Lo que dicen las necropsias de la masacre de El Tandil, ocurrida hace cinco años

Este 5 de octubre de 2022 se cumplen cinco años de la masacre de siete campesinos a manos de la Fuerza Pública en la vereda El Tandil, en zona rural de Tumaco (Nariño). Por estos hechos avanza lentamente un proceso contra el capitán de la Policía Javier Enrique Soto y el mayor del Ejército Luis Fernando González (ambos activos), quienes estaban a cargo de un operativo de erradicación forzada de coca al que se oponía la comunidad y que terminó desatando la tragedia. En agosto de 2019, la Fiscalía los llamó a juicio por el delito de homicidio agravado, pero ellos han sostenido que son inocentes. El caso no ha avanzado porque, durante esa audiencia de acusación, la Procuraduría y la defensa de los oficiales solicitaron que el caso fuera tomado por la justicia militar.

(En contexto: Masacre de El Tandil: tres años sin condenas ni sanciones por el asesinato de siete campesinos)

El expediente llegó hasta la Corte Constitucional y, en julio pasado, ordenó devolver el caso a la justicia ordinaria. El alto tribunal determinó que, en casos como el de El Tandil, donde existen graves violaciones de derechos humanos y en donde hay dudas sobre si la respuesta de la Fuerza Pública se ajustó a una necesidad del servicio, el expediente no puede quedar en la justicia militar. Por eso, la alta corte aclaró que será un juzgado de Tumaco el responsable de adelantar las audiencias. En esas diligencias, la Fiscalía revelará la investigación que tiene lista para mostrar que los campesinos fueron asesinados y, para ello, son claves las necropsias y los informes de balística, a los que tuvo acceso El Espectador.

El día de la masacre, entre las 9 y 10 de la mañana, se concentraron cientos de campesinos que protestaban contra operaciones de la Fuerza Pública y los incumplimientos del gobierno Santos con los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito. De acuerdo con los testimonios recopilados por el ente investigador, días antes del 5 de octubre los campesinos les habían solicitado a los uniformados que abandonaran la zona. Sin embargo, hicieron caso omiso y por eso volvieron a concentrarse y pidieron de nuevo a la Policía y al Ejército que se fueran. Miembros de la comunidad le dijeron al ente investigador que ese día la Fuerza Pública se situó en la parte alta de una ladera y que se fueron acercando en bloque hacia los uniformados.

(Le puede interesar: Masacre de El Tandil “se enmarcó” en una orden de operaciones: Procuraduría)

La población civil asegura que la Policía empezó a lanzar gases lacrimógenos y luego a disparar al aire para intimidarlos. Momentos después, aseguran los testigos, miembros de la Fuerza Pública, sin ninguna explicación, dispararon contra la población y siete campesinos fueron asesinados. Luego del caos y de las denuncias de la comunidad, la primera versión de la Policía y el Ejército apuntó a que tuvieron que responder con balas, porque habían sido atacados con tatucos por el frente Óliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, en ese momento al mando de alias Guacho. Sin embargo, las labores investigativas de los funcionarios del CTI determinaron que no hay evidencias de explosiones o cráteres en la zona donde estaban las tropas del Ejército y los policías antinarcóticos.

La Fiscalía también asegura que los militares que declararon en la investigación mintieron al decir que escucharon disparos provenientes del lugar donde estaba la comunidad, pues en los informes de balística no se encontró ninguna evidencia de ello. Lo que sí dejaron claro reportes de balística, necropsias y reportes médicos de las 20 personas heridas y las siete asesinadas es que les dispararon cuando estaban de espaldas y en total estado de indefensión (como muestra la infografía de este informe periodístico). Los relatos de los sobrevivientes, además de crudos, dan cuenta de que sus vecinos fueron atacados por el Ejército y la Policía. “Después de los gases lacrimógenos, nos dieron plomo. Los disparos se escuchaban desde donde estaba la Policía”, relató un sobreviviente.

