Lazos familiares
Al cumplirse 21 años del asesinato del director de El Espectador Guillermo Cano, una revisión del expediente muestra varios cabos sueltos. Por ejemplo, el vínculo de quien pagó los sicarios con un hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
Redacción Judicial
Al revisar el enmohecido expediente afloran varias perlas nunca suficientemente aclaradas por la justicia: por ejemplo, los negocios entre el pagador de los sicarios, Luis Carlos Molina, y un hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
Desde el miércoles 17 de diciembre de 1986, día en que fue asesinado el director de El Espectador Guillermo Cano Isaza, el país supo que detrás del magnicidio estuvo la mafia del narcotráfico. Sin embargo, y a pesar de la impunidad que caracterizó la investigación penal, 21 años después del crimen, al revisar el voluminoso y enmohecido expediente, afloran particulares nombres y verdades ocultas de una trama ilegal de dineros, dudosas transacciones y sospechosas sociedades que nunca fueron judicializadas pero que, sin duda, hicieron parte de los tentáculos del capo Pablo Escobar Gaviria y su cartel de Medellín.
A lo largo de 10 años, la investigación llegó a vincular a casi medio centenar de personas y en distintos momentos procesó directamente al capo Escobar y sus lugartenientes. No obstante, después de 12 asesinatos —entre ellos el de un magistrado, una jueza sin rostro y el abogado de la parte civil, Héctor Giraldo Gálvez—, de amenazas y exilios y de interminables trasteos del expediente, el 30 de julio de 1996, cuando concluyó el proceso, nadie quedó en prisión. Siete meses después fue capturado en Bogotá Luis Carlos Molina Yepes, el pagador de los sicarios que asesinaron a Guillermo Cano. Escasamente purgó seis años de cárcel.
Y precisamente, del millonario patrimonio y de los centenares de movimientos bancarios de Molina Yepes, insuficientemente indagados por la justicia, se desprende una maraña de hilos sueltos que, de haberse investigado a fondo, le habría evitado muchos dolores al país. Hoy, sin embargo, sirve para aclarar circunstancias y sacar a flote muchos nombres que pasaron de agache durante dos décadas. Una relación de empresarios, comerciantes, dirigentes deportivos, hacendados e integrantes del clan familiar del capo de capos, que ahora, en tiempos en que la sociedad urge verdades, ayudarían a entender por qué Escobar fue un criminal impune por tanto tiempo.
Como él mismo lo reconoció ante la justicia a sus 42 años, Luis Carlos Molina Yepes y varios de sus familiares constituyeron un emporio de negocios de propiedad raíz, comisiones, cambio de moneda extranjera, cheques, industria de carnes, importación de licores, transacciones de ganado y multimillonarias cuentas bancarias en por lo menos cuatro entidades financieras. No obstante, cuando la justicia empezó a probarle que en varios de esos negocios aparecían Escobar Gaviria, sus familiares directos y algunos de sus principales colaboradores, el 3 de marzo de 1988 Molina Yepes se evadió de las instalaciones del DAS en Medellín.
Al ratificarse con su fuga que el cheque girado a los sicarios no era una casualidad, la justicia emprendió un exhaustivo rastreo de cuentas crediticias y demás negocios de Molina, y constató múltiples circunstancias dudosas que, sin embargo, nunca se desdoblaron en nuevos expedientes. Por ejemplo, los investigadores encontraron dos extraños escenarios: un hotel de propiedad de los hermanos Gustavo, José y Luz Mila Gaviria Rivero, donde además se editaba el periódico que resaltaba las ideas de Escobar; y un frente de cuentas en una sucursal del Banco Ganadero en Medellín, en la cual colaboradores y familiares del capo también movieron dineros.
La misma semana de la fuga de Molina, la justicia ordenó una inspección judicial en tres bancos de la capital antioqueña. Así fue como, en la sucursal del Banco Ganadero en el sector de El Poblado, al requerir las carpetas de interés judicial para desentrañar el patrimonio de Molina, en la primera cuenta examinada se descubrió que estaba a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. La segunda tenía como titular a Héctor Barrientos, gerente administrativo de la hacienda Nápoles, de propiedad del capo. Este último cliente fue referenciado al banco por Carlos Alberto Gaviria.
