"Lo que sí hubo fue homicidio"

Recluido en la Escuela de Infantería del Ejército, justo al frente del batallón desde el que salieron los tanques cascabel a primeras horas de la tarde del 6 de noviembre de 1985 a su mando, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega habló con El Espectador para narrar algunos episodios que nunca antes  había mencionado sobre la toma del Palacio de Justicia.

Han pasado casi nueve meses desde su captura y hasta el momento persisten interrogantes sobre su proceso.

Inicialmente fue vinculado el coronel Edilberto Sánchez Rubiano. Yo fui llamado a declaraciones en el 2006. Desde el comienzo del proceso pude evidenciar el desconocimiento total por parte de la Fiscalía en materia castrense. Mis abogados me advirtieron del riesgo que existía de que me fueran a vincular, argumentos que desestimé por cuanto existía en mi contra sólo una denuncia elevada por Ricardo Gámez Mazuera ante la Procuraduría en agosto de 1989, en la que me acusaba de haber ordenado la tortura y muerte de algunos sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia. Luego de investigar, la Procuraduría concluyó que Gámez Mazuera, quien había sido auxiliar de la Policía Nacional y desvinculado de esa institución en 1979 por el delito de deserción, no había estado en el Palacio de Justicia, ni en la Casa del Florero, ni mucho menos había participado en esa operación como miembro de la inteligencia, como él falsamente lo afirmó.

Pero Gámez Mazuera ha aseverado que usted, en la Casa del Florero, dio la orden de llevar a algunos rescatados a la Escuela de Caballería con el fin de que “los trabajaran y le dieran parte cada dos horas”.

Le repito: la Procuraduría concluyó que Gámez Mazuera, para los días 6 y 7 de noviembre de 1985, no formaba parte de ningún organismo de seguridad del Estado, luego no podía estar presente en la Casa del Florero durante la operación de recuperación. En este proceso, la fiscal Buitrago ordenó una audiencia con Gámez en Bruselas, ciudad en la que reside como refugiado. Gámez no atendió la diligencia, alegando que allí sería asesinado.

También está la declaración de un cabo  Villarreal...

En una diligencia de apertura de huecos, que tuvo lugar el primero de agosto del año pasado en la Escuela de Caballería, donde se han realizado más de mil excavaciones en procura de hallar los cuerpos de los desaparecidos, se presentó un suboficial retirado que dijo llamarse Édgar Villarreal. Me acusó de haber ordenado la tortura y muerte de algunas personas que figuran como desaparecidas. Días después, un noticiero de televisión reveló que en los archivos del Ejército no existe ningún cabo que se llame Édgar Villarreal. Hay uno que se llama Édgar Villamizar, con el mismo número de cédula del primero.

Pudo tratarse de una equivocación. ¿Villamizar (o Villarreal) estaba al mando suyo?

No. Villamizar dice que llegó a la Escuela de Caballería en un helicóptero proveniente de Villavicencio y que yo lo puse junto a un grupo de suboficiales de inteligencia a torturar gente. Yo no era de la inteligencia, no tenía mando sobre sus miembros. Dice también que en un momento dado, unos suboficiales dijeron: “Se nos murió esa vieja”. Además, se supo que él no había sido desplazado desde la capital del Meta, ni había recibido una orden en tal sentido, ni antes, durante o en los días posteriores a la toma del Palacio. La fiscal no tuvo en cuenta estas inconsistencias y, por el contrario, les dio plena validez a las declaraciones de este señor que, le repito, no existe en los archivos del Ejército.

Hace unos meses se conocieron grabaciones de unas interceptaciones hechas por un radioaficionado en las que se oye a los oficiales del Ejército impartiendo órdenes. ¿Aparece usted en alguna? 

Cada uno de los que intervinimos en la operación teníamos una clave de identificación por radio (ver recuadro de la línea de mando el día de la toma del Palacio de Justicia). Yo era ‘Azabache 6’ y en ninguna de esas interceptaciones aparezco. Mi comunicación era solamente con el general Arias Cabrales, ‘Arcano 6’, quien era la única persona que me daba órdenes y éstas se impartían a través del radio del vehículo blindado en el que yo me encontraba.

¿El general Arias dio la orden de utilizar los tanques?

No, la orden de emplear los vehículos blindados en la recuperación fue dada por el general Samudio, comandante del Ejército. Arias me dio la orden de romper la puerta principal e ingresar con cuatro vehículos al primer piso del Palacio.

