Las verdades de un montaje judicial que rodeó el asesinato de Gloria Lara

En desarrollo del legado de la Comisión de la Verdad, esta semana se presentó el documental “El silencio es el hijo del miedo”, que trae a la memoria del país uno de los episodios que conmovió a la sociedad colombiana hace casi 40 años. El atroz asesinato en cautiverio de Gloria Lara de Echeverri, entonces directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, secuestrada el 23 de junio de 1982 y asesinada seis días después. El caso, como muchos otros, quedó en la impunidad, pero dio lugar a un montaje judicial orientado irregularmente por militares, con episodios de detenciones ilegales, torturas y hasta desapariciones forzadas, cuyos efectos viven las nuevas generaciones de las familias de los hombres y mujeres que fueron inculpados y hoy viven en el exilio.

El documental está basado en el testimonio de 23 personas entre exiliados, testigos y abogados conocedores del caso, que resumen a través de sus vivencias lo que aconteció después del asesinato de Gloria Lara. Con base en la versión de un detective, la Brigada de Institutos Militares (BIM), entonces a cargo del general Hernando Díaz Sanmiguel, emprendió una redada que el 28 de diciembre de 1982 ya iba en nueve implicados. Ese día, en rueda de prensa con los medios de comunicación, ante la observación de un periodista sobre las razones del expediente en manos castrenses y no de la justicia ordinaria, el oficial contestó: “No tenemos jurisdicción ni competencia por el levantamiento del Estado de Sitio, pero atendimos una orden del juez 47 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo Mariño”.

Así empezó el “indescriptible tormento familiar”, que tuvieron que vivir exintegrantes y relacionados del movimiento Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), que hizo parte del accionar político del movimiento Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), línea Sincelejo. Para el momento del secuestro y asesinato del Gloria Lara, la ORP ya estaba disuelta. Pero la intervención militar impuso sus señalamientos, al punto de que los interrogatorios se hicieron en la Brigada de Institutos Militares. El primero de los detenidos, Juan Tadeo Espitia, estuvo seis días en poder de los militares antes de ser trasladado a la cárcel Modelo. Durante casi una semana, mientras se daban nuevas capturas, los militares lograron polémicas confesiones bajo tortura, luego validadas como pruebas esenciales.

(Le podría interesar: Cuando la seguridad fue la excusa para el abuso oficial)

Los detenidos del caso vivieron circunstancias similares y en todos los procedimientos se desconocieron los principios del debido proceso. Según la Comisión de la Verdad, prevaleció una “instrumentalización de la justicia y del dominio del Ejército en el aparato estatal para fabricar un falso positivo judicial”. Los señalados eran dirigentes de izquierda, algunos vinculados al Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán y otros al Partido de los Trabajadores en Colombia o a la Democracia Popular, organizaciones legales cercanas a la ANUC. Esta última organización, surgida en la reforma agraria del gobierno Lleras Restrepo (1966-1970), había sido protagonista del accionar político campesino en los años 70, pero comenzaba a ser blanco de la guerra sucia, en especial del grupo Muerte a Secuestradores (MAS).

Diez meses después de la rueda de prensa del general Hernando Díaz Sanmiguel, el juez 16 superior Enrique Alford revocó todos los autos de detención que permitieron las capturas con intervención de la Brigada de Institutos Militares, pero con esa acción del 3 de octubre de 1983 no terminó la pesadilla para los procesados. Fueron dos años más hasta su sobreseimiento temporal. Solo hasta febrero de 1998 terminó el caso en la Corte Suprema de Justicia. Para ese momento, casi todos los que vivieron el montaje judicial ya vivían en el exilio. De hecho, todavía no han regresado. 32 hijos de las familias afectadas nacieron en el exilio, pero como comentó uno de ellos, “todos siguen viviendo en Colombia, pero con sus cuerpos en Europa”. El estigma sigue haciendo estragos porque hubo confesiones bajo tortura.

