El caso de Sandra Cuéllar aterriza en la CIDH, tras 13 años de impunidad

El 17 de febrero de 2011, a las 10 a.m., fue la última vez que María Elena Gallego escuchó la voz de su hija, Sandra Viviana Cuéllar Gallego, una líder ambientalista de Cali (Valle del Cauca). “Estos 13 años, sin saber de Sandra, han sido de vivir en incertidumbre y desesperanza”, expresa Gallego. El día en que desapareció, Sandra llamó a su mamá para avisarle que ya iba de salida para Palmira y desde ese entonces, su familia no ha sabido más de ella. A pesar de que su caso lo asumió la Fiscalía casi de inmediato, la familia de Cuéllar Gallego nunca ha tenido respuesta del paradero de su hija. Ahora, 13 años después, la esperanza está puesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 17 de febrero de 2011, a las 10 a.m., fue la última vez que María Elena Gallego escuchó la voz de su hija, Sandra Viviana Cuéllar Gallego, una líder ambientalista de Cali (Valle del Cauca). “Estos 13 años, sin saber de Sandra, han sido de vivir en incertidumbre y desesperanza”, expresa Gallego. El día en que desapareció, Sandra llamó a su mamá para avisarle que ya iba de salida para Palmira y desde ese entonces, su familia no ha sabido más de ella. A pesar de que su caso lo asumió la Fiscalía casi de inmediato, la familia de Cuéllar Gallego nunca ha tenido respuesta del paradero de su hija. Ahora, 13 años después, la esperanza está puesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hasta esa instancia judicial llegó una solicitud de los familiares, representados por la Comisión Colombiana de Juristas, en la que le pidieron que seleccione el caso para estudio. La solicitud fue radicada el pasado 29 de mayo y busca que la justicia internacional declare la responsabilidad del Estado al haber vulnerado el derecho a la verdad y al acceso a la justicia de la familia, y haberle negado a la lideresa garantías de protección judicial y el derecho a una vida libre. En el documento que ya está en la CIDH, la familia relató las presuntas omisiones que existieron en el caso y que llevaron, además, a que la búsqueda de Sandra Viviana Cuéllar haya estado llena de complicaciones.

Su mamá recuerda que el 18 de febrero, al día siguiente de la desaparición, un joven encontró el celular de su hija en la vía Cali - Palmira, y se comunicó con un contacto que la lideresa tenía en el celular. Así fue que la familia comenzó una odisea de ayuda en todas las entidades. María Elena Gallego le contó a este diario que, cuando acudieron a la Fiscalía, la entidad se escudó en que posiblemente la lideresa estaba de viaje con amigos. Días después encontraron sus documentos tirados en esa misma vía, pero de nuevo, ignoraron su pedido de búsqueda. Las presuntas irregularidades investigativas van más allá de esas respuestas de la Fiscalía.

Según la solicitud que presentaron en la CIDH, durante las primeras indagaciones que realizó la Fiscalía, siempre asumieron que no había razones suficientes para determinar que había una desaparición forzada. Incluso, la institución determinó que se trataba de una desaparición voluntaria y que no había razones para determinar que, al momento de su desaparición, fue violentada, a pesar de que sus objetos personales fueron encontrados en una vía pública. Aunque es cierto que Sandra Viviana nunca enfrentó amenazas de ningún tipo, lo que se lee en la solitud es que los procesos de liderazgo que ejercía representaban un gran riesgo en esta zona del país.

Según Global Witness, una oenegé que trabaja para romper vínculos entre la explotación de recursos naturales, conflictos, pobreza, corrupción y abusos de los derechos humanos en todo el mundo, Colombia se posiciona como el tercer país más riesgoso para líderes ambientales. Los datos recopilados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) muestran que, entre 1944 y 2023, un total de 5.540 líderes y lideresas sociales sufrieron algún tipo de victimización en el marco del conflicto, de los cuales 5.010 han perdido la vida. Solo en 2011, año en el que desapareció Sandra Viviana Cuéllar, 34 líderes ambientales fueron asesinados en el país, señala el Centro.

Asimismo, Global Witness confirma que la impunidad de los asesinatos o desapariciones forzosas contra líderes ambientales supera el 92% en el país. De esa cifra, hace parte la lideresa Sandra Viviana Cuéllar, a quien su familia ha buscado por cielo y tierra, como lo cuenta su mamá. La abogada que lleva el caso, Viviana España, comenta que a esta barrera de impunidad hay que sumarle que al caso de la lideresa no ha sido posible acreditarlo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o la Unidad de Víctimas, porque los entes investigadores no han brindado claridad sobre su desaparición y el posible contexto de violencia que se supone ser un líder en Colombia.

La familia de Cuéllar Gallego no solo ha buscado a Sandra Viviana sin tregua, sino que han buscado ayuda en todas las instancias nacionales e internacionales, incluyendo la propia CIDH, para dar con el paradero de su hija. Sin embargo, nada ha dado resultado, ni siquiera las medidas cautelares que expidió la propia Comisión Interamericana en junio de 2011 para que el Estado colombiano acelerara la investigación. En enero de 2024, la CIDH eliminó esas medidas, pues “durante este tiempo (13 años) no hubo acciones concretas del Estado para determinar y esclarecer los hechos en los que Sandra desapareció”, comenta la abogada España de la Comisión Colombia de Juristas.

Con este panorama, la familia de Sandra Viviana espera que la CIDH respalde su petición, no solo para que puedan encontrar a su hija, sino para que esa instancia internacional brinde un respaldo a los líderes ambientales que ejercen su labor en Colombia. “Con esta petición que hicimos espero que se me haga el milagrito de volver a ver a mi hija”, comenta María Elena Gallego, una madre que, pese a más de una década de búsqueda, mantiene la esperanza de volver a ver su hija con vida y de, no ser así, poderla sepultar con dignidad, esa que le arrebataron cuando no la volvió a ver. A pesar de que esta solicitud no significa que el caso entra automáticamente a la CIDH, la familia conserva el anhelo de justicia.

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