Las sombras de la parapolítica que persiguen a Daira Galvis

Las sombras de Enilce López Romero, alias la Gata, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, dos protagonistas del poder y la violencia del paramilitarismo en Colombia, tienen bajo sospecha a la exsenadora Daira de Jesús Galvis Méndez, investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por sus supuestos vínculos con esa organización ilegal. Galvis Méndez se postuló al Congreso en 2006 por el partido Convergencia Ciudadana, liderado entonces por el senador Luis Alberto Gil, pero no le alcanzaron los votos. No obstante, llegó al Legislativo el 31 de octubre de 2007, cuando el escándalo de la parapolítica empezó a cobrar cabezas y varios de los senadores elegidos por su colectividad terminaron presos y condenados, como el propio Gil, Luis Eduardo Vives Lacouture y Juan Carlos Martínez Sinisterra. A pesar de su accidentado arribo al Senado, permaneció allí durante cuatro períodos consecutivos hasta que se quemó en las elecciones de 2022.

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Ad portas de cumplir 70 años, la abogada y excongresista afronta graves acusaciones sobre sus presuntos nexos con las autodefensas. Tras llamarla a indagatoria por el delito de concierto para delinquir, el 20 de octubre de 2022 la Corte Suprema resolvió su situación jurídica. En ese extenso documento, en poder de El Espectador, el alto tribunal consideró que no era necesario ordenar su detención, entre otras razones, porque todavía está pendiente si la JEP la acepta o no en su jurisdicción. Pero, eso sí, consideró que existen pruebas que apuntan a que Galvis Méndez, al parecer, también sucumbió al poder mafioso del paramilitarismo. “Prevalida de su posición social, política y profesional adhirió a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con presencia en los departamentos de Atlántico, Bolívar e incluso Antioquia (Magdalena Medio), en orden a obtener beneficios electorales en su propósito de llegar al Congreso”, señaló.

Según el proceso, Daira Galvis habría tenido un apoyo fundamental de Enilce López en esa primera campaña de 2006, en la que pasó de ser su abogada de confianza a una congresista posesionada en el Capitolio en 2007. En esa época la Gata patrocinaba la campaña a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar de su hijo Héctor Julio Alfonso López y en varias ocasiones coincidieron en tarima con Daira Galvis. Y aunque el acuerdo político entre el hijo de López y la exdefensora de su madre no se cristalizó para no incurrir en una doble militancia, la Corte Suprema tiene evidencias de que Galvis presuntamente se habría aprovechado del mecenazgo y poder político de la Gata. “Se tiene establecido que, desde la época en que se adelantó la campaña para los comicios legislativos mencionados, la aforada investigada habría recibido el apoyo financiero y electoral de grupos armados ilegales para acceder al Senado”.

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Un proceso que arrancó en marzo de 2008 tras una denuncia anónima que reseñaba que Daira Galvis había tenido varias reuniones entre 2005 y 2006 con miembros de las autodefensas y el presunto financiamiento de la Gata para dar su salto a la política. Durante 11 años el caso no tuvo mayores avances, hasta que el 20 de junio de 2019 la recién creada Sala de Instrucción la llamó a indagatoria. El despacho del magistrado César Reyes Medina ordenó la práctica de pruebas y testimonios claves de exjefes paramilitares y exescoltas de la Gata y su clan familiar. Daira Galvis finalmente rindió indagatoria en febrero de 2020, donde negó cualquier nexo con grupos ilegales, pero paralelamente pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí rindió tres versiones voluntarias entre julio y agosto de 2022 ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que se dispone a resolver si sus aportes de verdad le permiten o no entrar a la JEP.

Más allá del embeleco procesal, la Corte Suprema sí dejó constancia al resolver la situación jurídica de Daira Galvis de testimonios comprometedores. Aunque la mayoría de exjefes paramilitares negaron que Galvis formara parte del catálogo de congresistas a su servicio, la Corte Suprema les otorgó credibilidad a varios testigos que fueron parte de la guardia pretoriana de la Gata -condenada a 37 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir-; al miembro de las autodefensas Jonis Rafael Acosta Garizábalo, alias 28, y al fallecido excomandante del Bloque Central Bolívar (BCB)Ernesto Báez. Este último declaró en julio de 2012 en Justicia y Paz que en su momento Galvis lo contactó en Yondó (Antioquia) para pedirle el apoyo de esa organización a su candidatura al Senado. Según dijo, aquello ocurrió mientras él hacía campaña para asegurar la Gobernación de Bolívar de Alfonso López Cossio. En esas correrías, un amigo lo contactó con la candidata Galvis.

