“Lo que hizo Chiquita Brands y lo que hace el Clan del Golfo nos dice mucho”

Ignacio Gómez es el actual director del noticiero Noticias Uno. Lleva más de 25 años investigando el caso Chiquita Brands y sus denuncias sirvieron de base para que un tribunal de la Florida condenara esta semana a esa empresa estadounidense a indemnizar a ocho familias campesinas colombianas como víctimas de las matanzas ocurridas en el Urabá antioqueño entre 1997 y 2004. Trabajó en El Espectador entre 1986 y 2001 y aquí fue donde empezó a hacer las investigaciones sobre los pagos de esa multinacional bananera a los grupos paramilitares. Yo lo conocí en 1989, cuando trabajé por primera vez en este diario, y recuerdo el impacto de verlo en la sala de redacción junto a Fabio Castillo, autor del libro Los jinetes de la cocaína, entregados día y noche a hacer investigaciones sobre el cartel de Medellín en medio de amenazas de una nueva bomba contra el periódico de parte de los narcoterroristas de Pablo Escobar. Hoy es uno de los periodistas más importantes del país y es miembro de la Academia Colombiana de Historia.

Empiezo preguntándole por el honor que usted tuvo de haber trabajado con nuestro inolvidable director don Guillermo Cano, antes de que lo asesinaran en 1986, y por ese ambiente de periodismo puro y duro en que usted se formó para enfrentar casos como el de Chiquita Brands. ¿Fue determinante en su vida?

Claro. Tuve la fortuna de tener ese contacto personal con Guillermo Cano a los 24 años, en el principio de mi carrera, aunque desde antes tenía conocimiento de sus actitudes éticas, por su lucha contra la tenaza económica del Grupo Grancolombiano y, en general, contra las injusticias del mundo. Por su valentía frente a Pablo Escobar era mi ídolo y trabajar a su servicio fue el primer gran premio en mi vida.

Otro antecedente clave para entender la dimensión de lo que vamos a hablar es que la primera vez que lo vi investigando el germen del paramilitarismo en Colombia tenía que ver con el reciente asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989) y a usted se le metió en la cabeza averiguar de dónde salió la ametralladora con la que mataron al candidato presidencial y terminó estableciendo que provino de los grupos paramilitares que estaba formando en el Magdalena Medio el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. ¿Lo recuerda?

Antes de eso fue clave una primera investigación que se llamó “El complot del Copacabana”, por un barco que le había traído armas a la guerrilla de las Farc desde Jamaica. Entonces yo ya entendía cuáles eran las claves de investigar el contrabando de armas. En el caso Galán, el número de esa ametralladora figuraba en el expediente del mercenario israelí Jair Klein (instructor de paramilitares en el Magdalena Medio).

Sí. No olvido que una de las primeras cosas que usted me enseñó cuando empecé a informar sobre la guerra en Colombia fue anotar los números de serie que pudiera de las armas de militares, guerrilleros, paramilitares o narcos, y por ahí empezamos varias investigaciones. En el caso de Chiquita resultó siendo vital el seguimiento a las armas de contrabando que les llegaron a las Autodefensas de Urabá por el puerto de Turbo que manejada esa bananera. Hay registros de primera página de “El Espectador” de 1998 en los que usted ya da cuenta de denuncias de campesinos de Urabá advirtiendo lo que empezaba a suceder. ¿Recuérdeme eso?

Los hechos eran claros desde el principio, prácticamente desde 1989, cuando las masacres de Honduras y Coquitos en donde la bananera asesinaba a sus dirigentes sindicales. Pero para encontrar hechos materiales de prueba de esa relación fue en 1998 cuando el periódico Cincinnati Enquirer, y Mike Gallagher, su director de investigaciones, descubrió un mensaje telefónico de Chiquita en el que se hablaba de un soborno en la zona franca en Turbo, según el cual habían pagado cien mil dólares a funcionarios de la Dian a través de un intermediario. Eso lo conocí en Estados Unidos. Entonces yo vengo y encuentro que efectivamente la Dian, en el gobierno de Ernesto Samper, le había dado una zona franca especial aduanera a Chiquita y esa instalación portuaria es la que va a determinar todo el desarrollo de la historia.

