Los argumentos con los que el exsenador Guerra busca tumbar su condena por Odebrecht

En un documento de 145 páginas que, quedó radicado el pasado viernes en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Antonio Guerra y su abogado consignaron la apelación con la que buscan tumbar la condena de 13 años en su contra que profirió, en marzo pasado, la Sala de Primera Instancia, por sus vínculos con el entramado de corrupción que se suscitó con la firma brasilera Odebrecht. El recurso contiene apartes de la sentencia y recoge algunos argumentos del salvamento de voto que presentó el magistrado Jorge Caldas, quien llevó ante la Sala una ponencia absolutoria.

Guerra fue llamado ante los estrados judiciales desde 2017, porque, en calidad de congresista realizó lobby para beneficiar a la firma brasilera en la adjudicación de contratos de obra. Así las cosas, según la sentencia emitida en marzo pasado, Guerra intervino ante el Ministerio de Hacienda con el propósito de asegurar la firma del contrato de estabilidad jurídica del Proyecto Ruta del Sol II, convenio que fue suscrito en diciembre de 2012 entre el Ministerio de Transporte y la Concesionaria Ruta del Sol II.

Por esa situación, lo que dice la sentencia es que Guerra pactó con el también exsenador Bernardo “Ñoño” Elías Miguel una retribución económica cercana a los $200 millones, que fue entregada en efectivo en febrero o marzo de 2013. Sumado a eso, también lo condenaron por hacer lobby ante entidades bancarias para que respaldaran financieramente a la compañía portuguesa AFA Vías, en la compra total o parcial, de la parte que tenía Odebrecht en la Concesionaria Navelena, con el fin de lograr el cierre financiero del proyecto y recuperar la navegabilidad del Río Magdalena.

Lea aquí: Corte Suprema condenó a 13 años de prisión a Antonio Guerra por caso Odebrecht

La ponencia del magistrado Ariel Torres que condenó a Guerra estuvo basada en una serie de testimonios, entre ellos, el que rindió el exsenador Bernardo Elías ante las autoridades judiciales una vez se destapó el entramado de corrupción. No obstante, el dicho del “Ñoño” ha sido desestimado en varias ocasiones por la defensa del exsenador. El documento conocido por este diario expone “la falta de consistencia en las versiones del único testigo directo y que, como consecuencia de estas inconsistencias, desembocó en la degradación de los testimonios y naturalmente, en pluralidad de incoherencias entre los otros tres testigos de oídas, lo cual rayaría en el campo de la imaginación, o si se quiere, en un ámbito donde los cuatro presuntos testigos se han puesto de acuerdo para justificar su actuar delictivo”.

La defensa de Guerra siempre ha controvertido la declaración del “Ñoño”. Lo hizo en las audiencias de juicio, y en la apelación, no es la excepción. En el documento, le reprochan al alto tribunal que, si bien analizaron los testimonios del también exsenador Otto Bula, y los contratistas, Federico Gaviria y Gabriel Dumar, estos fueron solo de “oídas” y los cuales, finalmente, a su juicio, no terminaron probando la responsabilidad criminal del excongresista Guerra. No obstante, la Corte decidió declararlo responsable de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, y lo absolvió por cohecho propio. En ese entendido, el documento que conocerá la Sala Penal se concentrará solo en tres conductas.

La apelación reprocha que se le endilgue el delito de concierto para delinquir. Si bien la Sala dijo que existió un entramado de corrupción por parte de Odebrecht y señaló a un grupo de congresistas de hacerle lobby, en ningún momento aclaró la responsabilidad de Guerra en ello. El abogado Wilson Caballero, quien defiende los intereses del exsenador, tiene claro que hubo una “empresa criminal” para asegurar la adjudicación de contratos de obras públicas, de la cual su defendido no hizo parte.

