Lo que busca el gobierno Trump con la operación antinarcóticos que incluye a Colombia

Más barcos, aviones, buques de combate litoral, naves marítimas de la Guardia Costera y gente de una Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, en inglés) del Comando Sur de Estados Unidos. Con ese inventario hecho por el propio presidente Trump el pasado 1° de abril se resume, de la manera más básica, la asistencia militar que va a comenzar a operar en Colombia a partir del 1° de junio, la cual confirmó el Comando Sur de Estados Unidos ayer. Al país llegará un grupo “del tamaño de una compañía”, lo que podría ser desde unos 60 hasta unos 200 hombres. Es la primera vez que un equipo consultivo de esta naturaleza apoya a un país aliado en la región, señaló el Comando Sur.

Lo confirmó el Ministerio de Defensa también. La razón de ser de la presencia de los militares estadounidenses en Colombia será, aseguró el ministro Carlos Holmes Trujillo, solo “de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico”. El alto funcionario dijo que “Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar” y que “en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas”. Los militares estadounidenses asesorarán, aseveró. Nada más.

Aunque en Colombia los cultivos de uso ilícito han aumentado, todos los caminos conducen a Venezuela. Esa es la manera más sencilla de explicar esta reciente decisión, que llevó a una encendida discusión política sobre si el presidente Duque debía o no tramitar una autorización del Congreso. En el Gobierno insisten en que no era necesario, pues los militares que vienen en camino, dicen, serán consultores. El punto es que Venezuela está en el centro de este plan, que el presidente Trump lanzó el pasado 1° de abril bajo el nombre de la “Enhanced Counternarcotic Operation in the Western Hemisphere”, que traduce algo como la Operación Reforzada contra el Narcotráfico en el Hemisferio Occidental.

La tesis del presidente Trump es que los carteles de drogas y los grupos terroristas, entre otros, se han aprovechado de la coyuntura por el nuevo coronavirus para hacer de las suyas. “We must not let the drug cartels exploit the pandemic to threaten American lives”, dijo ese 1° de abril. “No debemos permitir que los carteles de drogas exploten la pandemia para poner en riesgo vidas estadounidenses”. El anuncio llegó cuatro días después de que el fiscal general de EE. UU., William Barr, dejara saber que se habían desclasificado los indictments (acusaciones) contra el presidente Nicolás Maduro y 14 funcionarios o exfuncionarios venezolanos por narcotráfico.

El fiscal Barr señaló, a propósito del nuevo plan de la administración Trump, que, “durante años, los carteles han usado estas rutas marítimas (vía México y Centroamérica) para sacar cocaína de, principalmente, Colombia y ahora también de Venezuela. Y estas rutas marítimas en ambas costas (Pacífica y Atlántica) se han convertido en el medio primario para ingresar cocaína a Estados Unidos”. Robert O’brien, asesor de Seguridad Nacional, ha explicado que esta operación interagencial está dirigida a reducir el apoyo financiero ilegal que recibe “el corrupto régimen de Maduro en Venezuela y otros actores malos” para realizar sus “actividades malignas”.

La administración Trump, de frente, decidió declararle una especie de guerra diplomática a Venezuela, sobre todo después del anuncio de los indictments contra Maduro, sus colaboradores más cercanos e incluso enemigos de su gobierno, como el general retirado Clíver Alcalá. “La diferencia (de esta nueva operación con otras operaciones antinarcóticos) es que hemos aumentado el número de recursos dedicados a esto”, manifestó el almirante Craig Faller, lo que incluye, además de aeronaves y buques, más inteligencia. “Y aliados claves como Colombia han dado un paso adelante. Los colombianos están desarrollando la operación Orión V al tiempo con nuestras operaciones”.

“A pesar de los retos que impone el COVID, en el cual muchas naciones están enfocadas internamente, Colombia continúa enfocada hacia fuera (también)”, agregó el almirante Faller, jefe del Comando Sur. “Nuestras naciones aliadas, como Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador u otras, participaron directamente y contribuyeron al 50 % de nuestras interdicciones el año pasado, en 2019, nuestro propósito es incrementar esa cifra este año. La contribución de nuestros aliados importa y salva vidas”, agregó Faller el pasado 17 de abril, cuando dio una especie de conferencia virtual para dar más detalles sobre las operaciones reforzadas de la unidad militar a su cargo.

Para Estados Unidos, parte del “círculo vicioso” que afecta la seguridad en el hemisferio occidental son “actores malignos” como Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán. Y, para atacar esa “amenaza”, es necesario este plan reforzado en el que Colombia entra como protagonista. El gobierno estadounidense ha explicado que en la Operación Reforzada contra el Narcotráfico en el Hemisferio Occidental participarán la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la DEA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. “Sí se trata de poner presión sobre Maduro, pero (la operación) no está diseñada para militarizar el Caribe ni para convertirse en una fuerza invasora”, aclaró el almirante Faller.

El pasado 30 de abril, el presidente Trump tomó una decisión adicional: autorizó el aumento de 200 miembros que provienen de la “reserva selecta” bajo las órdenes del Departamento de Defensa y se lo notificó al Congreso de su país. Según explicó el Comando Sur, en lo que tiene que ver con Colombia, el equipo trabajará con unidades anfitrionas en “logística, servicios y capacidades de inteligencia”, lo que incluirá el compartir información. Las unidades que recibirán la asesoría son las fuerzas de tarea conjunta Hércules, Vulcano, Omega y la Brigada Especial contra el Narcotráfico, cuya sede está en Larandia (Caquetá), una de las zonas más representativas en el tema de cultivos de uso ilícito.

