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Desde que se supo que una red de corrupción manejada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia habría interferido en decisiones judiciales a cambio de dinero, el procurador general y hasta el Ministerio de Justicia han señalado la urgencia de reformar el sistema de justicia del país. El turno hoy, miércoles 20 de septiembre, fue para el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Jorge Octavio Ramírez, quien se refirió en una breve rueda de prensa a la difícil situación que enfrentan las altas cortes. (Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)
El magistrado Ramírez explicó que la Sala Plena del Consejo de Estado ya se reunió con el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, quien les presentó los puntos claves que el Gobierno considera urgente reformar: el modelo de control para los magistrados, un sistema de descongestión y de eficacia para mejorar el trabajo, las reformas a las facultades de derecho y el cambio de las funciones electorales que actualmente reposan en las altas cortes. (Gobierno estaría ideando referendo en 2018 para reformar la justicia)
“El mejor camino para la reforma es la reforma misma. Hay que definir los contenidos y una vez acordados, hay que buscar un mecanismo que se ajuste a la Constitución y que garantice que vamos a lograr una verdadera reforma”, señaló Ramírez. El presidente del Consejo de Estado agregó que todavía no es claro cuál es la vía que se va a tomar para proponer el cambio en el sistema.
Ramírez se refirió a que, después de haberse reunido con el ministro Gil Botero, el Consejo de Estado pudo concluir que “ni la constituyente, ni el referendo, ni la reforma constitucional son puntos que en este momento esté abordando el Gobierno” porque lo clave es definir los aspectos que se van a reformar y cuál es la mejor manera de hacerlo.
Al respecto, el presidente del Consejo de Estado recalcó la importancia de incluir en este proceso a todos los miembros del sistema de justicia, desde magistrados de las altas cortes, pasando por abgoados, fiscales, organizaciones sociales y de investigación, hasta fiscales y facultades de derecho. “Lo que nos preocupa en las cortes es la situación de la justicia (…) Un Estado sin jueces y sin que la ciudadanía confíe en ellos, es un Estado crítico”, añadió Ramírez.