Los 5 grandes crímenes que ordenó la casa Castaño

Casi tres semanas antes de su asesinato, Eduardo Umaña Mendoza denunció ante el CTI por segunda vez que gente de la propia Fiscalía, en alianza con militares de inteligencia y altos funcionarios de Ecopetrol, orquestaba su muerte. Durante dos décadas las amenazas y hasta los intentos de desaparecerlo se habían convertido para él, en sus propias palabras, en “un lugar común, sin dejar de ser trágico e incómodo”. Para esa época, Umaña, abogado de varios sindicalistas de la USO, tenía una cosa clara: la justicia sin rostro, conjuro del Estado colombiano para procesar narcotraficantes en los difíciles años 90, se había convertido en una medusa que exponía a cualquier colombiano a ser condenado sin más pruebas que un informe de inteligencia militar o un testigo falso.

Este lunes 18 de abril, la familia del reconocido defensor de derechos humanos conmemorará el aniversario número 18 de su ausencia marcada por una justicia ciega: el expediente tiene más de 3.000 páginas y, sin embargo, ese que se rotuló como el caso 346 de la Unidad de Derechos Humanos -hoy es el 613B- ni siquiera ha pasado de ser una investigación preliminar. La identidad de los responsables continúa “en averiguación”. Son, además, 18 años de absurdos, como aquel anónimo que recibió el padre de Umaña, el reputado académico Eduardo Umaña Luna, nueve días después del homicidio: en un mensaje firmado por “Autodefensas las Convivir” le daban un sentido pésame y le pedían que colaborara “con algo”, un algo de $500 millones, a cambio de información.

Desde el año pasado, las declaraciones que le entregó a la Fiscalía el exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, evidenciaron más que nunca que el asesinato de Eduardo Umaña está enlazado con otros igual de relevantes para la historia de la violencia política de este país: el de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado (investigadores del Cinep), el del abogado Jesús María Valle y el del periodista Jaime Garzón. Fueron la muerte en secuencia: a la pareja Calderón Alvarado la asesinaron el 19 de mayo de 1997; a Valle, el 27 de febrero de 1998; a Umaña, el 18 de abril de 1998, y a Garzón, el 13 de agosto de 1999. El 9 de marzo de este año la propia Fiscalía aceptó ante las cámaras de Caracol Noticias que el de Jaime Garzón era un crimen de Estado.

Esa admisión, que vino del propio director de Fiscalías Especializadas, Iván Lombana, llevó a un siguiente paso: tratar de conectar puntos. Por esa razón desde hace un par de semanas, conoció El Espectador, un analista fue designado para revisar los expedientes de Umaña, de Valle y de la pareja Calderón Alvarado, con el propósito de establecer semejanzas con el caso de Jaime Garzón. Esa inspección, espera la Fiscalía, llevará a un informe en unos dos meses, que será cruzado con uno que prepara otro fiscal sobre Jesús María Valle y el caso por el que más fue reconocido: sus reportes por la participación del Estado en la masacre del Aro, un corregimiento de Ituango (Antioquia) en el que las autodefensas asesinaron a 15 campesinos en octubre de 1997.

De una forma u otra, el trabajo de ellos cuatro incomodaba al Estado y, especialmente, a las Fuerzas Militares; igual que ocurrió con Jaime Garzón, quien había empezado a mediar entre la guerrilla y familiares de secuestrados. Umaña venía denunciando, cada vez con más fiereza y certeza, los exabruptos que se cometían en nombre de la justicia sin rostro, como hacer pasar a un solo testigo reservado por varias personas a la vez y ponerlo a declarar en múltiples procesos. A Valle, por cuya muerte ya fue condenado el Estado en la Corte Interamericana, lo etiquetó de “enemigo de las Fuerzas Militares” el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Calderón y Alvarado habían sido investigadores del Cinep, organización que lleva décadas documentando, entre otras, los alcances del paramilitarismo.

Era claro también que fuerzas de seguridad -legales o ilegales- los seguían. Umaña, por ejemplo, notó que las llamadas para amenazarlo siempre coincidían con su presencia en su oficina. En la Brigada 13 se hallaron mapas de seguimiento a Jaime Garzón. Integrantes de esa misma brigada, en Sumapaz, detuvieron una vez en un retén a Mario Calderón e indagaron hasta dónde vivía. Con él y su esposa, los asesinos fingieron un operativo de la Fiscalía para así entrar a su apartamento en Bogotá en la madrugada. Con Umaña y con Valle ni siquiera se tomaron esa molestia: identificaron sus oficinas, en Bogotá y Medellín respectivamente, a las que dos hombres y una mujer entraron bajo engaños, amarraron a los demás y acabaron con la vida de los abogados con dos o tres disparos secos.

