Lo que ha dicho el Ejército sobre la cuestionada operación de Putumayo
La Fuerza Pública ha defendido que lo desplegado el 28 de marzo en Puerto Leguízamo fue una operación legítima. Aunque hay graves denuncias de la comunidad, periodísticas y de entidades oficiales, insisten en que iban tras las disidencias de las Farc y que los muertos tenían alguna vinculación con ese grupo.
A pesar de denuncias de la comunidad, investigaciones periodísticas y dudas desde la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública aún defiende el operativo que desplegó en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo) el 28 de marzo. En la operación, que al parecer irrumpió en un bazar comunitario, murieron 11 personas: entre ellas, una mujer embarazada y un adolescente de 16 años. Las dudas crecen y la Fiscalía ya está investigando, pero mientras tanto, el Ejército y el Ministerio de Defensa han cerrado filas. Aunque su defensa del operativo no niega las posibles irregularidades, sino que en muchos casos las confirma.
(En contexto: Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobró la vida de civiles)
¿Quiénes eran los muertos de Alto Remanso?
La mujer embarazada que murió en el operativo fue identificada como Ana María Sarrias, pareja de Divier Hernández, presidente de la junta de acción comunal del Alto Remanso, quien también murió. Junto a ellos fue identificado el gobernador indígena Pablo Panduro. Reportajes de la revista Cambio, Vorágine y El Espectador ponen en duda si, al menos ellos tres, estaban vinculados con los Comandos de la Frontera, la disidencia de las Farc que, supuestamente, fue a atacar el Ejército. Sin embargo, la Fuerza Pública insiste en que todos los muertos pertenecían al grupo armado.
“Los muertos en desarrollo de la operación militar, según información de inteligencia y lo reportado por las unidades que participaron en la operación, harían parte de la estructura criminal del GAOR-48″, aseguró el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, en la noche del 11 de abril, después de publicadas las investigaciones periodísticas. Y añadió: “Otros habrían participado directamente de las hostilidades. Las autoridades competentes son las encargadas de ponderar la causalidad y conexidad entre los medios y métodos empleados por la unidad que participó en la operación”.
(Le puede interesar: Lo que dicen los expertos en DIH sobre las denuncias en operación militar en Putumayo)
En el mismo sentido se pronunció el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército. En rueda de prensa la semana pasada no dio claridades de si había, o no, civiles cuando el Ejército llegó. En ese momento solo indicó: “La operación militar fue orientada hacia el frente 48″. Sin embargo, este 12 de abril fue más allá y dijo en entrevista con Caracol Radio: “Todo el personal (los muertos) era parte de una estructura, las cuales tienen dos componentes: uno en armas y otro en apoyo. El componente de apoyo también se convierte en componente en armas”.
Además de las declaraciones de los altos mandos del Ejército, esta semana se filtró a medios un supuesto informe de inteligencia en el que las Fuerzas Militares caracterizan a cada uno de los 11 muertos de Alto Remanso. Oficialmente, no hay un pronunciamiento sobre la veracidad de esa información, que asegura que tanto Sarrias, como su pareja Hernández y el gobernador Panduro pertenecerían a las disidencias. En entrevista con Noticias RCN, el general Zapateiro se limitó a decir, sin sorpresa, que esta no sería la primera operación en la que mueren mujeres embarazadas.
(Lea también: Operación en Putumayo: Fuerzas Militares no responden si hay civiles muertos)
No hubo capturados en el operativo
Desde el 28 de marzo, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró a través de su Twitter que en el operativo en Puerto Leguízamo, además de que fueron “neutralizados nueve criminales” (finalmente fueron 11 los muertos), también habían sido capturadas cuatro personas. Esa versión se mantuvo por varios días, hasta que la propia Fiscalía General, en un comunicado, señaló que la Fuerza Pública no le había puesto a disposición a una sola persona. Es decir, no hubo un solo capturado, pese a que ese era el foco del operativo: capturar al supuesto jefe de Comandos de la Frontera, alias Bruno.
“Con relación a la información sobre cuatro personas puestas a disposición de la Fiscalía, se precisa: Sólo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado. La Fiscalía no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías”, explicó el ente investigador. Los tres heridos ya están libres, según la oenegé estadounidense Human Rights Watch, con lo que se cae una de las primeras afirmaciones de la Fuerza Pública sobre el operativo.
“Es una acción legítima”: comandante del Ejército
Desde que comenzaron los cuestionamientos, la Fuerza Pública ha dicho que la operación fue legítima. “Los informes de inteligencia, con criterio orientador, hacen parte del proceso operacional, toda vez que en ellos se caracteriza el objetivo, teniendo como fundamento principios del derecho internacional humanitario”, señaló en su declaración del 11 de abril el comandante del Ejército. Es decir, la operación se basó en una investigación previa y, según ellos, siguieron los protocolos que les ordena el DIH, algo que han cuestionado varios abogados expertos en la materia.