Una vez que usted y sus tanques ingresaron al Palacio, ¿cuál fue el manejo que se les dio a los rehenes liberados?

La recuperación del primer piso le correspondió a la Escuela de Caballería, a mi mando; los pisos segundo y tercero estuvieron a cargo de la Escuela de Artillería al mando del coronel Rafael Hernández y del mayor Carlos Alberto Fracica y la operación helicoportada del cuarto piso corrió por cuenta de la Policía. Los rescatados eran inmediatamente conducidos a la Casa del Florero, que estaba a cargo de la inteligencia de la Brigada XIII, del coronel Edilberto Sánchez Rubiano. Dentro del Palacio la prioridad era rescatar a las personas. Una vez afuera, el coronel Sánchez tenía la misión de identificar al personal liberado.

Hace un par de semanas, en El Espectador, el general Iván Ramírez aseguró que no había desaparecidos en el Palacio de Justicia. ¿ Lo comparte?

Sí. No hubo desaparecidos. Lo que sí puedo decirle es que hubo un homicidio agravado.

¿Cómo así?

Del Palacio salieron dos guerrilleras vivas: Clara Elena Enciso e Irma Franco. La primera logró huir a México, volvió a Colombia y acá se encuentra. No ha sido llamada a responder por las atrocidades que cometió como integrante del comando terrorista del M-19 que se tomó el Palacio. La segunda fue asesinada, según la declaración de un testigo con reserva de identidad, que al parecer es un sargento adscrito al Coici (Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia) a cargo del entonces coronel Iván Ramírez. Irma Franco fue sacada del Palacio hacia las 10 de la mañana del 7 de noviembre y conducida, como todos los liberados, a la Casa del Florero. Allí, dicen diferentes testigos, fue remitida al segundo piso donde permaneció hasta las 8:30 de la noche. Dice el sargento que la señora Franco fue conducida a las instalaciones del Coici, ubicadas en el barrio San Cristóbal, y metida en una camioneta de color café. Allí fue interrogada, torturada y, finalmente, la mataron o se les murió. El mismo testigo aseguró que el cuerpo de la guerrillera fue enterrado en los polígonos del batallón Charry Solano. En su declaración aportó un plano hecho por él mismo, en el que señala el lugar donde fue inhumado el cadáver de Irma Franco.

Esa es una declaración muy delicada. ¿Quién impartió esa orden y quiénes participaron en ese homicidio?

Según el testigo, que luego se vino a saber es un sargento de apellidos Garzón Garzón, en ese hecho participaron el capitán Camilo Pulecio Tovar, el teniente Germán Medina Lobo y los sargentos Gustavo Serrato y Gustavo Arévalo. Estos oficiales y suboficiales recibieron una felicitación en sus respectivas hojas de vida el día 8 de noviembre de 1985, “por el éxito alcanzado en una operación especial”.

¿Quién firmó esas felicitaciones?

El entonces comandante del Coici, coronel Iván Ramírez.

Se habla de cadáveres enterrados en una fosa común después de los hechos.

Dado que había varios cadáveres sin identificar y que nadie los reclamaba, se dispuso que fueran enterrados en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá. Casi todos eran cuerpos calcinados hallados en el cuarto piso, lugar al que fueron dirigidos los empleados de la cafetería del Palacio apenas el M-19 ingresó a las instalaciones, tal y como lo afirmó el Tribunal Especial de Instrucción. En la fosa fue ubicada una placa que decía: “En homenaje a los desaparecidos en el Palacio de Justicia”. Los cuerpos permanecieron allí hasta el 16 de abril de 1998, cuando fueron exhumados.

¿Con qué objeto se realizó esa exhumación?

Para tratar de identificar a algunos desaparecidos. Para esa labor se presentaron unos voluntarios, entre ellos el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, director del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional. A él, posteriormente, le fueron entregados 71 cadáveres a los que les practicó un examen craneométrico y no pruebas de ADN. Ese examen sólo sirve para determinar la edad, el sexo y la estatura del cadáver.

¿Cuántos cadáveres fueron identificados y entregados a sus familiares?

