Las sorpresas que proponen dos reformas a la justicia que han pasado de agache

Dos nuevas reformas a la justicia se mueven en completo sigilo en el Congreso. Y no en forma de ley, como la aprobada hace apenas tres meses por iniciativa del Gobierno, sino de reforma a la Constitución. Aunque fueron presentadas por bancadas distintas, tienen en común que le apuestan a algo que, hasta ahora, no se ha logrado con reformas anteriores: modificar los requisitos y caminos por los que se llega a ser magistrado de una alta Corte. El Espectador revisó ambos textos y habló con distintas voces que se mostraron escépticas de los proyectos y criticaron que las iniciativas llegan mientras el país político enfila baterías para unas nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

(Lea también: Las reglas novedosas que trae la nueva Reforma a la Justicia aprobada en junio)

La reforma a la Judicatura

El proyecto más reciente fue presentado la semana pasada por congresistas de La U, el Partido Liberal, el Centro Democrático, Colombia Justa Libres y Cambio Radical. Busca modificar tres artículos de la Constitución sobre el Consejo Superior de la Judicatura. Este órgano ya atravesó, en 2015, una reforma que les quitó a sus miembros las labores de jueces y hoy se encarga, primordialmente, de temas administrativos. Ahora buscan quitarle la función de hacer una preselección de los candidatos a las altas Cortes para que sean directamente la Suprema y el Consejo de Estado los llamados a abrir una convocatoria, según sus propias reglas, y de allí elegir a sus miembros.

Según los congresistas, la Judicatura se dedica a temas administrativos, como el manejo de recursos de la rama Judicial, por lo cual carece de lógica que participen de la elección de magistrados. Incluso, el proyecto propone que los miembros del Consejo Superior no se llamen magistrados, sino “consejeros” y que para este cargo no se requiera ser abogado, sino también economista o administrador. Los legisladores dicen que, como es tan primordial el manejo de los dineros de la justicia, sus miembros deben estar preparados y por eso plantea que los abogados que quieran llegar a la Judicatura deban tener un posgrado en Economía o Finanzas.

(Le puede interesar: Los recursos van a reflejarse en el acceso a la justicia: presidente Corte Suprema)

Mario Cajas, profesor de la Universidad Icesi de Cali, explicó que sacar a la Judicatura del proceso de selección nos llevaría a un modelo que ya tuvimos. “Antes de 1991 había un mecanismo de cooptación total. Lo que se buscaba con la Judicatura era crear un filtro. Pero si la otra reforma plantea que ahora presenten una terna, ahí la pregunta sería: ¿qué mecanismos habría para que se elija esa terna de una manera transparente?”. En esto coincide Carolina Villadiego, asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas, pues, “si bien las convocatorias que hoy hace la Judicatura son muy amplias, hay poca transparencia sobre cómo se seleccionan los diez perfiles que envían a las Cortes”.

Y añadió: “No creo que esto vaya a cambiar si se les da la facultad total al Consejo de Estado y a la Suprema. Hoy ni estas Cortes ni la Constitucional rinden cuentas sobre cómo eligen a sus conjueces, que es algo discrecional”. El profesor Cajas coincidió: “El problema no está en qué funciones ponemos o quitamos a la Judicatura, sino en cómo se toman las decisiones en las Cortes”. En sus estudios se ha encontrado con que, “a través de la historia, a lo que menos le hemos apostado es a un modelo de meritocracia en las Cortes, que sí existe en las bases. Hoy es más compleja la elección de magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la del Consejo de Estado”.

(Lea también: Judicatura tiene seis meses para presentar plan de descongestión en materia penal)

Ana María Montoya, politóloga que estudia el poder Judicial y autora del libro Si no vas al Senado no te haces magistrado, le dijo a El Espectador: “Esta es una acción más para minar al Consejo Superior de la Judicatura, pero al pensar en la historia del Ejecutivo con esta corporación y, sobre todo, en el gobierno Uribe que todo se fue al traste, uno comienza a ver matices. Es decir: podría ser peor. Desde las propuestas de su entonces ministro de Interior, Fernando Londoño, la intención del uribismo siempre fue dominar la Judicatura para controlar, por ejemplo, en dónde se ponen los juzgados”. Este proyecto de acto legislativo es más modesto, cree Montoya.