(Lea: “Son irresponsables”: Flip sobre mensajes de Enrique Gómez contra periodistas)
Hace unos días, en rueda de prensa, el ministro Molano incluso acudió a documentos emitidos por la Defensoría del Pueblo como uno de los argumentos decisivos para llevar a cabo la operación: “Estaban señaladas las alertas tempranas de la Defensoría, en las cuales se estipula que la fuerza pública debía actuar en contra de esa estructura criminal. Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública”. Zapateiro insistió en esa idea anoche: “También, es muy importante el análisis del contexto de la amenaza en esa región del país”.
¿Alteraron las evidencias?
Los reportajes publicados en Cambio, Vorágine y El Espectador levantan suspicacias sobre una posible manipulación de la evidencia. Los peritos de la Fiscalía llegaron cuatro días después, acompañados del Ejército, y además de que no acordonaron la zona, mientras tomaban fotos e inspeccionaban el lugar, había uniformados patrullando. El general Correa declaró sobre esto en Caracol Radio: “no manipulamos ni tocamos ninguno de los cuerpos, lo único que se hizo es llevarlos a un área segura para que ingresara la policía judicial sin ningún problema”.
Cuando le preguntaron sobre las fotos en las que parece que se manipuló el cuerpo del joven Brayan Pama, el general aseguró: “los miembros de la policía judicial, quienes son los encargados de realizar el levantamiento, observaron dos cuerpos que se encontraban con su fusil a la orilla del barranco y por su ubicación era muy probable que se los comenzara a llevar el río. Los cuerpos son recuperados y esta información es manifestada a las autoridades al momento de llegar al lugar”.
En su entrevista en la emisora, el general Correa también se refirió a otra de las denuncias de la comunidad sobre el operativo: la que asegura que, supuestamente, los uniformados que comenzaron a disparar inicialmente llevaban buzos negros y no el uniforme militar conocido. Según el alto oficial, “sí hay una mezcla de uniformes negros, los cuales son empleados por unidades especiales y se encuentran totalmente reglamentados”.
(Lea también: “Había información de inteligencia”: Duque volvió a defender operativo en Putumayo)
Las graves sospechas alrededor del operativo han dado para que se anuncien debates de moción de censura y se echen a andar investigaciones. Sin embargo, el presidente Iván Duque, el ministro Molano y todos los altos mandos militares han continuado en su discurso de que fue una operación legítima, contra supuestos disidentes de las Farc. Como dijo Zapateiro: será la Fiscalía la que determine qué ocurrió.
Desde la semana pasada, El Espectador ha buscado al Ejército para conocer su versión sobre este operativo y, a la fecha, no ha recibido respuesta.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
A pesar de denuncias de la comunidad, investigaciones periodísticas y dudas desde la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública aún defiende el operativo que desplegó en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo) el 28 de marzo. En la operación, que al parecer irrumpió en un bazar comunitario, murieron 11 personas: entre ellas, una mujer embarazada y un adolescente de 16 años. Las dudas crecen y la Fiscalía ya está investigando, pero mientras tanto, el Ejército y el Ministerio de Defensa han cerrado filas. Aunque su defensa del operativo no niega las posibles irregularidades, sino que en muchos casos las confirma.
(En contexto: Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobró la vida de civiles)
¿Quiénes eran los muertos de Alto Remanso?
La mujer embarazada que murió en el operativo fue identificada como Ana María Sarrias, pareja de Divier Hernández, presidente de la junta de acción comunal del Alto Remanso, quien también murió. Junto a ellos fue identificado el gobernador indígena Pablo Panduro. Reportajes de la revista Cambio, Vorágine y El Espectador ponen en duda si, al menos ellos tres, estaban vinculados con los Comandos de la Frontera, la disidencia de las Farc que, supuestamente, fue a atacar el Ejército. Sin embargo, la Fuerza Pública insiste en que todos los muertos pertenecían al grupo armado.
“Los muertos en desarrollo de la operación militar, según información de inteligencia y lo reportado por las unidades que participaron en la operación, harían parte de la estructura criminal del GAOR-48″, aseguró el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, en la noche del 11 de abril, después de publicadas las investigaciones periodísticas. Y añadió: “Otros habrían participado directamente de las hostilidades. Las autoridades competentes son las encargadas de ponderar la causalidad y conexidad entre los medios y métodos empleados por la unidad que participó en la operación”.
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En el mismo sentido se pronunció el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército. En rueda de prensa la semana pasada no dio claridades de si había, o no, civiles cuando el Ejército llegó. En ese momento solo indicó: “La operación militar fue orientada hacia el frente 48″. Sin embargo, este 12 de abril fue más allá y dijo en entrevista con Caracol Radio: “Todo el personal (los muertos) era parte de una estructura, las cuales tienen dos componentes: uno en armas y otro en apoyo. El componente de apoyo también se convierte en componente en armas”.