Carlos Castaño y la banda la Terraza son eje central en esta historia. Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, confesó el año pasado ante un fiscal que estos crímenes habían sido ordenados por Castaño; que los “paras” no habrían podido ejecutarlos sin ayuda de agentes del Estado y que los sicarios contratados para tan miserable tarea habían sido eliminados. Lo mismo han declarado dos exparamilitares que durante años acataron sin chistar las órdenes de la casa Castaño: Ignacio Roldán, alias Monoleche, y Hébert Veloza García, alias H. H.. En el expediente de los Calderón Alvarado, en el que Castaño fue vinculado, cinco sicarios de la Terraza confirmaron que era “encargo” suyo. Éste fue condenado por la muerte de Jaime Garzón y, en el caso de Jesús María Valle, sólo por conformar grupos ilegales.

Otro factor común es la inteligencia militar. El detenido coronel (r) Jorge Plazas Acevedo fue llamado a juicio por el crimen de Jaime Garzón; “Don Berna” dijo que también ayudó en el crimen de Mario Calderón y Elsa Alvarado desde la Brigada 13. En el caso Umaña, desde el principio se hicieron averiguaciones y salieron a flote nombres como el del general (r) Rito Alejo del Río -a quien la Fiscalía espera oír pronto por el caso de Jaime Garzón- pero no ha sido vinculado. Hubo torpedeos en las inspecciones. El 20 de mayo de 1998 el Ejército anunció la desactivación de la Brigada 20 y, en la semana siguiente, ésta elaboró tres informes reservados para el CTI indicando quiénes habían determinado el crimen de Umaña: ninguno de sus datos condujo a la verdad.

La Brigada 20 aseguró que el asesinato de Eduardo Umaña era el resultado de una alianza entre las Farc y el Eln, porque los guerrilleros querían lograr la fuga de dos reclusos, Umaña se negó a ser cómplice y lo mataron para que no revelara el plan. Para esa época, por el testimonio de una secretaria de Umaña que estaba con él cuando murió, se sabía que el homicidio lo habían cometido dos hombres y una mujer: en el primer informe reservado la Brigada 20 habló de un alias Pedro y alias Álvaro; un día después, identificó a Álvaro con nombre, apellido y prontuario -terrorismo- y mencionó que su mujer también había participado en el crimen de Umaña. Siete días después envió un video con imágenes de ellos. La información resultó ser un tiro al aire.

Eduardo Umaña, Jesús María Valle, Mario Calderón y Elsa Alvarado murieron en una época en la que ser defensor de derechos humanos en Colombia era casi tan riesgoso como trabajar en una planta nuclear. Todavía lo es. Los defensores de la familia Umaña, Jorge Molano y Germán Romero, le pedirán este lunes a la Fiscalía que declare el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza crimen de lesa humanidad, precisamente, porque ese riesgo exacerbado derivaba de un plan sistemático contra los defensores: contaron desde el 1º de enero de 1988 hasta el 16 de abril de 1998 al menos 576 defensores asesinados y 59 desaparecidos. Los familiares de Mario Calderón y Elsa Alvarado han considerado pedir lo mismo, y los de Jesús María Valle apenas empiezan a tenerlo en cuenta.

La fecha de cierre del conteo no es aleatoria. Ese día fue asesinada María Arango, líder de izquierda, defensora de derechos humanos y amiga de Umaña. Según el DAS, a ella la habían matado por plata, versión que no sobrevivió en un juzgado. El 17 de abril de 1998, Eduardo Umaña, apesadumbrado, le dijo a Luz Dary Samper -a quien había conocido como abogado de las familias de los desaparecidos en el Palacio de Justicia- que temía por su vida. Ella, por primera vez, lo vio lagrimear. Él le confesó lo que la madre de María Arango había oído de boca de los asesinos de su hija: “El próximo es el hp de Umaña”. Un día tardó la sentencia en cumplirse. Y 18 años más tarde, a expensas del dolor de una familia que no ha dejado de llorarlo -lo mismo pasa en los demás casos-, la justicia continúa tardía y silente.