Y agregó: “Yo me encontraba cerca de Diego Escobar (campesino asesinado). Cuando escuchamos los disparos, salimos corriendo y me tiré al caño. Luego Diego Escobar me pidió auxilio porque a él le dieron un tiro en la cabeza. Yo quería ayudarlo, pero no me podía mover porque estaban disparando”. Esa declaración del testigo fue recibida por la Fiscalía y es parte del expediente. Otros miembros de la comunidad, incluso, pudieron identificar a dos uniformados. “Yo estaba frente a los hombres del Esmad. De un momento a otro, uno de los policías, yo creo que era el capitán, dio la orden de disparar. Se escucharon ráfagas y tiros de pistola. La gente empezó a correr y me tiré detrás de un tronco. Cuando levanté la cabeza vi a un muchacho que cayó cerca de mí. Estaba muerto”, relató otro campesino.

Otro miembro de la comunidad identificó a un soldado que bajó disparando el día de la masacre y señaló que podía identificarlo porque, el día anterior, le pidió que se fueran de la zona, donde los campesinos dependen del cultivo de coca. Otro testigo declaró ante los investigadores de la Fiscalía que “las cosas empezaron a empeorar. Yo le dije a mi amigo Nelson (Chacuendo Calambas) que nos fuéramos. Vi que los policías le quitaron los seguros a sus armas y, mientras me alejaba, escuché unos disparos en la parte alta. A lo que llegué a la loma, empezaron a sonar tiros de fusil. Ya después sonó la ametralladora. Todos empezaron a disparar, los soldados y la Policía. Un señor me mostró unas fotos de todos los heridos y muertos, y ahí fue que me enteré de que a mi amigo lo habían matado”.

Estas son algunas de las pruebas que tiene la Fiscalía para sostener su teoría del caso: que los hombres del capitán Soto y el mayor González asesinaron a los siete campesinos e hirieron a otros 20. Incluso, una persona perdió el ojo izquierdo. Las víctimas del caso piden que el proceso se retome lo más pronto posible, pues luego de cinco años de los asesinatos no hay decisiones de fondo por parte de la justicia.

Este 5 de octubre de 2022 se cumplen cinco años de la masacre de siete campesinos a manos de la Fuerza Pública en la vereda El Tandil, en zona rural de Tumaco (Nariño). Por estos hechos avanza lentamente un proceso contra el capitán de la Policía Javier Enrique Soto y el mayor del Ejército Luis Fernando González (ambos activos), quienes estaban a cargo de un operativo de erradicación forzada de coca al que se oponía la comunidad y que terminó desatando la tragedia. En agosto de 2019, la Fiscalía los llamó a juicio por el delito de homicidio agravado, pero ellos han sostenido que son inocentes. El caso no ha avanzado porque, durante esa audiencia de acusación, la Procuraduría y la defensa de los oficiales solicitaron que el caso fuera tomado por la justicia militar.

(En contexto: Masacre de El Tandil: tres años sin condenas ni sanciones por el asesinato de siete campesinos)

El expediente llegó hasta la Corte Constitucional y, en julio pasado, ordenó devolver el caso a la justicia ordinaria. El alto tribunal determinó que, en casos como el de El Tandil, donde existen graves violaciones de derechos humanos y en donde hay dudas sobre si la respuesta de la Fuerza Pública se ajustó a una necesidad del servicio, el expediente no puede quedar en la justicia militar. Por eso, la alta corte aclaró que será un juzgado de Tumaco el responsable de adelantar las audiencias. En esas diligencias, la Fiscalía revelará la investigación que tiene lista para mostrar que los campesinos fueron asesinados y, para ello, son claves las necropsias y los informes de balística, a los que tuvo acceso El Espectador.

