Las seis principales conclusiones del fallo contra Francisco Ricaurte

A través de un fallo de 194 páginas, el Juzgado 10 Penal de Bogotá dio cuenta de todas las situaciones y testimonios que llevaron a concluir que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, hizo parte de una organización criminal dedicada a cometer delitos contra la administración de justicia. El despacho condenó a Ricaurte a 19 años y dos meses de prisión por concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y utilización indebida de información oficial privilegiada.

El juez acreditó la responsabilidad de Ricaurte en el sonado escándalo que se conoció como el “cartel de la toga”, un caso de corrupción cuyos protagonistas fueron magistrados y abogados dedicados a torcer expedientes, especialmente de políticos, a cambio de millonarias sumas de dinero. Para el despacho, más que un miembro, Ricaurte fue el líder de la red de corrupción y su defensa no pudo demostrar lo contrario.

El juzgado le dio plena credibilidad al testimonio de Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción que luego de purgar una condena en Estados Unidos regresó al país, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y se ha comprometido con el país a contar la verdad y todo lo que sabe sobre el entramado de corrupción del cual participó. Estas son las seis principales conclusiones a las que llegó el juez para concluir la responsabilidad de Ricaurte y el dolo directo (intención) con el que actuó.

1. Se probó la existencia del Cartel de la Toga

Para el juez quedó plenamente probado que sí existió una organización criminal para cometer delitos contra la administración pública en la que se ejecutaron varios de actos encaminados a “entorpecer el normal funcionamiento de los procesos que investigaban (el magistrado de la Corte Suprema) Gustavo Malo y (el delegado de la Fiscalía para la Corte Suprema), Alfredo Bettin Sierra”. El objetivo de esta organización, según confirmó el despacho, era favorecer a sus clientes “bajo el mentor protector de su líder creador Francisco Javier Ricaurte, o a quienes se acercaron a dicha organización criminal”.

“Se concertaron Francisco Javier Ricaurte, José Leónidas Bustos Martínez, Gustavo Malo Fernández, Luis Gustavo Moreno Rivera y ocasionalmente, Luis Ignacio Lyons, Camilo Ruiz, Camilo tarquino, Alfredo Bettin Sierra quedando demostrado la Excelencia y sus integrantes de la organización criminal, no sólo con el testimonio directo de uno de sus integrantes Luis Gustavo Moreno Rivera, sino la corroboración de sus señalamientos con otros testigos directos de cargo”, afirmó el juzgado en el fallo condenatorio.

El despacho afirmó que la defensa de Ricaurte no logró demostrar su inocencia, ni la no existencia del cartel de la toga, así como tampoco logró desvirtuar la credibilidad de todo el arsenal probatorio que llevó a juicio la Fiscalía, el modus operandi de la organización criminal, como estaba integrada y los roles que cumplía cada uno de ellos, los precios que se pagaron por los actos de corrupción, circunstancias de modo tiempo y lugar, donde se reunían, como se recaudaba los dineros y su distribución de los mismos entre los miembros de la organización. (Le puede interesar: Así queda el cartel de la toga tras la condena al exmagistrado Francisco Ricaurte)

“Hechos que se realizaron con pleno conocimiento, no solo de los que integraban la organización criminal sino también los supuestos clientes, todo este entramado criminal quedo debidamente demostrado y probado por la Fiscalía con los medios de prueba legalmente producidos y practicados en juicio oral, sobre los cuales el despacho les ha dado plena credibilidad”, determinó el juez.

2. Ricaurte era la cabeza del Cartel de la Toga

Según el juez, Ricaurte era quien conseguía los clientes, establecía las condiciones de precio que se iba a cobrar, la forma de pago, la distribución de los dineros. “Se ha conocido dentro del proceso que quien conseguía clientes, fijaba la taza o el valor y el modus operandi era Ricaurte Gómez su líder y, como dice Luis Gustavo Moreno Rivera, el que invento esto”, señaló el despacho.

3. La defensa no logró deslegitimar el testimonio de Luis Gustavo Moreno

Para el Juzgado 10 Penal de Bogotá, el intento que hizo la defensa de Ricaurte de deslegitimar el testimonio de Luis Gustavo Moreno calificándolo de ser falaz, mentiroso y de observar un patrón de falsedad amparado en un principio de oportunidad para ahorrarse unos cuantos años en prisión, fue infructuoso. Según el juez, la defensa no tuvo no se detuvo por un momento en detallar que ese testigo ya fue condenado en Estados Unidos y cumple otra condena en Colombia. Además, que fue sancionado disciplinariamente y afronta un proceso de extinción de dominio.