“Tenía sumo interés de conversar conmigo. Como andaba tan acosado, solicité que (…) primero debía hablar con ella por vía telefónica. En efecto, señor fiscal, sería por el año 2004, no sé, hablé con esta señora dos o tres veces (…) Esas llamadas me dejaron claro que la señora estaba buscando apoyo de las autodefensas para su futura aspiración al Congreso de la República. Igualmente, desde Yondó se me informó que esta señora estaba contactando a varios dirigentes para que le dieran su apoyo y se comprometieran a su futura aspiración. Me contaron que ella estaba siendo financiada por una señora muy rica de Bolívar, no sé qué de cierto podría tener ese asunto”, sostuvo Ernesto Báez ante la justicia. En Yondó, el BCB tenía enlaces para manejar la política local, según confesó Jesús Antonio Londoño, alias Suso, exsecretario del Concejo y contador de las autodefensas.

Ese mismo testigo aseguró que Galvis fue apoyada por los “paras” en esas elecciones de 2006 por solicitud de alias Edwin, comandante militar del BCB, con logística y material publicitario, y que en Yondó era cuento conocido que a ella también le decían la Gata, porque se sabía que era apoyada por Enilce López. Aunque según certificación de la Registraduría, en ese municipio Daira Galvis no sacó ni un voto en esos comicios, la Sala de Instrucción aseguró que ese “fracaso electoral” no constituye plena prueba para desvirtuar el apoyo que buscó la procesada entre quienes manejaban la política local bajo las directrices de Ernesto Báez y sus hombres en el Magdalena Medio. Asimismo, el alto tribunal hizo énfasis en la cercanía de Galvis con Enilce López al punto de que advirtió que sus nexos con ella empezaron en 2001 y que posiblemente desde esa casa se habría cocinado la estrategia para su llegada al Parlamento.

Del mismo modo, los testimonios de los hermanos Leonardo y Devis Rojas Zabala resultaron esenciales para la Corte. Ambos hicieron parte del esquema de seguridad que custodiaba a la familia de Enilce López, incluidos sus hijos, el excongresista Héctor Julio Alfonso López, salpicado también en la parapolítica, y el exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso, condenado a 29 años de prisión por el crimen del periodista Rafael Enrique Prins. Los declarantes le contaron a la justicia que Daira Galvis era una asidua visitante de “la Gata” en sus diferentes domicilios ubicados entre Cartagena, Barranquilla y Magangué (Bolívar) y que esos encuentros se dieron con mayor frecuencia entre 2004 y 2005 en plena campaña al Congreso. Entre los demás escoltas Galvis era vista como amiga personal de Enilce López y su asesora política. Jorge Luis Alfonso le reconoció a la Corte que su madre y Galvis se hicieron amigas en 2001 mientras jugaban bingo y frecuentaban el mismo casino en Cartagena.

El alto tribunal, además, desempolvó una versión que la Gata le había dado a la Fiscalía en junio de 2006 en la que dijo: “Yo llegué a Calamar (Bolívar) a hacer campaña a favor de mi hijo Héctor Julio y de un senador llamado Luis Puello y Daira Galvis, aspirante al Senado, y en plaza pública eso está grabado”. Para la Corte, estos estrechos vínculos, “lejos de constituir un prejuicio, como lo considera la investigada y su apoderado, al decir que el proceso se encuentra sesgado” por haber sido abogada de la Gata, “para la Sala es indicativo de que, a sabiendas del poder económico que ostentaba y de la influencia electoral que ejercía Enilce López Romero en el sur del departamento de Bolívar y aun en municipios del Magdalena Medio, Daira Galvis Méndez extendió su relación de amistad y profesional a asuntos de naturaleza política, y decidió sumarse a dicha causa que en últimas sería su plataforma política para lograr un reconocimiento y apoyo electoral”.

Finalmente, en el expediente se refieren supuestas reuniones de Galvis en los departamentos de Bolívar y Atlántico con miembros de las autodefensas “con el fin de dar ejecución al denominado ‘Plan Caribe’, a través del cual esa organización criminal pretendía mantener su control territorial en lo político y administrativo luego de su desmovilización”. Jonis Rafael Acosta, alias “28”, sicario del Frente José Pablo Diaz, relató que la exsenadora tuvo dos encuentros a finales de 2004 con integrantes de grupos paramilitares en Cartagena y Soledad (Atlántico), aunque añadió que supo de eso de oídas. “En esa época ‘Ramón’, que manejaba la parte política, hizo una integración con todos los políticos y en una de esas asistió la doctora Daira Galvis. A ella la presentaron como una persona allegada a las autodefensas (a quien) se estaba pensando más adelante ubicarla en la política, puesto que tenía gran acogida en Bolívar y en la Costa”, dijo.