(Lea también: Un millón de colombianos habrían abandonado el país por cuenta de la guerra)

“Antes y durante la grabación, un encapuchado iba señalando lo que yo debía decir”. Así resumió uno de los exiliados la forma como se obtuvieron esas falsas confesiones. Después de ser sometidos a prácticas crueles, amenazas y todo tipo de presiones, quedaron voces de responsabilidad sin asidero. Otro de los oídos por la Comisión de la Verdad resaltó: “Es que la rectificación se escucha mucho menos”. Y recordó que el caso de Gloria Lara, no solo por la atrocidad del delito, fue convertido en un espectáculo noticioso en el que los periodistas fueron quienes resolvieron el caso. En medio de la presión militar y mediática, la decisión del juez Alford de dar la libertad no fue suficiente para los procesados. El acoso continuó hasta que la única opción para sobrevivir fue el exilio, que derivó en la disolución familiar.

En medio de los testimonios de los exiliados, recobra importancia en términos de reconstrucción de la verdad, un capítulo olvidado del conflicto armado en Colombia, ocurrido días antes de la redada masiva por el caso Gloria Lara. El 10 de diciembre de 1982, una semana antes de la primera detención, fueron detenidas y desaparecidas cuatro personas. Patricia Rivera, sus hijas Eliana y Katherine de 9 y 4 años y el ciudadano Marco Antonio Crespo. Después se supo de la vinculación de ella con algunos capturados, y que Crespo fue un vecino que se quiso oponer a la detención irregular de Patricia Rivera y sus dos hijas y corrió la misma suerte. Hasta hoy se desconoce el paradero de estas cuatro personas. Es otro de los cabos sueltos en un capítulo siniestro de violencia y de guerra sucia.

(En contexto: Carlos Beristain: el líder del proyecto del exilio en la Comisión de la Verdad)

Lo mismo quedó al desnudo respecto a otro caso de secuestro. El 7 de marzo de 1983, nueve meses después del plagio de Gloria Lara, fue secuestrado el gerente de Texaco en Colombia, Kennet Bishop. Con fines extorsivos, la Organización Revolucionaria del Pueblo se atribuyó la acción. La pesquisa determinó que en este caso y en el de Gloria Lara, se usó la misma máquina de escribir para las instrucciones del rescate y que fue la misma voz la que se dejó ir en las llamadas amenazantes a las víctimas. Este hallazgo habría podido demostrar la inocencia de los capturados del caso Lara, pero solo permitió identificar a otro grupo secuestrador que, paradójicamente no fue tocado por la justicia. Su principal líder se fugó de la cárcel y otros dos capturados salieron indemnes por vencimiento de términos.

En cambio, para los procesados por el caso Gloria Lara, el drama no concluye. Una de las personas exiliadas resalta que prevalecen zonas oscuras que deberían aclararse de cara al país y ante sus propias familias. “El silencio es el hijo del miedo”, insistió otro de los escuchados por la Comisión de la Verdad, que manifiesta que en la biografía de sus vidas siempre deben añadir este montaje judicial que no termina. “¿Cómo le puedo explicar a los niños menores de la familia que no puedo volver a Colombia, pero que no soy una asesina?”, pregunta en voz alta otra de las personas que reclaman por su exilio. Son 39 años de una injusticia que no prescribe, entre otros factores, porque nadie ha podido explicar las razones de la Brigada de Institutos Militares para imponerse en este caso.

(Lea aquí el informe: Torturas y victimización judicial por el secuestro y asesinato deGloria Lara de Echeverri)