En aquella inspección apareció una tercera cuenta, también a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez, esta vez con Luis Javier Castaño Ochoa. Al día siguiente, a comienzos de marzo de 1988, el juez 33 de Instrucción Criminal, Luis Malagón, envió un oficio al DAS para que agentes de ese organismo de inteligencia llevaran a su despacho, para escuchar sus explicaciones sobre las cuentas, a Carlos Alberto Gaviria y Héctor Barrientos, así como a Ubiel Ospina, Roberto Pastor Morales, Humberto Quintero y Jorge de Jesús Pizano. Al mismo tiempo pidió a la Registraduría sus tarjetas decadactilares (ver facsímiles).
No obstante, al menos en el caso de Carlos Alberto Gaviria Vélez, nunca compareció ante la justicia. Hoy, a sus 60 años, reconoce que tuvo cuentas en esa sucursal del Banco Ganadero pero que no recuerda los detalles. Admite que conoció y tuvo negocios con Luis Carlos Molina Yepes y Héctor Barrientos, sin embargo, dice, se desligó de ellos hace muchos años. Carlos Alberto Gaviria es el hermano mayor del consejero presidencial José Obdulio Gaviria Vélez, quien como él ha sostenido con vehemencia que eran primos de Pablo Escobar, hijos de dos hermanos, pero que ambas familias nunca tuvieron negocios y siempre fueron muy distantes.
Según el hijo mayor de los Gaviria Vélez, desde hace 20 años se ha dedicado a asuntos financieros trabajando en compañías de seguros, bancos y el sector cooperativo. De hecho, entre el 11 de noviembre de 2001 y el 30 de noviembre de 2003 ofició como gerente regional del Banco Agrario en Antioquia. En el primer semestre de 2007 se dejó picar por el bicho de la política y se lanzó como candidato al Concejo de Guatapé (Antioquia) por el Partido Conservador. Sólo obtuvo 86 votos y se quemó. Hoy, está dedicado a comercializar alambres de energía. “No soy político y prefiero mis actividades privadas”, añade.
En diálogo con El Espectador, Gaviria Vélez concluyó: “si el tema de mis hermanos Luis Mario y Jorge (procesados por narcotráfico en EU) es muy desafortunado, ahora lo es para mí que se hagan conjeturas mías respecto al caso de Guillermo Cano. La verdad, yo recuerdo más a María Cano, la líder obrera, y definitivamente el estigma de Pablo Escobar nos va a acompañar toda la vida. Yo no lo niego, lo conocí en mi infancia, pero también soy familiar de un ex alcalde de Medellín y un monseñor de la Iglesia. Esto también sucede porque soy hermano de José Obdulio, pues como decía Cochise, ‘en Colombia la gente se muere más de envidia que de cáncer’ ”.
Sin embargo, este no fue el único cabo que quedó suelto en el expediente por el crimen de Guillermo Cano y el capítulo particular de las cuentas de Molina Yepes. Ese mismo marzo de 1988, con el apoyo acucioso del abogado de El Espectador y la familia Cano, Héctor Giraldo Gálvez (ver facsímil de sus apuntes), los investigadores dilucidaron otro nexo entre el pagador del magnicidio y la familia de Pablo Escobar. Entre los cheques girados desde las cuentas de Molina, varios fueron consignados al Hotel Residencias Antaño, ubicado en Medellín. Por eso se ordenó una inspección judicial, que develó nuevas evidencias.
Claro está que no fue una tarea fácil. Una vez la justicia pidió los movimientos contables y facturas del mencionado hotel, recibió comprobantes de dos colores distintos y llenos de enmendaduras y borrones. Aún así, tras advertirles a los empleados del hotel que tenían que colaborar con la investigación, salió a flote la verdad. Por escritura 2358 de la Notaría 5ª de Medellín, fechada el 27 de mayo de 1981, se supo que el Hotel Antaño era propiedad de Gustavo Gaviria Rivero, alias León o Don Raúl, primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar y segundo hombre en importancia del cartel de Medellín.
