Lo bueno y lo malo del primer año del aborto libre hasta la semana 24

El pasado 21 de febrero se cumplió un año de la sentencia que significó el mayor avance en términos de derechos reproductivos y sexuales a favor de las mujeres. Se eliminó del Código Penal el delito de aborto, al menos hasta la semana 24 de gestación, y permitió su práctica legal, gratuita y segura. Además, la decisión de la Corte Constitucional permitió a las mujeres, niñas y personas gestantes interrumpir su embarazo después de ese término, bajo las tres causales implementadas desde 2006: malformación del feto, violencia sexual y riesgo para la vida de la madre. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que impulsó la creación del movimiento Causa Justa (que fue determinante en el proceso que permitió la descriminalización), hizo un seguimiento a la implementación de la sentencia y encontró un claroscuro luego de 12 meses del aborto libre.

El pasado 21 de febrero se cumplió un año de la sentencia que significó el mayor avance en términos de derechos reproductivos y sexuales a favor de las mujeres. Se eliminó del Código Penal el delito de aborto, al menos hasta la semana 24 de gestación, y permitió su práctica legal, gratuita y segura. Además, la decisión de la Corte Constitucional permitió a las mujeres, niñas y personas gestantes interrumpir su embarazo después de ese término, bajo las tres causales implementadas desde 2006: malformación del feto, violencia sexual y riesgo para la vida de la madre. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que impulsó la creación del movimiento Causa Justa (que fue determinante en el proceso que permitió la descriminalización), hizo un seguimiento a la implementación de la sentencia y encontró un claroscuro luego de 12 meses del aborto libre.

La Mesa contó con las entrevistas a 255 mujeres y con la información de 11.028 personas que fueron asesoradas en el último año por la Fundación Oriéntame, especialista en acompañar el proceso. Uno de los datos cruciales es que, contrario a las preocupaciones de quienes se oponen al aborto, la despenalización hasta la semana 24 no llevó a que las mujeres interrumpieran su embarazo después de ese término. Hubo un aumento porcentual en el número de mujeres que solicitaron información a la Mesa, lo cual indica que la decisión de la Corte repercutió en el conocimiento general sobre la legalidad de la práctica. Esta fue del 14 % con respecto a 2021, cuando el aborto solo estaba permitido bajo las tres causales mencionadas.

Uno de los casos que recopiló el informe es el de Ana*, una mujer de 35 años, quien con 18 semanas de gestación quiso acceder al aborto en su EPS, luego de publicarse el fallo de la Corte Constitucional. El médico que la atendió la increpó de manera violenta: “Usted no es Dios”. Además, le preguntó por qué quería interrumpir su embarazo, si “su mamá no la había abortado”. Todo ello frente a la sala de espera, mientras el médico gritaba que la sentencia se iba a caer, porque era del “gobierno anterior”. Esa fue una de las barreras que encontró la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en su informe “¿Cómo va la implementación de la sentencia Causa Justa?”, que recopila entrevistas de cientos de mujeres en el último año.

Aunque el documento advierte del aumento de personas que pidieron información sobre la interrupción voluntaria del embarazo, aclara que esto “puede sugerir también que las mujeres no están obteniendo en el sistema de salud la información suficiente sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la ruta de acceso. Por lo tanto, requieren comunicarse para obtenerla a través de medios alternativos, como los promovidos por la sociedad civil, como la línea de atención de casos de la Mesa”, señala la ONG en el informe conocido por El Espectador. La Mesa encontró que una de las principales barreras que persisten después del fallo histórico es la falta de conocimiento sobre la decisión y el nuevo marco legal que protege el aborto.

La desinformación por parte de las instituciones de salud llevó a casos como el de Yenny*, de 13 años, quien acudió a urgencias con la sospecha de que estaba embarazada. Le indicaron que tenía más de 24 semanas de gestación y que, por ende, no podía ser atendida. No se activó ninguna ruta de violencia sexual y le tocó viajar a Bogotá, viviendo en un pueblo de Cundinamarca, para finalmente abortar con 27 semanas de gestación. La Mesa le reprocha a la EPS que atendió a Yenny* desconocer que después de las 24 semanas tiene derecho a abortar y que, al tratarse de una menor de edad, se presume violencia sexual, a pesar de no contar con una denuncia penal.