El capítulo Gloria Lara fue documentado por el comisionado Carlos Beristain y los grupos de trabajo de Exilio y de Hallazgos y Recomendaciones, y rotulado como “Torturas y victimización judicial por el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri”. Además del documental, como parte del legado de la Comisión de la Verdad, quedó un documento de 119 páginas que detalla lo sucedido a 18 personas que fueron detenidas, torturadas y luego forzadas al exilio. A la gravedad del caso se suma el impacto que sufren las víctimas del exilio. La separación de su lugar de origen, la ruptura de los lazos familiares, la pérdida de los referentes de identidad, la imposibilidad en muchos casos de continuar en un horizonte profesional y hasta el ostracismo social y político que prevalece en Colombia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En desarrollo del legado de la Comisión de la Verdad, esta semana se presentó el documental “El silencio es el hijo del miedo”, que trae a la memoria del país uno de los episodios que conmovió a la sociedad colombiana hace casi 40 años. El atroz asesinato en cautiverio de Gloria Lara de Echeverri, entonces directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, secuestrada el 23 de junio de 1982 y asesinada seis días después. El caso, como muchos otros, quedó en la impunidad, pero dio lugar a un montaje judicial orientado irregularmente por militares, con episodios de detenciones ilegales, torturas y hasta desapariciones forzadas, cuyos efectos viven las nuevas generaciones de las familias de los hombres y mujeres que fueron inculpados y hoy viven en el exilio.

El documental está basado en el testimonio de 23 personas entre exiliados, testigos y abogados conocedores del caso, que resumen a través de sus vivencias lo que aconteció después del asesinato de Gloria Lara. Con base en la versión de un detective, la Brigada de Institutos Militares (BIM), entonces a cargo del general Hernando Díaz Sanmiguel, emprendió una redada que el 28 de diciembre de 1982 ya iba en nueve implicados. Ese día, en rueda de prensa con los medios de comunicación, ante la observación de un periodista sobre las razones del expediente en manos castrenses y no de la justicia ordinaria, el oficial contestó: “No tenemos jurisdicción ni competencia por el levantamiento del Estado de Sitio, pero atendimos una orden del juez 47 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo Mariño”.

Así empezó el “indescriptible tormento familiar”, que tuvieron que vivir exintegrantes y relacionados del movimiento Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), que hizo parte del accionar político del movimiento Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), línea Sincelejo. Para el momento del secuestro y asesinato del Gloria Lara, la ORP ya estaba disuelta. Pero la intervención militar impuso sus señalamientos, al punto de que los interrogatorios se hicieron en la Brigada de Institutos Militares. El primero de los detenidos, Juan Tadeo Espitia, estuvo seis días en poder de los militares antes de ser trasladado a la cárcel Modelo. Durante casi una semana, mientras se daban nuevas capturas, los militares lograron polémicas confesiones bajo tortura, luego validadas como pruebas esenciales.

(Le podría interesar: Cuando la seguridad fue la excusa para el abuso oficial)

Los detenidos del caso vivieron circunstancias similares y en todos los procedimientos se desconocieron los principios del debido proceso. Según la Comisión de la Verdad, prevaleció una “instrumentalización de la justicia y del dominio del Ejército en el aparato estatal para fabricar un falso positivo judicial”. Los señalados eran dirigentes de izquierda, algunos vinculados al Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán y otros al Partido de los Trabajadores en Colombia o a la Democracia Popular, organizaciones legales cercanas a la ANUC. Esta última organización, surgida en la reforma agraria del gobierno Lleras Restrepo (1966-1970), había sido protagonista del accionar político campesino en los años 70, pero comenzaba a ser blanco de la guerra sucia, en especial del grupo Muerte a Secuestradores (MAS).

Diez meses después de la rueda de prensa del general Hernando Díaz Sanmiguel, el juez 16 superior Enrique Alford revocó todos los autos de detención que permitieron las capturas con intervención de la Brigada de Institutos Militares, pero con esa acción del 3 de octubre de 1983 no terminó la pesadilla para los procesados. Fueron dos años más hasta su sobreseimiento temporal. Solo hasta febrero de 1998 terminó el caso en la Corte Suprema de Justicia. Para ese momento, casi todos los que vivieron el montaje judicial ya vivían en el exilio. De hecho, todavía no han regresado. 32 hijos de las familias afectadas nacieron en el exilio, pero como comentó uno de ellos, “todos siguen viviendo en Colombia, pero con sus cuerpos en Europa”. El estigma sigue haciendo estragos porque hubo confesiones bajo tortura.