En este episodio hay unos hechos muy graves e irregulares. En un sobre de manila encontrado por la Fiscalía en una inspección judicial aparecen los cadáveres que fueron sometidos a craneometría, con anotaciones que indican muchas más cosas de las que puede determinar ese examen. Le cito algunos ejemplos: “Carlos Eliécer Benavides Martinelli, 1942, Panamá, herido en el brazo izquierdo, cicatriz por accidente aéreo en la cabeza”, “Ángela María Murillo, 23 años, primer piso y el baño, tolimense, estudios en Cuba, regresó al Chocó”; “William Almonacid Rodríguez, 1,70 a 1,75 m de estatura, delgado, crespo, blanco, cara alargada, nariz recta, herido a la altura al ingresar, alias Orlando”. Interesante esa prueba científica que logra determinar la nacionalidad, el alias y el lugar donde cayó el occiso, ¿no le parece?

¿Quién hizo esas anotaciones?

El doctor Rodríguez, quien en diligencia judicial dice que esa información la obtuvo de Martha Ospina, asesora del entonces senador Antonio Navarro Wolf. Asegura también que la doctora Ospina se presentó varias veces en su despacho mostrando mucho interés en “retornar los restos de los compañeros del M-19 caídos en la acción del Palacio de Justicia al seno de sus familias”.

¿Qué sucedió con los cadáveres identificados?

Según Rodríguez, de los 15 cadáveres a los que se les practicó la craneometría, en cinco hubo coincidencias con las descripciones allegadas: Elkin de Jesús Quiceno, Carlos Eliécer Benavides, Ángela Murillo, Ariel Sánchez y Fernando Rodríguez. Quedaron diez sin coincidir; ahí están los desaparecidos que me imputan a mí. Una vez realizada la identificación, Rodríguez Cuenca asegura que la asesora de Navarro se presentaba con los familiares y él procedía a entregarlos.

¿Qué sucedió con los restos de las personas no identificadas?

No lo sé. Seguramente los desaparecieron.

¿Cree usted que el narcotráfico tiene algo que ver en el proceso judicial que enfrenta?

No me cabe la menor duda de que en este proceso hay una mezcla de los ex miembros del M-19 a quienes combatí mientras estuve en el Ejército y del narcotráfico, al que perseguí durante el tiempo que me desempeñé como director de Estupefacientes.

Los militares, a juicio por la toma

Aunque han pasado 23 años desde que un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, las incógnitas aún sin despejar sobre lo ocurrido ensombrecen la legitimidad de las acciones del Ejército durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Once personas continúan en calidad de desaparecidos: la guerrillera del M-19 Irma Franco y diez civiles. El coronel (r) Plazas Vega fue detenido el 16 de julio de 2007 y en su casa fueron encontrados videos que demostraban que personas como Cristina del Pilar Guarín y Carlos Augusto Rodríguez salieron con vida del Palacio.

 Pero Plazas Vega no es el único militar hoy enredado por la toma. El coronel (r) Edilberto Sánchez, a cargo de la inteligencia de la Brigada XIII durante los hechos, fue llamado a juicio (al igual que Plazas Vega) el pasado 12 de febrero. Según los hechos que ha reconstruido la Fiscalía, miembros del B-2 (que comandaba Sánchez) fueron responsables de identificar a quienes salieron con vida del edificio. Ahora, la Fiscalía pretende probar que Sánchez y cuatro de sus hombres tuvieron responsabilidad en la desaparición forzada de cinco personas. En cuanto a los generales (r) Rafael Samudio y Jesús A. Arias Cabrales no ha habido avance alguno.

El caso del general (r) Ramírez Q.

El pasado 13 de febrero el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien dirigía el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici) cuando sucedió la toma del Palacio, fue llamado por la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema para rendir indagatoria por los desaparecidos. El militar se presentó sin abogado y la diligencia tuvo que ser aplazada. ¿Por qué llegó sin representante legal? “El motivo quedó entre la fiscal y yo”, fue la respuesta del general retirado en entrevista con El Espectador.

Ramírez fue citado nuevamente para el 25 de marzo. Llegó con el mismo abogado del coronel (r) Edilberto Sánchez, lo que no es permitido. Una vez más, la indagatoria del militar fue aplazada. “Está llevando a cabo maniobras truculentas para evadir la justicia”, aseveró René Guarín (hermano de Cristina del Pilar Guarín), quien representa a los familiares de los desaparecidos.

 Ramírez Quintero también le aseguró a El Espectador que no tuvo nada que ver con la retoma del Palacio de Justicia. “Yo no conozco la Casa del Florero. Ni siquiera como turista”. Pero ahora el coronel (r) Plazas Vega asegura que hombres del Coici son los responsables de la desaparición de la guerrillera Irma Franco. Aún no se sabe qué dirá Ramírez al respecto en su tercer intento de indagatoria este mes.