Estamos hablando de una década previa de investigaciones hasta que se confirma que Chiquita pagó a esos grupos criminales al menos 1,7 millones de dólares, entre 1997 y 2004. ¿Cierto?

Sí. Esos 1,7 millones de dólares son lo documentado en la contabilidad de la empresa, pero por fuera hay muchos más beneficios económicos, no solo en dinero, sino en especie. Por ejemplo, la utilización de su puerto para descargar armas. Ahí tú cumpliste un papel como investigador. Recuerdo una pieza tuya sobre la condecoración de la que fue objeto Chiquita por parte de la OEA, entidad que había esclarecido para ese momento el caso del barco Otterloo, el que trajo a Turbo el contrabando de armas desde Nicaragua para Carlos Castaño en Turbo.

Esa investigación la hice porque no podía creer que el expresidente colombiano César Gaviria Trujillo, entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos, hubiera permitido esa exaltación por su “conciencia ciudadana” a los directivos de Chiquita en la gala anual de la OEA en Washington, y cuando lo cuestioné me respondió que había sido una “desafortunada coincidencia”. ¿Se puede hablar de desafortunadas coincidencias en este caso?

Chiquita tiene una historia de más de un siglo en la política centroamericana y en el patrocinio de las actividades de la OEA desde su fundación como para hablar de coincidencias. Ahí lo que pasa es que hay cosas planeadas. El punto es que se estaba investigando el contrabando de armas del Otterloo y la OEA quería ocultar el papel de Chiquita.

A propósito, ¿cuántas arman eran y cuál fue su impacto en la violencia en Colombia?

Eran 3.500 fusiles AK 47. Ahí es cuando ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos les dice: oiga, Chiquita, ustedes qué están haciendo.

Ese desembarco de armas, sumado a la financiación fijada en tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, desemboca en el tema de fondo que más nos interesa: los crímenes contra centenares de familias campesinas, lo que apenas ahora el tribunal de la Florida intenta resarcir. ¿Más allá de las ocho familias que serían indemnizadas, pues falta la apelación que ya anunció Chiquita, de cuántas víctimas de los paramilitares estamos hablando?

Según lo documentado por Justicia y Paz, del bloque bananero son 1.800, del bloque Élmer Cárdenas son dos mil y pico y del Bloque Norte son como 8.000. Es decir, esos fusiles fueron utilizados para matar gente prácticamente en todo el país.

¿Crímenes cometidos a manos de quiénes?

El primero en recibir los aportes de Chiquita a través de la Convivir Costa Azul es Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, que entre sus múltiples crímenes tiene el de la masacre de Mapiripán (departamento del Meta) por el que ya fue condenado, pero, según las sentencias, posteriormente eso llega hasta el bloque norte y son los crímenes del Salvatore Mancuso.

Después de tanta persistencia investigativa y tanto riesgo asumido por usted, ¿qué significa que la justicia estadounidense le dé la razón?

Sé que hay intelectuales que van en contra de mi interpretación del periodista como un intelectual, pero yo pienso que esto es un triunfo de la intelectualidad latinoamericana que durante más de un siglo a través de personajes como Sandino han estado peleando contra Chiquita, que era el dueño prácticamente de todas las tierras de Nicaragua, que en Guatemala han tratado de encontrar una reparación por el golpe de Jacobo Árbenz, o aquí por la masacre de las bananeras colombianas (1928) o en las naciones del Caribe que prácticamente tuvieron una quiebra en su economía por las maniobras de esta multinacional quedarse con los mercados. Los crímenes de Chiquita se ven a lo largo de más de un siglo de impunidad. Y cuando se produce una decisión como estas, uno dice, uy, pero entonces no eran tan invulnerables.

Podemos hacer un seminario de historia a través de Chiquita Brands International y la famosa expresión “república bananera”. Pero aparte del histórico costo humano, persiste el problema de la tierra. ¿En Colombia qué pasó con toda la que usurparon a través del poder armado de los paramilitares, muchos de cuyos propietarios campesinos permanecen desterrados y exiliados?