Sobre las propuestas de modificar quiénes conforman la Judicatura hay visiones encontradas, pues, además de las funciones administrativas, este órgano tiene funciones de gobierno. Por ejemplo, proponer proyectos de ley sobre justicia. “Por eso creo que uno no puede abordar el quiénes conforman el Consejo Superior sin entrar al debate de las funciones que tienen”, señaló Villadiego, pues no todas las tareas podría resolverlas un economista. Y explicó que la Corte Constitucional dijo en 2016 —al tumbar la reforma al equilibrio de poderes— que en la justicia debería haber profesionales de otras disciplinas, pero que conocieran a profundidad la rama Judicial.

(Le puede interesar: La puja sobre la suspensión del examen de quienes aspiran a ser jueces y magistrados)

“Esa es una pregunta muy profunda: ¿debería haber economistas o administradores?”, aseguró Montoya. Y continuó: “Cuando uno estudia los tres mecanismos de elección de magistrados que existen hoy: cooptación (como opera en la Suprema y el Consejo de Estado, que eligen ellos mismos), mixto (como en la Corte Constitucional, que pasa por el Congreso) o político (como en Estados Unidos); lo que han mostrado los estudios es que la intervención política en los procesos no es nociva y que la interdisciplinariedad de los candidatos trae muy buenos efectos, como mayor progresismo en las decisiones”. La politóloga es partidaria, entonces, de que entren otras disciplinas en la Judicatura.

La de Cambio Radical

Una mayoría de la bancada de Cambio Radical radicó en julio un proyecto de reforma a la justicia con varias perlas. Plantea cuestiones como ampliar el plazo de las autoridades para presentar a un capturado ante un juez cuando sea imposible hacerlo en 36 horas. Sin embargo, el grueso del proyecto se concentra en las altas esferas de la justicia. Propone, por ejemplo, que la terna de la que el Senado elige al procurador general ya no salga de Presidencia, Corte Suprema y Consejo de Estado; sino de una convocatoria que organice el propio Congreso. También, que el auditor general, único contrapeso de la Contraloría en temas fiscales, lo elijan los senadores y no el Consejo de Estado.

Además, el proyecto presenta cuatro reformas más a la Constitución. La primera: ampliar la prohibición de exfiscales, exprocuradores y exmagistrados a aspirar a cargos de elección popular. De un año de restricción, como funciona hoy, pasaría a cuatro desde que dejen el cargo. También propone ampliar los períodos de los magistrados de las altas Cortes de ocho años a doce y las presidencias de todas las corporaciones judiciales durarían dos años y no uno, como funciona ahora. Asimismo, se adicionaría el requisito de ser mayor de cincuenta años para aspirar a ser magistrado y se ampliaría la experiencia requerida para exigir mínimo 25 años como abogado o profesor.

Una propuesta más sobre la elección de los magistrados tiene que ver con el Consejo Superior de la Judicatura. Hoy esta corporación hace una preselección de diez candidatos a la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y es de esas listas que las Cortes eligen a sus miembros. Lo que plantea Cambio Radical es que las listas de la Judicatura ahora sean ternas: solo tres candidatos. Y las Cortes tendrían que procurar, por obligación constitucional, que al menos la mitad de sus miembros provengan de carreras en la rama Judicial. Una modificación adicional pide dejar explícito que a los magistrados de la JEP los investiga la Comisión de Acusación, aunque en la práctica ya funciona así.

César Valderrama, director de sistema judicial en Dejusticia, le dijo a este diario que con estas reformas queda la sensación de que ninguno de los proyectos está basado en la evidencia, pues no hay datos duros que sustenten las propuestas. “Al ampliar el período de los magistrados generalmente se busca que tengan mayor independencia de quienes los eligieron. Sin embargo, al comparar el sistema judicial colombiano con otros de América Latina, nosotros no tenemos graves problemas de independencia, así que no es una urgencia. Y ¿para qué aumentamos la edad?, ¿para mayor experiencia, para que cuando se termine el período el magistrado quede jubilado? No es clara la intención”, comentó.

