“Lo que pasa en el ICBF es peor que el narcotráfico”

La directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, dijo que el presunto caso de corrupción en Atlántico, por el cual fueron capturados ayer 12 personas, no es un caso aislado en la entidad. La funcionaria señaló que llevan más de un año denunciando y presentando pruebas a la Fiscalía de lo que calificó como “una mafia peor que el narcotráfico”.

La directora de la entidad señaló que gracias a este trabajo conjunto, el año pasado pudo condenarse al exdirector regional de Nariño, Héctor Fabio Quiroz, a su compañera sentimental, María Fernanda Muñoz Díaz y al extorsionista Ovidio Bernardo Martínez. Habló además de las seis capturas en La Guajira, lugar donde se habrían presentado irregularidades en el control del peso y la talla de los niños.

En diálogo con RCN radio, Plazas relató la manera como se habría llevado a cabo el desfalco. “Primero, compraban hojas de vida para justificar sueldos y certificar experiencia. Entonces a la hora de presentarse al ICBF tenían las mejores hojas de vida”. En algunas ocasiones el fraude se habría ejecutado para evadir impuestos: “mucha de estas entidades no eran sin ánimo de lucro, cuando nosotros solo contratamos a fundaciones sin ánimos de lucro ”.

En otras ocasiones, una vez eran contratados, los operadores habrían sacado su ‘tajada’ de diversas maneras: a veces decían que atendían más niños de los que en realidad tenían a su cargo, o se aprovechaban de que el ICBF aporte el 75% del valor calórico que requiere un niño. “Entonces por ejemplo, decían que había cuatro niños y necesitaban cuatro huevos, pero en realidad solo compraban uno y lo repartían entre los menores”, explicó la directora.

Para la directora del ICBF, “este tipo de hechos requieren una colaboración de operadores y funcionarios del ICBF, frente a lo cual estamos esperando que la Fiscalía actúe”. Plazas señaló que para evitar que los desfalcos se sigan presentando, este año el proceso de contratación se está realizando de la mano con la Defensoría, “que se sentará en la mesa que evaluará a los futuros operadores para ayudar al ICBF a tomar esta decisión”.

“Lo que estamos haciendo es mirando operador por operador, después de fortalecer nuestros equipos de supervisión, que han estado yendo a cada uno para fortalecerlos y evaluarlos. Solo estamos eligiendo a los operadores que han obtenido el máximo nivel del evaluación”. Así se dejan por fuera a por lo menos 500 operadores que no han cumplido con los estándares de calidad necesarios.

Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), añadió que para que haya un buen funcionamiento de las 64.000 unidades de servicio para la primera infancia que hay en el país “no es sólo responsabilidad de una entidad sino de todo el pueblo colombiano, de las comunidades indígenas y si no logramos esa colaboración, pues va a ser muy difícil“. Reiteró además que se vienen más capturas, “para que lo operadores corruptos no crean que se pueden salir con la suya”.

La directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, dijo que el presunto caso de corrupción en Atlántico, por el cual fueron capturados ayer 12 personas, no es un caso aislado en la entidad. La funcionaria señaló que llevan más de un año denunciando y presentando pruebas a la Fiscalía de lo que calificó como “una mafia peor que el narcotráfico”.

La directora de la entidad señaló que gracias a este trabajo conjunto, el año pasado pudo condenarse al exdirector regional de Nariño, Héctor Fabio Quiroz, a su compañera sentimental, María Fernanda Muñoz Díaz y al extorsionista Ovidio Bernardo Martínez. Habló además de las seis capturas en La Guajira, lugar donde se habrían presentado irregularidades en el control del peso y la talla de los niños.

En diálogo con RCN radio, Plazas relató la manera como se habría llevado a cabo el desfalco. “Primero, compraban hojas de vida para justificar sueldos y certificar experiencia. Entonces a la hora de presentarse al ICBF tenían las mejores hojas de vida”. En algunas ocasiones el fraude se habría ejecutado para evadir impuestos: “mucha de estas entidades no eran sin ánimo de lucro, cuando nosotros solo contratamos a fundaciones sin ánimos de lucro ”.

En otras ocasiones, una vez eran contratados, los operadores habrían sacado su ‘tajada’ de diversas maneras: a veces decían que atendían más niños de los que en realidad tenían a su cargo, o se aprovechaban de que el ICBF aporte el 75% del valor calórico que requiere un niño. “Entonces por ejemplo, decían que había cuatro niños y necesitaban cuatro huevos, pero en realidad solo compraban uno y lo repartían entre los menores”, explicó la directora.

Para la directora del ICBF, “este tipo de hechos requieren una colaboración de operadores y funcionarios del ICBF, frente a lo cual estamos esperando que la Fiscalía actúe”. Plazas señaló que para evitar que los desfalcos se sigan presentando, este año el proceso de contratación se está realizando de la mano con la Defensoría, “que se sentará en la mesa que evaluará a los futuros operadores para ayudar al ICBF a tomar esta decisión”.

“Lo que estamos haciendo es mirando operador por operador, después de fortalecer nuestros equipos de supervisión, que han estado yendo a cada uno para fortalecerlos y evaluarlos. Solo estamos eligiendo a los operadores que han obtenido el máximo nivel del evaluación”. Así se dejan por fuera a por lo menos 500 operadores que no han cumplido con los estándares de calidad necesarios.

Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), añadió que para que haya un buen funcionamiento de las 64.000 unidades de servicio para la primera infancia que hay en el país “no es sólo responsabilidad de una entidad sino de todo el pueblo colombiano, de las comunidades indígenas y si no logramos esa colaboración, pues va a ser muy difícil“. Reiteró además que se vienen más capturas, “para que lo operadores corruptos no crean que se pueden salir con la suya”.