El hecho que alias Otoniel sea ese primer socio de Chiquita y que él fuera el jefe del Clan del Golfo (fue extraditado y condenado a 45 años de cárcel en EE. UU.) y que el Clan del Golfo siga siendo el que domina territorialmente toda la región bananera nos dice que aquí no ha pasado nada. Las víctimas de hace 27 años en la zona de Urabá no podían dar su cara porque las iban a asesinar y el asesino durante 27 años las ha victimizado y las sigue victimizando allá. El hecho de que haya un cambio en la justicia norteamericana frente a Chiquita, no quiere decir que haya una justicia bananera en nuestro país.

¿Pero por qué en Colombia los procesos judiciales sobre Chiquita no han terminado en nada? Todavía hay uno abierto en la Fiscalía sobre los directivos de Chiquita y su posible papel en toda esta violencia.

Creo que, desde el principio, hay una relación muy estrecha entre Chiquita y todo el proyecto de colonización bananera de Urabá, que está organizado por los llamados cacaos de Antioquia. Entonces esos cacaos realmente han probado ser tan intocables como la multinacional en la justicia colombiana. Los primeros socios de Chiquita fueron los que se acogieron a su plan de promoción de la industria bananera en los años 70 a través del del Banco Comercial, del Banco Industrial Antioqueño o Comercial Antioqueño. Bueno, ellos hicieron esa colonización y la hicieron sobre tierras que ya estaban ocupadas, especialmente por afrocolombianos o gente del Chocó. Ahí comenzaron los litigios y ellos aún tienen en sus manos los títulos de las tierras.

Cuando usted me habla de cacaos antioqueños, recuerdo que ellos también promovieron la creación de las compañías de seguridad Convivir, que según la justicia estadounidense, fueron la fachada a través de la cual se legalizó todo el dinero que pagaba Chiquita a los paramilitares. Y detrás estuvo la política de “seguridad ciudadana” liderada por Álvaro Uribe Vélez desde sus años de gobernador de Antioquia. ¿Según sus investigaciones, por qué nunca se consolidó una investigación contra el expresidente de la República por estos hechos?

Álvaro Uribe Vélez tiene, en primer lugar, una historia política estrechamente ligada al banano. Acuérdese que su primer negocio, su primer emprendimiento personal, es El banano, una discoteca de Medellín. La filial de Chiquita en Medellín y Turbo financió su campaña. Eso está en los informes que la misma Chiquita entrega para admitir su culpa ante la justicia de Estados Unidos. Dice que prácticamente sus aportes fueron presionados por el secretario privado del gobernador de Antioquia y por una charla del gobernador de Antioquia y los mensajes que les mandaba a través de este personaje que resulta ser Pedro Juan Moreno, quien les decía que lo que hay que hacer es pagarles a los paramilitares a través de las Convivir.

A pesar de que usted ha denunciado este fenómeno de las multinacionales sobornando, pagando a paramilitares, guerrillas o mafias, ¿se trata de un círculo vicioso de décadas que se mantiene hoy en día en Colombia?

Casos como este de Chiquita están destinados a decirles a las multinacionales: oigan, hay límites a lo que están haciendo, no solo están dejando una huella de carbono, sino fundamentalmente de sangre.

El otro factor que ha atravesado todas estas historias es la ayuda militar estadounidense en Colombia y uno de los casos en que más me impresionó su persistencia investigativa es en el que tiene que ver con la matanza paramilitar en Mapiripán. ¿Por qué tiene que ver con Chiquita Brands?

Porque el Tribunal de Justicia y Paz sentenció como autores de la masacre a Otoniel y a un señor llamado Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias El Diablo, Bola de Cacao o Mocha cabezas. Estos dos también son los protagonistas de los primeros pagos de Chiquita Brands a los paramilitares. Es perfectamente determinable que la plata pagada por Chiquita en mayo y junio de 1997 en Urabá hubiera sido gastada por estas dos personas en la ejecución de la masacre al otro lado del país.

Estas revelaciones no solo le han valido amenazas sino varios premios internacionales de periodismo. Recuérdeme algunos.

