Los argumentos de Colombia para no indemnizar a la empresa que operaba Electricaribe

Más de dos años cumple ya el pleito entre Gas Natural Fenosa (GNF) y el Gobierno colombiano por el manejo de la empresa de energía del norte del país, Electricaribe. Luego de que el Estado le quitara la operación de la empresa de servicios públicos a GNF, esta interpuso una demanda ante un tribunal de arbitramento en 2017. En los últimos días se llevó a cabo la audiencia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, en donde Colombia pudo explicar por qué tomó la decisión de liquidar Electricaribe.

(Lea también: Electricaribe no volverá a Gas Natural Fenosa)

Allí, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en cabeza de su director, Camilo Gómez, “se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la Costa Caribe”. Es decir, el Estado colombiano insistió en que la intervención de la empresa fue una liquidación y no una expropiación, como ha dicho GNF, pero además pensada para evitar una crisis financiera del sector energético y una interrupción en el suministro de energía eléctrica.

Además de reiterar que la intervención de la empresa no fue un acto político, el Estado se concentró en exponer los tres argumentos que presentó en una contrademanda a Electricaribe a finales del año pasado. En primer lugar, el “monto considerable de recursos” que ha tenido que canalizar Colombia para asegurar la prestación de la energía eléctrica en el Caribe; por otro lado, los efectos de las “deficiencias en el servicio de Electricaribe” en disminuir la productividad y el recaudo de impuestos en la región (la misma disminución en el recaudo que terminó afectando al país) y, por último, que la administración de GNF, supuestamente, desvalorizó las acciones de la empresa, afectando al Estado, que es dueño del 6,56 %.

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Con estos puntos, la Agencia busca desvirtuar las pretensiones de GNF, que ascienden a USD$1.547 millones bajo el argumento de que Colombia violó estándares de trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, principio de trato nacional y expropiación. A su vez, la Agencia pretende que la empresa de origen español indemnice al estado colombiano.

Electricaribe proporciona electricidad a 2,5 millones de personas y a la industria de los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena y fue intervenida por el Gobierno colombiano en noviembre de 2016. El Ejecutivo justificó la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de GNF, mientras que la empresa española se quejaba de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada por una elevada morosidad y fraude en la zona en donde opera, y sostenía que, en esas condiciones, no podía seguir invirtiendo.

Más de dos años cumple ya el pleito entre Gas Natural Fenosa (GNF) y el Gobierno colombiano por el manejo de la empresa de energía del norte del país, Electricaribe. Luego de que el Estado le quitara la operación de la empresa de servicios públicos a GNF, esta interpuso una demanda ante un tribunal de arbitramento en 2017. En los últimos días se llevó a cabo la audiencia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, en donde Colombia pudo explicar por qué tomó la decisión de liquidar Electricaribe.

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Allí, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en cabeza de su director, Camilo Gómez, “se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la Costa Caribe”. Es decir, el Estado colombiano insistió en que la intervención de la empresa fue una liquidación y no una expropiación, como ha dicho GNF, pero además pensada para evitar una crisis financiera del sector energético y una interrupción en el suministro de energía eléctrica.

Además de reiterar que la intervención de la empresa no fue un acto político, el Estado se concentró en exponer los tres argumentos que presentó en una contrademanda a Electricaribe a finales del año pasado. En primer lugar, el “monto considerable de recursos” que ha tenido que canalizar Colombia para asegurar la prestación de la energía eléctrica en el Caribe; por otro lado, los efectos de las “deficiencias en el servicio de Electricaribe” en disminuir la productividad y el recaudo de impuestos en la región (la misma disminución en el recaudo que terminó afectando al país) y, por último, que la administración de GNF, supuestamente, desvalorizó las acciones de la empresa, afectando al Estado, que es dueño del 6,56 %.

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Con estos puntos, la Agencia busca desvirtuar las pretensiones de GNF, que ascienden a USD$1.547 millones bajo el argumento de que Colombia violó estándares de trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, principio de trato nacional y expropiación. A su vez, la Agencia pretende que la empresa de origen español indemnice al estado colombiano.

Electricaribe proporciona electricidad a 2,5 millones de personas y a la industria de los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena y fue intervenida por el Gobierno colombiano en noviembre de 2016. El Ejecutivo justificó la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de GNF, mientras que la empresa española se quejaba de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada por una elevada morosidad y fraude en la zona en donde opera, y sostenía que, en esas condiciones, no podía seguir invirtiendo.