El despacho indicó que lo que ha dicho Moreno de estar arrepentido y pedir perdón a la sociedad y a su familia “le da un plus de sinceridad y credibilidad a su testimonio, además fue corroborado con las demás pruebas de cargo y descargo, no hay contradicciones ni inconsistencias en declaraciones vertidas en juicio, ni las hechas con anterioridad en la fiscalía, corte suprema de justicia sala penal y ante la comisión de acusaciones de la cámara de representantes, lo que sí se puede visualizar es que son coincidentes y convergentes”, recalcó. (Noticia relacionada: “Este juicio ha sido solo un show mediático”: defensa de Francisco Ricaurte)

En ese sentido, el despacho negó lo alegado por la defensa de Ricaurte sobre que las argumentaciones de Moreno se contradecía interna y externamente, y que su conocimiento estaba viciado porque cuando estaba haciendo sus libretos y antes de rendir su primera declaración ante la Fiscalía y luego en la Corte Suprema se contaminó con las noticias de radio y televisión, que daban cuenta del escándalo del cartel de la toga. “No puede conducir a un razonamiento lógico jurídico inferencial que el único corrupto es Luis Gustavo Moreno y los demás implicados, como Ricaurte son víctimas de un abogado astuto y audaz experto en falsos testigos”, indicó el juez.

4. Francisco Ricaurte mintió

El juez de primera instancia concluyó que lo afirmado por Ricaurte sobre la forma como llega a compartir oficina con Luis Gustavo Moreno no ocurrió de la forma como él no narró. Explicó que el lugar y la oficina donde iban a funcional o despachar la escogió el mismo Ricaurte, después de que conoció a Moreno Rivera por recomendación de Leonidas Bustos. Que para escoger la oficina que funcionaría en la calle 84 de Bogotá, Ricaurte manifestó que era un lugar muy bueno porque casi nadie iba, es un hotel y “se puede uno camuflar fácilmente con sus amigos”.

Explicó el juez que con este visto bueno, Luis Gustavo Moreno comenzó a hacer toa la papelería para tomar en arriendo dicha oficina, lo cual desmiente lo afirmado por Ricaurte sobre que Moreno ya tenía el lugar arrendado y le ofreció reiteradamente que compartieran ese espacio e, incluso, le dijo que el primer semestre ya lo tenía pago. El despacho agregó que Ricaurte trató de demostrar que luego de tener algún aprecio y cariño por Moreno, esto se fue desvaneciendo cuando compartía oficina, hasta que finalmente surgió una enemistad.

Sin embargo, para el juzgado lo que surgió realmente fue una “discordancia” cuando Luis Gustavo Moreno aspiró a la Personería de Bogotá y por eso decidió irse de la oficina de la calle 84, pero “sin romper la amistad con Ricaurte”. Explicó el despacho que la discordia entre ambos se dio porque Ricaurte promocionaba a Moreno con los clientes de la organización criminal a través de eventos de lanzamientos de libros y presentándolo directamente y que esos gastos y promoción se perderían si Moreno era nombrado Personero de Bogotá.

“Lo que pretende Ricaurte Gómez, es crear una especie de sospecha sobre la credibilidad testimonial de Luis Gustavo Moreno amparado en su supuesta enemistad, que nunca existió, es por eso por lo que Moreno Rivera en sus primeras declaraciones dijo que no tenía nada contra el hoy procesado, sino que venía a decir la verdad, por ende, las atestaciones de Moreno tienen respaldo en el ejercicio de corroboración con los demás medios de prueba aquí analizados y valorados”, determinó el juez quien también desmintió la declaración de José Leonidas Bustos quien afirmó que nunca recomendó a Moreno frente a Francisco Ricaurte, con quien además no tenía una relación cercana y estrecha.

“Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo sí tenían una relación de amistad cercana y estrecha, de otra manera no se habría podido conformar la organización criminal. En ese mismo orden de razonamiento no resulta ser creíble o verdadero que Leonidas Bustos no recomendó a Luis Gustavo Moreno con Ricaurte Gómez (…) cuál es el interés de ocultar la forma como Moreno Rivera comenzó a relacionarse con el procesado sino es otro que ocultar a la opinión publica el modus operandi de esa organización criminal y desde luego quedar al margen de cualquier señalamiento de los múltiples actos de corrupción contra la administración pública y la seguridad pública”, indicó el despacho. (Lea también: ¿Quién es Francisco Ricaurte, el exmagistrado condenado hoy por el cartel de la toga?)