Recibí el premio de Amnistía Internacional de Periodismo en Derechos Humanos, el de la Universidad de Missouri, el de la Fundación Carter de Derechos Humanos.

Sin embargo, a pesar de la satisfacción del deber cumplido, ¿qué siente al ver un país de mafias y más mafias, un país de extorsiones, que no aprende de su violencia sino la transforma de una manera cíclica?

Creo que hay un punto de la dirigencia que sabe sostenerse en la guerra, que se encargó de sabotear el proyecto de paz con los paramilitares y luego de la misma formulación que se hizo para las Farc. Hay una perversión de las inversiones de la paz. La idea es robar esa plata y eso genera el efecto de la corrupción política y el incremento de la criminalidad. Ya no hablamos de un mafioso que vende cocaína en Estados Unidos y que está amenazando al país, hablamos de que a la señora que vende la arepa en la esquina le están cobrando por cuenta del Clan del Golfo o la organización local.

Perdone que recuerde algo personal, pero no olvido que mientras investigaba estos temas usted también fue presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hace 20 años y fue el único que me ayudó a garantizar mi seguridad cuando me dio por investigar el paramilitarismo en Urabá, su relación con los militares, con Pedro Juan Moreno e investigar de dónde había salido un señor llamado Salvatore Mancuso. Gracias a Ignacio Gómez no terminé exiliado, pero usted sí. ¿Cuántas veces le ha tocado irse del país y cuáles han sido los ataques en su contra por denunciar toda esta corrupción?

Soy un periodista de datos y le respondo con datos. Cuando estalló el edificio Mónaco en Medellín (1988) yo le reclamé al alcalde de Medellín, en ese entonces William Jaramillo, por qué si en Medellín todo mundo decía que esa era la casa de Pablo Escobar por qué no lo habían buscado allá para capturarlo. Él dijo que no tenía respuesta, pero me entregó el certificado que tenía el número de usuario catastral de Escobar y su esposa. Entonces pedí unos estados de cuenta y me salieron 647 inmuebles de Pablo Escobar en Medellín, que pagaban sus impuestos puntualmente y eso lo publicamos. Ahí vino una nueva amenaza contra El Espectador, que se convirtió en la bomba de 1989 y ya después empezaron a llegar amenazas, primero a mi casa y después a la de mi mamá. Y me fui para España.

Esa fue la primera vez. Luego, a raíz de más denuncias suyas sobre el caso Chiquita, también debió exiliarse.

En el 2001 fue el segundo exilio, cuando estaba buscando las demás conexiones de los paramilitares con el puerto de Chiquita y de Chiquita con la Dian y habíamos publicado también la relación de la British Petroleum con los paramilitares. El entonces director de seguridad de la policía, que era Óscar Naranjo, me visitó y me dijo que no estaba en capacidad de garantizar mi vida en el país y me tuve que ir otra vez, esta vez a Estados Unidos.

En esos exilios también recibió premios como la Beca Nieman de la Universidad de Harvard. ¿Esos escampaderos le sirvieron, no?

La fuerza mental, como la capacidad de supervivencia en el exilio, está en siempre mirar hacia adelante. El día en el que uno se siente en el parque a llorar realmente comenzó la tragedia de su exilio. Pasé un año feliz en Harvard.

Hoy en día usted sigue escoltado por el nivel de riesgo que asume como director de Noticias Uno. ¿Cuántos años lleva de su vida lleva así?

Voy a cumplir 20 años con escolta.

¿Y se siente seguro?

No. Me siento inseguro.

¿Cómo es la cotidianidad en ese estado?

Es convivir con una persona monitoreando todos tus movimientos. Tiene que saber a qué horas sales, con quién andas, una vida incomoda, invadida. Veinte años escoltado me han vuelto una persona básicamente casera, que se mueve dentro de una misma cuadra, en las casas de los amigos si acaso, con una limitación grave en los movimientos. Cuando tenía posibilidad de pedir vacaciones, me tocaba hacerlo fuera del país para decir: aquí nadie me va a matar, aquí no llevo escoltas.

¿Ha valido la pena arriesgarse tanto?

Yo creo que sí. En el punto en el que estamos, en el que la justicia parece sonreírle a las víctimas de Chiquita es un punto crucial, de celebración.

