Llegó la hora cero del proyecto de Petro para cambiar el sistema penitenciario

En las cárceles del Inpec están presos más de 98.000 privados de la libertad.

Mañana 6 de febrero, a las 8:00 a.m., el ministro de Justicia, Néstor Osuna, radicará en la Cámara de Representantes el proyecto de ley para la modernización y humanización del sistema penitenciario. La primera gran iniciativa de la cartera de Justicia, que busca superar la grave violación de derechos humanos que se padece en las cárceles desde 1998, a través de la eliminación de delitos, el incremento de los beneficios a sindicados y condenados, y la puesta en marcha de la justicia restaurativa.

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Entre los cambios que estudiará el Legislativo está, por ejemplo, que sean eliminados todos los delitos considerados “contra el sentimiento religioso”, como la violación a la libertad religiosa o el irrespeto a los cadáveres. Asimismo, el delito de terrorismo por ningún motivo podrá ser imputado a personas que sean capturadas o investigadas por hechos relacionados con la protesta social. Adiós, también, a los delitos de injuria, calumnia y aceptación indebida de honores.

Las propuestas fueron estudiadas por el nuevo Consejo Superior de Política Criminal, el cual, en general, dio el visto bueno a las reformas planteadas. En principio, le pidió a la cartera de Justicia revisar si el articulado se ajusta a los compromisos internacionales de Colombia, en cuanto a la lucha contra corrupción y protección de la niñez. Esto porque se planteó que condenados por actos de corrupción o delitos contra la integridad sexual, serían beneficiarios de libertad condicional y sustitutivos de la pena de prisión intramuros.

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Luego, el Consejo Superior dio luz verde a la eliminación de los delitos de injuria y calumnia, pues consideró que en el derecho administrativo se puede llegar una mejor sanción contra quien viole los derechos a la honra y buen nombre. Asimismo, la eliminación del delito de transferencia ilegal de cheque fue bien vista, pues al ser una conducta que implica dinero, la vía civil puede ser el mejor camino. Y, por su puesto, porque producto de la virtualización de las operaciones mercantiles, el cheque está en vía de extinción.

También se planteó la eliminación del delito del incesto, dado que, aunque es una conducta con un alto reproche social, como está planteado en el Código Penal no está protegiendo los derechos de las familias. El Consejo encontró que, si el acto sexual no es voluntario, se está en presencia en un acceso carnal o un acto sexual violento. Y si la persona no está en capacidad de dar su consentimiento, se configura un acto sexual abusivo o en persona en incapacidad de resistir, que en ambos casos son castigados por la Ley.

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Por otro lado, se planteó la eliminación del delito de inasistencia alimentaria, dado que es un contrasentido meter a prisión a una persona que no está aportando su cuota a quien depende de ella, porque presa tendrá aún menos capacidad de ayudar. “La eliminación del delito de supresión, alteración o suposición del Estado Civil responde a la simplificación del Código Penal, en tanto las alteraciones que se produzcan sobre el Estado Civil, sin que se correspondan con la realidad, terminan siendo típicas de delitos como la falsedad en documento público”, se explicó en otra parte del concepto conocido por El Espectador.

En cuanto al sistema penitenciario, el Gobierno prometió establecer una oficina de Derechos Humanos en cada establecimiento de reclusión, cuya misión será monitorear y hacer seguimiento a las garantías de los 98.000 privados de la libertad intramuros. Además, agregó que cada condena que se emita en Colombia, desde lo penal, tendrá una función restaurativa a favor de la sociedad. Se espera, asimismo, que al sistema nacional penitenciario entren a ejercer funciones los Ministerios de Educación y del Trabajo, así como el Sena y la Agencia para la Reincorporación y Normalización.

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En cuanto al fortalecimiento de la justicia restaurativa, el Ministerio de Justicia busca que, en el futuro, investigados por delitos que tengan como mínimo ocho años de prisión puedan ser someterse a un proceso de solución, en el cual se dialogue con la víctima posibles reparaciones. En la actualidad, el margen está en los delitos que se castigan con un mínimo de cinco años. No obstante, no podrán negociar con sus víctimas o familiares de víctimas, quienes sean procesados o hubiesen sido condenados previamente por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como el genocidio.

“En relación con el Capítulo IV del Proyecto de Ley, sobre modificaciones al Código Penitenciario y Carcelario orientadas a humanizar el régimen penitenciario y el tratamiento penitenciario, el Consejo Superior de Política Criminal encuentra que, en términos generales, las modificaciones normativas propuestas y el espíritu de su contenido dan cuenta de una orientación a robustecer un sistema de tratamiento progresivo orientado a la reintegración social de los condenados y una prevención integral de la reincidencia”, concluyó el Consejo.

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