Pero había más. Las autoridades quisieron saber por qué de las cuentas de Molina se pagaba el arrendamiento del apartamento 708 del hotel. Inicialmente, los empleados indagados sostuvieron que al parecer allí vivía un periodista, pero cuando empezaron a aparecer recibos de teléfono y hospedaje a nombre de Hernando Gaviria Berrío, los empleados aceptaron que ese presunto reportero, con tarjeta profesional acreditada, era el director del periódico Medellín Cívico, encargado de divulgar las ideas de la corporación Medellín sin tugurios, plataforma política del capo de capos Pablo Escobar Gaviria.
Es más, las autoridades comprobaron que en ese hotel se editaba el periódico. Sin embargo, para esa época Hernando Gaviria Berrío —hermano de Herlinda Gaviria, la madre de Pablo Escobar, y tío de Carlos Alberto Gaviria Vélez— vivía sus últimos días batallando contra el cáncer. El 23 de abril de 1988 se volvió a saber de él cuando unidades del Ejército, adscritas a la IV Brigada, adelantaron una gigantesca redada en un cementerio de Medellín, donde concurrió buena parte de la familia de Pablo Escobar Gaviria a darle sepultura. Nunca se investigó a la gente allegada al hotel ni las cuentas bancarias de sus allegados.
Como tampoco se avanzó en procesos paralelos por nuevas evidencias que por esos días abundaron. Por ejemplo, se supo que el empresario que le construyó edificios y palacios a Pablo Escobar —entre ellos el famoso edificio Mónaco en el sector de Envigado— fue Gabriel Londoño White, y que de la misma sociedad hizo parte el ex gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano del Valle de Aburrá Isaías Vayda. Asimismo, durante un allanamiento en la finca El Bizcocho, en Antioquia, las autoridades incautaron 14 casetes y abundante documentación que sólo con el curso de los años han cobrado relevancia.
Desafortunadamente, en aquel tiempo no pasó de un efímero registro mediático. No obstante, trascendió que el dueño de esa hacienda, ubicada en la loma Los Balsos, en Envigado, resultó ser Gustavo Adolfo Upegui López, entonces conocido con el alias de Mayor García, quien, sin embargo, pasó de agache en el expediente por la muerte del ex director de El Espectador, y en la década de los 90 terminó siendo el accionista mayoritario del equipo profesional de fútbol de Envigado. Aunque alcanzó a ser detenido por la justicia bajo el cargo de auspiciar grupos de justicia privada, Upegui también sorteó este escollo.
El año pasado fue asesinado y apenas hoy trasciende que manejaba la tenebrosa Oficina de Envigado, asociada al paramilitarismo y el narcotráfico. Y una perla más: dentro de los capturados en el allanamiento a la finca El Bizcocho, que interesó significativamente a la justicia, estaba John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye. Prácticamente nadie puede explicar cómo volvió a la libertad y acompañó a Pablo Escobar Gaviria en su arremetida narcoterrorista de finales de los años 80 y principios de los 90. Hoy, Popeye sigue preso y en su última aparición fue el testigo estelar para condenar al ex ministro Alberto Santofimio por otro magnicidio: el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento.
El expediente por el crimen de Guillermo Cano incluye muchos nombres más. La mayoría de ellos tuvieron negocios con Luis Carlos Molina o, a través de él, con Pablo Escobar y sus familiares. Sin embargo, el caso concluyó con sólo un detenido: Molina Yepes, quien purgó una irrisoria pena de seis años de prisión. Nunca hubo castigo para los autores intelectuales del magnicidio. A los materiales los asesinó el mismo cartel de Medellín, tal como lo hizo con varios investigadores y jueces que quisieron esclarecer el proceso. Sólo quedó para la memoria el cínico comentario de Popeye en referencia al crimen: “Matar a Guillermo Cano fue una ‘vuelta’ fácil”.