Para Valderrama, ninguna de las reformas parece basada en evidencia. “Los problemas que tiene la justicia están en la Encuesta de Necesidades Jurídicas del DANE, donde saltó a la vista la dificultad para hacer cumplir las decisiones judiciales. Y que, incluso cumpliéndose, no solucionan problemas sociales”, reseñó el investigador. Sin embargo, estos problemas no se desarrollan. Ana María Montoya considera, asimismo, que las propuestas no atienden lo más urgente. “Según el World Justice Project —para el que ella trabaja—, Colombia es de los países con mayor acceso a la justicia, el problema es el presupuesto. En los juzgados las condiciones son paupérrimas, están más que congestionados”.

Muchas de las modificaciones que plantean ambos proyectos de acto legislativo se han intentado en el pasado: ampliar los períodos de los magistrados, ponerles un requisito de edad o aumentar el tiempo de restricción para aspirar a cargos de elección popular. Todas las veces que se han propuesto en el Congreso, se han caído. A su vez, “se han hecho ya cambios. Por ejemplo, hace unos años se aumentó la experiencia requerida para ser magistrado de diez a quince años. Lo que pasa es que se presentan reformas sobre las reformas, pero no se evalúan las que ya se hicieron para saber si funcionaron o no”, señaló Carolina Villadiego.

La abogada habla con conocimiento de causa, pues se ha dedicado a seguir, por años, las reformas a la justicia en Colombia y advirtió que “en el último tiempo hay reformas que, a pesar de que proponen cambios sustanciales, pasan debajo del radar. Así sucedió con la reforma del Gobierno a la ley estatutaria de administración de justicia (aprobada en junio), sucede ahora con estas y es preocupante”. Para Valderrama, además, “nosotros tenemos problemas mucho más graves en los niveles más bajos de la rama Judicial y generalmente las reformas a la justicia requieren un esfuerzo político enorme, como para terminar esforzándose en proyectos que no tendrán mayor efecto”.

Dos nuevas reformas a la justicia se mueven en completo sigilo en el Congreso. Y no en forma de ley, como la aprobada hace apenas tres meses por iniciativa del Gobierno, sino de reforma a la Constitución. Aunque fueron presentadas por bancadas distintas, tienen en común que le apuestan a algo que, hasta ahora, no se ha logrado con reformas anteriores: modificar los requisitos y caminos por los que se llega a ser magistrado de una alta Corte. El Espectador revisó ambos textos y habló con distintas voces que se mostraron escépticas de los proyectos y criticaron que las iniciativas llegan mientras el país político enfila baterías para unas nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

(Lea también: Las reglas novedosas que trae la nueva Reforma a la Justicia aprobada en junio)

La reforma a la Judicatura

El proyecto más reciente fue presentado la semana pasada por congresistas de La U, el Partido Liberal, el Centro Democrático, Colombia Justa Libres y Cambio Radical. Busca modificar tres artículos de la Constitución sobre el Consejo Superior de la Judicatura. Este órgano ya atravesó, en 2015, una reforma que les quitó a sus miembros las labores de jueces y hoy se encarga, primordialmente, de temas administrativos. Ahora buscan quitarle la función de hacer una preselección de los candidatos a las altas Cortes para que sean directamente la Suprema y el Consejo de Estado los llamados a abrir una convocatoria, según sus propias reglas, y de allí elegir a sus miembros.

Según los congresistas, la Judicatura se dedica a temas administrativos, como el manejo de recursos de la rama Judicial, por lo cual carece de lógica que participen de la elección de magistrados. Incluso, el proyecto propone que los miembros del Consejo Superior no se llamen magistrados, sino “consejeros” y que para este cargo no se requiera ser abogado, sino también economista o administrador. Los legisladores dicen que, como es tan primordial el manejo de los dineros de la justicia, sus miembros deben estar preparados y por eso plantea que los abogados que quieran llegar a la Judicatura deban tener un posgrado en Economía o Finanzas.

