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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) representa a la Nación y a entidades de la Administración Pública en pleitos judiciales nacionales e internacionales. Este año la entidad entró a apoyar en temas relacionados con bancos, el paro nacional, medioambiente y el proceso en el sistema interamericano de la activista y periodista Jineth Bedoya. En algunos casos ganó, en otros tuvo victorias parciales y en otros perdió. Lea aquí un recuento del 2021 de la Andje:
Jineth Bedoya, una condena contra Colombia
El caso “Bedoya Lima vs Colombia” llegó a su punto final el pasado 18 de octubre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la tortura y violencia sexual sufrida por la periodista Jineth Bedoya en el 2000. El 25 de mayo de ese año, fue secuestrada mientras tramitaba su ingreso a la cárcel Modelo para realizar una entrevista concertada con un emisario del paramilitarismo. Luego de dos décadas, Colombia fue declarado responsable por los vejámenes y las posteriores falencias investigativas.
En contexto: Colombia es responsable del secuestro y tortura de Jineth Bedoya: Corte IDH
La Andje representó a la Nación durante el proceso en la Corte IDH. Durante las audiencias en las cuales los jueces valoraron la petición de Bedoya, de condenar a Colombia, el director de la agencia se retiró de la diligencia virtual. Camilo Gómez, en cabeza de la Andje, aseguró que el proceso no se estaba tramitando con objetividad. Unos días después, la agencia le propuso una “solución amistosa” a Bedoya, recurso que ya le había ofrecido años atrás. No obstante, la periodista se negó y respondió que la proposición fue un “acto de hostigamiento”, para obtener una respuesta rápida.
La Corte IDH ordenó una serie de reparaciones que la Nación deberá acatar. Entre ellas, una beca anual de posgrado “para contribuir al desarrollo del trabajo del Observatorio de Medios y Género de la Universidad Central y la campaña ´No Es Hora de Callar´ durante los próximos cinco años”. Además, habrá un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto y del periodismo investigativo. El personal de justicia será capacitado para actuar con enfoque de género ante manifestaciones violentas contra la mujer.
Una pequeña derrota en caso Glencore
Este año quedó zanjado uno de los pleitos que Colombia tenía con la multinacional de procesamiento de materias primas Glencore, con sede en Suiza. Para ello, la Nación acudió a un comité ad hoc de anulación relacionado con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI). Para entender el caso hay que situarnos en 2019. Entonces, la Nación fue condenada a devolverle US$19 millones a Prodeco, filial de Glencore, que había pagado ese dinero tras ser sancionada por irregularidades en el cálculo de regalías. La Andje quiso dejar esos US$19 millones quietos, pero este año Colombia fue obligada a regresarlos.
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El comité ad hoc negó las pretensiones, a pesar de que la Contraloría advirtió un desfase en dineros de regalías, a favor de Prodeco, por casi $50.000 millones colombianos. La Andje, sin embargo, presentó esa derrota en contexto, pues en realidad cuando la multinacional inició el pleito con el país, en 2016, estaba solicitando casi US$600 millones tras la sanción de la Contraloría. En conclusión, Colombia debió devolver US$19 millones y se salvó de pagar el 97% de las exigencias de la empresa con presencia en Cesar, Magdalena y Atlántico.
Luz verde a la asistencia militar
En contexto: Consejo de Estado revivió la asistencia militar durante protesta social
Tras acoger los argumentos de la Agencia de Defensa del Estado, por orden de la Sección Segunda del Consejo de Estado, los alcaldes y gobernadores podrán solicitar apoyo militar cuando la protesta social altere el orden público. El fallo, en segunda instancia, data del pasado 19 de noviembre cuando fue desestimada una acción de tutela que en principio prohibió la “asistencia militar” anunciada por el presidente Iván Duque. Los accionantes, por su parte, aducían que los manifestantes del paro fueron víctimas de abuso policial y excesos por parte del Esmad.
Una victoria en proceso por el Páramo de Santurbán
La multinacional minera Eco Oro tiene a Colombia demandada por US$ 736 millones, pues en 2016 la Corte Constitucional prohibió la minería en los páramos del país, cuando la empresa canadiense llevaba dos décadas disfrutando de licencias de exploración y explotación en del Páramo de Santurbán. El caso está en el Tribunal del CIADI, el cual en septiembre pasado dio esperanza al bolsillo del Estado y a quienes reclamaban la protección del área natural.
En contexto: Prohibir la minería en el Páramo de Santurbán es legítimo: Tribunal del CIADI
Según la Andje, representada por la firma internacional de abogados Lathan and Watkins, el Tribunal reconoció que la prohibición de realizar minería en los páramos colombianos es una manifestación legítima del derecho a regular que tiene el Estado. El Tribunal reconoció el rol de los páramos como fuentes reguladoras de los ciclos de agua, en medio de la angustia mundial por el cambio climático. Ahora, resta saber qué va a pasar con la controversia económica, por la cual Eco Oro solicita alrededor de $2,8 billones, por concepto de indemnización a lo que consideran una “expropiación”.
Caso Granahorrar y desfalco a la DIAN
El Estado no tendrá que pagar un solo peso por, en 1998, capitalizar el antiguo banco Granahorrar, el cual tenía problemas de liquidez, es decir, no podía cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Astrid Benito Carrizosa, exaccionista de la entidad, demandó a Colombia en 2018, pero el Tribunal Arbitral Internacional inclinó la balanza a favor de la Agencia de Defensa del Estado en abril de este año. Colombia estaba demandada por US$ 40 millones, pero ese tribunal determinó que no era competente para estudiar el caso y, aparte, el expediente prescribió por demora de la familia Carrizosa.
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Los hechos datan de los noventa, cuando en Colombia hubo una crisis financiera que desequilibró a los bancos y corporaciones financieras. Los ahorros de millones de personas parecían desvanecerse. La Superintendencia Bancaria, entonces, ordenó a los máximos accionistas de Granahorrar capitalizar la entidad, pero como nunca sucedió, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) ordenó reducir el valor de las acciones del banco. Tomó posesión de este. La familia Carrizosa denunció una intervención irregular, pero hasta la fecha no le han dado la razón.
Por otro lado, los bolsillos de la Nación recuperaron en septiembre parte de un dinero que parecía perdido desde 2012. La Corte Suprema de Justicia le dio la razón a la representación judicial de Colombia y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tras fallar un incidente de reparación integral en contra de las aseguradoras que expidieron pólizas a favor de embaucadores del denominado cartel de la devolución del IVA. Retornaron $12.000 millones.
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Para saber por qué la Nación estaba cobrando ese dinero hay que situarnos entre 2008 y 2012. Entonces, en Colombia funcionaba un cartel que, según la Fiscalía, alcanzó a robarse del dinero público más de $300.000 millones provenientes de los impuestos de los colombianos. La red, conformada por funcionarios de la DIAN y una empresa ficticia dirigida por Blahca Jazmín Becerra, cobró millones y millones por concepto de devolución del impuesto del IVA, en falsos procesos de exportación llevados a cabo por sociedades ficticias.
En Colombia, si una empresa exporta un bien en el que usó materias primas e insumos nacionales, puede pedirle a la DIAN la devolución del impuesto IVA que pagó. Becerra, a través de la empresa R&B Consultores, logró que alrededor de 30 sociedades fachadas reclamaran devolución del IVA por supuestas exportaciones a China, Venezuela y Panamá, de textiles, cueros y material ferroso. Los funcionarios de la DIAN involucrados hacían visitas fantasmales a estas sociedades y se encargaban de que las solicitudes no llegaran a personas que alertaran sobre el desfalco.
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