Aunque la Sala de Instrucción recordó que la responsabilidad penal es individual, agregó que no resultaba casual que, precisamente, dentro de la lista de candidatos elegidos en 2006 por el partido Convergencia Ciudadana, “varios de ellos hayan sido investigados y condenados por la denominada parapolítica, como el entonces líder de dicho movimiento Luis Alberto Gil, al igual que Luis Eduardo Vives”. Además, la Corte recogió la versión de “Ernesto Báez” (muerto en noviembre de 2019), de otros exparamilitares y de los exescoltas de la familia de La Gata. Con una particularidad: tanto Enilce López como sus dos hijos pidieron ser aceptados en la JEP, pero todavía no ha ocurrido la audiencia para definir su situación. La exabogada de López, Daira Galvis, siguió ese mismo camino y prometió verdades en esa jurisdicción. En las próximas semanas su petición deberá ser resuelta. Mientras tanto la Corte Suprema se apresta a resolver si acusa o no a Galvis por el delito de concierto para delinquir.

El Espectador se comunicó con la exsenadora, quien se declaró inocente, pero se abstuvo de dar una declaración porque su caso todavía tiene reserva. En su indagatoria ante la Corte, sin embargo, Galvis fue enfática en asegurar que ni la Gata ni sus empresas de chance y mucho menos su hijo Héctor Julio Alfonso la apoyaron financiera o electoralmente; añadió que no hay documentos o pruebas que indiquen cualquier alianza con ellos; que con recursos propios pagó los gastos de esa campaña; desmintió con vehemencia a Ernesto Báez; señaló las contradicciones de los demás testigos que aparecen en el proceso, y resaltó que exjefes paramilitares como Juancho Dique, Jorge 40 y Gonzalo negaran conocerla. Por último, remató su defensa advirtiendo que su expediente “se encuentra sesgado por una serie de prejuicios por haber sido la abogada de Enilce López” y que siempre ha sido una política de corte progresista, todo lo contrario a la visión de las autodefensas.

Las sombras de Enilce López Romero, alias la Gata, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, dos protagonistas del poder y la violencia del paramilitarismo en Colombia, tienen bajo sospecha a la exsenadora Daira de Jesús Galvis Méndez, investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por sus supuestos vínculos con esa organización ilegal. Galvis Méndez se postuló al Congreso en 2006 por el partido Convergencia Ciudadana, liderado entonces por el senador Luis Alberto Gil, pero no le alcanzaron los votos. No obstante, llegó al Legislativo el 31 de octubre de 2007, cuando el escándalo de la parapolítica empezó a cobrar cabezas y varios de los senadores elegidos por su colectividad terminaron presos y condenados, como el propio Gil, Luis Eduardo Vives Lacouture y Juan Carlos Martínez Sinisterra. A pesar de su accidentado arribo al Senado, permaneció allí durante cuatro períodos consecutivos hasta que se quemó en las elecciones de 2022.

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Ad portas de cumplir 70 años, la abogada y excongresista afronta graves acusaciones sobre sus presuntos nexos con las autodefensas. Tras llamarla a indagatoria por el delito de concierto para delinquir, el 20 de octubre de 2022 la Corte Suprema resolvió su situación jurídica. En ese extenso documento, en poder de El Espectador, el alto tribunal consideró que no era necesario ordenar su detención, entre otras razones, porque todavía está pendiente si la JEP la acepta o no en su jurisdicción. Pero, eso sí, consideró que existen pruebas que apuntan a que Galvis Méndez, al parecer, también sucumbió al poder mafioso del paramilitarismo. “Prevalida de su posición social, política y profesional adhirió a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con presencia en los departamentos de Atlántico, Bolívar e incluso Antioquia (Magdalena Medio), en orden a obtener beneficios electorales en su propósito de llegar al Congreso”, señaló.