En medio de la violencia
Desde el primer día, la investigación por el crimen de Guillermo Cano estuvo condicionada por los violentos. Pocas semanas después del magnicidio, los asesinos corrieron la misma suerte. En forma valiente, la jueza Consuelo Sánchez Durán acusó a los capos del cartel de Medellín y tuvo que emprender la ruta del exilio. El abogado de la parte civil, Héctor Giraldo Gálvez, de manera admirable se consagró al caso y logró probar muchas evidencias. Sin embargo, el miércoles 29 de marzo de 1989, cuando se dirigía a uno de los juzgados a insistir en sus pesquisas, fue asesinado por sicarios. El expediente llegó a manos del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Valencia García, quien reabrió las investigaciones contra Pablo Escobar y sus secuaces, y fue asesinado el 16 de agosto de 1989. La investigación pasó al despacho de la jueza sexta de orden público de Medellín, Myriam Rocío Pérez, pero el 18 de septiembre de 1992, murió acribillada por sicarios junto a sus tres escoltas. Muerto Escobar, sus lugartenientes reconocieron su delito. Hoy, 21 años después, así como la justicia ha vuelto a reabrir históricos episodios como el holocausto del Palacio de Justicia o el magnicidio de Luis Carlos Galán, no es tarde para examinar el caso Guillermo Cano.
Dos hermanos
En abril de 2006 trascendió que Luis Mario y Jorge Fernando Gaviria Vélez, hermanos del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, estuvieron presos en Estados Unidos en 1983 por episodios relacionados con tráfico de drogas. Según algunas publicaciones, los casos nunca se resolvieron y el primero de ellos salió libre pagando una fianza. Hoy trabaja en Acción Social de la Presidencia. Su hermano Jorge, en un programa de paz y reconciliación de la alcaldía de Medellín. “Ellos ya pagaron su error”, comentó entonces José Obdulio Gaviria. “Es un tema muy desafortunado”, añadió Carlos Alberto Gaviria Vélez.
Al revisar el enmohecido expediente afloran varias perlas nunca suficientemente aclaradas por la justicia: por ejemplo, los negocios entre el pagador de los sicarios, Luis Carlos Molina, y un hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
Desde el miércoles 17 de diciembre de 1986, día en que fue asesinado el director de El Espectador Guillermo Cano Isaza, el país supo que detrás del magnicidio estuvo la mafia del narcotráfico. Sin embargo, y a pesar de la impunidad que caracterizó la investigación penal, 21 años después del crimen, al revisar el voluminoso y enmohecido expediente, afloran particulares nombres y verdades ocultas de una trama ilegal de dineros, dudosas transacciones y sospechosas sociedades que nunca fueron judicializadas pero que, sin duda, hicieron parte de los tentáculos del capo Pablo Escobar Gaviria y su cartel de Medellín.
A lo largo de 10 años, la investigación llegó a vincular a casi medio centenar de personas y en distintos momentos procesó directamente al capo Escobar y sus lugartenientes. No obstante, después de 12 asesinatos —entre ellos el de un magistrado, una jueza sin rostro y el abogado de la parte civil, Héctor Giraldo Gálvez—, de amenazas y exilios y de interminables trasteos del expediente, el 30 de julio de 1996, cuando concluyó el proceso, nadie quedó en prisión. Siete meses después fue capturado en Bogotá Luis Carlos Molina Yepes, el pagador de los sicarios que asesinaron a Guillermo Cano. Escasamente purgó seis años de cárcel.
Y precisamente, del millonario patrimonio y de los centenares de movimientos bancarios de Molina Yepes, insuficientemente indagados por la justicia, se desprende una maraña de hilos sueltos que, de haberse investigado a fondo, le habría evitado muchos dolores al país. Hoy, sin embargo, sirve para aclarar circunstancias y sacar a flote muchos nombres que pasaron de agache durante dos décadas. Una relación de empresarios, comerciantes, dirigentes deportivos, hacendados e integrantes del clan familiar del capo de capos, que ahora, en tiempos en que la sociedad urge verdades, ayudarían a entender por qué Escobar fue un criminal impune por tanto tiempo.