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El documento también trae a colación que los directivos de Odebrecht, Luiz Bueno Junior y Eleuberto Antonio Martorelli, pactaron un acuerdo con las autoridades en el que se comprometían a revelar información. El abogado consignó que en ninguno de los testimonios rendidos se mencionó el nombre del exsenador Guerra. “Ninguno de los directivos de Odebrecht manifestó haber conocido o acordado algo con el exsenador Antonio Guerra De La Espriella, descartando así la participación de este en la empresa criminal. Inclusive, los testigos Otto Nicolás Bula Bula y Federico Gaviria, tampoco estuvieron en la capacidad de admitir la adhesión de mi representado a la empresa criminal, pues como ellos mismos lo dijeron en el juicio oral, jamás hablaron con él, no se reunieron con él, ni tampoco lo conocían”, dice el documento.

Sobre el tráfico de influencias, la defensa de Guerra dice que la Corte basó su análisis en la solicitud que le hizo el “Ñoño” Elías a Guerra de averiguar sobre el contrato de estabilidad jurídica que se adelantaba en el Ministerio de Hacienda, mientras Mauricio Cárdenas fungía como jefe de la cartera. El alto tribunal tuvo en cuenta que, el “Ñoño” dijo que, en varias ocasiones, junto con el hoy condenado, visitaron el ministerio. No obstante, dice la apelación que Elías no tuvo como acreditar esas reuniones.

“Según el libro oficial de registro de entrada del Ministerio de Hacienda, prueba que fue aportada en debida forma al proceso, no concuerdan las fechas de visitas al piso tercero, lugar donde se encuentra el despacho del ministro, y otras dependencias, entre Antonio Guerra De La Espriella y Bernardo Miguel Elías Vidal”, reseñó la apelación que también trajo a colación el dicho del exministro Cárdenas en el que aseguró no haber tenido ningún tipo de presiones ni sugerencias en el contrato de estabilidad jurídica de la cual no hizo parte.

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El documento también expone que dos miembros del Comité de Estabilidad Jurídica dijeron que no hubo presión alguna para celebrar el contrato, ni tampoco tuvo trato con el exsenador Guerra. Así las cosas, por ese lado, el tráfico de influencias no se consolidaba para su defendido de quien se dice recibió $200 millones por parte de Elías, para, además, de ese trámite hacer lobby en entidades bancarias para concretar un apoyo financiero que vinculaba la navegabilidad del Río Magdalena y la adjudicación del otrosí número 6 para el tramo Ocaña Gamarra.

Sobre este caso puntual, el “Ñoño” inicialmente dijo que Guerra lo acompañó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para tramitar esa adición, y que la participación del exsenador, aunque fue “muy leve (…) sabía que estaba tramitando ese contrato”. No obstante, para cuando el expediente quedó en el despacho del magistrado Jorge Caldas, en un testimonio rendido nuevamente dijo que, “lo que yo recuerdo del senador Antonio Guerra no tuvo injerencia en el tramo Ocaña – Gamarra”. Así las cosas, para la defensa del exsenador condenado, está claro que Elías Vidal en vez de ratificarse en su relato se retractó.

“La Sala Mayoritaria le da valor a la declaración del 16 de marzo de 2018 (la cual fue en el marco de beneficios por colaboración con la justicia), al considerar que la misma se mostró natural, claro y espontáneo, además porque, Bernardo Miguel Elías Vidal, fue uno de los protagonistas del escándalo del caso Odebrecht, por tanto, estima la primera instancia, su conocimiento sobre lo acontecido y sobre la participación del acusado en los mismos resulta ser de primera mano”, dice la apelación.

Lea aquí: En la Corte Suprema se cayó ponencia que absolvía a Antonio Guerra por Odebrecht

Para la defensa de Guerra, la Sala incurrió en error al darle valor a la primera manifestación del “Ñoño” cuando posteriormente, él mismo se retractó. A su juicio, se debía tener en cuenta que la retractación tenía que ser creíble y debía “guardar la armonía” con las demás pruebas que quedaron consignadas en el expediente. “No es comprensible que la Sala Mayoritaria considere que una declaración que se da en el marco de beneficios por colaboración con la justicia, y donde el testigo ya se había negado una vez a declarar precisamente alegando ese marco, se le de mayor valor que el testimonio que si se muestra natural y espontáneo, y no sujeto a unos réditos procesales”, expone el documento.