Según el proceso, Daira Galvis habría tenido un apoyo fundamental de Enilce López en esa primera campaña de 2006, en la que pasó de ser su abogada de confianza a una congresista posesionada en el Capitolio en 2007. En esa época la Gata patrocinaba la campaña a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar de su hijo Héctor Julio Alfonso López y en varias ocasiones coincidieron en tarima con Daira Galvis. Y aunque el acuerdo político entre el hijo de López y la exdefensora de su madre no se cristalizó para no incurrir en una doble militancia, la Corte Suprema tiene evidencias de que Galvis presuntamente se habría aprovechado del mecenazgo y poder político de la Gata. “Se tiene establecido que, desde la época en que se adelantó la campaña para los comicios legislativos mencionados, la aforada investigada habría recibido el apoyo financiero y electoral de grupos armados ilegales para acceder al Senado”.

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Un proceso que arrancó en marzo de 2008 tras una denuncia anónima que reseñaba que Daira Galvis había tenido varias reuniones entre 2005 y 2006 con miembros de las autodefensas y el presunto financiamiento de la Gata para dar su salto a la política. Durante 11 años el caso no tuvo mayores avances, hasta que el 20 de junio de 2019 la recién creada Sala de Instrucción la llamó a indagatoria. El despacho del magistrado César Reyes Medina ordenó la práctica de pruebas y testimonios claves de exjefes paramilitares y exescoltas de la Gata y su clan familiar. Daira Galvis finalmente rindió indagatoria en febrero de 2020, donde negó cualquier nexo con grupos ilegales, pero paralelamente pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí rindió tres versiones voluntarias entre julio y agosto de 2022 ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que se dispone a resolver si sus aportes de verdad le permiten o no entrar a la JEP.

Más allá del embeleco procesal, la Corte Suprema sí dejó constancia al resolver la situación jurídica de Daira Galvis de testimonios comprometedores. Aunque la mayoría de exjefes paramilitares negaron que Galvis formara parte del catálogo de congresistas a su servicio, la Corte Suprema les otorgó credibilidad a varios testigos que fueron parte de la guardia pretoriana de la Gata -condenada a 37 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir-; al miembro de las autodefensas Jonis Rafael Acosta Garizábalo, alias 28, y al fallecido excomandante del Bloque Central Bolívar (BCB)Ernesto Báez. Este último declaró en julio de 2012 en Justicia y Paz que en su momento Galvis lo contactó en Yondó (Antioquia) para pedirle el apoyo de esa organización a su candidatura al Senado. Según dijo, aquello ocurrió mientras él hacía campaña para asegurar la Gobernación de Bolívar de Alfonso López Cossio. En esas correrías, un amigo lo contactó con la candidata Galvis.

“Tenía sumo interés de conversar conmigo. Como andaba tan acosado, solicité que (…) primero debía hablar con ella por vía telefónica. En efecto, señor fiscal, sería por el año 2004, no sé, hablé con esta señora dos o tres veces (…) Esas llamadas me dejaron claro que la señora estaba buscando apoyo de las autodefensas para su futura aspiración al Congreso de la República. Igualmente, desde Yondó se me informó que esta señora estaba contactando a varios dirigentes para que le dieran su apoyo y se comprometieran a su futura aspiración. Me contaron que ella estaba siendo financiada por una señora muy rica de Bolívar, no sé qué de cierto podría tener ese asunto”, sostuvo Ernesto Báez ante la justicia. En Yondó, el BCB tenía enlaces para manejar la política local, según confesó Jesús Antonio Londoño, alias Suso, exsecretario del Concejo y contador de las autodefensas.

Ese mismo testigo aseguró que Galvis fue apoyada por los “paras” en esas elecciones de 2006 por solicitud de alias Edwin, comandante militar del BCB, con logística y material publicitario, y que en Yondó era cuento conocido que a ella también le decían la Gata, porque se sabía que era apoyada por Enilce López. Aunque según certificación de la Registraduría, en ese municipio Daira Galvis no sacó ni un voto en esos comicios, la Sala de Instrucción aseguró que ese “fracaso electoral” no constituye plena prueba para desvirtuar el apoyo que buscó la procesada entre quienes manejaban la política local bajo las directrices de Ernesto Báez y sus hombres en el Magdalena Medio. Asimismo, el alto tribunal hizo énfasis en la cercanía de Galvis con Enilce López al punto de que advirtió que sus nexos con ella empezaron en 2001 y que posiblemente desde esa casa se habría cocinado la estrategia para su llegada al Parlamento.