Casi tres semanas antes de su asesinato, Eduardo Umaña Mendoza denunció ante el CTI por segunda vez que gente de la propia Fiscalía, en alianza con militares de inteligencia y altos funcionarios de Ecopetrol, orquestaba su muerte. Durante dos décadas las amenazas y hasta los intentos de desaparecerlo se habían convertido para él, en sus propias palabras, en “un lugar común, sin dejar de ser trágico e incómodo”. Para esa época, Umaña, abogado de varios sindicalistas de la USO, tenía una cosa clara: la justicia sin rostro, conjuro del Estado colombiano para procesar narcotraficantes en los difíciles años 90, se había convertido en una medusa que exponía a cualquier colombiano a ser condenado sin más pruebas que un informe de inteligencia militar o un testigo falso.

Este lunes 18 de abril, la familia del reconocido defensor de derechos humanos conmemorará el aniversario número 18 de su ausencia marcada por una justicia ciega: el expediente tiene más de 3.000 páginas y, sin embargo, ese que se rotuló como el caso 346 de la Unidad de Derechos Humanos -hoy es el 613B- ni siquiera ha pasado de ser una investigación preliminar. La identidad de los responsables continúa “en averiguación”. Son, además, 18 años de absurdos, como aquel anónimo que recibió el padre de Umaña, el reputado académico Eduardo Umaña Luna, nueve días después del homicidio: en un mensaje firmado por “Autodefensas las Convivir” le daban un sentido pésame y le pedían que colaborara “con algo”, un algo de $500 millones, a cambio de información.

Desde el año pasado, las declaraciones que le entregó a la Fiscalía el exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, evidenciaron más que nunca que el asesinato de Eduardo Umaña está enlazado con otros igual de relevantes para la historia de la violencia política de este país: el de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado (investigadores del Cinep), el del abogado Jesús María Valle y el del periodista Jaime Garzón. Fueron la muerte en secuencia: a la pareja Calderón Alvarado la asesinaron el 19 de mayo de 1997; a Valle, el 27 de febrero de 1998; a Umaña, el 18 de abril de 1998, y a Garzón, el 13 de agosto de 1999. El 9 de marzo de este año la propia Fiscalía aceptó ante las cámaras de Caracol Noticias que el de Jaime Garzón era un crimen de Estado.

Esa admisión, que vino del propio director de Fiscalías Especializadas, Iván Lombana, llevó a un siguiente paso: tratar de conectar puntos. Por esa razón desde hace un par de semanas, conoció El Espectador, un analista fue designado para revisar los expedientes de Umaña, de Valle y de la pareja Calderón Alvarado, con el propósito de establecer semejanzas con el caso de Jaime Garzón. Esa inspección, espera la Fiscalía, llevará a un informe en unos dos meses, que será cruzado con uno que prepara otro fiscal sobre Jesús María Valle y el caso por el que más fue reconocido: sus reportes por la participación del Estado en la masacre del Aro, un corregimiento de Ituango (Antioquia) en el que las autodefensas asesinaron a 15 campesinos en octubre de 1997.

De una forma u otra, el trabajo de ellos cuatro incomodaba al Estado y, especialmente, a las Fuerzas Militares; igual que ocurrió con Jaime Garzón, quien había empezado a mediar entre la guerrilla y familiares de secuestrados. Umaña venía denunciando, cada vez con más fiereza y certeza, los exabruptos que se cometían en nombre de la justicia sin rostro, como hacer pasar a un solo testigo reservado por varias personas a la vez y ponerlo a declarar en múltiples procesos. A Valle, por cuya muerte ya fue condenado el Estado en la Corte Interamericana, lo etiquetó de “enemigo de las Fuerzas Militares” el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Calderón y Alvarado habían sido investigadores del Cinep, organización que lleva décadas documentando, entre otras, los alcances del paramilitarismo.

Era claro también que fuerzas de seguridad -legales o ilegales- los seguían. Umaña, por ejemplo, notó que las llamadas para amenazarlo siempre coincidían con su presencia en su oficina. En la Brigada 13 se hallaron mapas de seguimiento a Jaime Garzón. Integrantes de esa misma brigada, en Sumapaz, detuvieron una vez en un retén a Mario Calderón e indagaron hasta dónde vivía. Con él y su esposa, los asesinos fingieron un operativo de la Fiscalía para así entrar a su apartamento en Bogotá en la madrugada. Con Umaña y con Valle ni siquiera se tomaron esa molestia: identificaron sus oficinas, en Bogotá y Medellín respectivamente, a las que dos hombres y una mujer entraron bajo engaños, amarraron a los demás y acabaron con la vida de los abogados con dos o tres disparos secos.