Más barcos, aviones, buques de combate litoral, naves marítimas de la Guardia Costera y gente de una Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, en inglés) del Comando Sur de Estados Unidos. Con ese inventario hecho por el propio presidente Trump el pasado 1° de abril se resume, de la manera más básica, la asistencia militar que va a comenzar a operar en Colombia a partir del 1° de junio, la cual confirmó el Comando Sur de Estados Unidos ayer. Al país llegará un grupo “del tamaño de una compañía”, lo que podría ser desde unos 60 hasta unos 200 hombres. Es la primera vez que un equipo consultivo de esta naturaleza apoya a un país aliado en la región, señaló el Comando Sur.

Lo confirmó el Ministerio de Defensa también. La razón de ser de la presencia de los militares estadounidenses en Colombia será, aseguró el ministro Carlos Holmes Trujillo, solo “de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico”. El alto funcionario dijo que “Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar” y que “en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas”. Los militares estadounidenses asesorarán, aseveró. Nada más.

Aunque en Colombia los cultivos de uso ilícito han aumentado, todos los caminos conducen a Venezuela. Esa es la manera más sencilla de explicar esta reciente decisión, que llevó a una encendida discusión política sobre si el presidente Duque debía o no tramitar una autorización del Congreso. En el Gobierno insisten en que no era necesario, pues los militares que vienen en camino, dicen, serán consultores. El punto es que Venezuela está en el centro de este plan, que el presidente Trump lanzó el pasado 1° de abril bajo el nombre de la “Enhanced Counternarcotic Operation in the Western Hemisphere”, que traduce algo como la Operación Reforzada contra el Narcotráfico en el Hemisferio Occidental.

La tesis del presidente Trump es que los carteles de drogas y los grupos terroristas, entre otros, se han aprovechado de la coyuntura por el nuevo coronavirus para hacer de las suyas. “We must not let the drug cartels exploit the pandemic to threaten American lives”, dijo ese 1° de abril. “No debemos permitir que los carteles de drogas exploten la pandemia para poner en riesgo vidas estadounidenses”. El anuncio llegó cuatro días después de que el fiscal general de EE. UU., William Barr, dejara saber que se habían desclasificado los indictments (acusaciones) contra el presidente Nicolás Maduro y 14 funcionarios o exfuncionarios venezolanos por narcotráfico.

El fiscal Barr señaló, a propósito del nuevo plan de la administración Trump, que, “durante años, los carteles han usado estas rutas marítimas (vía México y Centroamérica) para sacar cocaína de, principalmente, Colombia y ahora también de Venezuela. Y estas rutas marítimas en ambas costas (Pacífica y Atlántica) se han convertido en el medio primario para ingresar cocaína a Estados Unidos”. Robert O’brien, asesor de Seguridad Nacional, ha explicado que esta operación interagencial está dirigida a reducir el apoyo financiero ilegal que recibe “el corrupto régimen de Maduro en Venezuela y otros actores malos” para realizar sus “actividades malignas”.

La administración Trump, de frente, decidió declararle una especie de guerra diplomática a Venezuela, sobre todo después del anuncio de los indictments contra Maduro, sus colaboradores más cercanos e incluso enemigos de su gobierno, como el general retirado Clíver Alcalá. “La diferencia (de esta nueva operación con otras operaciones antinarcóticos) es que hemos aumentado el número de recursos dedicados a esto”, manifestó el almirante Craig Faller, lo que incluye, además de aeronaves y buques, más inteligencia. “Y aliados claves como Colombia han dado un paso adelante. Los colombianos están desarrollando la operación Orión V al tiempo con nuestras operaciones”.

“A pesar de los retos que impone el COVID, en el cual muchas naciones están enfocadas internamente, Colombia continúa enfocada hacia fuera (también)”, agregó el almirante Faller, jefe del Comando Sur. “Nuestras naciones aliadas, como Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador u otras, participaron directamente y contribuyeron al 50 % de nuestras interdicciones el año pasado, en 2019, nuestro propósito es incrementar esa cifra este año. La contribución de nuestros aliados importa y salva vidas”, agregó Faller el pasado 17 de abril, cuando dio una especie de conferencia virtual para dar más detalles sobre las operaciones reforzadas de la unidad militar a su cargo.

Para Estados Unidos, parte del “círculo vicioso” que afecta la seguridad en el hemisferio occidental son “actores malignos” como Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán. Y, para atacar esa “amenaza”, es necesario este plan reforzado en el que Colombia entra como protagonista. El gobierno estadounidense ha explicado que en la Operación Reforzada contra el Narcotráfico en el Hemisferio Occidental participarán la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la DEA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. “Sí se trata de poner presión sobre Maduro, pero (la operación) no está diseñada para militarizar el Caribe ni para convertirse en una fuerza invasora”, aclaró el almirante Faller.

El pasado 30 de abril, el presidente Trump tomó una decisión adicional: autorizó el aumento de 200 miembros que provienen de la “reserva selecta” bajo las órdenes del Departamento de Defensa y se lo notificó al Congreso de su país. Según explicó el Comando Sur, en lo que tiene que ver con Colombia, el equipo trabajará con unidades anfitrionas en “logística, servicios y capacidades de inteligencia”, lo que incluirá el compartir información. Las unidades que recibirán la asesoría son las fuerzas de tarea conjunta Hércules, Vulcano, Omega y la Brigada Especial contra el Narcotráfico, cuya sede está en Larandia (Caquetá), una de las zonas más representativas en el tema de cultivos de uso ilícito.