Como él mismo lo reconoció ante la justicia a sus 42 años, Luis Carlos Molina Yepes y varios de sus familiares constituyeron un emporio de negocios de propiedad raíz, comisiones, cambio de moneda extranjera, cheques, industria de carnes, importación de licores, transacciones de ganado y multimillonarias cuentas bancarias en por lo menos cuatro entidades financieras. No obstante, cuando la justicia empezó a probarle que en varios de esos negocios aparecían Escobar Gaviria, sus familiares directos y algunos de sus principales colaboradores, el 3 de marzo de 1988 Molina Yepes se evadió de las instalaciones del DAS en Medellín.
Al ratificarse con su fuga que el cheque girado a los sicarios no era una casualidad, la justicia emprendió un exhaustivo rastreo de cuentas crediticias y demás negocios de Molina, y constató múltiples circunstancias dudosas que, sin embargo, nunca se desdoblaron en nuevos expedientes. Por ejemplo, los investigadores encontraron dos extraños escenarios: un hotel de propiedad de los hermanos Gustavo, José y Luz Mila Gaviria Rivero, donde además se editaba el periódico que resaltaba las ideas de Escobar; y un frente de cuentas en una sucursal del Banco Ganadero en Medellín, en la cual colaboradores y familiares del capo también movieron dineros.
La misma semana de la fuga de Molina, la justicia ordenó una inspección judicial en tres bancos de la capital antioqueña. Así fue como, en la sucursal del Banco Ganadero en el sector de El Poblado, al requerir las carpetas de interés judicial para desentrañar el patrimonio de Molina, en la primera cuenta examinada se descubrió que estaba a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. La segunda tenía como titular a Héctor Barrientos, gerente administrativo de la hacienda Nápoles, de propiedad del capo. Este último cliente fue referenciado al banco por Carlos Alberto Gaviria.
En aquella inspección apareció una tercera cuenta, también a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez, esta vez con Luis Javier Castaño Ochoa. Al día siguiente, a comienzos de marzo de 1988, el juez 33 de Instrucción Criminal, Luis Malagón, envió un oficio al DAS para que agentes de ese organismo de inteligencia llevaran a su despacho, para escuchar sus explicaciones sobre las cuentas, a Carlos Alberto Gaviria y Héctor Barrientos, así como a Ubiel Ospina, Roberto Pastor Morales, Humberto Quintero y Jorge de Jesús Pizano. Al mismo tiempo pidió a la Registraduría sus tarjetas decadactilares (ver facsímiles).
No obstante, al menos en el caso de Carlos Alberto Gaviria Vélez, nunca compareció ante la justicia. Hoy, a sus 60 años, reconoce que tuvo cuentas en esa sucursal del Banco Ganadero pero que no recuerda los detalles. Admite que conoció y tuvo negocios con Luis Carlos Molina Yepes y Héctor Barrientos, sin embargo, dice, se desligó de ellos hace muchos años. Carlos Alberto Gaviria es el hermano mayor del consejero presidencial José Obdulio Gaviria Vélez, quien como él ha sostenido con vehemencia que eran primos de Pablo Escobar, hijos de dos hermanos, pero que ambas familias nunca tuvieron negocios y siempre fueron muy distantes.
Según el hijo mayor de los Gaviria Vélez, desde hace 20 años se ha dedicado a asuntos financieros trabajando en compañías de seguros, bancos y el sector cooperativo. De hecho, entre el 11 de noviembre de 2001 y el 30 de noviembre de 2003 ofició como gerente regional del Banco Agrario en Antioquia. En el primer semestre de 2007 se dejó picar por el bicho de la política y se lanzó como candidato al Concejo de Guatapé (Antioquia) por el Partido Conservador. Sólo obtuvo 86 votos y se quemó. Hoy, está dedicado a comercializar alambres de energía. “No soy político y prefiero mis actividades privadas”, añade.
