Lo bueno, lo malo y los retos de la política de drogas, en la voz experta del CESED
El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes construyó el balance de la nueva política de drogas de Petro. Dio su visto bueno a estrategias como la reducción de cultivos con transformación territorial, pero reprocha no haber incluido a los habitantes de calle como sujeto prioritario en lo urbano.
El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes (CESED) dio a conocer su balance sobre la nueva política de drogas del gobierno de Gustavo Petro, la cual está proyectada hasta 2030 y promete ser una revolución con respecto a las anteriores políticas. Para empezar, el Gobierno no criminalizará a los campesinos cocaleros, considerados el eslabón más débil en la cadena de narcotráfico. Asimismo, se anunciaron proyectos productivos y titulación masiva de tierras para campesinos, con el objetivo de reducir las hectáreas de coca. A los narcos, señala la política, les espera una ofensiva más fuerte. Sobre las drogas sintéticas, habrá prevención.
En contexto: Esta es la política de drogas oficial del gobierno de Gustavo Petro
Sobre el tránsito de campesinos cocaleros a economías lícitas en zonas rurales
Lo bueno
La política prevé la reducción gradual de los cultivos de uso ilícito a medida que el Estado avanza con las transformaciones territoriales necesarias. Asimismo, fue un éxito delimitar los casos en los que aplica la erradicación manual forzada, dado que puede prevenir incentivos perversos. Además, priorizar el fortalecimiento del tejido asociativo de las comunidades como parte de la transformación territorial que busca el gobierno.
Lo malo
Pretender que Colombia acabe con la oferta de cocaína en el mundo es un objeto irrealizable, pues el mercado global involucra a 22 millones de consumidores y el país provee el 67% de esta droga. Las intervenciones que se derivan de ese objetivo pueden generar más violencia en las comunidades. Además, se omitió entregar propuestas para la crisis cocalera que atraviesan algunos sectores por la caída en los precios de la pasta base o por la ausencia de compradores.
Lea: Por delitos menores, consumidores de drogas irán a terapia y no a la cárcel
Los retos
Definir correctamente la calidad del pequeño cultivador, dada la diferencia territorial entre quienes producen coca y pasta base de coca. También, lograr comprometer todos los recursos necesarios para adelantar la transformación territorial. Asimismo, resolver los conflictos por el uso del suelo y el ordenamiento territorial, antes de inscribir a beneficiarios en programas productivos.
Sobre el consumo de sustancias psicoactivas
Lo bueno
Reconocer que diferentes sustancias pueden ser utilizadas desde lo ocasional, ritual, recreativo, lúdico, fundacional, habitual, problemático o dependiente. Esto es importante porque abre la puerta a la necesidad de ofrecer servicios a personas que consumen de manera ocasional o que lo van a hacer por primera vez. Asimismo, extender la prevención más allá del ámbito escolar, con enfoque familiar, universitario y comunitario, de acuerdo con el ciclo de vida de las personas.
De otro lado, es la primera vez que una política de drogas prioriza a las personas privadas de la libertad en un capítulo de consumo de sustancias, incluyendo la inclusión social como un mecanismo para reducir la reincidencia. Para ello se pensó en la innovación con la justicia terapéutica y restaurativa.
Antecedentes: Política de drogas: Gobierno estudia titulación masiva de tierras para cocaleros
Lo malo
Omitir la especial importancia de las personas habitantes de calle como población prioritaria, dado que son el grupo con mayor incidencia del consumo problemático, especialmente de basuco. El Gobierno, de otro lado, enfocó sus esfuerzos de atención en el uso de opioides, que es casi inexistente en Colombia en comparación de otras sustancias como la cocaína o la marihuana.
Los retos
Lograr que la sociedad civil participe en las ideas innovadoras que trae el Gobierno. También actualizar las condiciones y criterios de los prestadores de servicios de salud que abordan el consumo, y lograr una articulación con la academia para avanzar en la investigación y atención del consumo de drogas desde la perspectiva que plantea la nueva política.
Asfixia a los narcotraficantes
Lo bueno
Promover la inteligencia de la Fuerza Pública para mejorar la efectividad y planeación de los operativos de interacción vía área, terrestre, marítima y fluvial. Desde luego, orientar las incautaciones a operaciones de alto valor y cocaína. Además, orientar los recursos económicos e institucionales al control de insumos para la producción y transformación de cocaína.
