Le quitan la visa al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eyder Patiño
La embajada de Estados Unidos le canceló la visa al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño Cabrera. A través de un comunicado, este alto tribunal y la Corte Constitucional rechazaron estas acciones que consideraron un "ataque sistemático al poder judicial".
Redacción Judicial
Fuentes cercanas al alto tribunal le contaron a El Espectador que la embajada de Estados Unidos le canceló la visa al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño Cabrera. La denuncia se suma a la de los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. Como informó este diario, existen sospechas de que Estados Unidos les habría retirado su visa. Este viernes, se confirmó que el magistrado Lizarazo, hoy día, tiene su visa, que la magistrada Fajardo acudirá el lunes a la embajada a verificar su caso y que al magistrado Patiño se la cancelaron sin justificación aparente.
¿Magistrados de la Corte Constitucional sin visa?
En medio de la rueda de prensa de este viernes, García señaló: "La Corporación alienta a los jueces a permanecer fieles al cumplimiento de su deber y alejados de presiones indebidas, al tiempo que hace un llamado a la sociedad y a las instituciones a rodearlos de garantías en el desempeño de su misión".
En entrevista con este diario esta semana, el recién posesionado presidente de la Corte Suprema se refirió a las presuntas chuzadas que sus homólogos de la Corte Constitucional estaban denunciando. El magistrado García señaló que en la corte que él preside “en el momento no tenemos certeza de que tengamos ninguna afectación de esa clase. No podemos decir que hay chuzadas, que hay seguimientos, nada de eso. No descartamos que pueda ocurrir, pero no podemos afirmar que haya en concreto alguna situación de esas. Sí consideramos muy grave que a la Corte Constitucional le esté pasando esto”.
Las presuntas presiones y seguimientos
El pasado domingo 28 de abril, Noticias Caracol reveló que algunos magistrados de la Corte Constitucional sentían que sus comunicaciones estaban siendo intervenidas de manera ilegal y que algunos tuvieron que cambiar sus líneas telefónicas. Incluso, señalaron que habría micrófonos en sus despachos. Posteriormente, la presidenta de este alto tribunal, Gloria Stella Ortiz pidió a la Policía y a la Fiscalía que investigara estos hechos. En ese mismo reportaje se señaló que una alta fuente del ente investigador le habría asegurado enero de este año a uno de los togados sobre los presuntas chuzadas.
El pasado 3 de mayo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que existía un plan para interceptar telefónicamente, de manera ilegal, a los magistrados de la Corte Constitucional. Al parecer, una organización criminal estaría detrás de información privilegiada de las comunicaciones de los altos funcionarios. "He dispuesto que a esta investigación se sumen los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación ante la Corte Constitucional, para la cual pretendía acceder a sus comunicaciones privadas", señaló Martínez.
El ente investigador tiene audios donde dos personas que, según las autoridades ya fueron identificadas por las autoridades, mantienen una conversación sobre la pretensión de acceder a información del alto tribunal para luego extorsionar a los magistrados con ella, con la intención de buscar favores en tutelas interpuestas a comienzos de este año.
Además Martínez dijo en su momento que dispuso "que a esta investigación se sumen los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación ante la Corte Constitucional, para la cual pretendía acceder a sus comunicaciones privadas". Asímismo, el jefe del ente investigador delegó para estas investigaciones al fiscal delegado ante la Corte Suprema, Fabio Espitia.
Magistrados de Corte Constitucional piden a las autoridades aclarar si están siendo investigados
Otro episodio que se suma a este hecho es que el pasado 9 de abril, John Jairo Cárdenas, representante a la Cámara por el partido de la U, denunció haber recibido presiones por parte de Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia. Cárdenas, es uno de los miembros de la comisión que estudió las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP en la Cámara de Representantes, iniciativa que finalmente se hundió tanto en Cámara como Senado.
También le puede interesar: "Presiones a la Corte por la JEP: y el gringo ahí"
Fuentes cercanas al alto tribunal le contaron a El Espectador que la embajada de Estados Unidos le canceló la visa al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño Cabrera. La denuncia se suma a la de los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. Como informó este diario, existen sospechas de que Estados Unidos les habría retirado su visa. Este viernes, se confirmó que el magistrado Lizarazo, hoy día, tiene su visa, que la magistrada Fajardo acudirá el lunes a la embajada a verificar su caso y que al magistrado Patiño se la cancelaron sin justificación aparente.
¿Magistrados de la Corte Constitucional sin visa?
En medio de la rueda de prensa de este viernes, García señaló: "La Corporación alienta a los jueces a permanecer fieles al cumplimiento de su deber y alejados de presiones indebidas, al tiempo que hace un llamado a la sociedad y a las instituciones a rodearlos de garantías en el desempeño de su misión".
En entrevista con este diario esta semana, el recién posesionado presidente de la Corte Suprema se refirió a las presuntas chuzadas que sus homólogos de la Corte Constitucional estaban denunciando. El magistrado García señaló que en la corte que él preside “en el momento no tenemos certeza de que tengamos ninguna afectación de esa clase. No podemos decir que hay chuzadas, que hay seguimientos, nada de eso. No descartamos que pueda ocurrir, pero no podemos afirmar que haya en concreto alguna situación de esas. Sí consideramos muy grave que a la Corte Constitucional le esté pasando esto”.
Las presuntas presiones y seguimientos
El pasado domingo 28 de abril, Noticias Caracol reveló que algunos magistrados de la Corte Constitucional sentían que sus comunicaciones estaban siendo intervenidas de manera ilegal y que algunos tuvieron que cambiar sus líneas telefónicas. Incluso, señalaron que habría micrófonos en sus despachos. Posteriormente, la presidenta de este alto tribunal, Gloria Stella Ortiz pidió a la Policía y a la Fiscalía que investigara estos hechos. En ese mismo reportaje se señaló que una alta fuente del ente investigador le habría asegurado enero de este año a uno de los togados sobre los presuntas chuzadas.
El pasado 3 de mayo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que existía un plan para interceptar telefónicamente, de manera ilegal, a los magistrados de la Corte Constitucional. Al parecer, una organización criminal estaría detrás de información privilegiada de las comunicaciones de los altos funcionarios. "He dispuesto que a esta investigación se sumen los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación ante la Corte Constitucional, para la cual pretendía acceder a sus comunicaciones privadas", señaló Martínez.
El ente investigador tiene audios donde dos personas que, según las autoridades ya fueron identificadas por las autoridades, mantienen una conversación sobre la pretensión de acceder a información del alto tribunal para luego extorsionar a los magistrados con ella, con la intención de buscar favores en tutelas interpuestas a comienzos de este año.
Además Martínez dijo en su momento que dispuso "que a esta investigación se sumen los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación ante la Corte Constitucional, para la cual pretendía acceder a sus comunicaciones privadas". Asímismo, el jefe del ente investigador delegó para estas investigaciones al fiscal delegado ante la Corte Suprema, Fabio Espitia.
Magistrados de Corte Constitucional piden a las autoridades aclarar si están siendo investigados
Otro episodio que se suma a este hecho es que el pasado 9 de abril, John Jairo Cárdenas, representante a la Cámara por el partido de la U, denunció haber recibido presiones por parte de Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia. Cárdenas, es uno de los miembros de la comisión que estudió las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP en la Cámara de Representantes, iniciativa que finalmente se hundió tanto en Cámara como Senado.
También le puede interesar: "Presiones a la Corte por la JEP: y el gringo ahí"