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Naiman Agustín Lara murió, según Medicina Legal, por un disparo con arma de fuego. La bala, que se incrustó entre la espalda baja y el glúteo, lo mató al instante. Dicen los testigos del incidente que fue un policía quien le disparó mientras huía en medio de las protestas que ese día, 11 de julio, se habían convocado en el pueblo de Chiriguaná (Cesar) por el cierre del hospital San Andrés.
Una semana después, el hermano de Naiman, Henry Lara, encontró a su hija Yeraldín inconsciente y con la ropa desgarrada, cerca del mismo punto donde había muerto Naiman Lara, profesor de educación física y líder afro. En el hospital, la joven de 19 años les contó a sus familiares que el encapuchado que la desnudó intentó ahorcarla, le dijo que si declaraba como testigo en el caso que se adelantaba por la muerte de su tío, ella o su familia “iban a pagar”.
Por eso, a través del Equipo Jurídico Pueblos y la Organización Abogados Sin Fronteras Canadá, los familiares de Naiman Lara decidieron pedirle medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la comunidad de Chiriguaná, un pueblo de poco más de 21 mil habitantes ubicado en el centro de Cesar. Dicen en la solicitud, que tras lo sucedido peligran sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial y a la libertad personal, de pensamiento y expresión.
La solicitud recoge, además de la muerte de Naiman Lara, las agresiones que habrían sufrido por lo menos 14 miembros más de la comunidad, entre ellos incluso menores de edad que habrían sido golpeados en la cabeza con bastones del Esmad, una persona con discapacidad mental que haría sido herida con un arma blanca y una persona con factura de brazo y costillas.
Henry Lara, hermano del asesinado dirigente del Consejo de Comunidades Negras de la Sierrita, el Cruce y la Estación de Chiriguaná (Conesice), relata que “la protesta se dio por el cierre del hospital San Andrés, el único centro regional del centro del Cesar, es decir, que les brindaba sus servicios a 250.000 habitantes de esta región. Al ver que echaron a todos los médicos y las enfermeras, decidimos salir a protestar”.
Por eso, desde la madrugada del 11 de julio, los pobladores del corregimiento La Sierrita, del municipio de Chiriguaná, se apostaron en El Cruce, un punto sobre la vía que conduce al vecino municipio de Bosconia. A las 6:30 de la mañana llegó la Policía del municipio con un equipo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
“Quienes estaban protestando, usando el megáfono le dijeron al comandante que no dispararan los gases, porque no teníamos hospital y podía haber heridos, pero él hizo caso omiso y desde que llegaron empezaron a tirar las bombas lacrimógenas”, narra Henry Lara.
Según el hombre, a las 8 de la mañana aparecieron ocho motos de la Policía de la estación municipal y “desde que se bajaron fue con pistola en mano amedrentando a la comunidad. Dijeron que si la gente seguía protestando iban a matar a uno. Golpearon, se metieron a las casas, maltrataron niños y personas con discapacidades”, asegura Lara. La solicitud que hicieron los habitantes del municipio ante la CIDH documentó 14 casos distintos en los que los miembros del Esmad y de la Policía agredieron a miembros de la comunidad y habitantes de El Cruce esa mañana.
A pesar de lo sucedido, las protestas se extendieron durante todo el día y llegaron hasta el corregimiento de La Sierrita. Allí, relata Henry Lara, a eso de las cinco y media de la tarde, el hijo mayor de Naiman Lara salió de su casa para averiguar qué estaba pasando. De inmediato Lara salió a buscarlo.
Dice Henry que los testigos –que son entre 20 y 30– le contaron que cuando su hermano llegó al lugar donde estaban reunidas las personas, “salió el Esmad correteándolos y mi hermano corrió hacia un potrero. Ahí fue cuando un policía desenfundó la pistola y le disparó. El policía cogió su moto y le dijo al compañero: “Vámonos que le di, le di, le di” y se fueron los dos. No le brindaron ninguna auxilio, fue la comunidad la que lo ayudó, pero llegó al hospital de San Andrés sin signos vitales”. De urgencias se lo llevaron directo para la morgue.
Después, relató Henry Lara, “el pueblo enardecido quiso tomar justicia por sus propias manos”. De acuerdo con el comandante operativo de la Policía de Cesar, el coronel Jorge Urquijo, “por aquí lo que pasó fue un grupo de gente cometiendo vandalismo, incluso lanzaron una molotov a unas instalaciones nuevas de la Policía. Ese mismo día nos acercamos a los familiares para decirles que esto no iba a quedar impune”. De inmediato, relató el comandante Urquijo, se abrieron las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes.
Al otro día le dijo el uniformado a este diario que las autoridades del municipio convocaron a un consejo de seguridad al que fueron invitados los familiares de la víctima. “Nos comprometimos a no dejar este crimen en la impunidad. Por eso ya abrimos una investigación interna en la Policía para esclarecer los hechos”, comentó el coronel.
No obstante, dice el documento presentado ante la CIDH, desde el día de la muerte de Lara “los pobladores de La Sierrita expresaron temor por las presiones que estarían ejerciendo funcionarios de la Policía y la Sijín para que les entreguen nombres de testigos. De igual manera, el médico legista que practicó la necropsia sobre el cuerpo de la víctima manifestó estar recibiendo presiones de la Policía para que entregue evidencia encontrada durante el procedimiento”.
Entre ellas la bala con la que fue herido de muerte Lara, que, le dijo a este diario Leonardo Jaimes, el abogado de las víctimas, sería clave para identificar al policía que habría disparado. El comandante Urquija le contó a este diario que efectivamente “les están haciendo inspecciones a las armas de fuego para determinar cuál fue ese policía que pudo haber cometido ese hecho”.
Pero las amenazas no se quedaron allí. Una semana después de la muerte de Lara, cuando regresaba desde su trabajo, fue atacada Yeraldín Lara, sobrina de la víctima y testigo de los hechos. “Ella salió a las siete de la noche para la casa y alcanzó a llamar a una prima a advertirle que la estaban siguiendo. De inmediato ella vino a mi casa y yo lancé la alarma. Grité “Pueblo”, en la plaza, en la plaza central, que es como acostumbramos pedir ayuda”, cuenta Henry Lara, padre de la joven. Todos escucharon el llamado y salieron a buscarla. Pero pasaron las horas y no daban con ella.
A las nueve de la noche, ya resignado, Henry Lara y su hijo mayor dieron una última vuelta por la carretera. “La encontré con el pantalón desgarrado y con la blusa, que era de nylon, rota y amarrada al cuello. La habían intentado estrangular con ella. Cuando despertó, nos contó que le habían dicho que si declaraba en el caso, nos mataban”.
Sobre esos hechos, el comandante Jorge Urquijo dijo no tener noticias. Leonardo Jaimes, abogado defensor de las víctimas, le dijo a El Espectador que se solicitaron las medidas cautelares porque, según ellos, los hechos demuestran que existe una criminalización de la protesta social en el país. “A medida que el país se mueve hacia las vías democráticas, aumentan las manifestaciones, y lo que estamos viendo es que hay una represión violenta y salvaje contra los manifestantes, avalada incluso desde los altos mandos de la Fuerza Pública y la cabeza del Gobierno”.
Sobre todo, señaló Jaimes, piden que el proceso sea asumido por la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía para blindarlo de posibles manipulaciones. Mientras tanto, los principales sospechosos del asesinato del maestro siguen patrullando las calles Chiriguaná.