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Mario Cajas, profesor de la Universidad Icesi de Cali, explicó que sacar a la Judicatura del proceso de selección nos llevaría a un modelo que ya tuvimos. “Antes de 1991 había un mecanismo de cooptación total. Lo que se buscaba con la Judicatura era crear un filtro. Pero si la otra reforma plantea que ahora presenten una terna, ahí la pregunta sería: ¿qué mecanismos habría para que se elija esa terna de una manera transparente?”. En esto coincide Carolina Villadiego, asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas, pues, “si bien las convocatorias que hoy hace la Judicatura son muy amplias, hay poca transparencia sobre cómo se seleccionan los diez perfiles que envían a las Cortes”.

Y añadió: “No creo que esto vaya a cambiar si se les da la facultad total al Consejo de Estado y a la Suprema. Hoy ni estas Cortes ni la Constitucional rinden cuentas sobre cómo eligen a sus conjueces, que es algo discrecional”. El profesor Cajas coincidió: “El problema no está en qué funciones ponemos o quitamos a la Judicatura, sino en cómo se toman las decisiones en las Cortes”. En sus estudios se ha encontrado con que, “a través de la historia, a lo que menos le hemos apostado es a un modelo de meritocracia en las Cortes, que sí existe en las bases. Hoy es más compleja la elección de magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la del Consejo de Estado”.

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Ana María Montoya, politóloga que estudia el poder Judicial y autora del libro Si no vas al Senado no te haces magistrado, le dijo a El Espectador: “Esta es una acción más para minar al Consejo Superior de la Judicatura, pero al pensar en la historia del Ejecutivo con esta corporación y, sobre todo, en el gobierno Uribe que todo se fue al traste, uno comienza a ver matices. Es decir: podría ser peor. Desde las propuestas de su entonces ministro de Interior, Fernando Londoño, la intención del uribismo siempre fue dominar la Judicatura para controlar, por ejemplo, en dónde se ponen los juzgados”. Este proyecto de acto legislativo es más modesto, cree Montoya.

Sobre las propuestas de modificar quiénes conforman la Judicatura hay visiones encontradas, pues, además de las funciones administrativas, este órgano tiene funciones de gobierno. Por ejemplo, proponer proyectos de ley sobre justicia. “Por eso creo que uno no puede abordar el quiénes conforman el Consejo Superior sin entrar al debate de las funciones que tienen”, señaló Villadiego, pues no todas las tareas podría resolverlas un economista. Y explicó que la Corte Constitucional dijo en 2016 —al tumbar la reforma al equilibrio de poderes— que en la justicia debería haber profesionales de otras disciplinas, pero que conocieran a profundidad la rama Judicial.

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“Esa es una pregunta muy profunda: ¿debería haber economistas o administradores?”, aseguró Montoya. Y continuó: “Cuando uno estudia los tres mecanismos de elección de magistrados que existen hoy: cooptación (como opera en la Suprema y el Consejo de Estado, que eligen ellos mismos), mixto (como en la Corte Constitucional, que pasa por el Congreso) o político (como en Estados Unidos); lo que han mostrado los estudios es que la intervención política en los procesos no es nociva y que la interdisciplinariedad de los candidatos trae muy buenos efectos, como mayor progresismo en las decisiones”. La politóloga es partidaria, entonces, de que entren otras disciplinas en la Judicatura.

La de Cambio Radical

Una mayoría de la bancada de Cambio Radical radicó en julio un proyecto de reforma a la justicia con varias perlas. Plantea cuestiones como ampliar el plazo de las autoridades para presentar a un capturado ante un juez cuando sea imposible hacerlo en 36 horas. Sin embargo, el grueso del proyecto se concentra en las altas esferas de la justicia. Propone, por ejemplo, que la terna de la que el Senado elige al procurador general ya no salga de Presidencia, Corte Suprema y Consejo de Estado; sino de una convocatoria que organice el propio Congreso. También, que el auditor general, único contrapeso de la Contraloría en temas fiscales, lo elijan los senadores y no el Consejo de Estado.