Ignacio Gómez es el actual director del noticiero Noticias Uno. Lleva más de 25 años investigando el caso Chiquita Brands y sus denuncias sirvieron de base para que un tribunal de la Florida condenara esta semana a esa empresa estadounidense a indemnizar a ocho familias campesinas colombianas como víctimas de las matanzas ocurridas en el Urabá antioqueño entre 1997 y 2004. Trabajó en El Espectador entre 1986 y 2001 y aquí fue donde empezó a hacer las investigaciones sobre los pagos de esa multinacional bananera a los grupos paramilitares. Yo lo conocí en 1989, cuando trabajé por primera vez en este diario, y recuerdo el impacto de verlo en la sala de redacción junto a Fabio Castillo, autor del libro Los jinetes de la cocaína, entregados día y noche a hacer investigaciones sobre el cartel de Medellín en medio de amenazas de una nueva bomba contra el periódico de parte de los narcoterroristas de Pablo Escobar. Hoy es uno de los periodistas más importantes del país y es miembro de la Academia Colombiana de Historia.

Empiezo preguntándole por el honor que usted tuvo de haber trabajado con nuestro inolvidable director don Guillermo Cano, antes de que lo asesinaran en 1986, y por ese ambiente de periodismo puro y duro en que usted se formó para enfrentar casos como el de Chiquita Brands. ¿Fue determinante en su vida?

Claro. Tuve la fortuna de tener ese contacto personal con Guillermo Cano a los 24 años, en el principio de mi carrera, aunque desde antes tenía conocimiento de sus actitudes éticas, por su lucha contra la tenaza económica del Grupo Grancolombiano y, en general, contra las injusticias del mundo. Por su valentía frente a Pablo Escobar era mi ídolo y trabajar a su servicio fue el primer gran premio en mi vida.

Otro antecedente clave para entender la dimensión de lo que vamos a hablar es que la primera vez que lo vi investigando el germen del paramilitarismo en Colombia tenía que ver con el reciente asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989) y a usted se le metió en la cabeza averiguar de dónde salió la ametralladora con la que mataron al candidato presidencial y terminó estableciendo que provino de los grupos paramilitares que estaba formando en el Magdalena Medio el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. ¿Lo recuerda?

Antes de eso fue clave una primera investigación que se llamó “El complot del Copacabana”, por un barco que le había traído armas a la guerrilla de las Farc desde Jamaica. Entonces yo ya entendía cuáles eran las claves de investigar el contrabando de armas. En el caso Galán, el número de esa ametralladora figuraba en el expediente del mercenario israelí Jair Klein (instructor de paramilitares en el Magdalena Medio).

Sí. No olvido que una de las primeras cosas que usted me enseñó cuando empecé a informar sobre la guerra en Colombia fue anotar los números de serie que pudiera de las armas de militares, guerrilleros, paramilitares o narcos, y por ahí empezamos varias investigaciones. En el caso de Chiquita resultó siendo vital el seguimiento a las armas de contrabando que les llegaron a las Autodefensas de Urabá por el puerto de Turbo que manejada esa bananera. Hay registros de primera página de “El Espectador” de 1998 en los que usted ya da cuenta de denuncias de campesinos de Urabá advirtiendo lo que empezaba a suceder. ¿Recuérdeme eso?

Los hechos eran claros desde el principio, prácticamente desde 1989, cuando las masacres de Honduras y Coquitos en donde la bananera asesinaba a sus dirigentes sindicales. Pero para encontrar hechos materiales de prueba de esa relación fue en 1998 cuando el periódico Cincinnati Enquirer, y Mike Gallagher, su director de investigaciones, descubrió un mensaje telefónico de Chiquita en el que se hablaba de un soborno en la zona franca en Turbo, según el cual habían pagado cien mil dólares a funcionarios de la Dian a través de un intermediario. Eso lo conocí en Estados Unidos. Entonces yo vengo y encuentro que efectivamente la Dian, en el gobierno de Ernesto Samper, le había dado una zona franca especial aduanera a Chiquita y esa instalación portuaria es la que va a determinar todo el desarrollo de la historia.

