“Lo de hoy no es jurídico, es absolutamente político”: Álvaro Leyva sobre sanción
La Procuraduría inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva Durán por declarar desierta la licitación de 2023 para la expedición de pasaportes, que estaba por adjudicarse a Thomas Greg & Sons por un valor de $600.000 millones. Esta fue lo que dijo Leyva al final de la audiencia.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría inhabilitó al excanciller Álvaro Leyva Durán para ejercer cargos públicos por un término de 10 años. La decisión se fundamentó en que Leyva, durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores, anuló sin fundamentos la licitación pública de 2023 para la expedición de pasaportes, en la cual Thomas Greg & Sons había sido seleccionada para un contrato valorado en $600.000 millones. Aunque el excanciller argumentó que el proceso carecía de competencia adecuada y que la adjudicación se estaba realizando sin cumplir con las normas de contratación estatal, el Ministerio Público determinó que su acción puso en riesgo el acceso de los colombianos al servicio de los pasaportes.
En contexto: Procuraduría sanciona a excanciller Leyva: 10 años sin ejercer cargos públicos
Tras finalizar la audiencia, Leyva mencionó que el fallo de “hoy no es jurídico, es absolutamente político. Tanto así que hace unos días estaba prevista una decisión diferente”. Asimismo, aseguró que este no era un fallo definitivo y que es inicio de un “juicio disciplinario plagado de irregularidades”. Leyva leyó un comunicado público, señalando que desde finales de 2023, la procuradora Margarita Cabello incurrió en un prejuzgamiento al anunciar públicamente que antes de finalizar enero se tendría resultados del caso, violando con ello el debido proceso, acusó el exfuncionario.
“Para ahondar en los garrafales errores en los que se ha incurrido la Procuraduría, desconoció su competencia al pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos, cuya legalidad se presume y que solo los jueces contenciosos pueden desvirtuar”, señaló el excanciller. Además, cuestionó la competencia del ente de control para pronunciarse sobre la validez de actos administrativos y criticó la falta de transparencia en las audiencias, donde no se conoció a los integrantes de la sala de juzgamiento. “De esta manera la legalidad, el debido proceso y el principio de inmediación probatoria. Este juicio es nulo de pleno derecho” reafirmó.
Leyva también denunció que la Procuraduría avaló “pliegos sastre” en la contratación pública, favoreciendo a la empresa contratista, Thomas Greg & Sons, durante más de tres décadas. De acuerdo con el excanciller, el pliego de condiciones estaba diseñado para que solo un proponente alcanzara la máxima puntuación, lo que consideró una señal de corrupción. Igualmente, destacó que hubo múltiples advertencias sobre irregularidades en el proceso, incluyendo 192 observaciones al prepliego, 104 al pliego de condiciones, una denuncia penal, una acción popular, recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y advertencias de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
Relacionado: “Decreté desierta la licitación como acto de buena fe”: Álvaro Leyva en Procuraduría
Finalmente, el exfuncionario defendió que con base en este contexto, su declaratoria de desierta de la licitación pública de pasaportes se fundamentó en el respeto a la Constitución, la ley y los principios de la contratación estatal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría inhabilitó al excanciller Álvaro Leyva Durán para ejercer cargos públicos por un término de 10 años. La decisión se fundamentó en que Leyva, durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores, anuló sin fundamentos la licitación pública de 2023 para la expedición de pasaportes, en la cual Thomas Greg & Sons había sido seleccionada para un contrato valorado en $600.000 millones. Aunque el excanciller argumentó que el proceso carecía de competencia adecuada y que la adjudicación se estaba realizando sin cumplir con las normas de contratación estatal, el Ministerio Público determinó que su acción puso en riesgo el acceso de los colombianos al servicio de los pasaportes.
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Tras finalizar la audiencia, Leyva mencionó que el fallo de “hoy no es jurídico, es absolutamente político. Tanto así que hace unos días estaba prevista una decisión diferente”. Asimismo, aseguró que este no era un fallo definitivo y que es inicio de un “juicio disciplinario plagado de irregularidades”. Leyva leyó un comunicado público, señalando que desde finales de 2023, la procuradora Margarita Cabello incurrió en un prejuzgamiento al anunciar públicamente que antes de finalizar enero se tendría resultados del caso, violando con ello el debido proceso, acusó el exfuncionario.
“Para ahondar en los garrafales errores en los que se ha incurrido la Procuraduría, desconoció su competencia al pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos, cuya legalidad se presume y que solo los jueces contenciosos pueden desvirtuar”, señaló el excanciller. Además, cuestionó la competencia del ente de control para pronunciarse sobre la validez de actos administrativos y criticó la falta de transparencia en las audiencias, donde no se conoció a los integrantes de la sala de juzgamiento. “De esta manera la legalidad, el debido proceso y el principio de inmediación probatoria. Este juicio es nulo de pleno derecho” reafirmó.
Leyva también denunció que la Procuraduría avaló “pliegos sastre” en la contratación pública, favoreciendo a la empresa contratista, Thomas Greg & Sons, durante más de tres décadas. De acuerdo con el excanciller, el pliego de condiciones estaba diseñado para que solo un proponente alcanzara la máxima puntuación, lo que consideró una señal de corrupción. Igualmente, destacó que hubo múltiples advertencias sobre irregularidades en el proceso, incluyendo 192 observaciones al prepliego, 104 al pliego de condiciones, una denuncia penal, una acción popular, recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y advertencias de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
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Finalmente, el exfuncionario defendió que con base en este contexto, su declaratoria de desierta de la licitación pública de pasaportes se fundamentó en el respeto a la Constitución, la ley y los principios de la contratación estatal.
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