Laude Fernández, investigado en caso “chuzadas”, fue apartado de su cargo en la compañía BRG

La multinacional de seguridad Berkeley Research Group (BRG) anunció que Laude Fernández Arroyo, exdirectivo del extinto DAS y quien era el representante de la firma en Colombia, fue retirado de su cargo. La empresa, además, confirmó que el CTI allanó sus instalaciones en el marco de las investigaciones por el caso de “chuzadas” que involucra a varios miembros de la Fiscalía General de la Nación.

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Al parecer, su ahora exdirector para Colombia, Fernández Arroyo, estaría vinculado con las interceptaciones ilegales que sufrieron miembros del sindicato de pilotos de Avianca (Acdac) y abogados y empresarios vinculados a procesos en contra del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y sus familiares, entre los que hay hasta menores de edad. Se trata del mismo caso por el que ya han sido judicializados el exjefe de la sala diamante de la Fiscalía. —desde donde se interceptan las comunicaciones—, Luis Carlos Gómez Góngora (quien aceptó cargos), y el exfiscal para el crimen organizado, Fabio Martínez Lugo (quien se declara inocente). 

La compañía de origen norteamericano, que asesora instituciones financieras, agencias gubernamentales, firmas de abogados y organismos reguladores en todo el mundo, decidió, entonces, sacar del cargo al exdirectivo del DAS, “para que pueda ejercer sus derechos como persona natural en el proceso que enfrenta ante la justicia colombiana”. Esto, pues según la hipótesis de la Fiscalía, Fernández habría determinado las interceptaciones que supuestamente ordenaba Martínez Lugo y que luego coordinaba Gómez Góngora.

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BRG rechazó las versiones de que las supuestas interceptaciones ilegales de comunicaciones por las que es investigado el exdirector Fernández sean una constante en su línea de trabajo. “Todos nuestros servicios se brindan dentro del marco legal de los múltiples países donde operamos”, señaló la empresa. Asimismo, aclaró que, a la fecha, ningún ente de control les ha notificado que la compañía esté siendo investigada. “Si así sucediera, acudiremos y colaboraremos con las autoridades que lo soliciten”, señaló.

Sin embargo, aclaró que, en efecto, funcionarios de la Fiscalía acudieron a las instalaciones de BRG en Bogotá, como reportaron algunos medios de comunicación. Agentes del CTI llegaron a sus oficinas en días recientes “con el propósito de practicar una diligencia judicial dentro de la actuación que se sigue en contra del señor Fernández Nuestros empleados brindaron la colaboración necesaria y facilitaron la información que les fue requerida”.

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Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Fernández Arroyo los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales. El exdirectivo de BRG no aceptó los cargos y se declaró inocente. No obstante, esta sería la segunda investigación formal que tiene Fernández por estos hechos, pues ya en octubre del año pasado le habían imputado cargos por su presunta participación en este entramado de “espionaje corporativo”, término que usó la propia exvicefiscal general, María Paulina Riveros, cuando anunció avances de las pesquisas.

La multinacional de seguridad Berkeley Research Group (BRG) anunció que Laude Fernández Arroyo, exdirectivo del extinto DAS y quien era el representante de la firma en Colombia, fue retirado de su cargo. La empresa, además, confirmó que el CTI allanó sus instalaciones en el marco de las investigaciones por el caso de “chuzadas” que involucra a varios miembros de la Fiscalía General de la Nación.

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Al parecer, su ahora exdirector para Colombia, Fernández Arroyo, estaría vinculado con las interceptaciones ilegales que sufrieron miembros del sindicato de pilotos de Avianca (Acdac) y abogados y empresarios vinculados a procesos en contra del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y sus familiares, entre los que hay hasta menores de edad. Se trata del mismo caso por el que ya han sido judicializados el exjefe de la sala diamante de la Fiscalía. —desde donde se interceptan las comunicaciones—, Luis Carlos Gómez Góngora (quien aceptó cargos), y el exfiscal para el crimen organizado, Fabio Martínez Lugo (quien se declara inocente). 

La compañía de origen norteamericano, que asesora instituciones financieras, agencias gubernamentales, firmas de abogados y organismos reguladores en todo el mundo, decidió, entonces, sacar del cargo al exdirectivo del DAS, “para que pueda ejercer sus derechos como persona natural en el proceso que enfrenta ante la justicia colombiana”. Esto, pues según la hipótesis de la Fiscalía, Fernández habría determinado las interceptaciones que supuestamente ordenaba Martínez Lugo y que luego coordinaba Gómez Góngora.

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BRG rechazó las versiones de que las supuestas interceptaciones ilegales de comunicaciones por las que es investigado el exdirector Fernández sean una constante en su línea de trabajo. “Todos nuestros servicios se brindan dentro del marco legal de los múltiples países donde operamos”, señaló la empresa. Asimismo, aclaró que, a la fecha, ningún ente de control les ha notificado que la compañía esté siendo investigada. “Si así sucediera, acudiremos y colaboraremos con las autoridades que lo soliciten”, señaló.

Sin embargo, aclaró que, en efecto, funcionarios de la Fiscalía acudieron a las instalaciones de BRG en Bogotá, como reportaron algunos medios de comunicación. Agentes del CTI llegaron a sus oficinas en días recientes “con el propósito de practicar una diligencia judicial dentro de la actuación que se sigue en contra del señor Fernández Nuestros empleados brindaron la colaboración necesaria y facilitaron la información que les fue requerida”.

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Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Fernández Arroyo los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales. El exdirectivo de BRG no aceptó los cargos y se declaró inocente. No obstante, esta sería la segunda investigación formal que tiene Fernández por estos hechos, pues ya en octubre del año pasado le habían imputado cargos por su presunta participación en este entramado de “espionaje corporativo”, término que usó la propia exvicefiscal general, María Paulina Riveros, cuando anunció avances de las pesquisas.