Respecto del enriquecimiento ilícito por parte del exsenador Guerra, el abogado Caballero desestimó la versión de la Corte que basó su hipótesis en una serie de informes que, a juicio de la defensa, estuvieron errados porque no tuvieron en cuenta los extractos reales y créditos del excongresista. Los informes rendidos ante el alto tribunal, para el abogado, estuvieron llenos de errores porque no se contó con personal capacitado para adelantar peritazgos financieros. Si bien quedaron consignadas algunas obligaciones bancarias y su actividad ganadera, la Sala no tuvo en cuenta los documentos que allegó la defensa en la que soportaba cada uno de los gastos que tuvo el exsenador para cuando fue acusado por la Corte Suprema.

Lea aquí: Caso Odebrecht: Corte Suprema negó la libertad al exsenador Antonio Guerra

La Sala en su decisión emitida en marzo pasado no alcanza a dejar claro por qué se motivó el enriquecimiento ilícito del exsenador que, a juicio de una perito financiera, ascendía a más de $340 millones. “No se determinó que los $340.225.580,31 tuvieran una procedencia ilícita ni mucho menos un nexo causal con las funciones que como congresista desempeñaba mi representado, motivo determinante para predicar la atipicidad del comportamiento de enriquecimiento ilícito”, explicó el abogado y añadió que, finalmente, no entiende la manera en que la Sala valoró el incremento de Guerra.

Para el abogado, la Corte no tiene sus cuentas claras respecto del incremento patrimonial, pues por un lado dijo que el mayor número en ese materia se conoció en 2012, pero fue en 2013 cuando se dijo que recibió los $200 millones por parte de Elías Miguel. Así las cosas, para la defensa de Guerra, está claro que no existe prueba alguna de que la entrega de dinero haya existido aún cuando la Corte no pudo dejar en evidencia ese suceso.

El recurso que interpusieron ahora reposa en la Sala de Casación Penal, y durante los próximos días se conocerá cuál magistrado tendrá que hacer el análisis de la apelación y la sentencia que tiene en vilo al exsenador que ha dicho ser inocente de todo lo que se le acusa. En diálogo con este diario, el excongresista resaltó que el dicho del “Ñoño” Elías le hizo daño no solo a su nombre e integridad sino a su familia, y pese a que recibió una de las condenas más altas en el caso Odebrecht, confía en que saldrá bien librado en segunda instancia.

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En un documento de 145 páginas que, quedó radicado el pasado viernes en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Antonio Guerra y su abogado consignaron la apelación con la que buscan tumbar la condena de 13 años en su contra que profirió, en marzo pasado, la Sala de Primera Instancia, por sus vínculos con el entramado de corrupción que se suscitó con la firma brasilera Odebrecht. El recurso contiene apartes de la sentencia y recoge algunos argumentos del salvamento de voto que presentó el magistrado Jorge Caldas, quien llevó ante la Sala una ponencia absolutoria.

Guerra fue llamado ante los estrados judiciales desde 2017, porque, en calidad de congresista realizó lobby para beneficiar a la firma brasilera en la adjudicación de contratos de obra. Así las cosas, según la sentencia emitida en marzo pasado, Guerra intervino ante el Ministerio de Hacienda con el propósito de asegurar la firma del contrato de estabilidad jurídica del Proyecto Ruta del Sol II, convenio que fue suscrito en diciembre de 2012 entre el Ministerio de Transporte y la Concesionaria Ruta del Sol II.

Por esa situación, lo que dice la sentencia es que Guerra pactó con el también exsenador Bernardo “Ñoño” Elías Miguel una retribución económica cercana a los $200 millones, que fue entregada en efectivo en febrero o marzo de 2013. Sumado a eso, también lo condenaron por hacer lobby ante entidades bancarias para que respaldaran financieramente a la compañía portuguesa AFA Vías, en la compra total o parcial, de la parte que tenía Odebrecht en la Concesionaria Navelena, con el fin de lograr el cierre financiero del proyecto y recuperar la navegabilidad del Río Magdalena.