Recluido en la Escuela de Infantería del Ejército, justo al frente del batallón desde el que salieron los tanques cascabel a primeras horas de la tarde del 6 de noviembre de 1985 a su mando, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega habló con El Espectador para narrar algunos episodios que nunca antes  había mencionado sobre la toma del Palacio de Justicia.

Han pasado casi nueve meses desde su captura y hasta el momento persisten interrogantes sobre su proceso.

Inicialmente fue vinculado el coronel Edilberto Sánchez Rubiano. Yo fui llamado a declaraciones en el 2006. Desde el comienzo del proceso pude evidenciar el desconocimiento total por parte de la Fiscalía en materia castrense. Mis abogados me advirtieron del riesgo que existía de que me fueran a vincular, argumentos que desestimé por cuanto existía en mi contra sólo una denuncia elevada por Ricardo Gámez Mazuera ante la Procuraduría en agosto de 1989, en la que me acusaba de haber ordenado la tortura y muerte de algunos sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia. Luego de investigar, la Procuraduría concluyó que Gámez Mazuera, quien había sido auxiliar de la Policía Nacional y desvinculado de esa institución en 1979 por el delito de deserción, no había estado en el Palacio de Justicia, ni en la Casa del Florero, ni mucho menos había participado en esa operación como miembro de la inteligencia, como él falsamente lo afirmó.

Pero Gámez Mazuera ha aseverado que usted, en la Casa del Florero, dio la orden de llevar a algunos rescatados a la Escuela de Caballería con el fin de que “los trabajaran y le dieran parte cada dos horas”.

Le repito: la Procuraduría concluyó que Gámez Mazuera, para los días 6 y 7 de noviembre de 1985, no formaba parte de ningún organismo de seguridad del Estado, luego no podía estar presente en la Casa del Florero durante la operación de recuperación. En este proceso, la fiscal Buitrago ordenó una audiencia con Gámez en Bruselas, ciudad en la que reside como refugiado. Gámez no atendió la diligencia, alegando que allí sería asesinado.

También está la declaración de un cabo  Villarreal...

En una diligencia de apertura de huecos, que tuvo lugar el primero de agosto del año pasado en la Escuela de Caballería, donde se han realizado más de mil excavaciones en procura de hallar los cuerpos de los desaparecidos, se presentó un suboficial retirado que dijo llamarse Édgar Villarreal. Me acusó de haber ordenado la tortura y muerte de algunas personas que figuran como desaparecidas. Días después, un noticiero de televisión reveló que en los archivos del Ejército no existe ningún cabo que se llame Édgar Villarreal. Hay uno que se llama Édgar Villamizar, con el mismo número de cédula del primero.

Pudo tratarse de una equivocación. ¿Villamizar (o Villarreal) estaba al mando suyo?

No. Villamizar dice que llegó a la Escuela de Caballería en un helicóptero proveniente de Villavicencio y que yo lo puse junto a un grupo de suboficiales de inteligencia a torturar gente. Yo no era de la inteligencia, no tenía mando sobre sus miembros. Dice también que en un momento dado, unos suboficiales dijeron: “Se nos murió esa vieja”. Además, se supo que él no había sido desplazado desde la capital del Meta, ni había recibido una orden en tal sentido, ni antes, durante o en los días posteriores a la toma del Palacio. La fiscal no tuvo en cuenta estas inconsistencias y, por el contrario, les dio plena validez a las declaraciones de este señor que, le repito, no existe en los archivos del Ejército.

Hace unos meses se conocieron grabaciones de unas interceptaciones hechas por un radioaficionado en las que se oye a los oficiales del Ejército impartiendo órdenes. ¿Aparece usted en alguna? 

Cada uno de los que intervinimos en la operación teníamos una clave de identificación por radio (ver recuadro de la línea de mando el día de la toma del Palacio de Justicia). Yo era ‘Azabache 6’ y en ninguna de esas interceptaciones aparezco. Mi comunicación era solamente con el general Arias Cabrales, ‘Arcano 6’, quien era la única persona que me daba órdenes y éstas se impartían a través del radio del vehículo blindado en el que yo me encontraba.

¿El general Arias dio la orden de utilizar los tanques?

No, la orden de emplear los vehículos blindados en la recuperación fue dada por el general Samudio, comandante del Ejército. Arias me dio la orden de romper la puerta principal e ingresar con cuatro vehículos al primer piso del Palacio.

