El juicio en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, que se reanudará el próximo miércoles 19 de noviembre, comenzará con un testimonio totalmente inédito. La jueza especializada que lleva el proceso, Luz Marina Beltrán, recién admitió como prueba nueva la declaración juramentada, conocida en exclusiva por este diario, de un hombre que ingresó como soldado a la Escuela de Caballería en 1982 y tuvo a su mando uno de los tanques que se desplazaron desde el Cantón Norte hasta la Plaza de Bolívar para repeler el ataque perpetrado por el grupo guerrillero M-19. Por seguridad del declarante, El Espectador omitió su nombre.
El ex militar, quien actualmente paga una condena de 22 años por homicidio, se convirtió en una ficha de este proceso cuando un compañero suyo de prisión lo presentó con investigadores del DAS, quienes lo remitieron a la Fiscalía. El hombre le contó al ente investigador que sus superiores le designaron el cascabel a pesar de que estaba castigado por haber cometido una falta. No obstante, ante la ausencia de un conductor de tanques, su sanción fue temporalmente suspendida y fue enviado a la Plaza de Bolívar, en donde presenció uno de los episodios más trágicos de la historia colombiana que, 23 años después, sigue nublado de interrogantes.
El 6 de noviembre de 1985, sentado en la escotilla de su cascabel, el entonces uniformado observó cómo cinco personas fueron ingresadas en otro de los tanques. “Aún no tenía pleno conocimiento de que eran civiles”, dijo el testigo. Hacia las 6 p.m., cuando comenzaba a anochecer, los conductores recibieron la orden de regresar a la Escuela de Caballería: “Pero cuando ya entramos al batallón y pasamos al frente del alojamiento de la contraguerrilla y paramos los tanques, ahí es cuando vi que eran civiles”, expresó. “Los bajaron y los metieron a las caballerizas. Yo alcancé a ver una sola mujer, los otro cuatro, hombres”.
Ya en el batallón, el ex uniformado percibió, además, que en las caballerizas se montó una guardia especial que escoltó el lugar durante dos semanas. “Como ahí siempre había caballos, no había centinelas. Los hubo cuando llevaron a esas personas, pero no podía uno arrimar”. Y no supo más del asunto. Sin embargo, un par de meses más tarde, un cabo se le
acercó en el casino de suboficiales desconcertado. “Me dijo que no sabía qué hacer, y yo vi que tenía la necesidad de confiarle a alguien lo que estaba pasando. Yo no tuve contacto directo con esas personas, pero mi compañero sí. Yo no sabía quiénes eran ni por qué estaban allí”.
El cabo le contó al soldado que los relacionaban con el M-19. Que los mantenían en las caballerizas aislados y encapuchados para que nadie pudiera ver sus rostros. Que por las noches, cuando el batallón estaba en silencio, iban oficiales a interrogarlos o a obligarlos a decir ciertas cosas. Hasta que, una semana después, se les “pasó la mano” con uno de ellos. “Cuando se dieron cuenta, se había muerto. Lo sacaron y se lo llevaron para enterrarlo, nadie podía saber, y continuaron con los demás, amenazándolos con correr la misma suerte si no hablaban, pero no obtenían lo que ellos querían”.
Según el relato del cabo, el hombre fue enterrado dentro del mismo batallón, “al fondo, al pie del barranco, a mano derecha del polígono de armas cortas”. Luego de este primer incidente, el suboficial expresó que dos de los retenidos llegaron a algún acuerdo y los sacaron en el baúl del Mercedes que tenía asignado el comandante de la Escuela, es decir, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega. “No se supo qué pasó con ellos”. Para ese momento, sólo quedaba un par de rehenes: un hombre y la mujer. Pero “siguieron tal vez con el mismo tratamiento que con el primero, y los dos últimos corrieron la misma suerte. Los llevaron al polígono de armas largas de noche y los enterraron”.
El soldado le indicó a la Fiscalía que no sabía con certeza si el coronel (r) Plazas Vega fue quien dio la orden de trasladar a esos cinco civiles a la Escuela de Caballería. Sin embargo, según el cabo que le narró estos hechos, el entonces comandante de la Escuela de Caballería les manifestó que en caso de que la información se hiciera pública, todos eran igual de culpables. Que era algo que se les había salido de las manos, pero que estuvieran tranquilos porque, por la manera como habían pasado las cosas, nadie se enteraría. “Que estuvieran seguros de que él los iba a proteger, que él sabía cómo defenderse”.
Continúa el juicio
El coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue llamado a juicio por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada agravada de 11 personas el pasado 12 de febrero, y éste comenzó a finales de julio. El 27 de octubre, en la última audiencia, que se tuvo que aplazar por solicitud de la defensa, el ex oficial expresó: “En el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos. Este es el fraude procesal más grande”. Y agregó: “(los desaparecidos) están en el laboratorio de antropología de la Universidad Nacional, donde se encuentran en este momento 22 cadáveres sin identificar, muertos en el Palacio de Justicia. ¿Sabían ustedes eso?”.
Sus afirmaciones causaron revuelo. Pero hace cuatro días, el coordinador del laboratorio de antropología física de la Universidad Nacional, José Vicente Rodríguez, divulgó un comunicado desmintiendo al coronel (r). En el documento, Rodríguez expuso que en 1998 llegaron a su dependencia 72 de los 93 cadáveres exhumados de una fosa común del Cementerio Central de Bogotá. Uno de los cuerpos era el de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería del Palacio, y otro era el de René Francisco Acuña, el trabajador de un almacén que murió cerca del edificio durante la toma.
No obstante, señaló el investigador forense, “no hay pruebas fehacientes sobre la existencia de restos de desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia en el laboratorio de antropología física de la Universidad Nacional de Colombia. Por consiguiente, las otras versiones son infundadas y han generado falsas expectativas, hasta el punto que nuestras instalaciones han sido visitadas por hijos de desaparecidos exigiendo la entrega de sus restos”. Pero con la aparición de nuevos testimonios como el de este soldado, se incrementa la incógnita sobre cómo se terminará de armar el rompecabezas de un suceso tan escalofriante como la toma del Palacio de Justicia.
El coronel (r) Plazas Vega insiste en su inocencia
El viernes 25 de julio pasado, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega acudió a su primera audiencia de juicio para responder por los hechos del holocausto del Palacio de Justicia. En esa diligencia judicial, el ex comandante de la Escuela de Caballería manifestó que en el recinto hacían falta los asesinos, en referencia a los miembros del M-19 que asaltaron el edificio.
“Están faltando los asesinos, aquí no están, el país los conoce. Navarro, Petro, Vera Grabe, todas esas personas que integraban el comando superior del M-19. Ellos tienen que responder por su actuación, porque eso ya lo dijo el Tribunal Especial de Instrucción. Ellos además se están amparando en una amnistía e indulto que me parece que están mal concebidos”, precisó.
A lo largo de la audiencia, Plazas Vega siguió insistiendo en su inocencia y les pidió a los familiares de las víctimas que no lo odiaran, porque a él lo quieren inculpar por delitos que no cometió.
Para recordar
El 6 y el 7 de noviembre de 1985, hacia las 11 a.m., un comando de unos 30 integrantes del M-19 asaltó el Palacio de Justicia. La emboscada tomó por sorpresa a las Fuerzas Militares, a pesar de que inteligencia militar ya había advertido la posibilidad de un ataque contra la sede de los altos tribunales.
Más de un centenar de personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 11 miembros de la Fuerza Pública, fallecieron en el holocausto en que se convirtió la recuperación del edificio. Once también es el saldo de los desaparecidos en ese hecho.