5. Sí hubo tráfico de influencias

El juez negó la solicitud que hizo el Ministerio Público de que se absolviera al procesado por el delito de tráfico de influencias de particular, argumentando que este delito sí se cometió. El despacho manifestó que si Ricaurte no tuviera esa capacidad de influir sobre un servidor público, el Dr. Gustavo Malo Fernández y el Dr. Alfredo Bettin no hubieran participado para influenciar sobre los asuntos sometidos a su consideración, con el fin de obtener un beneficio económico.

“Donde con mayor claridad se puede observar este tipo de conducta es en caso de Carlos Abadía Campo, que Bettin agradecido por la intervención de Ricaurte para permanecer en el cargo público a cuanta solicitud le hiciera, citando a su apartamento, para direccionar las investigaciones del exgobernador del Valle del Cauca Abadía Campo. Por ello se encuentra debidamente acreditada la conducta de tráfico de influencias de particulares, que se le imputó y acusó a Ricaurte, como autor a título de dolo”, agregó.

6. Ricaurte actuó con dolo directo y pleno conocimiento

Para el despacho quedó claro que el exmagistrado actuó con conocimiento, voluntad y de manera libre y consiente. “Se actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de las conductas prohibidas, actuó en contraría de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía una mayor mesura en sus actos”, indicó el juzgado.

El Juzgado agregó que a Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustará al ordenamiento legal y constitucional pues “constaba con ilustración y suficiencia para comprender el alcance y las consecuencias al contratar el ordenamiento legal, por ello es sujeto del reproche penal por lo que hizo”. (Le puede interesar: Cartel de la toga: versiones encontradas de cara a la sentencia de Francisco Ricaurte)

Bajo esos argumentos, el juzgado resolvió condenar a Ricaurte a 19 años y dos meses de prisión. El funcionario judicial también descartó de entrada otorgarle algún beneficio judicial como la casa por cárcel. Ricaurte, quien asistió a la audiencia de manera virtual desde la cárcel La Picota en Bogotá, también tendrá que pagar 485 salarios mínimos, es decir, cerca de $440 millones. El fallo fue apelado por la defensa de Ricaurte ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

A través de un fallo de 194 páginas, el Juzgado 10 Penal de Bogotá dio cuenta de todas las situaciones y testimonios que llevaron a concluir que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, hizo parte de una organización criminal dedicada a cometer delitos contra la administración de justicia. El despacho condenó a Ricaurte a 19 años y dos meses de prisión por concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y utilización indebida de información oficial privilegiada.

El juez acreditó la responsabilidad de Ricaurte en el sonado escándalo que se conoció como el “cartel de la toga”, un caso de corrupción cuyos protagonistas fueron magistrados y abogados dedicados a torcer expedientes, especialmente de políticos, a cambio de millonarias sumas de dinero. Para el despacho, más que un miembro, Ricaurte fue el líder de la red de corrupción y su defensa no pudo demostrar lo contrario.

El juzgado le dio plena credibilidad al testimonio de Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción que luego de purgar una condena en Estados Unidos regresó al país, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y se ha comprometido con el país a contar la verdad y todo lo que sabe sobre el entramado de corrupción del cual participó. Estas son las seis principales conclusiones a las que llegó el juez para concluir la responsabilidad de Ricaurte y el dolo directo (intención) con el que actuó.

1. Se probó la existencia del Cartel de la Toga

Para el juez quedó plenamente probado que sí existió una organización criminal para cometer delitos contra la administración pública en la que se ejecutaron varios de actos encaminados a “entorpecer el normal funcionamiento de los procesos que investigaban (el magistrado de la Corte Suprema) Gustavo Malo y (el delegado de la Fiscalía para la Corte Suprema), Alfredo Bettin Sierra”. El objetivo de esta organización, según confirmó el despacho, era favorecer a sus clientes “bajo el mentor protector de su líder creador Francisco Javier Ricaurte, o a quienes se acercaron a dicha organización criminal”.

“Se concertaron Francisco Javier Ricaurte, José Leónidas Bustos Martínez, Gustavo Malo Fernández, Luis Gustavo Moreno Rivera y ocasionalmente, Luis Ignacio Lyons, Camilo Ruiz, Camilo tarquino, Alfredo Bettin Sierra quedando demostrado la Excelencia y sus integrantes de la organización criminal, no sólo con el testimonio directo de uno de sus integrantes Luis Gustavo Moreno Rivera, sino la corroboración de sus señalamientos con otros testigos directos de cargo”, afirmó el juzgado en el fallo condenatorio.

