Llaman a juicio disciplinario a exdirector de la SAE del gobierno de Iván Duque
Según el ente de control, estos costos no habían sido planeados previamente, tampoco fueron revisados por el comité técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), ni tuvieron su aprobación. Por este motivo, la SAE solicitó una modificación al presupuesto, pues esperaban que se añadieran recursos para ese año (2022). La Procuraduría expone que Ávila vulneró los principios de responsabilidad, de eficacia y de economía. Por el momento han calificado su falta como grave.
La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Andrés Alberto Ávila, expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debido a presuntas irregularidades en la autorización de varios pagos de más de $3.000 millones. Según el ente de control, estas acciones habrían generado una desfinanciación en los gastos de funcionamiento que tenía la entidad.
El Ministerio Público señaló que el expresidente habría aprobado el pago de varios conceptos asociados a la nómina de 14 profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica, lo cual tuvo un valor de $ 1.500 millones. Sumado a esto, también se pagaron bonificaciones por $ 1.000 millones y otros $ 1.122 millones más asociados a 10 funcionarios de proyectos especiales. Estos costos habrían sido asumidos en su totalidad por la entidad que dirigía, aunque estos no estaban presupuestados.
Según el ente de control, estos costos no habían sido planeados previamente, tampoco fueron revisados por el comité técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), ni tuvieron su aprobación. Por este motivo, la SAE solicitó una modificación al presupuesto, pues esperaban que se añadieran recursos para ese año (2022).La Procuraduría expone que Ávila vulneró los principios de responsabilidad, de eficacia y de economía. Por el momento han calificado su falta como grave.
Ávila llegó a la presidencia de la entidad en julio de 2020 y se posesionó ante el ministro de Hacienda de ese momento, Alberto Carrasquilla. El expresidente llegó a este cargo directivo luego de tres años de trabajo al interior de la entidad. En agosto de 2023, la Procuraduría anunció que lo investigaría por autorizar presuntos pagos de indemnizaciones a directivos por cambio de gobierno, entre otros gastos sospechosos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Andrés Alberto Ávila, expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debido a presuntas irregularidades en la autorización de varios pagos de más de $3.000 millones. Según el ente de control, estas acciones habrían generado una desfinanciación en los gastos de funcionamiento que tenía la entidad.
El Ministerio Público señaló que el expresidente habría aprobado el pago de varios conceptos asociados a la nómina de 14 profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica, lo cual tuvo un valor de $ 1.500 millones. Sumado a esto, también se pagaron bonificaciones por $ 1.000 millones y otros $ 1.122 millones más asociados a 10 funcionarios de proyectos especiales. Estos costos habrían sido asumidos en su totalidad por la entidad que dirigía, aunque estos no estaban presupuestados.
Según el ente de control, estos costos no habían sido planeados previamente, tampoco fueron revisados por el comité técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), ni tuvieron su aprobación. Por este motivo, la SAE solicitó una modificación al presupuesto, pues esperaban que se añadieran recursos para ese año (2022).La Procuraduría expone que Ávila vulneró los principios de responsabilidad, de eficacia y de economía. Por el momento han calificado su falta como grave.
Ávila llegó a la presidencia de la entidad en julio de 2020 y se posesionó ante el ministro de Hacienda de ese momento, Alberto Carrasquilla. El expresidente llegó a este cargo directivo luego de tres años de trabajo al interior de la entidad. En agosto de 2023, la Procuraduría anunció que lo investigaría por autorizar presuntos pagos de indemnizaciones a directivos por cambio de gobierno, entre otros gastos sospechosos.
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