Los 24 condenados por la Corte Suprema que serían beneficiados por fallo de Andrés Felipe Arias

La Corte Constitucional ordenó que se le dé la posibilidad al exministro Andrés Felipe Arias de que otro juez revise su condena. Otras 24 personas condenadas desde enero de 2014 en única instancia tendrían el mismo derecho. Aquí le contamos quiénes son y qué hicieron.

Redacción Judicial
23 de mayo de 2020 - 07:11 p. m.
De izquierda a derecha: el exfiscal Guillermo Valencia Cossio, el general (r) Maza Márquez, el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado.  / Archivo El Espectador
De izquierda a derecha: el exfiscal Guillermo Valencia Cossio, el general (r) Maza Márquez, el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. / Archivo El Espectador
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En una histórica decisión, la Corte Constitucional amparó el derecho del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, a que su condena por el escándalo de Agro Ingreso Seguro sea revisada. Para sustentar el fallo, el alto tribunal utilizó un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 30 de enero de 2014, ordenó garantizarle la doble conformidad a un exministro de Suriname. Por esa ventana que abrieron los nueve magistrados colombianos para el caso Arias, cabrían otras 24 personas.

(Lea también: El fallo de la Corte IDH que le dio línea a la Corte Constitucional para el caso de Andrés F. Arias)

La tarea de revisar quiénes son la hizo desde mayo del año pasado la Corporación Excelencia en la Justicia, que le pidió a la Corte Suprema los nombres y fechas de todos los aforados (ministros, embajadores, y otros altos funcionarios) que fueron condenados por ese tribunal entre 1991 y 2018. El límite en la fecha es porque desde hace dos años la Corte cambió las reglas e implementó un esquema de doble instancia. Aunque en ese lapso de 27 años fueron condenadas 232 personas, la Corte Constitucional precisó que el derecho que le garantizó a Arias solo podrán exigirlo quienes fueron condenados después de enero de 2014 y que todavía estén privados de la libertad.

Estos serían los potenciales beneficiados:

Pedro Nelson Pardo Rodríguez

El excongresista del Guianía se sometió a sentencia anticipada en 2014 por el escándalo de la “Farcpolítica”. La Corte Suprema remitió su proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el año pasado, pero hasta ahora no ha recibido respuesta de esa justicia, a pesar de haber interpuesto una tutela.

William Pérez Espinel

El exgobernador de Casanare (2001-2003) tiene cuatro condenas encima que le ha impuesto la Corte Suprema. Una, en 2009, a 15 años de prisión por peculado. Otra, en 2014, de 8 años y 4 meses por concusión e interés indebido en celebración de contratos, otra más de 4 años y 8 meses por enriquecimiento ilícito en 2016. Y una última de 7 años y 5 meses. Según las reglas de la sentencia de Arias, solo podría impugnar la de 2014 y la de 2016.

(Lea también: Los alcances de la sentencia a favor de Andrés Felipe Arias)

Efrén Antonio Hernández Díaz

El exrepresentante a la Cámara por Casanare fue condenado en octubre de 2014 a 72 meses de prisión por parapolítica. Declaraciones de Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, capturado en Venezuela, demostraron los vínculos del excongresista con las Autodefensas.

Néstor Iván Moreno Rojas

El senador y hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue condenado a 14 años de prisión en octubre de 2014 por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Según la sentencia, Moreno Rojas solicitó coimas a un grupo de empresarios con el fin de asegurarles negocios con la Alcaldía de Bogotá en 2009. Tiene otro proceso pendiente por un contrato de ambulancias que lo mantiene en la cárcel.

María del Pilar Hurtado

La exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), condenada por el escándalo de “chuzadas” a periodistas y miembros de la oposición, fue condenada en abril de 2015 a 14 años de prisión. Como Andrés Felipe Arias, se encuentra recluida en la Escuela de Caballería del Ejército al norte de Bogotá.

Bernardo Moreno

También en abril de 2015 fue condenado a ocho años de prisión el exsecretario general de Presidencia por el escándalo de las “chuzadas” del DAS. La Corte Suprema determinó que Moreno conocía y tenía acceso de primera mano a la información privilegiada recolectada por los agentes el organismo de seguridad para crear una campaña de desprestigio en contra de un grupo de personas con ideas no afines al presidente Uribe.

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Guillermo León Valencia Cossio

El exdirector de fiscalías de Medellín fue hallado culpable de ocultar información del confeso narcotraficante Juan Carlos Abadía, alias Chupeta. Según la Corte, Valencia modificó los organigramas de organizaciones delincuenciales en las que Abadía aparecía involucrado y desestimó información acerca de testaferros del narcotraficante. Por estos hechos, fue condenado en 2015 a 5 años y 7 meses de prisión.