Además de las declaraciones de los altos mandos del Ejército, esta semana se filtró a medios un supuesto informe de inteligencia en el que las Fuerzas Militares caracterizan a cada uno de los 11 muertos de Alto Remanso. Oficialmente, no hay un pronunciamiento sobre la veracidad de esa información, que asegura que tanto Sarrias, como su pareja Hernández y el gobernador Panduro pertenecerían a las disidencias. En entrevista con Noticias RCN, el general Zapateiro se limitó a decir, sin sorpresa, que esta no sería la primera operación en la que mueren mujeres embarazadas.
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No hubo capturados en el operativo
Desde el 28 de marzo, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró a través de su Twitter que en el operativo en Puerto Leguízamo, además de que fueron “neutralizados nueve criminales” (finalmente fueron 11 los muertos), también habían sido capturadas cuatro personas. Esa versión se mantuvo por varios días, hasta que la propia Fiscalía General, en un comunicado, señaló que la Fuerza Pública no le había puesto a disposición a una sola persona. Es decir, no hubo un solo capturado, pese a que ese era el foco del operativo: capturar al supuesto jefe de Comandos de la Frontera, alias Bruno.
“Con relación a la información sobre cuatro personas puestas a disposición de la Fiscalía, se precisa: Sólo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado. La Fiscalía no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías”, explicó el ente investigador. Los tres heridos ya están libres, según la oenegé estadounidense Human Rights Watch, con lo que se cae una de las primeras afirmaciones de la Fuerza Pública sobre el operativo.
“Es una acción legítima”: comandante del Ejército
Desde que comenzaron los cuestionamientos, la Fuerza Pública ha dicho que la operación fue legítima. “Los informes de inteligencia, con criterio orientador, hacen parte del proceso operacional, toda vez que en ellos se caracteriza el objetivo, teniendo como fundamento principios del derecho internacional humanitario”, señaló en su declaración del 11 de abril el comandante del Ejército. Es decir, la operación se basó en una investigación previa y, según ellos, siguieron los protocolos que les ordena el DIH, algo que han cuestionado varios abogados expertos en la materia.
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Hace unos días, en rueda de prensa, el ministro Molano incluso acudió a documentos emitidos por la Defensoría del Pueblo como uno de los argumentos decisivos para llevar a cabo la operación: “Estaban señaladas las alertas tempranas de la Defensoría, en las cuales se estipula que la fuerza pública debía actuar en contra de esa estructura criminal. Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública”. Zapateiro insistió en esa idea anoche: “También, es muy importante el análisis del contexto de la amenaza en esa región del país”.
¿Alteraron las evidencias?
Los reportajes publicados en Cambio, Vorágine y El Espectador levantan suspicacias sobre una posible manipulación de la evidencia. Los peritos de la Fiscalía llegaron cuatro días después, acompañados del Ejército, y además de que no acordonaron la zona, mientras tomaban fotos e inspeccionaban el lugar, había uniformados patrullando. El general Correa declaró sobre esto en Caracol Radio: “no manipulamos ni tocamos ninguno de los cuerpos, lo único que se hizo es llevarlos a un área segura para que ingresara la policía judicial sin ningún problema”.
Cuando le preguntaron sobre las fotos en las que parece que se manipuló el cuerpo del joven Brayan Pama, el general aseguró: “los miembros de la policía judicial, quienes son los encargados de realizar el levantamiento, observaron dos cuerpos que se encontraban con su fusil a la orilla del barranco y por su ubicación era muy probable que se los comenzara a llevar el río. Los cuerpos son recuperados y esta información es manifestada a las autoridades al momento de llegar al lugar”.
En su entrevista en la emisora, el general Correa también se refirió a otra de las denuncias de la comunidad sobre el operativo: la que asegura que, supuestamente, los uniformados que comenzaron a disparar inicialmente llevaban buzos negros y no el uniforme militar conocido. Según el alto oficial, “sí hay una mezcla de uniformes negros, los cuales son empleados por unidades especiales y se encuentran totalmente reglamentados”.
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Las graves sospechas alrededor del operativo han dado para que se anuncien debates de moción de censura y se echen a andar investigaciones. Sin embargo, el presidente Iván Duque, el ministro Molano y todos los altos mandos militares han continuado en su discurso de que fue una operación legítima, contra supuestos disidentes de las Farc. Como dijo Zapateiro: será la Fiscalía la que determine qué ocurrió.
Desde la semana pasada, El Espectador ha buscado al Ejército para conocer su versión sobre este operativo y, a la fecha, no ha recibido respuesta.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.