La pelea judicial entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons por una fallida licitación para la fabricación de pasaportes colombianos continuará. Este martes las partes tenían una reunión para conciliar en la Procuraduría y que el caso no llegara a mayores, pero el encuentro fue fallido.
Ahora, el Estado colombiano tendrá que enfrentarse a demanda de $117.000 millones que presentó la empresa por, supuestamente, desconocer que Thomas Greg &Sons la que mejor puntaje obtuvo en la licitación. En el encuentro de este martes, la Cancillería tenía que presentar los ajustes a su propuesta que presentó la cartera y entregar un cronograma claro sobre cómo se avanzaría en los puntos que buscaban acordarse.
Podría interesarle: “El mejor escenario es que la Cancillería concilie con Thomas Greg”: abogado Calderón
Hasta la reunión, Thomas Greg & Sons estaba dispuesta a no avanzar con la demanda en caso de que se anularan las resoluciones que declararon la licitación como desierta y se le otorgara a ellos formalmente el contrato para la elaboración de pasaportes. Sin embargo, el canciller Álvaro Leyva fue enfático en distintas ocasiones antes de la reunión en la Procuraduría en que no quería conciliar con la empresa.
“Lastimosamente, no hubo un acuerdo, esta es la tercera sesión de la audiencia de conciliación y se está en este momento en la elaboración del acta de conciliación que va a contener todos los pronunciamientos de los apoderados de las partes intervinientes”, dijo Fernanda García, procuradora delegada en el caso. Asimismo, manifestó que “no solamente es el acta de conciliación, sino también la certificación correspondiente, certificación que va con destino al apoderado, a la parte convocante de Thomas Greg, y a través de esa certificación él tomará la decisión de acudir o no a la jurisdicción administrativa para iniciar el medio de control que considere que debe proceder”.
Le recomendamos: Comité le dijo a Leyva que debe conciliar con Thomas Greg por lío con pasaportes
Germán Calderón España, exabogado de la Cancillería y quien renunció a la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso, dijo este martes antes de la fallida conciliación, que el mejor camino que tenía la Cancillería era llegar a un acuerdo con la empresa. “El mejor escenario es conciliar y el peor es no hacerlo, pues le costaría a Colombia $120 mil millones de pesos, más la indemnización en dos o tres años que resulte del fallo definitivo de este proceso, es decir, el monto podría ascender a $300 mil millones”, dijo el abogado Calderón a W Radio.
La razón de que el canciller Leyva no quisiera conciliar, según Calderón, es que “le está haciendo caso al presidente de la República, Gustavo Petro. No tienen asesores que les digan que eso está mal. De igual forma, el canciller no tiene ningún rol en esta de conciliación”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.