Estamos hablando de una década previa de investigaciones hasta que se confirma que Chiquita pagó a esos grupos criminales al menos 1,7 millones de dólares, entre 1997 y 2004. ¿Cierto?

Sí. Esos 1,7 millones de dólares son lo documentado en la contabilidad de la empresa, pero por fuera hay muchos más beneficios económicos, no solo en dinero, sino en especie. Por ejemplo, la utilización de su puerto para descargar armas. Ahí tú cumpliste un papel como investigador. Recuerdo una pieza tuya sobre la condecoración de la que fue objeto Chiquita por parte de la OEA, entidad que había esclarecido para ese momento el caso del barco Otterloo, el que trajo a Turbo el contrabando de armas desde Nicaragua para Carlos Castaño en Turbo.

Esa investigación la hice porque no podía creer que el expresidente colombiano César Gaviria Trujillo, entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos, hubiera permitido esa exaltación por su “conciencia ciudadana” a los directivos de Chiquita en la gala anual de la OEA en Washington, y cuando lo cuestioné me respondió que había sido una “desafortunada coincidencia”. ¿Se puede hablar de desafortunadas coincidencias en este caso?

Chiquita tiene una historia de más de un siglo en la política centroamericana y en el patrocinio de las actividades de la OEA desde su fundación como para hablar de coincidencias. Ahí lo que pasa es que hay cosas planeadas. El punto es que se estaba investigando el contrabando de armas del Otterloo y la OEA quería ocultar el papel de Chiquita.

A propósito, ¿cuántas arman eran y cuál fue su impacto en la violencia en Colombia?

Eran 3.500 fusiles AK 47. Ahí es cuando ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos les dice: oiga, Chiquita, ustedes qué están haciendo.

Ese desembarco de armas, sumado a la financiación fijada en tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, desemboca en el tema de fondo que más nos interesa: los crímenes contra centenares de familias campesinas, lo que apenas ahora el tribunal de la Florida intenta resarcir. ¿Más allá de las ocho familias que serían indemnizadas, pues falta la apelación que ya anunció Chiquita, de cuántas víctimas de los paramilitares estamos hablando?

Según lo documentado por Justicia y Paz, del bloque bananero son 1.800, del bloque Élmer Cárdenas son dos mil y pico y del Bloque Norte son como 8.000. Es decir, esos fusiles fueron utilizados para matar gente prácticamente en todo el país.

¿Crímenes cometidos a manos de quiénes?

El primero en recibir los aportes de Chiquita a través de la Convivir Costa Azul es Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, que entre sus múltiples crímenes tiene el de la masacre de Mapiripán (departamento del Meta) por el que ya fue condenado, pero, según las sentencias, posteriormente eso llega hasta el bloque norte y son los crímenes del Salvatore Mancuso.

Después de tanta persistencia investigativa y tanto riesgo asumido por usted, ¿qué significa que la justicia estadounidense le dé la razón?

Sé que hay intelectuales que van en contra de mi interpretación del periodista como un intelectual, pero yo pienso que esto es un triunfo de la intelectualidad latinoamericana que durante más de un siglo a través de personajes como Sandino han estado peleando contra Chiquita, que era el dueño prácticamente de todas las tierras de Nicaragua, que en Guatemala han tratado de encontrar una reparación por el golpe de Jacobo Árbenz, o aquí por la masacre de las bananeras colombianas (1928) o en las naciones del Caribe que prácticamente tuvieron una quiebra en su economía por las maniobras de esta multinacional quedarse con los mercados. Los crímenes de Chiquita se ven a lo largo de más de un siglo de impunidad. Y cuando se produce una decisión como estas, uno dice, uy, pero entonces no eran tan invulnerables.

Podemos hacer un seminario de historia a través de Chiquita Brands International y la famosa expresión “república bananera”. Pero aparte del histórico costo humano, persiste el problema de la tierra. ¿En Colombia qué pasó con toda la que usurparon a través del poder armado de los paramilitares, muchos de cuyos propietarios campesinos permanecen desterrados y exiliados?