Carlos Castaño y la banda la Terraza son eje central en esta historia. Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, confesó el año pasado ante un fiscal que estos crímenes habían sido ordenados por Castaño; que los “paras” no habrían podido ejecutarlos sin ayuda de agentes del Estado y que los sicarios contratados para tan miserable tarea habían sido eliminados. Lo mismo han declarado dos exparamilitares que durante años acataron sin chistar las órdenes de la casa Castaño: Ignacio Roldán, alias Monoleche, y Hébert Veloza García, alias H. H.. En el expediente de los Calderón Alvarado, en el que Castaño fue vinculado, cinco sicarios de la Terraza confirmaron que era “encargo” suyo. Éste fue condenado por la muerte de Jaime Garzón y, en el caso de Jesús María Valle, sólo por conformar grupos ilegales.

Otro factor común es la inteligencia militar. El detenido coronel (r) Jorge Plazas Acevedo fue llamado a juicio por el crimen de Jaime Garzón; “Don Berna” dijo que también ayudó en el crimen de Mario Calderón y Elsa Alvarado desde la Brigada 13. En el caso Umaña, desde el principio se hicieron averiguaciones y salieron a flote nombres como el del general (r) Rito Alejo del Río -a quien la Fiscalía espera oír pronto por el caso de Jaime Garzón- pero no ha sido vinculado. Hubo torpedeos en las inspecciones. El 20 de mayo de 1998 el Ejército anunció la desactivación de la Brigada 20 y, en la semana siguiente, ésta elaboró tres informes reservados para el CTI indicando quiénes habían determinado el crimen de Umaña: ninguno de sus datos condujo a la verdad.

La Brigada 20 aseguró que el asesinato de Eduardo Umaña era el resultado de una alianza entre las Farc y el Eln, porque los guerrilleros querían lograr la fuga de dos reclusos, Umaña se negó a ser cómplice y lo mataron para que no revelara el plan. Para esa época, por el testimonio de una secretaria de Umaña que estaba con él cuando murió, se sabía que el homicidio lo habían cometido dos hombres y una mujer: en el primer informe reservado la Brigada 20 habló de un alias Pedro y alias Álvaro; un día después, identificó a Álvaro con nombre, apellido y prontuario -terrorismo- y mencionó que su mujer también había participado en el crimen de Umaña. Siete días después envió un video con imágenes de ellos. La información resultó ser un tiro al aire.

Eduardo Umaña, Jesús María Valle, Mario Calderón y Elsa Alvarado murieron en una época en la que ser defensor de derechos humanos en Colombia era casi tan riesgoso como trabajar en una planta nuclear. Todavía lo es. Los defensores de la familia Umaña, Jorge Molano y Germán Romero, le pedirán este lunes a la Fiscalía que declare el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza crimen de lesa humanidad, precisamente, porque ese riesgo exacerbado derivaba de un plan sistemático contra los defensores: contaron desde el 1º de enero de 1988 hasta el 16 de abril de 1998 al menos 576 defensores asesinados y 59 desaparecidos. Los familiares de Mario Calderón y Elsa Alvarado han considerado pedir lo mismo, y los de Jesús María Valle apenas empiezan a tenerlo en cuenta.

La fecha de cierre del conteo no es aleatoria. Ese día fue asesinada María Arango, líder de izquierda, defensora de derechos humanos y amiga de Umaña. Según el DAS, a ella la habían matado por plata, versión que no sobrevivió en un juzgado. El 17 de abril de 1998, Eduardo Umaña, apesadumbrado, le dijo a Luz Dary Samper -a quien había conocido como abogado de las familias de los desaparecidos en el Palacio de Justicia- que temía por su vida. Ella, por primera vez, lo vio lagrimear. Él le confesó lo que la madre de María Arango había oído de boca de los asesinos de su hija: “El próximo es el hp de Umaña”. Un día tardó la sentencia en cumplirse. Y 18 años más tarde, a expensas del dolor de una familia que no ha dejado de llorarlo -lo mismo pasa en los demás casos-, la justicia continúa tardía y silente.