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La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por las presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de selección para el tratamiento, transformación y disposición final de las basuras en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. Según el Ministerio Público, el mandatario local habría tenido un presunto interés indebido en la celebración de unos contratos que, al parecer, beneficiaron a su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros.
::Alcalde de Bucaramanga niega lobby de su hijo en contrato, pero admite que fue imprudente::
La entidad encabezada por Fernando Carillo señaló que Luis Carlos Hernández, al parecer, suscribió un acuerdo en donde estipulaba repartir comisiones para adjudicar ese contrato a la empresa Vitalogic RSU, y que contó con las firmas del asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), Jorge Hernán Alarcón, y Carlos Gutiérrez. Ese dinero, al parecer, sería entregado como prima de éxito en el caso de que el contrato llegara a ser adjudicado a esa compañía.
“Antes de que se iniciara la licitación de las basuras en Bucaramanga, ya el alcalde Rodolfo Hernández había designado unas “calaveras” como vulgarmente las llama; es decir, unas personas para que realizaran los pliegos de la licitación y la misma fuera adjudicada a la empresa de su preferencia, esto con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández recibiera un pago de US$100 millones. Sobre este tema existen pruebas documentales autenticadas ante notaría pública”, explicó la denuncia interpuesta ante el organismo de control y publicada por el diario Vanguardia Liberal en 2017.
Entre las pruebas que sustentan el llamado a juicio por la Procuraduría están las conversaciones de Whatsapp de las personas que lo suscribieron y en las cuales Hernández Oliveros dice que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, entre de abril y julio de 2016.
La Procuraduría también señaló que el alcalde de Bucaramanga coaccionó a César Augusto Fontecha Rincón, director jurídico de la Emab. En el expediente en contra del mandatario local existe una declaración juramentada rendida por Fontecha Rincón, quien manifestó que el mandatario local lo llamó al parecer para decirle que procediera en el sentido que él quería, es decir: que aprobara que se beneficiara a Vitalogic.