El día de la masacre, entre las 9 y 10 de la mañana, se concentraron cientos de campesinos que protestaban contra operaciones de la Fuerza Pública y los incumplimientos del gobierno Santos con los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito. De acuerdo con los testimonios recopilados por el ente investigador, días antes del 5 de octubre los campesinos les habían solicitado a los uniformados que abandonaran la zona. Sin embargo, hicieron caso omiso y por eso volvieron a concentrarse y pidieron de nuevo a la Policía y al Ejército que se fueran. Miembros de la comunidad le dijeron al ente investigador que ese día la Fuerza Pública se situó en la parte alta de una ladera y que se fueron acercando en bloque hacia los uniformados.

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La población civil asegura que la Policía empezó a lanzar gases lacrimógenos y luego a disparar al aire para intimidarlos. Momentos después, aseguran los testigos, miembros de la Fuerza Pública, sin ninguna explicación, dispararon contra la población y siete campesinos fueron asesinados. Luego del caos y de las denuncias de la comunidad, la primera versión de la Policía y el Ejército apuntó a que tuvieron que responder con balas, porque habían sido atacados con tatucos por el frente Óliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, en ese momento al mando de alias Guacho. Sin embargo, las labores investigativas de los funcionarios del CTI determinaron que no hay evidencias de explosiones o cráteres en la zona donde estaban las tropas del Ejército y los policías antinarcóticos.

La Fiscalía también asegura que los militares que declararon en la investigación mintieron al decir que escucharon disparos provenientes del lugar donde estaba la comunidad, pues en los informes de balística no se encontró ninguna evidencia de ello. Lo que sí dejaron claro reportes de balística, necropsias y reportes médicos de las 20 personas heridas y las siete asesinadas es que les dispararon cuando estaban de espaldas y en total estado de indefensión (como muestra la infografía de este informe periodístico). Los relatos de los sobrevivientes, además de crudos, dan cuenta de que sus vecinos fueron atacados por el Ejército y la Policía. “Después de los gases lacrimógenos, nos dieron plomo. Los disparos se escuchaban desde donde estaba la Policía”, relató un sobreviviente.

Y agregó: “Yo me encontraba cerca de Diego Escobar (campesino asesinado). Cuando escuchamos los disparos, salimos corriendo y me tiré al caño. Luego Diego Escobar me pidió auxilio porque a él le dieron un tiro en la cabeza. Yo quería ayudarlo, pero no me podía mover porque estaban disparando”. Esa declaración del testigo fue recibida por la Fiscalía y es parte del expediente. Otros miembros de la comunidad, incluso, pudieron identificar a dos uniformados. “Yo estaba frente a los hombres del Esmad. De un momento a otro, uno de los policías, yo creo que era el capitán, dio la orden de disparar. Se escucharon ráfagas y tiros de pistola. La gente empezó a correr y me tiré detrás de un tronco. Cuando levanté la cabeza vi a un muchacho que cayó cerca de mí. Estaba muerto”, relató otro campesino.

Otro miembro de la comunidad identificó a un soldado que bajó disparando el día de la masacre y señaló que podía identificarlo porque, el día anterior, le pidió que se fueran de la zona, donde los campesinos dependen del cultivo de coca. Otro testigo declaró ante los investigadores de la Fiscalía que “las cosas empezaron a empeorar. Yo le dije a mi amigo Nelson (Chacuendo Calambas) que nos fuéramos. Vi que los policías le quitaron los seguros a sus armas y, mientras me alejaba, escuché unos disparos en la parte alta. A lo que llegué a la loma, empezaron a sonar tiros de fusil. Ya después sonó la ametralladora. Todos empezaron a disparar, los soldados y la Policía. Un señor me mostró unas fotos de todos los heridos y muertos, y ahí fue que me enteré de que a mi amigo lo habían matado”.

Estas son algunas de las pruebas que tiene la Fiscalía para sostener su teoría del caso: que los hombres del capitán Soto y el mayor González asesinaron a los siete campesinos e hirieron a otros 20. Incluso, una persona perdió el ojo izquierdo. Las víctimas del caso piden que el proceso se retome lo más pronto posible, pues luego de cinco años de los asesinatos no hay decisiones de fondo por parte de la justicia.