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La ponencia del magistrado Ariel Torres que condenó a Guerra estuvo basada en una serie de testimonios, entre ellos, el que rindió el exsenador Bernardo Elías ante las autoridades judiciales una vez se destapó el entramado de corrupción. No obstante, el dicho del “Ñoño” ha sido desestimado en varias ocasiones por la defensa del exsenador. El documento conocido por este diario expone “la falta de consistencia en las versiones del único testigo directo y que, como consecuencia de estas inconsistencias, desembocó en la degradación de los testimonios y naturalmente, en pluralidad de incoherencias entre los otros tres testigos de oídas, lo cual rayaría en el campo de la imaginación, o si se quiere, en un ámbito donde los cuatro presuntos testigos se han puesto de acuerdo para justificar su actuar delictivo”.

La defensa de Guerra siempre ha controvertido la declaración del “Ñoño”. Lo hizo en las audiencias de juicio, y en la apelación, no es la excepción. En el documento, le reprochan al alto tribunal que, si bien analizaron los testimonios del también exsenador Otto Bula, y los contratistas, Federico Gaviria y Gabriel Dumar, estos fueron solo de “oídas” y los cuales, finalmente, a su juicio, no terminaron probando la responsabilidad criminal del excongresista Guerra. No obstante, la Corte decidió declararlo responsable de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, y lo absolvió por cohecho propio. En ese entendido, el documento que conocerá la Sala Penal se concentrará solo en tres conductas.

La apelación reprocha que se le endilgue el delito de concierto para delinquir. Si bien la Sala dijo que existió un entramado de corrupción por parte de Odebrecht y señaló a un grupo de congresistas de hacerle lobby, en ningún momento aclaró la responsabilidad de Guerra en ello. El abogado Wilson Caballero, quien defiende los intereses del exsenador, tiene claro que hubo una “empresa criminal” para asegurar la adjudicación de contratos de obras públicas, de la cual su defendido no hizo parte.

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El documento también trae a colación que los directivos de Odebrecht, Luiz Bueno Junior y Eleuberto Antonio Martorelli, pactaron un acuerdo con las autoridades en el que se comprometían a revelar información. El abogado consignó que en ninguno de los testimonios rendidos se mencionó el nombre del exsenador Guerra. “Ninguno de los directivos de Odebrecht manifestó haber conocido o acordado algo con el exsenador Antonio Guerra De La Espriella, descartando así la participación de este en la empresa criminal. Inclusive, los testigos Otto Nicolás Bula Bula y Federico Gaviria, tampoco estuvieron en la capacidad de admitir la adhesión de mi representado a la empresa criminal, pues como ellos mismos lo dijeron en el juicio oral, jamás hablaron con él, no se reunieron con él, ni tampoco lo conocían”, dice el documento.

Sobre el tráfico de influencias, la defensa de Guerra dice que la Corte basó su análisis en la solicitud que le hizo el “Ñoño” Elías a Guerra de averiguar sobre el contrato de estabilidad jurídica que se adelantaba en el Ministerio de Hacienda, mientras Mauricio Cárdenas fungía como jefe de la cartera. El alto tribunal tuvo en cuenta que, el “Ñoño” dijo que, en varias ocasiones, junto con el hoy condenado, visitaron el ministerio. No obstante, dice la apelación que Elías no tuvo como acreditar esas reuniones.

“Según el libro oficial de registro de entrada del Ministerio de Hacienda, prueba que fue aportada en debida forma al proceso, no concuerdan las fechas de visitas al piso tercero, lugar donde se encuentra el despacho del ministro, y otras dependencias, entre Antonio Guerra De La Espriella y Bernardo Miguel Elías Vidal”, reseñó la apelación que también trajo a colación el dicho del exministro Cárdenas en el que aseguró no haber tenido ningún tipo de presiones ni sugerencias en el contrato de estabilidad jurídica de la cual no hizo parte.