El despacho afirmó que la defensa de Ricaurte no logró demostrar su inocencia, ni la no existencia del cartel de la toga, así como tampoco logró desvirtuar la credibilidad de todo el arsenal probatorio que llevó a juicio la Fiscalía, el modus operandi de la organización criminal, como estaba integrada y los roles que cumplía cada uno de ellos, los precios que se pagaron por los actos de corrupción, circunstancias de modo tiempo y lugar, donde se reunían, como se recaudaba los dineros y su distribución de los mismos entre los miembros de la organización. (Le puede interesar: Así queda el cartel de la toga tras la condena al exmagistrado Francisco Ricaurte)

“Hechos que se realizaron con pleno conocimiento, no solo de los que integraban la organización criminal sino también los supuestos clientes, todo este entramado criminal quedo debidamente demostrado y probado por la Fiscalía con los medios de prueba legalmente producidos y practicados en juicio oral, sobre los cuales el despacho les ha dado plena credibilidad”, determinó el juez.

2. Ricaurte era la cabeza del Cartel de la Toga

Según el juez, Ricaurte era quien conseguía los clientes, establecía las condiciones de precio que se iba a cobrar, la forma de pago, la distribución de los dineros. “Se ha conocido dentro del proceso que quien conseguía clientes, fijaba la taza o el valor y el modus operandi era Ricaurte Gómez su líder y, como dice Luis Gustavo Moreno Rivera, el que invento esto”, señaló el despacho.

3. La defensa no logró deslegitimar el testimonio de Luis Gustavo Moreno

Para el Juzgado 10 Penal de Bogotá, el intento que hizo la defensa de Ricaurte de deslegitimar el testimonio de Luis Gustavo Moreno calificándolo de ser falaz, mentiroso y de observar un patrón de falsedad amparado en un principio de oportunidad para ahorrarse unos cuantos años en prisión, fue infructuoso. Según el juez, la defensa no tuvo no se detuvo por un momento en detallar que ese testigo ya fue condenado en Estados Unidos y cumple otra condena en Colombia. Además, que fue sancionado disciplinariamente y afronta un proceso de extinción de dominio.

El despacho indicó que lo que ha dicho Moreno de estar arrepentido y pedir perdón a la sociedad y a su familia “le da un plus de sinceridad y credibilidad a su testimonio, además fue corroborado con las demás pruebas de cargo y descargo, no hay contradicciones ni inconsistencias en declaraciones vertidas en juicio, ni las hechas con anterioridad en la fiscalía, corte suprema de justicia sala penal y ante la comisión de acusaciones de la cámara de representantes, lo que sí se puede visualizar es que son coincidentes y convergentes”, recalcó. (Noticia relacionada: “Este juicio ha sido solo un show mediático”: defensa de Francisco Ricaurte)

En ese sentido, el despacho negó lo alegado por la defensa de Ricaurte sobre que las argumentaciones de Moreno se contradecía interna y externamente, y que su conocimiento estaba viciado porque cuando estaba haciendo sus libretos y antes de rendir su primera declaración ante la Fiscalía y luego en la Corte Suprema se contaminó con las noticias de radio y televisión, que daban cuenta del escándalo del cartel de la toga. “No puede conducir a un razonamiento lógico jurídico inferencial que el único corrupto es Luis Gustavo Moreno y los demás implicados, como Ricaurte son víctimas de un abogado astuto y audaz experto en falsos testigos”, indicó el juez.

4. Francisco Ricaurte mintió

El juez de primera instancia concluyó que lo afirmado por Ricaurte sobre la forma como llega a compartir oficina con Luis Gustavo Moreno no ocurrió de la forma como él no narró. Explicó que el lugar y la oficina donde iban a funcional o despachar la escogió el mismo Ricaurte, después de que conoció a Moreno Rivera por recomendación de Leonidas Bustos. Que para escoger la oficina que funcionaría en la calle 84 de Bogotá, Ricaurte manifestó que era un lugar muy bueno porque casi nadie iba, es un hotel y “se puede uno camuflar fácilmente con sus amigos”.