Una vez que usted y sus tanques ingresaron al Palacio, ¿cuál fue el manejo que se les dio a los rehenes liberados?

La recuperación del primer piso le correspondió a la Escuela de Caballería, a mi mando; los pisos segundo y tercero estuvieron a cargo de la Escuela de Artillería al mando del coronel Rafael Hernández y del mayor Carlos Alberto Fracica y la operación helicoportada del cuarto piso corrió por cuenta de la Policía. Los rescatados eran inmediatamente conducidos a la Casa del Florero, que estaba a cargo de la inteligencia de la Brigada XIII, del coronel Edilberto Sánchez Rubiano. Dentro del Palacio la prioridad era rescatar a las personas. Una vez afuera, el coronel Sánchez tenía la misión de identificar al personal liberado.

Hace un par de semanas, en El Espectador, el general Iván Ramírez aseguró que no había desaparecidos en el Palacio de Justicia. ¿ Lo comparte?

Sí. No hubo desaparecidos. Lo que sí puedo decirle es que hubo un homicidio agravado.

¿Cómo así?

Del Palacio salieron dos guerrilleras vivas: Clara Elena Enciso e Irma Franco. La primera logró huir a México, volvió a Colombia y acá se encuentra. No ha sido llamada a responder por las atrocidades que cometió como integrante del comando terrorista del M-19 que se tomó el Palacio. La segunda fue asesinada, según la declaración de un testigo con reserva de identidad, que al parecer es un sargento adscrito al Coici (Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia) a cargo del entonces coronel Iván Ramírez. Irma Franco fue sacada del Palacio hacia las 10 de la mañana del 7 de noviembre y conducida, como todos los liberados, a la Casa del Florero. Allí, dicen diferentes testigos, fue remitida al segundo piso donde permaneció hasta las 8:30 de la noche. Dice el sargento que la señora Franco fue conducida a las instalaciones del Coici, ubicadas en el barrio San Cristóbal, y metida en una camioneta de color café. Allí fue interrogada, torturada y, finalmente, la mataron o se les murió. El mismo testigo aseguró que el cuerpo de la guerrillera fue enterrado en los polígonos del batallón Charry Solano. En su declaración aportó un plano hecho por él mismo, en el que señala el lugar donde fue inhumado el cadáver de Irma Franco.

Esa es una declaración muy delicada. ¿Quién impartió esa orden y quiénes participaron en ese homicidio?

Según el testigo, que luego se vino a saber es un sargento de apellidos Garzón Garzón, en ese hecho participaron el capitán Camilo Pulecio Tovar, el teniente Germán Medina Lobo y los sargentos Gustavo Serrato y Gustavo Arévalo. Estos oficiales y suboficiales recibieron una felicitación en sus respectivas hojas de vida el día 8 de noviembre de 1985, “por el éxito alcanzado en una operación especial”.

¿Quién firmó esas felicitaciones?

El entonces comandante del Coici, coronel Iván Ramírez.

Se habla de cadáveres enterrados en una fosa común después de los hechos.

Dado que había varios cadáveres sin identificar y que nadie los reclamaba, se dispuso que fueran enterrados en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá. Casi todos eran cuerpos calcinados hallados en el cuarto piso, lugar al que fueron dirigidos los empleados de la cafetería del Palacio apenas el M-19 ingresó a las instalaciones, tal y como lo afirmó el Tribunal Especial de Instrucción. En la fosa fue ubicada una placa que decía: “En homenaje a los desaparecidos en el Palacio de Justicia”. Los cuerpos permanecieron allí hasta el 16 de abril de 1998, cuando fueron exhumados.

¿Con qué objeto se realizó esa exhumación?

Para tratar de identificar a algunos desaparecidos. Para esa labor se presentaron unos voluntarios, entre ellos el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, director del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional. A él, posteriormente, le fueron entregados 71 cadáveres a los que les practicó un examen craneométrico y no pruebas de ADN. Ese examen sólo sirve para determinar la edad, el sexo y la estatura del cadáver.

¿Cuántos cadáveres fueron identificados y entregados a sus familiares?