Miguel Alfonso de la Espriella

En mayo de 2015, la Corte condenó por segunda vez a uno de los ventiladores de la Parapolítica. Se trata del senador cordobés Miguel Alfonso de la Espriella, quien además de una sentencia por vínculos con las Auc, recibió ese año una segunda condena a cinco años de casa por cárcel por el delito de constreñimiento al elector. Paramilitares confesaron que presionaron a habitantes del departamento para que votaran por él en las elecciones al Congreso.

Julio Ibargüen Mosquera

El exgobernador de Chocó fue sentenciado a 90 meses de prisión por vínculos con los paramilitares. La Corte lo encontró culpable de haber firmado un pacto de colaboración con el comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán y lo sentenció por el delito de concierto para delinquir agravado en septiembre de 2015.

Alonso de Jesús Ramírez Torres

En febrero de 2016, la Corte condenó a siete años de prisión al excongresista del Caribe, tras confirmar que recibió apoyo de grupos paramilitares para llegar al Concejo de Santa Marta en el período entre 2001 y 2003.

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Luis Fernando Almario Rojas

En marzo de 2016, la Corte condenó a 10 años de prisión al excongresista de Caquetá por vínculos con el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.  “Quedó demostrada la asociación para delinquir en la cual incurrió el dirigente político en la promoción de las autodefensas, que se dio de las contraprestaciones pactadas en sus reuniones con integrantes de las mismas y que se tradujeron en la alianza delictiva”, sostuvo el alto tribunal en su sentencia.

José Vicente Lozano Fernández

En abril de 2016, la Corte condenó a nueve años de prisión al exgobernador de Arauca por entregarle contratos a la guerrilla del ELN en 1997. Lozano Fernández incurrió en el delito de interés indebido en la celebración de contratos tras acatar directrices de la guerrilla para adjudicar tres millonarios convenios de obra pública.

Hernando Deluque Freyle

En mayo de 2016, la Corte condenó a nueve años de prisión al exgobernador de La Guajira. Fue hallado responsable de las irregularidades que se presentaron en la celebración de contratos para las obras de mantenimiento y rehabilitación de las vías en La Guajira, así como las fallas en el convenio para la construcción de la cubierta de la primera y segunda etapa del Colegio Sagrada Familia de Riohacha. A pesar de esta sentencia, sigue siendo uno de los caciques electorales del departamento.

Norman Guillermo Espinosa

El exgobernador de Córdoba fue condenado en octubre de 2016 por delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo. La sentencia en su contra dice que “suscribió 45 órdenes contractuales, para la construcción de 307 letrinas en diferentes municipios y veredas de ese departamento sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales” y por eso le dieron cinco años de cárcel.

(En contexto: Caso Arias: escenarios y efectos de un histórico debate judicial)

General (r) Miguel Alfredo Maza Márquez

En noviembre de 2016, el exdirector del DAS fue condenado a 30 años de prisión por su rol en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Aunque pidió pista en la JEP, hace casi dos años, todavía no ha recibido luz verde, aunque, como contó El Espectador, podría entrar a responder por un crimen totalmente diferente: los asesinatos selectivos de miembros de la Unión Patriótica.

Pedro Mary Muvdi Aranguena

En mayo de 2017, la Corte condenó a 13 años de prisión al exsenador liberal del Cesar por sus vínculos con paramilitares. Según el alto tribunal, “hizo parte de la alianza paramilitar, constituyendo una trascendente pieza en el proyecto económico y político del Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, un grupo armado ilegal integrado al Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40". Muvdi pidió pista en la JEP, pero a la fecha esa justicia especial no le ha respondido.

Jorge Aurelio Noguera Cotes

En septiembre de 2017, el exdirector del DAS fue condenado por la Corte Suprema, que lo halló responsable de realizar “chuzadas” y seguimientos entre 2002 y 2005 en un grupo llamado G-3. Entre las víctimas estaban, por ejemplo, la periodista Claudia Julieta Duque y el excongresista Alirio Uribe. El exfuncionario del Gobierno Uribe fue sentenciado a pagar siete años y diez meses de prisión por el crimen.

Rodrigo Aldana Larrazabal

El exfiscal fue condenado a nueve años y un mes de prisión en septiembre de 2017, luego de admitir que recibió un soborno del exsenador Otto Bula, para archivarle un proceso de extinción de dominio que se le había iniciado a su apartamento en el edificio Pentagrama de Bogotá, avaluado en $235 millones.