Explicó el juez que con este visto bueno, Luis Gustavo Moreno comenzó a hacer toa la papelería para tomar en arriendo dicha oficina, lo cual desmiente lo afirmado por Ricaurte sobre que Moreno ya tenía el lugar arrendado y le ofreció reiteradamente que compartieran ese espacio e, incluso, le dijo que el primer semestre ya lo tenía pago. El despacho agregó que Ricaurte trató de demostrar que luego de tener algún aprecio y cariño por Moreno, esto se fue desvaneciendo cuando compartía oficina, hasta que finalmente surgió una enemistad.

Sin embargo, para el juzgado lo que surgió realmente fue una “discordancia” cuando Luis Gustavo Moreno aspiró a la Personería de Bogotá y por eso decidió irse de la oficina de la calle 84, pero “sin romper la amistad con Ricaurte”. Explicó el despacho que la discordia entre ambos se dio porque Ricaurte promocionaba a Moreno con los clientes de la organización criminal a través de eventos de lanzamientos de libros y presentándolo directamente y que esos gastos y promoción se perderían si Moreno era nombrado Personero de Bogotá.

“Lo que pretende Ricaurte Gómez, es crear una especie de sospecha sobre la credibilidad testimonial de Luis Gustavo Moreno amparado en su supuesta enemistad, que nunca existió, es por eso por lo que Moreno Rivera en sus primeras declaraciones dijo que no tenía nada contra el hoy procesado, sino que venía a decir la verdad, por ende, las atestaciones de Moreno tienen respaldo en el ejercicio de corroboración con los demás medios de prueba aquí analizados y valorados”, determinó el juez quien también desmintió la declaración de José Leonidas Bustos quien afirmó que nunca recomendó a Moreno frente a Francisco Ricaurte, con quien además no tenía una relación cercana y estrecha.

“Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo sí tenían una relación de amistad cercana y estrecha, de otra manera no se habría podido conformar la organización criminal. En ese mismo orden de razonamiento no resulta ser creíble o verdadero que Leonidas Bustos no recomendó a Luis Gustavo Moreno con Ricaurte Gómez (…) cuál es el interés de ocultar la forma como Moreno Rivera comenzó a relacionarse con el procesado sino es otro que ocultar a la opinión publica el modus operandi de esa organización criminal y desde luego quedar al margen de cualquier señalamiento de los múltiples actos de corrupción contra la administración pública y la seguridad pública”, indicó el despacho. (Lea también: ¿Quién es Francisco Ricaurte, el exmagistrado condenado hoy por el cartel de la toga?)

5. Sí hubo tráfico de influencias

El juez negó la solicitud que hizo el Ministerio Público de que se absolviera al procesado por el delito de tráfico de influencias de particular, argumentando que este delito sí se cometió. El despacho manifestó que si Ricaurte no tuviera esa capacidad de influir sobre un servidor público, el Dr. Gustavo Malo Fernández y el Dr. Alfredo Bettin no hubieran participado para influenciar sobre los asuntos sometidos a su consideración, con el fin de obtener un beneficio económico.

“Donde con mayor claridad se puede observar este tipo de conducta es en caso de Carlos Abadía Campo, que Bettin agradecido por la intervención de Ricaurte para permanecer en el cargo público a cuanta solicitud le hiciera, citando a su apartamento, para direccionar las investigaciones del exgobernador del Valle del Cauca Abadía Campo. Por ello se encuentra debidamente acreditada la conducta de tráfico de influencias de particulares, que se le imputó y acusó a Ricaurte, como autor a título de dolo”, agregó.

6. Ricaurte actuó con dolo directo y pleno conocimiento

Para el despacho quedó claro que el exmagistrado actuó con conocimiento, voluntad y de manera libre y consiente. “Se actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de las conductas prohibidas, actuó en contraría de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía una mayor mesura en sus actos”, indicó el juzgado.

El Juzgado agregó que a Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustará al ordenamiento legal y constitucional pues “constaba con ilustración y suficiencia para comprender el alcance y las consecuencias al contratar el ordenamiento legal, por ello es sujeto del reproche penal por lo que hizo”. (Le puede interesar: Cartel de la toga: versiones encontradas de cara a la sentencia de Francisco Ricaurte)

Bajo esos argumentos, el juzgado resolvió condenar a Ricaurte a 19 años y dos meses de prisión. El funcionario judicial también descartó de entrada otorgarle algún beneficio judicial como la casa por cárcel. Ricaurte, quien asistió a la audiencia de manera virtual desde la cárcel La Picota en Bogotá, también tendrá que pagar 485 salarios mínimos, es decir, cerca de $440 millones. El fallo fue apelado por la defensa de Ricaurte ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.