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Jaime Granados, apoderado del senador Álvaro Uribe Vélez le salió al paso a las declaraciones hechas por la Fiscalía y la procuraduría durante la audiencia de esta mañana en contra de los abogados Diego Cadena (quien trabajaba para Uribe) y Juan José Salazar (socio de Cadena). Ambos están bajo investigación por una presunta compra de testigos que beneficiaría al senador Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, corporación que lo investiga por supuestos nexos con paramilitares. Según Granados, genera preocupación que la Fiscalía y el Ministerio Público le hayan presentado al juez “hechos no sucedidos, omitiendo y tergiversando otros que sí ocurrieron”.
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De acuerdo con el abogado, “en mi condición de defensor principal del Presidente Álvaro Uribe Vélez, me veo en la obligación de aclarar varias manifestaciones contrarias a la verdad que se han hecho en dicha diligencia por la representación de la Fiscalía y del Ministerio Público”. Entre los once reparos que Granado les hizo a estas instituciones, afirma que hay imprecisiones y material probatorio que no fue incluido en el expediente de la investigación en contra de Diego Cadena.
La mayoría de desaciertos en los que, según Granados, cayó la Fiscalía, tienen que ver con las pruebas que relacionan a Diego Cadena con los supuestos sobornos al exparamilitar Carlos Eduardo Vélez para que testificara supuestamente en la Corte Suprema a favor del senador Uribe. De acuerdo con Granados, es un error de la Fiscalía considerar como una versión “montada” por Cadena, una carta que el 18 de julio de 2017 firmada por Vélez en la que no se vincula al senador Uribe en la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según lo manifiesta Granados, en la misiva no tuvo ninguna injerencia el abogado Cadena, “pues con sus propias palabras y bajo la gravedad del juramento, (Vélez) había dicho exactamente lo mismo desde diciembre de 2016 (...) Además, recalcó que el propio Carlos Enrique Vélez ha dicho que lo vino a conocer (a Cadena) sólo hasta el día 18 de julio de 2017”. Por otro lado, señaló que la procuradora delegada no conoce a profundidad el caso y le reprochó estar “faltando a la verdad”.
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Granados se refiere a los señalamientos de la Procuraduría acerca de que ambos abogados, Granados y Cadena, habrían enviado el 3 de julio a la Corte Suprema otra carta a nombre del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, argumento que ambas entidades usaron en contra de Cadena. Según Granados, la misiva “fue remitida directamente por el señor Carlos Enrique Vélez como él mismo lo ha reconocido”. Como sorprendente tildó Granados los reproches hechos por la Fiscalía y el Ministerio Público a Cadena y a Salazar por cartas enviadas a la Corte Suprema con la firma de Vélez y el también condenado, Juan Guillermo Monsalve.
Además, aseguró que los hechos no sucedieron de la manera en que ambas entidades se lo expusieron al juez. De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, Diego Cadena y su socio, Juan José Salazar, habrían visitado a Monsalve para prestarle asesoría jurídica a cambio de rectificar su testimonio en contra del senador Uribe ante la Corte Suprema de Justicia. Además, en la diligencia, los abogados le habían pedido al exparamilitar algo más: declarar que el senador Iván Cepeda le había ofrecido prebendas a cambio de inculpar a Uribe.
En este sentido, Granados, a quien el propio senador Iván Cepeda ha acusado de realizar visitas a la cárcel La Picota, indicó: “Nunca presenté carta o retractación alguna suscrita por dicho testigo como, contrario a la realidad, lo dieron a entender en su intervención la Fiscalía y el Ministerio Público”. Además, señaló que fue el propio Monsalve quien, el 2 de abril de 2018, envió a la Corte Suprema la carta por medio de su esposa.
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Granados aclaró que envió dos cartas del exparamilitar Carlos Enrique Vélez el 15 de agosto de 2017 y 23 de Febrero de 2018 para que se anexara en el proceso que la Corte abrió contra del senador Iván Cepeda. Sin embargo, precisó que nunca se compilaron en la investigación por la fabricación de falsos testigos en contra del senador Uribe “como equivocadamente lo señalaron la Fiscalía y el Ministerio Público, pues para esas fechas dicho proceso o no existía o aún no era de mi conocimiento”.
Granados indicó que, tanto su apoderado (el expresidente Álvaro Uribe) como él son respetuosos de las investigaciones de la Fiscalía y la procuraduría. No obstante, “no podemos guardar silencio cuando se están haciendo afirmaciones que no corresponden a la verdad, más cuando ello puede tener alguna incidencia en la percepción pública sobre la conducta que, con absoluta transparencia, desplegó, en estos hechos, el senador Álvaro Uribe Vélez”.