Manuel Antonio Carebilla Cuéllar

En noviembre de 2017, la Corte Suprema condenó a más de 14 años de cárcel al excongresista y entonces gobernador del Amazonas por hechos de corrupción mientras estuvo en el Capitolio, entre 2006 y 2014. “La Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) fue convertida por Manuel Antonio Carebilla Cuéllar en una fuente de lucro para él, así como en beneficio de servidores públicos que adquirieron una mesada pensional, al punto que, una vez posesionado, ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante, recibían emolumentos de los que se beneficiaron”, dice la sentencia en su contra.

(Lea también: Lo que contó Camilo Ruiz, exmagistrado auxiliar de la Corte, sobre el cartel de la toga)

Julio Enrique Acosta Bernal

El exgobernador de Arauca, que está indiciado en una serie de asesinatos selectivos y otros crímenes, fue condenado en noviembre de 2017 por hechos de corrupción en la construcción del parque Los Libertadores, en el municipio de Tame. La Corte le impuso una pena de 80 meses en prisión y, aunque él ya pidió pista en la JEP y anunció que está dispuesto a contar su verdad de la injerencia de los grupos armados en la región por medio de contratos, la justicia especial todavía no contesta su solicitud.

Whitman Herney Porras Pérez

El exgobernador de Casanare tiene dos condenas impuestas por la Corte Suprema que podría impugnar, pues ambas le llegaron en 2018 en única instancia. La más fuerte le llegó en marzo, cuando lo condenaron a 18 años de cárcel por un enorme desfalco de regalías petroleras del departamento de Casanare.

Fernando Castañeda Cantillo

El exmagistrado del Tribunal de Cúcuta fue condenado en febrero de 2018 por un saqueo a Ecopetrol. Según la investigación, a través de tutelas y otros recursos judiciales, se unió a un par de abogados para reclamar beneficios a la petrolera. La Corte Suprema lo sentenció a 21 años y 9 meses de prisión, tras encontrarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

José Alberto Pérez Restrepo

El exgobernador del Guaviare fue condenado por la Corte Suprema en marzo de 2018, ad portas de que se creara la doble instancia. El exmandatario fue encontrado responsable del delito de concierto para delinquir por sus vínculos con grupos paramilitares. Sin embargo, la Sala dividió a la Sala Penal, pues fue una inaplicación del Acto Legislativo que creó la Sala de Primera Instancia. De hecho, los magistrados Eyder Patiño y Eugenio Fernández salvaron su voto porque no estuvieron de acuerdo con la condena.

(Le puede interesar: Cartel de la toga: lo que le dijo el exfiscal Alfredo Bettín a la justicia)

Alejandro Lyons Muskus

El exgobernador de Córdoba, cuyos múltiples líos con la justicia, dieron pie para revelar el escándalo del cartel de la toga, fue condenado en abril de 2018 a 5 años y tres meses de prisión por el descalabro a las finanzas de su departamento. La Corte Suprema avaló el preacuerdo que el mandatario regional había firmado para colaborar con la justicia colombiana, sin embargo, a la fecha Lyons sigue en Estados Unidos donde al parecer continúa colaborando con las autoridades. Ahora bien, con esta decisión que generó un gran debate en la Sala Penal, Lyons se convirtió en la última persona en ser condenada en única instancia por la Corte.

En la lista de los condenados también aparecen personajes como el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, el exsecretario de Presidencia de Uribe, Alberto Velásquez, y el exministro de Protección Social Diego Palacio, condenados por la Yidispolítica; los excongresistas Alexander Ariza Puentes, Guillermo Gaviria Zapata, condenados por parapolítica, y el excónsul de Colombia en Brasil, Marco Antonio Caicedo Avendaño. Sin embargo, todos ellos ya están en libertad. Asimismo el exgobernador del Vichada, Álvaro Londoño Aristizabal, falleció en abril de este año.

Por otro lado, están el exsenador Bernardo Ñoño Elías, condenado por el caso Odebrecht; el exsenador Martín Emilio Morales, condenado por sus vínculos con paramilitares, bandas criminales y narcotráfico; el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. Todos fueron sentenciados justo cuando en la Corte Suprema estaba comenzando a funcionar el mecanismo que creó la doble instancia para los altos funcionarios y, por una tutela de Morales que llegó hasta la Corte Constitucional, el debate se esclareció: sí tienen derecho a impugnar su condena.

Por Redacción Judicial

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