Además, el proyecto presenta cuatro reformas más a la Constitución. La primera: ampliar la prohibición de exfiscales, exprocuradores y exmagistrados a aspirar a cargos de elección popular. De un año de restricción, como funciona hoy, pasaría a cuatro desde que dejen el cargo. También propone ampliar los períodos de los magistrados de las altas Cortes de ocho años a doce y las presidencias de todas las corporaciones judiciales durarían dos años y no uno, como funciona ahora. Asimismo, se adicionaría el requisito de ser mayor de cincuenta años para aspirar a ser magistrado y se ampliaría la experiencia requerida para exigir mínimo 25 años como abogado o profesor.

Una propuesta más sobre la elección de los magistrados tiene que ver con el Consejo Superior de la Judicatura. Hoy esta corporación hace una preselección de diez candidatos a la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y es de esas listas que las Cortes eligen a sus miembros. Lo que plantea Cambio Radical es que las listas de la Judicatura ahora sean ternas: solo tres candidatos. Y las Cortes tendrían que procurar, por obligación constitucional, que al menos la mitad de sus miembros provengan de carreras en la rama Judicial. Una modificación adicional pide dejar explícito que a los magistrados de la JEP los investiga la Comisión de Acusación, aunque en la práctica ya funciona así.

César Valderrama, director de sistema judicial en Dejusticia, le dijo a este diario que con estas reformas queda la sensación de que ninguno de los proyectos está basado en la evidencia, pues no hay datos duros que sustenten las propuestas. “Al ampliar el período de los magistrados generalmente se busca que tengan mayor independencia de quienes los eligieron. Sin embargo, al comparar el sistema judicial colombiano con otros de América Latina, nosotros no tenemos graves problemas de independencia, así que no es una urgencia. Y ¿para qué aumentamos la edad?, ¿para mayor experiencia, para que cuando se termine el período el magistrado quede jubilado? No es clara la intención”, comentó.

Para Valderrama, ninguna de las reformas parece basada en evidencia. “Los problemas que tiene la justicia están en la Encuesta de Necesidades Jurídicas del DANE, donde saltó a la vista la dificultad para hacer cumplir las decisiones judiciales. Y que, incluso cumpliéndose, no solucionan problemas sociales”, reseñó el investigador. Sin embargo, estos problemas no se desarrollan. Ana María Montoya considera, asimismo, que las propuestas no atienden lo más urgente. “Según el World Justice Project —para el que ella trabaja—, Colombia es de los países con mayor acceso a la justicia, el problema es el presupuesto. En los juzgados las condiciones son paupérrimas, están más que congestionados”.

Muchas de las modificaciones que plantean ambos proyectos de acto legislativo se han intentado en el pasado: ampliar los períodos de los magistrados, ponerles un requisito de edad o aumentar el tiempo de restricción para aspirar a cargos de elección popular. Todas las veces que se han propuesto en el Congreso, se han caído. A su vez, “se han hecho ya cambios. Por ejemplo, hace unos años se aumentó la experiencia requerida para ser magistrado de diez a quince años. Lo que pasa es que se presentan reformas sobre las reformas, pero no se evalúan las que ya se hicieron para saber si funcionaron o no”, señaló Carolina Villadiego.

La abogada habla con conocimiento de causa, pues se ha dedicado a seguir, por años, las reformas a la justicia en Colombia y advirtió que “en el último tiempo hay reformas que, a pesar de que proponen cambios sustanciales, pasan debajo del radar. Así sucedió con la reforma del Gobierno a la ley estatutaria de administración de justicia (aprobada en junio), sucede ahora con estas y es preocupante”. Para Valderrama, además, “nosotros tenemos problemas mucho más graves en los niveles más bajos de la rama Judicial y generalmente las reformas a la justicia requieren un esfuerzo político enorme, como para terminar esforzándose en proyectos que no tendrán mayor efecto”.