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Leonardo Pinilla es un nombre que suena constantemente cuando se habla del escándalo del cartel de la toga. Este abogado cordobés fue extraditado a Estados Unidos junto a Gustavo Moreno, el exjefe Anticorrupción de la Fiscalía, pues lo acompañó a Miami a recibir un soborno del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. En 2019, Pinilla volvió a Colombia y, aunque ha pasado bajo el radar de la opinión pública, documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya muestran que ha estado activo ante la justicia. En estos tres años, encendió el ventilador y sus declaraciones han tocado a poderosos políticos del Caribe.
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Ya es conocido que Leonardo Pinilla ha declarado, a la par que Gustavo Moreno, en procesos del cartel de la toga. Por ejemplo, habló en los juicios contra los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, condenado y procesado por recibir sobornos para torcer o ralentizar expedientes judiciales en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las declaraciones de este abogado también han servido para avanzar en procesos relacionados con el cartel de la hemofilia, el del síndrome de Down y otros más en contra de poderosos políticos y empresarios. Estos son algunos de los procesos en los que su testimonio ha sido vital. En otros, según los documentos, la Fiscalía no ha abierto investigaciones, pese a que Pinilla dice tener información.
Cartel de la hemofilia
Uno de los escándalos más recordados de las gobernaciones de Alejandro Lyons y Edwin Besaile fue el cartel de la hemofilia: recursos de la salud girados a IPS por tratamientos para esta enfermedad que nunca se dieron. Los dineros, al parecer, acabaron en los bolsillos de poderosos clanes políticos de Córdoba. En ese proceso, el testimonio de Leonardo Pinilla ha impulsado varias investigaciones, comenzando por la que hay en contra del exgobernador, la de la excongresista de La U Sara Piedrahita Lyons, quien habría recibido $1.100 millones. Asimismo, Pinilla habló en contra de la también excongresista del mismo partido Ana Lucía Madrid Hodeg, quien habría recibido $400 millones.
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Asimismo, Pinilla será uno de los testigos que hable en el juicio contra el excongresista, también de La U, Edwin Besaile Fayad, hermano de Musa Besaile, procesado por los mismos hechos y en cuyo juicio ya declaró el abogado como testigo. Incluso, en los correos de la filtración de Guacamaya se observa que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le ha pedido a la Fiscalía colaboración para que Leonardo Pinilla declare, también por el cartel de la hemofilia, en contra de Daniel Cabrales, excongresista y exembajador en Panamá. De hecho, Pinilla había ofrecido desde 2018 hablar en contra del hermano de este, Cristóbal Cabrales, pero en los documentos se dice explícitamente que aún el búnker no ha abierto una investigación en su contra.
En el mismo limbo que parece haber quedado la investigación contra Cristóbal Cabrales hay otros procesos por el cartel de la hemofilia. Leonardo Pinilla ha mencionado tener información sobre Roberto Tirado Hernández, quien fue secretario general de la Gobernación de Córdoba durante el periodo de Besaile y hasta fue gobernador encargado. Y, finalmente, el abogado también ha dicho tener información que compromete a Carolina Náder Dangond, exfuncionaria de Prosperidad Social y esposa del exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta. Pero la Fiscalía no les ha abierto siquiera una indagación, señalan los documentos.
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Armando Benedetti
En 2019, tras su arribo a Colombia luego de cumplir su condena en Estados Unidos, Leonardo Pinilla también declaró contra el exsenador y embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti. Y no en uno, sino en los dos procesos que van más avanzados en contra del excongresista. Ambos casos estaban en ese momento en la Corte Suprema de Justicia en el despacho de la magistrada Cristina Lombana y Benedetti ha dicho que los procesos son meras persecuciones de su parte. Ahora estos expedientes están en la Fiscalía, pues al no ser más congresista, la Corte no puede continuar investigándolo.
La primera declaración de Leonardo Pinilla contra Benedetti fue en mayo de 2019 en el proceso por presunto enriquecimiento ilícito. Por la presunta venta irregular de un apartamento y giros de dinero al exterior, la Corte le abrió una investigación formal desde 2021. Posteriormente, en octubre de 2019, el abogado cordobés volvió a la Corte, esta vez para hablar del rol de Benedetti, en el entramado de corrupción que se tejió en Fonade. Y, aunque se desconoce el rol que pudo tener Pinilla en estos casos, en los documentos filtrados quedó constancia de que “cumplió su compromiso” de declarar en ambos.
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Cartel del síndrome de Down
Es el proceso en el que más ha declarado Leonardo Pinilla, pues él intervino directamente en un episodio desconocido del cartel de la toga. Resulta que, cuando Alejandro Lyons recién dejaba la gobernación de Córdoba, la Fiscalía inició una investigación porque su administración le giró millones de recursos públicos a IPS por supuestas terapias a pacientes con síndrome de Down. Los tratamientos nunca se dieron. En ese momento, Gustavo Moreno era jefe de la Unidad Anticorrupción y le encargó las pesquisas a un fiscal de Montería llamado Daniel Fernando Díaz Torres.
Pinilla convenció a Yolima Rangel, representante legal de las IPS involucradas en el lío, que le pagara $200 millones a Díaz Torres para embolatar el proceso. Mientras la negociación entre la empresaria, el abogado y el fiscal avanzaba, Pinilla fue capturado con fines de extradición y terminó tras las rejas. Sin embargo, según su matriz de colaboración, su testimonio ha sido “fundamental” en los procesos contra Díaz Torres y Rangel. Además, el abogado ha declarado en contra de otras personas involucradas, como el exsecretario de Salud de Córdoba, José Jaime Pareja Alemán.
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Con base en estas colaboraciones de Pinilla con la justicia, la Fiscalía amplió su principio de oportunidad un año más en 2021. Aunque no se conocen a fondo las declaraciones que dio, los documentos filtrados dan cuenta de que su testimonio ha servido para esclarecer millonarios desfalcos. A la vez que dan cuenta de que el testigo podría saber más de lo que el ente investigador ha estado dispuesto a indagar.
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