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El primer medio en advertirlo esta semana fue El Meridiano, el periódico que circula en el departamento que Alejandro Lyons manejó entre 2012 y 2015: el inicio de la cooperación a la que se comprometió el político Lyons, a cambio de beneficios penales de parte de la Fiscalía colombiana, incluyó la revelación de que Camilo Tarquino, exmagistrado de la Corte Suprema, le pidió $20.000 millones a cambio de ayudarlo con los procesos que empezaban a surgir en su contra en la Fiscalía.
(El “dossier” del político que hundió al fiscal anticorrupción)
El pasado 15 de agosto, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que la DEA le había entregado evidencias que podían comprometer a tres exmagistrados de la Corte Suprema: José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. Desde entonces, sin embargo, los rostros de este escándalo de corrupción han sido Bustos y Ricaurte. De Tarquino no se había mencionado nada más, hasta ahora.
Hace un par de semanas, un fiscal viajó a Estados Unidos a recibir el testimonio del exgobernador Alejandro Lyons, quien huyó a Miami en abril pasado, antes de que la Fiscalía le imputara 20 cargos por malversación de regalías. Lyons, como lo confirmó la vicefiscal María Paulina Riveros, está en acercamientos con el ente investigativo, y en el marco de esos acercamientos fue que declaró, entre otras cosas, que Tarquino le había pedido la astronómica suma de $20.000 millones para "ayudarlo".
Según divulgaron El Meridiano, y luego la revista Semana, Lyons le contó a la Fiscalía que había tenido cuatro encuentros con Tarquino en el apartamento de este último. "Según Lyons, Tarquino dijo trabajar con el magistrado José Leonidas Bustos, quien lideraba un 'equipo grande' con poder no solo en la Corte Suprema, sino también en la Fiscalía de Eduardo Montealegre", publicó Semana. "Lyons Muskus evidenció que Tarquino Gallego tenía mucha información que no debería conocer", divulgó El Meridiano.
Es claro que la única manera para que Lyons obtenga beneficios de parte de la Fiscalía es que sus delaciones incluyan los soportes que comprueben su veracidad. Lyons ofreció dos: uno, describir el apartamento de Tarquino, lo cual en realidad no es muy diciente para un proceso penal. El segundo, sin embargo, podría ser un indicio mucho mayor que la descripción. Entre las interceptaciones de la DEA hay una grabación en la que el exfiscal Gustavo Moreno le cuenta a Lyons que Tarquino está presionando "para que lo jodan". Lyons le respondió que eso ocurría por su negativa a pagarle a Tarquino el dinero que había pedido.
Moreno, para el momento de la conversación con Lyons, era el jefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y buscaba que Lyons le pagara más de $500 millones a cambio de influir en los procesos que la Fiscalía llevaba en su contra. Pero Lyons, quien ha resultado hasta ahora el más "astuto" en esta cadena de corrupción, buscó a la DEA y se convirtió en su informante. Por cuenta de ese trato, la justicia de Estados Unidos está pidiendo en extradición a Gustavo Moreno y a su socio en el soborno a Lyons, Leonardo Pinilla.
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Fue así como varias de las conversaciones entre Pinilla, Moreno y Lyons terminaron siendo grabadas por la DEA y, posteriormente, entregadas a la justicia colombiana, desatando así el peor escándalo que haya enfrentado la Corte Suprema. Hace unos días, este terremoto sacudió el piso de otro magistrado de la Corte: Gustavo Malo. Por esa razón, se declaró impedido para seguir conociendo los procesos de Julio Manzur, quien asegura que Moreno lo buscó antes de ser capturado en 2015, y de Musa Besaile, quien aceptó haber pagado $2.000 millones para no ser detenido.
Ni Bustos, ni Tarquino ni Ricaurte, los tres expresidentes de la Corte Suprema, han querido dar declaraciones públicas sobre este tema, que cada vez se enreda más. Tarquino y Ricaurte integraron la Sala Laboral en su paso por la Corte entre 2004 y 2012, y Bustos hizo lo propio en la Sala Penal de 2008 a 2016. Tanto la Fiscalía como la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes indagan si ellos hicieron o no parte de este entramado de corrupción, que tiene a la justicia con la reputación absolutamente por el suelo.