El hecho que alias Otoniel sea ese primer socio de Chiquita y que él fuera el jefe del Clan del Golfo (fue extraditado y condenado a 45 años de cárcel en EE. UU.) y que el Clan del Golfo siga siendo el que domina territorialmente toda la región bananera nos dice que aquí no ha pasado nada. Las víctimas de hace 27 años en la zona de Urabá no podían dar su cara porque las iban a asesinar y el asesino durante 27 años las ha victimizado y las sigue victimizando allá. El hecho de que haya un cambio en la justicia norteamericana frente a Chiquita, no quiere decir que haya una justicia bananera en nuestro país.

¿Pero por qué en Colombia los procesos judiciales sobre Chiquita no han terminado en nada? Todavía hay uno abierto en la Fiscalía sobre los directivos de Chiquita y su posible papel en toda esta violencia.

Creo que, desde el principio, hay una relación muy estrecha entre Chiquita y todo el proyecto de colonización bananera de Urabá, que está organizado por los llamados cacaos de Antioquia. Entonces esos cacaos realmente han probado ser tan intocables como la multinacional en la justicia colombiana. Los primeros socios de Chiquita fueron los que se acogieron a su plan de promoción de la industria bananera en los años 70 a través del del Banco Comercial, del Banco Industrial Antioqueño o Comercial Antioqueño. Bueno, ellos hicieron esa colonización y la hicieron sobre tierras que ya estaban ocupadas, especialmente por afrocolombianos o gente del Chocó. Ahí comenzaron los litigios y ellos aún tienen en sus manos los títulos de las tierras.

Cuando usted me habla de cacaos antioqueños, recuerdo que ellos también promovieron la creación de las compañías de seguridad Convivir, que según la justicia estadounidense, fueron la fachada a través de la cual se legalizó todo el dinero que pagaba Chiquita a los paramilitares. Y detrás estuvo la política de “seguridad ciudadana” liderada por Álvaro Uribe Vélez desde sus años de gobernador de Antioquia. ¿Según sus investigaciones, por qué nunca se consolidó una investigación contra el expresidente de la República por estos hechos?

Álvaro Uribe Vélez tiene, en primer lugar, una historia política estrechamente ligada al banano. Acuérdese que su primer negocio, su primer emprendimiento personal, es El banano, una discoteca de Medellín. La filial de Chiquita en Medellín y Turbo financió su campaña. Eso está en los informes que la misma Chiquita entrega para admitir su culpa ante la justicia de Estados Unidos. Dice que prácticamente sus aportes fueron presionados por el secretario privado del gobernador de Antioquia y por una charla del gobernador de Antioquia y los mensajes que les mandaba a través de este personaje que resulta ser Pedro Juan Moreno, quien les decía que lo que hay que hacer es pagarles a los paramilitares a través de las Convivir.

A pesar de que usted ha denunciado este fenómeno de las multinacionales sobornando, pagando a paramilitares, guerrillas o mafias, ¿se trata de un círculo vicioso de décadas que se mantiene hoy en día en Colombia?

Casos como este de Chiquita están destinados a decirles a las multinacionales: oigan, hay límites a lo que están haciendo, no solo están dejando una huella de carbono, sino fundamentalmente de sangre.

El otro factor que ha atravesado todas estas historias es la ayuda militar estadounidense en Colombia y uno de los casos en que más me impresionó su persistencia investigativa es en el que tiene que ver con la matanza paramilitar en Mapiripán. ¿Por qué tiene que ver con Chiquita Brands?

Porque el Tribunal de Justicia y Paz sentenció como autores de la masacre a Otoniel y a un señor llamado Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias El Diablo, Bola de Cacao o Mocha cabezas. Estos dos también son los protagonistas de los primeros pagos de Chiquita Brands a los paramilitares. Es perfectamente determinable que la plata pagada por Chiquita en mayo y junio de 1997 en Urabá hubiera sido gastada por estas dos personas en la ejecución de la masacre al otro lado del país.

Estas revelaciones no solo le han valido amenazas sino varios premios internacionales de periodismo. Recuérdeme algunos.

Recibí el premio de Amnistía Internacional de Periodismo en Derechos Humanos, el de la Universidad de Missouri, el de la Fundación Carter de Derechos Humanos.