En diálogo con El Espectador, Gaviria Vélez concluyó: “si el tema de mis hermanos Luis Mario y Jorge (procesados por narcotráfico en EU) es muy desafortunado, ahora lo es para mí que se hagan conjeturas mías respecto al caso de Guillermo Cano. La verdad, yo recuerdo más a María Cano, la líder obrera, y definitivamente el estigma de Pablo Escobar nos va a acompañar toda la vida. Yo no lo niego, lo conocí en mi infancia, pero también soy familiar de un ex alcalde de Medellín y un monseñor de la Iglesia. Esto también sucede porque soy hermano de José Obdulio, pues como decía Cochise, ‘en Colombia la gente se muere más de envidia que de cáncer’ ”.
Sin embargo, este no fue el único cabo que quedó suelto en el expediente por el crimen de Guillermo Cano y el capítulo particular de las cuentas de Molina Yepes. Ese mismo marzo de 1988, con el apoyo acucioso del abogado de El Espectador y la familia Cano, Héctor Giraldo Gálvez (ver facsímil de sus apuntes), los investigadores dilucidaron otro nexo entre el pagador del magnicidio y la familia de Pablo Escobar. Entre los cheques girados desde las cuentas de Molina, varios fueron consignados al Hotel Residencias Antaño, ubicado en Medellín. Por eso se ordenó una inspección judicial, que develó nuevas evidencias.
Claro está que no fue una tarea fácil. Una vez la justicia pidió los movimientos contables y facturas del mencionado hotel, recibió comprobantes de dos colores distintos y llenos de enmendaduras y borrones. Aún así, tras advertirles a los empleados del hotel que tenían que colaborar con la investigación, salió a flote la verdad. Por escritura 2358 de la Notaría 5ª de Medellín, fechada el 27 de mayo de 1981, se supo que el Hotel Antaño era propiedad de Gustavo Gaviria Rivero, alias León o Don Raúl, primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar y segundo hombre en importancia del cartel de Medellín.
Pero había más. Las autoridades quisieron saber por qué de las cuentas de Molina se pagaba el arrendamiento del apartamento 708 del hotel. Inicialmente, los empleados indagados sostuvieron que al parecer allí vivía un periodista, pero cuando empezaron a aparecer recibos de teléfono y hospedaje a nombre de Hernando Gaviria Berrío, los empleados aceptaron que ese presunto reportero, con tarjeta profesional acreditada, era el director del periódico Medellín Cívico, encargado de divulgar las ideas de la corporación Medellín sin tugurios, plataforma política del capo de capos Pablo Escobar Gaviria.
Es más, las autoridades comprobaron que en ese hotel se editaba el periódico. Sin embargo, para esa época Hernando Gaviria Berrío —hermano de Herlinda Gaviria, la madre de Pablo Escobar, y tío de Carlos Alberto Gaviria Vélez— vivía sus últimos días batallando contra el cáncer. El 23 de abril de 1988 se volvió a saber de él cuando unidades del Ejército, adscritas a la IV Brigada, adelantaron una gigantesca redada en un cementerio de Medellín, donde concurrió buena parte de la familia de Pablo Escobar Gaviria a darle sepultura. Nunca se investigó a la gente allegada al hotel ni las cuentas bancarias de sus allegados.
Como tampoco se avanzó en procesos paralelos por nuevas evidencias que por esos días abundaron. Por ejemplo, se supo que el empresario que le construyó edificios y palacios a Pablo Escobar —entre ellos el famoso edificio Mónaco en el sector de Envigado— fue Gabriel Londoño White, y que de la misma sociedad hizo parte el ex gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano del Valle de Aburrá Isaías Vayda. Asimismo, durante un allanamiento en la finca El Bizcocho, en Antioquia, las autoridades incautaron 14 casetes y abundante documentación que sólo con el curso de los años han cobrado relevancia.
