...”, anotaba la carta enviada al alcalde.
Ataques contra vehículos en Tumaco y sus alrededores
La investigación también reseña un ataque perpetrado el 4 de abril contra un vehículo particular en la carretera que conecta a Barbacoas con Tumaco (Nariño). En el automóvil circulaban cuatro personas, entre ellas una pasajera enferma y un paramédico. El carro llevaba una bandera que se utiliza para identificar a los vehículos que están en una “misión médica”. Dos de los pasajeros murieron y los otros dos quedaron heridos. El ataque fue perpetrado por miembros de Los Contadores, que tiene presencia en la región. Al parecer, el ataque se debió a que el grupo armado estaba haciendo cumplir la orden de que nadie saliera de sus casas después de las 6:00 p.m.
Asimismo, en la noche del 30 de mayo, un vehículo particular que transportaba a dos fiscales fue atacado en una carretera de Tumaco. Dos balas rozaron la cabeza de uno de ellos y la otra fiscal recibió tres disparos en las piernas. “Vimos a varias personas armadas vestidas de civil en la vía. Frenamos el carro del miedo y tratamos de dar reversa, cuando esas personas empezaron a dispararnos. Una de ellas nos gritó que nos bajáramos del carro. Nos identificamos como civiles y pedimos que por favor no nos mataran.... Nos dijeron que nos fuéramos.... Condujimos durante unos minutos, pero luego el auto se detuvo ... pedimos ayuda a las personas que vivían al costado del camino. Varios salieron, pero cuando vieron que estábamos heridos y sangrando, nadie nos ayudó. Se encerraron de nuevo en sus hogares ... una de las personas se acercó al carro y me pidió que dejara de gritar, que estaba prohibido que nos ayudaran”, relató uno de los fiscales a HRW.
La organización de derechos humanos indica que este ataque lo realizaron miembros del frente Oliver Sinisterra porque el automóvil incumplió con el toque de queda impuesto por el grupo armado a partir de las 4:00 p.m.
Amenazas
La investigación da cuenta de que muchos de los panfletos consultados tienen lenguaje amenazante. Por ejemplo, a finales de marzo, el Frente Oliver Sinisterra distribuyó un panfleto en el que advertía que todo aquel que no cumpliera sus medidas se convertiría en “objetivo militar”. Otro panfleto distribuido en mayo por la columna móvil Jaime Martínez dice que “quien incumpla esta orden será sometido a nuestra ley y pagará con su vida. Ya saben o cumplen o se mueren”. También, se registra que algunas amenazas han apuntado directamente a población venezolana acusada de propagar el virus.
De igual forma, HRW apunta que se ha utilizado la amenaza verbal para amedrentar a la población. El 16 abril, miembros del Frente 10 amenazaron a miembros de la comunidad indígena hitnü, en Arauca. El 19 de abril, ese mismo frente amenazó a un grupo de exiliados venezolanos en la comunidad de Puerto Jordán, también en Arauca. El 8 de abril, en el departamento de Córdoba, miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia retuvieron por varias horas a un conductor de autobús, a quien acusaron de violar la cuarentena. Los miembros del grupo armado lo liberaron, pero lo obligaron a irse de la zona.
Y en Guaviare y Putumayo, disidencias de las FARC han instalado puestos de control y, a menudo, obligado a las comunidades a controlar el acceso de personas externas.Un líder comunitario de Guaviare describió a Human Rights Watch el control social que ejerce el Frente 1: “Ellos mandan aquí y tenemos que obedecerlos... Nos ordenan que tengamos que poner puntos de control en las carreteras; que cuando oscurece no quieren ver a nadie en las carreteras... Dicen que hacen esto para evitar que el virus nos alcance, pero siempre han impuesto sus medidas para el control social y territorial... Preferimos prestarles atención porque, de lo contrario, pueden hacernos daño... Aquí, nadie nos va a proteger”.