Sin embargo, a pesar de la satisfacción del deber cumplido, ¿qué siente al ver un país de mafias y más mafias, un país de extorsiones, que no aprende de su violencia sino la transforma de una manera cíclica?

Creo que hay un punto de la dirigencia que sabe sostenerse en la guerra, que se encargó de sabotear el proyecto de paz con los paramilitares y luego de la misma formulación que se hizo para las Farc. Hay una perversión de las inversiones de la paz. La idea es robar esa plata y eso genera el efecto de la corrupción política y el incremento de la criminalidad. Ya no hablamos de un mafioso que vende cocaína en Estados Unidos y que está amenazando al país, hablamos de que a la señora que vende la arepa en la esquina le están cobrando por cuenta del Clan del Golfo o la organización local.

Perdone que recuerde algo personal, pero no olvido que mientras investigaba estos temas usted también fue presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hace 20 años y fue el único que me ayudó a garantizar mi seguridad cuando me dio por investigar el paramilitarismo en Urabá, su relación con los militares, con Pedro Juan Moreno e investigar de dónde había salido un señor llamado Salvatore Mancuso. Gracias a Ignacio Gómez no terminé exiliado, pero usted sí. ¿Cuántas veces le ha tocado irse del país y cuáles han sido los ataques en su contra por denunciar toda esta corrupción?

Soy un periodista de datos y le respondo con datos. Cuando estalló el edificio Mónaco en Medellín (1988) yo le reclamé al alcalde de Medellín, en ese entonces William Jaramillo, por qué si en Medellín todo mundo decía que esa era la casa de Pablo Escobar por qué no lo habían buscado allá para capturarlo. Él dijo que no tenía respuesta, pero me entregó el certificado que tenía el número de usuario catastral de Escobar y su esposa. Entonces pedí unos estados de cuenta y me salieron 647 inmuebles de Pablo Escobar en Medellín, que pagaban sus impuestos puntualmente y eso lo publicamos. Ahí vino una nueva amenaza contra El Espectador, que se convirtió en la bomba de 1989 y ya después empezaron a llegar amenazas, primero a mi casa y después a la de mi mamá. Y me fui para España.

Esa fue la primera vez. Luego, a raíz de más denuncias suyas sobre el caso Chiquita, también debió exiliarse.

En el 2001 fue el segundo exilio, cuando estaba buscando las demás conexiones de los paramilitares con el puerto de Chiquita y de Chiquita con la Dian y habíamos publicado también la relación de la British Petroleum con los paramilitares. El entonces director de seguridad de la policía, que era Óscar Naranjo, me visitó y me dijo que no estaba en capacidad de garantizar mi vida en el país y me tuve que ir otra vez, esta vez a Estados Unidos.

En esos exilios también recibió premios como la Beca Nieman de la Universidad de Harvard. ¿Esos escampaderos le sirvieron, no?

La fuerza mental, como la capacidad de supervivencia en el exilio, está en siempre mirar hacia adelante. El día en el que uno se siente en el parque a llorar realmente comenzó la tragedia de su exilio. Pasé un año feliz en Harvard.

Hoy en día usted sigue escoltado por el nivel de riesgo que asume como director de Noticias Uno. ¿Cuántos años lleva de su vida lleva así?

Voy a cumplir 20 años con escolta.

¿Y se siente seguro?

No. Me siento inseguro.

¿Cómo es la cotidianidad en ese estado?

Es convivir con una persona monitoreando todos tus movimientos. Tiene que saber a qué horas sales, con quién andas, una vida incomoda, invadida. Veinte años escoltado me han vuelto una persona básicamente casera, que se mueve dentro de una misma cuadra, en las casas de los amigos si acaso, con una limitación grave en los movimientos. Cuando tenía posibilidad de pedir vacaciones, me tocaba hacerlo fuera del país para decir: aquí nadie me va a matar, aquí no llevo escoltas.

¿Ha valido la pena arriesgarse tanto?

Yo creo que sí. En el punto en el que estamos, en el que la justicia parece sonreírle a las víctimas de Chiquita es un punto crucial, de celebración.