Desafortunadamente, en aquel tiempo no pasó de un efímero registro mediático. No obstante, trascendió que el dueño de esa hacienda, ubicada en la loma Los Balsos, en Envigado, resultó ser Gustavo Adolfo Upegui López, entonces conocido con el alias de Mayor García, quien, sin embargo, pasó de agache en el expediente por la muerte del ex director de El Espectador, y en la década de los 90 terminó siendo el accionista mayoritario del equipo profesional de fútbol de Envigado. Aunque alcanzó a ser detenido por la justicia bajo el cargo de auspiciar grupos de justicia privada, Upegui también sorteó este escollo.
El año pasado fue asesinado y apenas hoy trasciende que manejaba la tenebrosa Oficina de Envigado, asociada al paramilitarismo y el narcotráfico. Y una perla más: dentro de los capturados en el allanamiento a la finca El Bizcocho, que interesó significativamente a la justicia, estaba John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye. Prácticamente nadie puede explicar cómo volvió a la libertad y acompañó a Pablo Escobar Gaviria en su arremetida narcoterrorista de finales de los años 80 y principios de los 90. Hoy, Popeye sigue preso y en su última aparición fue el testigo estelar para condenar al ex ministro Alberto Santofimio por otro magnicidio: el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento.
El expediente por el crimen de Guillermo Cano incluye muchos nombres más. La mayoría de ellos tuvieron negocios con Luis Carlos Molina o, a través de él, con Pablo Escobar y sus familiares. Sin embargo, el caso concluyó con sólo un detenido: Molina Yepes, quien purgó una irrisoria pena de seis años de prisión. Nunca hubo castigo para los autores intelectuales del magnicidio. A los materiales los asesinó el mismo cartel de Medellín, tal como lo hizo con varios investigadores y jueces que quisieron esclarecer el proceso. Sólo quedó para la memoria el cínico comentario de Popeye en referencia al crimen: “Matar a Guillermo Cano fue una ‘vuelta’ fácil”.
En medio de la violencia
Desde el primer día, la investigación por el crimen de Guillermo Cano estuvo condicionada por los violentos. Pocas semanas después del magnicidio, los asesinos corrieron la misma suerte. En forma valiente, la jueza Consuelo Sánchez Durán acusó a los capos del cartel de Medellín y tuvo que emprender la ruta del exilio. El abogado de la parte civil, Héctor Giraldo Gálvez, de manera admirable se consagró al caso y logró probar muchas evidencias. Sin embargo, el miércoles 29 de marzo de 1989, cuando se dirigía a uno de los juzgados a insistir en sus pesquisas, fue asesinado por sicarios. El expediente llegó a manos del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Valencia García, quien reabrió las investigaciones contra Pablo Escobar y sus secuaces, y fue asesinado el 16 de agosto de 1989. La investigación pasó al despacho de la jueza sexta de orden público de Medellín, Myriam Rocío Pérez, pero el 18 de septiembre de 1992, murió acribillada por sicarios junto a sus tres escoltas. Muerto Escobar, sus lugartenientes reconocieron su delito. Hoy, 21 años después, así como la justicia ha vuelto a reabrir históricos episodios como el holocausto del Palacio de Justicia o el magnicidio de Luis Carlos Galán, no es tarde para examinar el caso Guillermo Cano.
Dos hermanos
En abril de 2006 trascendió que Luis Mario y Jorge Fernando Gaviria Vélez, hermanos del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, estuvieron presos en Estados Unidos en 1983 por episodios relacionados con tráfico de drogas. Según algunas publicaciones, los casos nunca se resolvieron y el primero de ellos salió libre pagando una fianza. Hoy trabaja en Acción Social de la Presidencia. Su hermano Jorge, en un programa de paz y reconciliación de la alcaldía de Medellín. “Ellos ya pagaron su error”, comentó entonces José Obdulio Gaviria. “Es un tema muy desafortunado”, añadió Carlos Alberto Gaviria Vélez.