La Mesa, por otro lado, destacó el incremento porcentual, del 15 %, con respecto a 2021, de mujeres que accedieron al aborto a través de su EPS luego de la publicación de la sentencia. “Sugiere que las EPS están cumpliendo en mayor medida sus obligaciones frente a la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo, además de lo ya dicho sobre la disposición de las mujeres a pedir el servicio como parte de los beneficios del sistema de salud”, señala la Mesa. Sin embargo, se denuncia el alto porcentaje de mujeres (56 %) que tuvieron que costear el proceso por sus propios medios. El aborto, desde la última reglamentación, está cubierto en el Plan de Beneficios de Salud, exento de copagos y cuotas moderadoras.

Además de destacar la posición de las EPS, el informe también le dedicó varios párrafos al hecho de que el Ejecutivo haya cumplido con las órdenes que dio la Corte Constitucional hace un año. El documento destaca que el gobierno actual expidió dos documentos, una resolución y una circular, que resultaron claves para poner de acuerdo al sistema de salud, frente a su obligación de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como lo ordenó el alto tribunal. En ambos papeles, quedó claro que un aborto debe ser un procedimiento esencial y de carácter urgente, que debe llevarse a cabo de manera inmediata y que, bajo ninguna circunstancia, un profesional de la salud puede reportar o denunciar la decisión de un paciente de acceder a un aborto.

Si bien se trata de reglas que podrían ser obvias para muchos médicos, pacientes y la comunidad que ha defendido la importancia de respetar el derecho de una persona de interrumpir un embarazo, el Estado estaba en deuda de ponerlas en un papel para su obligatorio cumplimiento. Pese a que la Mesa destaca la publicación de ambos documentos, también agregó en su informe que el Congreso sigue estando en deuda en esta materia. Aunque la Corte exhortó al Legislativo a que formulara una política pública integral sobre derechos sexuales y reproductivos, como ya lo había hecho en 2014 y 2018, durante el primer año de la sentencia histórica, no se tramitó ningún proyecto de estas características.

Ahora bien, la Mesa aclara un tema clave: el balance presentado en el informe permite concluir que durante el primer año de implementación de la sentencia se presentó una serie importante de avances en la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entre los casos particulares destacables está el de Dana, quien con 18 años tenía un embarazo no deseado de seis semanas. Su médico tratante indicó que era objetor de conciencia y puso el trámite a disposición de la EPS, la cual la vinculó con un nuevo profesional, quien en tres días interrumpió su embarazo. La Mesa concluye que la desinformación persiste, sobre todo en las zonas alejadas de las capitales.

En ese sentido, sostiene que la responsabilidad de informar y capacitar recae en las instituciones del Estado, a través del sistema de salud. Una tarea que toma mayor relevancia y que debe saldarse en los próximos meses, teniendo en cuenta que las mujeres están solicitando una interrupción voluntaria del embarazo durante sus primeras semanas de gestación, cuando el proceso es menos invasivo, como dice el informe. Otro de los llamados que hace la Mesa es directamente a la Fiscalía. En concreto, lo que sostiene el documento es que, pese a que la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 ya tiene un año, la Fiscalía no ha actualizado una directiva de 2016, que habla sobre los lineamientos para la investigación y el juzgamiento del delito de aborto.

“Si bien destacamos los avances que ha tenido la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo durante el primer año de la sentencia, hacemos un llamado a todos los actores y entidades que tienen competencia en su garantía y promoción para que se consolide el impacto positivo de este fallo y se eliminen completamente las barreras de acceso. Para que la ganancia histórica que logramos las mujeres en términos de libertad y autonomía se materialice a cabalidad, se requieren acciones de distintos tipos y en distintos niveles, que al tiempo que implementen la jurisprudencia y la regulación propia del sector salud, alienten la despenalización social y promuevan una perspectiva del aborto como un derecho humano fundamental”, concluye el informe.