En este episodio hay unos hechos muy graves e irregulares. En un sobre de manila encontrado por la Fiscalía en una inspección judicial aparecen los cadáveres que fueron sometidos a craneometría, con anotaciones que indican muchas más cosas de las que puede determinar ese examen. Le cito algunos ejemplos: “Carlos Eliécer Benavides Martinelli, 1942, Panamá, herido en el brazo izquierdo, cicatriz por accidente aéreo en la cabeza”, “Ángela María Murillo, 23 años, primer piso y el baño, tolimense, estudios en Cuba, regresó al Chocó”; “William Almonacid Rodríguez, 1,70 a 1,75 m de estatura, delgado, crespo, blanco, cara alargada, nariz recta, herido a la altura al ingresar, alias Orlando”. Interesante esa prueba científica que logra determinar la nacionalidad, el alias y el lugar donde cayó el occiso, ¿no le parece?

¿Quién hizo esas anotaciones?

El doctor Rodríguez, quien en diligencia judicial dice que esa información la obtuvo de Martha Ospina, asesora del entonces senador Antonio Navarro Wolf. Asegura también que la doctora Ospina se presentó varias veces en su despacho mostrando mucho interés en “retornar los restos de los compañeros del M-19 caídos en la acción del Palacio de Justicia al seno de sus familias”.

¿Qué sucedió con los cadáveres identificados?

Según Rodríguez, de los 15 cadáveres a los que se les practicó la craneometría, en cinco hubo coincidencias con las descripciones allegadas: Elkin de Jesús Quiceno, Carlos Eliécer Benavides, Ángela Murillo, Ariel Sánchez y Fernando Rodríguez. Quedaron diez sin coincidir; ahí están los desaparecidos que me imputan a mí. Una vez realizada la identificación, Rodríguez Cuenca asegura que la asesora de Navarro se presentaba con los familiares y él procedía a entregarlos.

¿Qué sucedió con los restos de las personas no identificadas?

No lo sé. Seguramente los desaparecieron.

¿Cree usted que el narcotráfico tiene algo que ver en el proceso judicial que enfrenta?

No me cabe la menor duda de que en este proceso hay una mezcla de los ex miembros del M-19 a quienes combatí mientras estuve en el Ejército y del narcotráfico, al que perseguí durante el tiempo que me desempeñé como director de Estupefacientes.

Los militares, a juicio por la toma

Aunque han pasado 23 años desde que un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, las incógnitas aún sin despejar sobre lo ocurrido ensombrecen la legitimidad de las acciones del Ejército durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Once personas continúan en calidad de desaparecidos: la guerrillera del M-19 Irma Franco y diez civiles. El coronel (r) Plazas Vega fue detenido el 16 de julio de 2007 y en su casa fueron encontrados videos que demostraban que personas como Cristina del Pilar Guarín y Carlos Augusto Rodríguez salieron con vida del Palacio.

 Pero Plazas Vega no es el único militar hoy enredado por la toma. El coronel (r) Edilberto Sánchez, a cargo de la inteligencia de la Brigada XIII durante los hechos, fue llamado a juicio (al igual que Plazas Vega) el pasado 12 de febrero. Según los hechos que ha reconstruido la Fiscalía, miembros del B-2 (que comandaba Sánchez) fueron responsables de identificar a quienes salieron con vida del edificio. Ahora, la Fiscalía pretende probar que Sánchez y cuatro de sus hombres tuvieron responsabilidad en la desaparición forzada de cinco personas. En cuanto a los generales (r) Rafael Samudio y Jesús A. Arias Cabrales no ha habido avance alguno.

El caso del general (r) Ramírez Q.

El pasado 13 de febrero el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien dirigía el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici) cuando sucedió la toma del Palacio, fue llamado por la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema para rendir indagatoria por los desaparecidos. El militar se presentó sin abogado y la diligencia tuvo que ser aplazada. ¿Por qué llegó sin representante legal? “El motivo quedó entre la fiscal y yo”, fue la respuesta del general retirado en entrevista con El Espectador.

Ramírez fue citado nuevamente para el 25 de marzo. Llegó con el mismo abogado del coronel (r) Edilberto Sánchez, lo que no es permitido. Una vez más, la indagatoria del militar fue aplazada. “Está llevando a cabo maniobras truculentas para evadir la justicia”, aseveró René Guarín (hermano de Cristina del Pilar Guarín), quien representa a los familiares de los desaparecidos.

 Ramírez Quintero también le aseguró a El Espectador que no tuvo nada que ver con la retoma del Palacio de Justicia. “Yo no conozco la Casa del Florero. Ni siquiera como turista”. Pero ahora el coronel (r) Plazas Vega asegura que hombres del Coici son los responsables de la desaparición de la guerrillera Irma Franco. Aún no se sabe qué dirá Ramírez al respecto en su tercer intento de indagatoria este mes.