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En la recta final está el proceso iniciado en 2017 por el Movimiento Ríos Vivos en el que pide que se anule la licencia ambiental del megaproyecto energético Hidroituango, que es ejecutado por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Sobre la licencia ambiental, autoridades como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sancionó a EPM en enero pasado por los impactos ambientales en la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación del río Cauca sin haber obtenido previamente la modificación de la licencia ambiental.
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Mientras el alto tribunal estudia los argumentos presentados por Ríos Vivos y los demandados (Ministerio de Ambiente y ANLA) El Espectador conoció los alegatos de conclusión entregado por la organización Ríos Vivos al Consejo de Estado. El documento de 64 páginas en poder de este diario inicia citando un aparte de un informe de auditoria de la Contraloría General sobre Hidroituango en el que da cuenta de las irregularidades que hubo en el trámite de la licencia ambiental del megaproyecto.
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“De la de la ejecución del proyecto han tenido que generarse 12 modificaciones a la licencia ambiental, las cuales tampoco contaron con los estudios y diseños suficientes y detallados y la ANLA sin las bases suficientes en algunos casos, las ha otorgado. Se encontró el desarrollo de una importante obra dentro del proyecto, construida en más del 90% sin autorización por la ANLA y en las visitas de seguimiento que esta autoridad debe realizar nunca se percató de ello, lo que da cuenta además de las graves debilidades en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental”, señaló la Contraloría General sobre Hidroituango.
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Uno de los argumentos esgrimidos por Ríos Vivos en sus alegatos finales es que el proyecto hidroeléctrico no fue socializado con las comunidades que viven alrededor de la megaobra y que EPM presentó información desactualizada. “La información presentada se realizó a partir de información y procesos participativos desarrollados a mediados del año 2006 (...) es necesario realizar una caracterización en sus aspectos abióticos, bióticos y sociales una vez sean escogidos”, dice la resolución de 2009 de la ANLA que otorgó la licencia ambiental.
Ríos Vivos dice que la ANLA en ese momento pasó por alto estas deficiencias y se limitó a disponer que luego de entregada la licencia cuando “se dé comienzo al proyecto” se actualice dicha información. “Esto denota que la verificación de la concreción de los mandatos normativos que obligan al Estado a garantizar dicha participación en sus decisiones y a que esta tuviera algún grado de incidencia en su proceso deliberativo se trató de un asunto que no fue considerado más allá de un mero trámite de actualización de unos listados de asistencias por parte de la empresa privada”, dice el documento presentado por Ríos Vivos.
Esta organización, que se hizo visible tras la emergencia que vivió Hidroituango en 2018, señaló que la ANLA, cuando aprobó la licencia en 2009, no menciona sino una sola oportunidad del desarrollo de estos espacios hacia el año 2006 sin que sea relevante verificar la correspondencia de dichos asistentes con la magnitud de los territorios y la población cuyos derechos, libertades y modos de vida resultarían truncados y violentados con el aval estatal al megaproyecto. Precisó que en diciembre de 2008 se realizó una única audiencia publica en el municipio de Libornia (Antioquia) en la que asistieron 23 personas.
Para la organización, liderada por Isabel Zuleta “aunque la audiencia pública ambiental constituye un importante instrumento dentro de las evaluaciones ambientales, la mera realización de una única audiencia a la que asistieron solo 23 personas en un solo municipio, que además le fue requerida por el Ministerio público desde 2001, no cumple y satisface los requisitos de propiciar un diálogo genuino, deliberativo y con garantías de participación que la entidad debía garantizar y verificar al autorizar un megaproyecto de las dimensiones de Hidroituango”. Y agregan que esa audiencia pública no intervinieron los alcaldes de Ituango, Yarumal y Valdivia, municipios directamente relacionados con la construcción de Hidroituango.
La Contraloría General de la Nación también identificó los siguientes problemas que son retomados en los alegatos finales de Ríos Vivos. Que algunos pobladores que señalan ser afectados por Hidroituango no fueron incluidos en el censo. El organismo de control fiscal dice que “dicha situación no es nueva, estos proyectos y la forma como realizan su identificación y caracterización de la población afectada enfrentan problemas como el de pobladores que desempeñan actividades itinerantes o temporales, no permanentes (...) Lo cual demuestra que la caracterización se debió realizar con anterioridad a la expedición de la licencia”.
También las comunidades aledañas a Hidroituango señalan que hubo ineficiencia para identificar el área de influencia del proyecto, agravada con la falta de acceso a información. Este señalamiento lo sustentan en que cuando la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) señaló que:
“Se realizó una delimitación general, la cual no incluye las áreas de influencia directa e indirecta. La delimitación inicial del “área de estudio”, incluye las veredas relacionadas con las obras del proyecto y con algunos impactos, sin considerar las zonas aguas abajo de la presa, con incidencia en los impactos y efectos (reales y potenciales) del proyecto, en especial en el tema de riesgo, los aspectos culturales y la fragmentación biológica e hidrobiológica. Se dejan por fuera de las áreas identificadas, las obras relacionadas con el corredor de la línea de transmisión y el área afectada aguas abajo del proyecto. Por lo tanto, los impactos identificados no se corresponden, dejando por fuera las afectaciones, socioculturales de las comunidades de los municipio de Valdivia, Taraza, Cáceres, Caucasia y Nechí Es necesario ampliar los impactos identificados, integrados a las áreas de influencia directa e indirecta definitivas”.
Para Ríos Vivos la omisión de detalle respecto de este tipo de términos y caracterizaciones imposibilitó garantizar escenarios de identificación, información y socialización de toda la población realmente afectada. La recta final de este proyecto se da en medio del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia que emitió la Contraloría en las últimas horas contra tres exgobernadores de Antioquia: Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo y Alonso Salazar, quienes, según la Contraloría calificó su culpa como grave. El ente de control señaló que hubo una responsabilidad fiscal de más de $4,3 billones por lo ocurrido durante la contingencia de 2018, que retrasó el mayor proyecto hidroeléctrico en Colombia y tuvo en vilo al país durante semanas por cuenta de una posible tragedia.