Para Martha L. Zamora, contratación de pasaportes se frenó por orden del presidente

Martha Lucía Zamora declaró en medio de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría contra Álvaro Leyva.

Foto: Archivo

Desde que empezó el escándalo por la licitación del contrato para imprimir pasaportes en Colombia, la Procuraduría se le atravesó al asunto para indagar si en la Cancillería se cometieron faltas disciplinarias, que no solo habrían dejado en el limbo la millonaria contratación para hacer este tipo de documentos en el país, sino que también habría llevado a una extralimitación en las funciones del gobierno. En medio de las pesquisas, el Ministerio Público abrió una investigación en contra del entonces canciller, Álvaro Leyva Durán, el cerebro que llevó a congelar un proceso licitatorio que estaba resuelto a favor de la empresa Thomas Greg & Sons.

En medio de ese proceso, la Procuraduría lleva semanas escuchando a testigos que conocieron de primera mano los pormenores de las decisiones que llevaron al escándalo. Este miércoles 15 de mayo, fue el turno de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), quien desde el año pasado denunció que había sido testigo de comportamientos irregulares por parte del entonces jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, que justamente hoy salió oficialmente del gobierno Petro. La exfuncionaria relató varios episodios que cruzó con Leyva, pues ella se había opuesto a declarar desierta la licitación, como lo planteó el excanciller y, en efecto, terminó sucediendo.

Según Zamora, no había ninguna razón para tomar esa decisión, pues no había nada ilegal en el proceso. Por el contrario, lo que advirtió la exdirectora de la agencia es que, si se aceptaba esa determinación, la empresa que iba a quedarse con el contrato podía demandar al Estado por una suma millonaria, pues se le estarían violando sus derechos al debido proceso, garantías judiciales, entre otros. Por esa razón, Zamora se opuso y dejo por escrito, y en varias reuniones, que el gobierno no podía suspender la licitación sin justificar debidamente el porqué. Lo que contó la exfuncionaria es que Leyva se limitó a explicarle que todo se trataba de un grave caso de corrupción, pero no le dio más detalles.

Según su relato, ella trató de indagar un poco más sobre el asunto, pero explicó que Leyva se limitó a decirle: “Hay documentos muy graves. Aquí hay documentos muy graves. Hay temas de corrupción muy graves”. Zamora agregó que, ante su insistencia de saber más, resaltó que Leyva se ofuscó y le dijo: “Le voy a decir al Presidente lo que usted está haciendo. Yo le dije, dígaselo. Yo no le tengo miedo. Si usted quiere yo también se lo puedo decir (al presidente). Pero yo estoy actuando como corresponde”. Por episodios como este es que Zamora asegura que fue maltratada por Leyva. La exdirectora de la Andje insistió en que lo correcto jurídicamente era inicia una conciliación con la empresa que iba a quedarse con el contrato.

Ante su insistencia, Zamora explicó durante la audiencia que Leyva reaccionó: “Empezó a decirme, y a mover las manos y a decirme, yo tengo qu e hablar con usted. ¿Usted por qué está diciendo que yo estoy haciendo cosas ilegales? Yo quedé muy sorprendida, de verdad. No esperaba encontrarlo allá (en Secretaría Jurídica de Presidencia), y menos con algo que yo no sabía a qué se estaba refiriendo. Entonces le dije: ¿De qué me está hablando, canciller? Entonces me dijo: usted está diciendo que estamos haciendo cosas ilegales”. Zamora continuó su relato: “Yo no entendí lo que estaba pasando ni lo que estaba ocurriendo. Pero ese episodio me motivó a seguir indagando sobre las situaciones de corrupción que el canciller tenía en su cabeza”.

Zamora dio otros detalles sobre lo que logró conocer. Por ejemplo, que el exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, tenía el aval de avanzar con el proceso de licitación, en especialmente con la publicación de los pliegos para la contratación, y que, sin explicación alguna, terminó denunciado y por fuera del gobierno. La exfuncionaria insistió en el tema, pues ella misma preguntó al gobierno si Salazar él estaba autorizado por sus jefes y la Presidencia para seguir con la contratación. La respuesta fue que sí y que, incluso, todos le dieron el visto bueno al proceso. Esa aprobación ocurrió en agosto del año pasado y, por eso, el ganador de la licitación fue Thomas Greg & Sons.

El asunto se complicó a finales de septiembre, cuando Leyva congeló la licitación. Al no encontrar ninguna irregularidad en el proceso, Zamora y la Agencia sugirieron dialogar con la empresa para llegar a una conciliación y evitar una demanda contra el Estado. La sugerencia fue aprobada por unanimidad por una mesa técnica, entre funcionarios de la Andje y la Cancillería. Ante esa posibilidad, la exdirectora volvió a confrontar a Leyva. “Él me decía ¿cómo vamos a perder el caso? ¿Cuáles son las posibilidades de ganarlo? Entonces me dijo, sí, pero una demanda al Estado no sale ya. Eso se demora, me dijo así. Es más, primero me notificarán a mí en la tumba que lo que pueda ser condenado el Estado”, relató Zamora.

Para la exdirectora, su entidad se convirtió en una piedra en el zapato, pues el gobierno “pretendía que la Agencia entrara dentro de esta lógica de seguir avalando una supuesta corrupción, cuando realmente para nosotros no tenía ningún fundamento ni jurídico ni fáctico”. En varias oportunidades, el procurador del caso le preguntó a Zamora si el presidente había dado alguna orden puntual para frenar el proceso. Aunque Zamora contestó con una larga historia sobre varias reuniones que sostuvo con funcionarios de la Cancillería, recordó que, justamente antes de que se frenara la contratación, el presidente Gustavo Petro había pedido que el proceso tuviera mayores participantes.

Zamora señaló: “Creo que fueron las órdenes del presidente las que cambiaron el curso de un proceso licitatorio absolutamente respetuoso y transparente”. Y agregó: “Se impuso una situación pasional e infundada”. La exdirectora fue una de las primeras en denunciar las supuestas irregularidades ante la Fiscalía y, señaló, ha asistido a ampliar la información en dos ocasiones. Sin embargo, todavía no se conoce ninguna decisión por parte del ente investigador. “Mi deber siempre será defender el Estado y evitarle unas pérdidas económicas”, concluyó.

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