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Sobre este caso puntual, el “Ñoño” inicialmente dijo que Guerra lo acompañó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para tramitar esa adición, y que la participación del exsenador, aunque fue “muy leve (…) sabía que estaba tramitando ese contrato”. No obstante, para cuando el expediente quedó en el despacho del magistrado Jorge Caldas, en un testimonio rendido nuevamente dijo que, “lo que yo recuerdo del senador Antonio Guerra no tuvo injerencia en el tramo Ocaña – Gamarra”. Así las cosas, para la defensa del exsenador condenado, está claro que Elías Vidal en vez de ratificarse en su relato se retractó.

“La Sala Mayoritaria le da valor a la declaración del 16 de marzo de 2018 (la cual fue en el marco de beneficios por colaboración con la justicia), al considerar que la misma se mostró natural, claro y espontáneo, además porque, Bernardo Miguel Elías Vidal, fue uno de los protagonistas del escándalo del caso Odebrecht, por tanto, estima la primera instancia, su conocimiento sobre lo acontecido y sobre la participación del acusado en los mismos resulta ser de primera mano”, dice la apelación.

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Para la defensa de Guerra, la Sala incurrió en error al darle valor a la primera manifestación del “Ñoño” cuando posteriormente, él mismo se retractó. A su juicio, se debía tener en cuenta que la retractación tenía que ser creíble y debía “guardar la armonía” con las demás pruebas que quedaron consignadas en el expediente. “No es comprensible que la Sala Mayoritaria considere que una declaración que se da en el marco de beneficios por colaboración con la justicia, y donde el testigo ya se había negado una vez a declarar precisamente alegando ese marco, se le de mayor valor que el testimonio que si se muestra natural y espontáneo, y no sujeto a unos réditos procesales”, expone el documento.

Respecto del enriquecimiento ilícito por parte del exsenador Guerra, el abogado Caballero desestimó la versión de la Corte que basó su hipótesis en una serie de informes que, a juicio de la defensa, estuvieron errados porque no tuvieron en cuenta los extractos reales y créditos del excongresista. Los informes rendidos ante el alto tribunal, para el abogado, estuvieron llenos de errores porque no se contó con personal capacitado para adelantar peritazgos financieros. Si bien quedaron consignadas algunas obligaciones bancarias y su actividad ganadera, la Sala no tuvo en cuenta los documentos que allegó la defensa en la que soportaba cada uno de los gastos que tuvo el exsenador para cuando fue acusado por la Corte Suprema.

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La Sala en su decisión emitida en marzo pasado no alcanza a dejar claro por qué se motivó el enriquecimiento ilícito del exsenador que, a juicio de una perito financiera, ascendía a más de $340 millones. “No se determinó que los $340.225.580,31 tuvieran una procedencia ilícita ni mucho menos un nexo causal con las funciones que como congresista desempeñaba mi representado, motivo determinante para predicar la atipicidad del comportamiento de enriquecimiento ilícito”, explicó el abogado y añadió que, finalmente, no entiende la manera en que la Sala valoró el incremento de Guerra.

Para el abogado, la Corte no tiene sus cuentas claras respecto del incremento patrimonial, pues por un lado dijo que el mayor número en ese materia se conoció en 2012, pero fue en 2013 cuando se dijo que recibió los $200 millones por parte de Elías Miguel. Así las cosas, para la defensa de Guerra, está claro que no existe prueba alguna de que la entrega de dinero haya existido aún cuando la Corte no pudo dejar en evidencia ese suceso.

El recurso que interpusieron ahora reposa en la Sala de Casación Penal, y durante los próximos días se conocerá cuál magistrado tendrá que hacer el análisis de la apelación y la sentencia que tiene en vilo al exsenador que ha dicho ser inocente de todo lo que se le acusa. En diálogo con este diario, el excongresista resaltó que el dicho del “Ñoño” Elías le hizo daño no solo a su nombre e integridad sino a su familia, y pese a que recibió una de las condenas más altas en el caso Odebrecht, confía en que saldrá bien librado en segunda instancia.

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