Lea: El gobierno Petro quiere asfixiar al narcotráfico y así se comprometió a hacerlo
Lo malo
Según el CESED, desarticular los procesos de negociación y sujeción de grupos armados a la política de drogas, pues el mercado ilegal de la cocaína y las altas rentas asociadas a esta economía son las principales barreras para que estos procesos sean exitosos. Ningún acuerdo con estas organizaciones será sostenible, si el mercado de la cocaína genera más retornos que cualquiera otra actividad económica.
Los retos
Aumentar la eficiencia de las incautaciones tiene que ser uno de los objetivos del Gobierno para mejorar la asignación de recursos públicos. La política no debe limitarse a aumentar la cantidad incautada de cada sustancia, debe pretender que cada incautación sea de alto valor y enfocada en la interdicción de cocaína. Por ejemplo, la sustancia que más se incauta en Colombia sigue siendo la marihuana (40%). En 2022, solo el 2% de las incautaciones de cocaína fueron superiores a una tonelada.
Sobre el cuidado ambiental de territorios afectados por el narcotráfico
Lo bueno
Incluir un eje que se enfoque en el cuidado ambiental, teniendo en cuenta que, aunque los cultivos de coca no son el principal motor de la deforestación, 49% de los cultivos se ubican en zonas estratégicas ambientales.
Lea también: Coca: acuerdo entre 19 países firmado en Colombia intentará legitimar la planta
Lo malo
Limitar el cuidado ambiental a los Parques Nacionales Naturales, dado que el 29% de las hectáreas cultivadas de coca están en territorios colectivos de comunidades étnicas, que también son de importancia ambiental.
Sobre la atención a población vulnerable frente a mercados urbanos de drogas
Lo bueno
Entender que los fenómenos de criminalidad del país obedecen, también a factores de vulnerabilidad y marginalidad de parte de la población. Por ello, fue importante implementar medidas penitenciarias alternativas para delitos menores asociados con drogas. Un ejemplo de ello es la Ley de Utilidad Pública, que le permite a mujeres cabeza de familia cumplir con una pena restaurativa en sociedad, en lugar de pagar con cárcel delitos asociados a su condición de marginalidad.
Lo malo
No se implementaron programas de pequeña escala, posiblemente en espacios más afectados por estas dinámicas de violencias, para medir resultados y hacer ajustes oportunos antes de aumentar su cobertura. Tampoco se diseñaron intervenciones a nivel comunitario que permitan la recuperación de los espacios públicos y el control territorial en zonas urbanas. Entre los vacíos también está la falta de estrategias para que la ciudadanía recupere la confianza en la Fuerza Pública.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes (CESED) dio a conocer su balance sobre la nueva política de drogas del gobierno de Gustavo Petro, la cual está proyectada hasta 2030 y promete ser una revolución con respecto a las anteriores políticas. Para empezar, el Gobierno no criminalizará a los campesinos cocaleros, considerados el eslabón más débil en la cadena de narcotráfico. Asimismo, se anunciaron proyectos productivos y titulación masiva de tierras para campesinos, con el objetivo de reducir las hectáreas de coca. A los narcos, señala la política, les espera una ofensiva más fuerte. Sobre las drogas sintéticas, habrá prevención.
En contexto: Esta es la política de drogas oficial del gobierno de Gustavo Petro
Sobre el tránsito de campesinos cocaleros a economías lícitas en zonas rurales
Lo bueno
La política prevé la reducción gradual de los cultivos de uso ilícito a medida que el Estado avanza con las transformaciones territoriales necesarias. Asimismo, fue un éxito delimitar los casos en los que aplica la erradicación manual forzada, dado que puede prevenir incentivos perversos. Además, priorizar el fortalecimiento del tejido asociativo de las comunidades como parte de la transformación territorial que busca el gobierno.
Lo malo
Pretender que Colombia acabe con la oferta de cocaína en el mundo es un objeto irrealizable, pues el mercado global involucra a 22 millones de consumidores y el país provee el 67% de esta droga. Las intervenciones que se derivan de ese objetivo pueden generar más violencia en las comunidades. Además, se omitió entregar propuestas para la crisis cocalera que atraviesan algunos sectores por la caída en los precios de la pasta base o por la ausencia de compradores.
Lea: Por delitos menores, consumidores de drogas irán a terapia y no a la cárcel
Los retos
Definir correctamente la calidad del pequeño cultivador, dada la diferencia territorial entre quienes producen coca y pasta base de coca. También, lograr comprometer todos los recursos necesarios para adelantar la transformación territorial. Asimismo, resolver los conflictos por el uso del suelo y el ordenamiento territorial, antes de inscribir a beneficiarios en programas productivos.