(Lea también: Un millón de colombianos habrían abandonado el país por cuenta de la guerra)

“Antes y durante la grabación, un encapuchado iba señalando lo que yo debía decir”. Así resumió uno de los exiliados la forma como se obtuvieron esas falsas confesiones. Después de ser sometidos a prácticas crueles, amenazas y todo tipo de presiones, quedaron voces de responsabilidad sin asidero. Otro de los oídos por la Comisión de la Verdad resaltó: “Es que la rectificación se escucha mucho menos”. Y recordó que el caso de Gloria Lara, no solo por la atrocidad del delito, fue convertido en un espectáculo noticioso en el que los periodistas fueron quienes resolvieron el caso. En medio de la presión militar y mediática, la decisión del juez Alford de dar la libertad no fue suficiente para los procesados. El acoso continuó hasta que la única opción para sobrevivir fue el exilio, que derivó en la disolución familiar.

En medio de los testimonios de los exiliados, recobra importancia en términos de reconstrucción de la verdad, un capítulo olvidado del conflicto armado en Colombia, ocurrido días antes de la redada masiva por el caso Gloria Lara. El 10 de diciembre de 1982, una semana antes de la primera detención, fueron detenidas y desaparecidas cuatro personas. Patricia Rivera, sus hijas Eliana y Katherine de 9 y 4 años y el ciudadano Marco Antonio Crespo. Después se supo de la vinculación de ella con algunos capturados, y que Crespo fue un vecino que se quiso oponer a la detención irregular de Patricia Rivera y sus dos hijas y corrió la misma suerte. Hasta hoy se desconoce el paradero de estas cuatro personas. Es otro de los cabos sueltos en un capítulo siniestro de violencia y de guerra sucia.

(En contexto: Carlos Beristain: el líder del proyecto del exilio en la Comisión de la Verdad)

Lo mismo quedó al desnudo respecto a otro caso de secuestro. El 7 de marzo de 1983, nueve meses después del plagio de Gloria Lara, fue secuestrado el gerente de Texaco en Colombia, Kennet Bishop. Con fines extorsivos, la Organización Revolucionaria del Pueblo se atribuyó la acción. La pesquisa determinó que en este caso y en el de Gloria Lara, se usó la misma máquina de escribir para las instrucciones del rescate y que fue la misma voz la que se dejó ir en las llamadas amenazantes a las víctimas. Este hallazgo habría podido demostrar la inocencia de los capturados del caso Lara, pero solo permitió identificar a otro grupo secuestrador que, paradójicamente no fue tocado por la justicia. Su principal líder se fugó de la cárcel y otros dos capturados salieron indemnes por vencimiento de términos.

En cambio, para los procesados por el caso Gloria Lara, el drama no concluye. Una de las personas exiliadas resalta que prevalecen zonas oscuras que deberían aclararse de cara al país y ante sus propias familias. “El silencio es el hijo del miedo”, insistió otro de los escuchados por la Comisión de la Verdad, que manifiesta que en la biografía de sus vidas siempre deben añadir este montaje judicial que no termina. “¿Cómo le puedo explicar a los niños menores de la familia que no puedo volver a Colombia, pero que no soy una asesina?”, pregunta en voz alta otra de las personas que reclaman por su exilio. Son 39 años de una injusticia que no prescribe, entre otros factores, porque nadie ha podido explicar las razones de la Brigada de Institutos Militares para imponerse en este caso.

(Lea aquí el informe: Torturas y victimización judicial por el secuestro y asesinato deGloria Lara de Echeverri)

El capítulo Gloria Lara fue documentado por el comisionado Carlos Beristain y los grupos de trabajo de Exilio y de Hallazgos y Recomendaciones, y rotulado como “Torturas y victimización judicial por el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri”. Además del documental, como parte del legado de la Comisión de la Verdad, quedó un documento de 119 páginas que detalla lo sucedido a 18 personas que fueron detenidas, torturadas y luego forzadas al exilio. A la gravedad del caso se suma el impacto que sufren las víctimas del exilio. La separación de su lugar de origen, la ruptura de los lazos familiares, la pérdida de los referentes de identidad, la imposibilidad en muchos casos de continuar en un horizonte profesional y hasta el ostracismo social y político que prevalece en Colombia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.