Del mismo modo, los testimonios de los hermanos Leonardo y Devis Rojas Zabala resultaron esenciales para la Corte. Ambos hicieron parte del esquema de seguridad que custodiaba a la familia de Enilce López, incluidos sus hijos, el excongresista Héctor Julio Alfonso López, salpicado también en la parapolítica, y el exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso, condenado a 29 años de prisión por el crimen del periodista Rafael Enrique Prins. Los declarantes le contaron a la justicia que Daira Galvis era una asidua visitante de “la Gata” en sus diferentes domicilios ubicados entre Cartagena, Barranquilla y Magangué (Bolívar) y que esos encuentros se dieron con mayor frecuencia entre 2004 y 2005 en plena campaña al Congreso. Entre los demás escoltas Galvis era vista como amiga personal de Enilce López y su asesora política. Jorge Luis Alfonso le reconoció a la Corte que su madre y Galvis se hicieron amigas en 2001 mientras jugaban bingo y frecuentaban el mismo casino en Cartagena.

El alto tribunal, además, desempolvó una versión que la Gata le había dado a la Fiscalía en junio de 2006 en la que dijo: “Yo llegué a Calamar (Bolívar) a hacer campaña a favor de mi hijo Héctor Julio y de un senador llamado Luis Puello y Daira Galvis, aspirante al Senado, y en plaza pública eso está grabado”. Para la Corte, estos estrechos vínculos, “lejos de constituir un prejuicio, como lo considera la investigada y su apoderado, al decir que el proceso se encuentra sesgado” por haber sido abogada de la Gata, “para la Sala es indicativo de que, a sabiendas del poder económico que ostentaba y de la influencia electoral que ejercía Enilce López Romero en el sur del departamento de Bolívar y aun en municipios del Magdalena Medio, Daira Galvis Méndez extendió su relación de amistad y profesional a asuntos de naturaleza política, y decidió sumarse a dicha causa que en últimas sería su plataforma política para lograr un reconocimiento y apoyo electoral”.

Finalmente, en el expediente se refieren supuestas reuniones de Galvis en los departamentos de Bolívar y Atlántico con miembros de las autodefensas “con el fin de dar ejecución al denominado ‘Plan Caribe’, a través del cual esa organización criminal pretendía mantener su control territorial en lo político y administrativo luego de su desmovilización”. Jonis Rafael Acosta, alias “28”, sicario del Frente José Pablo Diaz, relató que la exsenadora tuvo dos encuentros a finales de 2004 con integrantes de grupos paramilitares en Cartagena y Soledad (Atlántico), aunque añadió que supo de eso de oídas. “En esa época ‘Ramón’, que manejaba la parte política, hizo una integración con todos los políticos y en una de esas asistió la doctora Daira Galvis. A ella la presentaron como una persona allegada a las autodefensas (a quien) se estaba pensando más adelante ubicarla en la política, puesto que tenía gran acogida en Bolívar y en la Costa”, dijo.

Aunque la Sala de Instrucción recordó que la responsabilidad penal es individual, agregó que no resultaba casual que, precisamente, dentro de la lista de candidatos elegidos en 2006 por el partido Convergencia Ciudadana, “varios de ellos hayan sido investigados y condenados por la denominada parapolítica, como el entonces líder de dicho movimiento Luis Alberto Gil, al igual que Luis Eduardo Vives”. Además, la Corte recogió la versión de “Ernesto Báez” (muerto en noviembre de 2019), de otros exparamilitares y de los exescoltas de la familia de La Gata. Con una particularidad: tanto Enilce López como sus dos hijos pidieron ser aceptados en la JEP, pero todavía no ha ocurrido la audiencia para definir su situación. La exabogada de López, Daira Galvis, siguió ese mismo camino y prometió verdades en esa jurisdicción. En las próximas semanas su petición deberá ser resuelta. Mientras tanto la Corte Suprema se apresta a resolver si acusa o no a Galvis por el delito de concierto para delinquir.

El Espectador se comunicó con la exsenadora, quien se declaró inocente, pero se abstuvo de dar una declaración porque su caso todavía tiene reserva. En su indagatoria ante la Corte, sin embargo, Galvis fue enfática en asegurar que ni la Gata ni sus empresas de chance y mucho menos su hijo Héctor Julio Alfonso la apoyaron financiera o electoralmente; añadió que no hay documentos o pruebas que indiquen cualquier alianza con ellos; que con recursos propios pagó los gastos de esa campaña; desmintió con vehemencia a Ernesto Báez; señaló las contradicciones de los demás testigos que aparecen en el proceso, y resaltó que exjefes paramilitares como Juancho Dique, Jorge 40 y Gonzalo negaran conocerla. Por último, remató su defensa advirtiendo que su expediente “se encuentra sesgado por una serie de prejuicios por haber sido la abogada de Enilce López” y que siempre ha sido una política de corte progresista, todo lo contrario a la visión de las autodefensas.