Sobre el consumo de sustancias psicoactivas
Lo bueno
Reconocer que diferentes sustancias pueden ser utilizadas desde lo ocasional, ritual, recreativo, lúdico, fundacional, habitual, problemático o dependiente. Esto es importante porque abre la puerta a la necesidad de ofrecer servicios a personas que consumen de manera ocasional o que lo van a hacer por primera vez. Asimismo, extender la prevención más allá del ámbito escolar, con enfoque familiar, universitario y comunitario, de acuerdo con el ciclo de vida de las personas.
De otro lado, es la primera vez que una política de drogas prioriza a las personas privadas de la libertad en un capítulo de consumo de sustancias, incluyendo la inclusión social como un mecanismo para reducir la reincidencia. Para ello se pensó en la innovación con la justicia terapéutica y restaurativa.
Antecedentes: Política de drogas: Gobierno estudia titulación masiva de tierras para cocaleros
Lo malo
Omitir la especial importancia de las personas habitantes de calle como población prioritaria, dado que son el grupo con mayor incidencia del consumo problemático, especialmente de basuco. El Gobierno, de otro lado, enfocó sus esfuerzos de atención en el uso de opioides, que es casi inexistente en Colombia en comparación de otras sustancias como la cocaína o la marihuana.
Los retos
Lograr que la sociedad civil participe en las ideas innovadoras que trae el Gobierno. También actualizar las condiciones y criterios de los prestadores de servicios de salud que abordan el consumo, y lograr una articulación con la academia para avanzar en la investigación y atención del consumo de drogas desde la perspectiva que plantea la nueva política.
Asfixia a los narcotraficantes
Lo bueno
Promover la inteligencia de la Fuerza Pública para mejorar la efectividad y planeación de los operativos de interacción vía área, terrestre, marítima y fluvial. Desde luego, orientar las incautaciones a operaciones de alto valor y cocaína. Además, orientar los recursos económicos e institucionales al control de insumos para la producción y transformación de cocaína.
Lea: El gobierno Petro quiere asfixiar al narcotráfico y así se comprometió a hacerlo
Lo malo
Según el CESED, desarticular los procesos de negociación y sujeción de grupos armados a la política de drogas, pues el mercado ilegal de la cocaína y las altas rentas asociadas a esta economía son las principales barreras para que estos procesos sean exitosos. Ningún acuerdo con estas organizaciones será sostenible, si el mercado de la cocaína genera más retornos que cualquiera otra actividad económica.
Los retos
Aumentar la eficiencia de las incautaciones tiene que ser uno de los objetivos del Gobierno para mejorar la asignación de recursos públicos. La política no debe limitarse a aumentar la cantidad incautada de cada sustancia, debe pretender que cada incautación sea de alto valor y enfocada en la interdicción de cocaína. Por ejemplo, la sustancia que más se incauta en Colombia sigue siendo la marihuana (40%). En 2022, solo el 2% de las incautaciones de cocaína fueron superiores a una tonelada.
Sobre el cuidado ambiental de territorios afectados por el narcotráfico
Lo bueno
Incluir un eje que se enfoque en el cuidado ambiental, teniendo en cuenta que, aunque los cultivos de coca no son el principal motor de la deforestación, 49% de los cultivos se ubican en zonas estratégicas ambientales.
Lea también: Coca: acuerdo entre 19 países firmado en Colombia intentará legitimar la planta
Lo malo
Limitar el cuidado ambiental a los Parques Nacionales Naturales, dado que el 29% de las hectáreas cultivadas de coca están en territorios colectivos de comunidades étnicas, que también son de importancia ambiental.
Sobre la atención a población vulnerable frente a mercados urbanos de drogas
Lo bueno
Entender que los fenómenos de criminalidad del país obedecen, también a factores de vulnerabilidad y marginalidad de parte de la población. Por ello, fue importante implementar medidas penitenciarias alternativas para delitos menores asociados con drogas. Un ejemplo de ello es la Ley de Utilidad Pública, que le permite a mujeres cabeza de familia cumplir con una pena restaurativa en sociedad, en lugar de pagar con cárcel delitos asociados a su condición de marginalidad.
Lo malo
No se implementaron programas de pequeña escala, posiblemente en espacios más afectados por estas dinámicas de violencias, para medir resultados y hacer ajustes oportunos antes de aumentar su cobertura. Tampoco se diseñaron intervenciones a nivel comunitario que permitan la recuperación de los espacios públicos y el control territorial en zonas urbanas. Entre los vacíos también está la falta de estrategias para que la ciudadanía recupere la confianza en la Fuerza Pública.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.