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Pese a que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concedió una licencia que daba aval para realizar el primer piloto de fracking en Colombia en Puerto Wilches, Santander, hoy, el Juzgado Primero Administrativo de Barranbermeja suspende la iniciativa y frena el proceso porque no se tuvo en cuenta la opinión de las comunidades para avanzar con esos procedimientos en su región en los proyectos denominados Kalé y Platero.
La puja en este caso empezó por cuenta de un grupo de líderes ambientalistas, la Corporación Afrowilches representadas por la Corporación Podion, el Colectivo José Alvear Restrepo y la Alianza Colombia Libre de Fracking que presentaron una acción de tutela en la que pusieron de presente que se les vulneró el derecho a la consulta previa. El Juzgado los respaldó suspendiendo la licencia y ordenando a Ecopetrol, a la ANLA y a la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que dentro de 48 horas se adelante las labores administrativas para realizar los procesos de consulta previa con la Corporación Afrowilches. El despacho dejó claro que una vez adelantado el procedimiento con las comunidades las empresas petroleras y demás encargados deberán darle trámite a los proyectos que avaló la entidad ambiental.
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“Es de resaltar que los Proyectos Piloto de Investigación Integral Kalé y Platero, tienen una relevancia de interés nacional, por cuanto se trata de proyectos experimentales de cuyos resultados depende la implementación a nivel nacional de la técnica de explotación de hidrocarburos conocida como fracking”, resaltó el despacho y añadió que resulta importante la participación de las comunidades que se pueden ver afectadas en las diferentes etapas de su desarrollo, ya que, al tratarse de una actividad experimental nunca antes practicada en el país, se desconocen los impactos negativos que puede tener esta práctica.
Para el despacho es claro que la consulta previa y tener en cuenta la posición de las comunidades donde se adelantarán los piloto servirá para garantizar, o al menos ayudar, a que los impactos ambientales puedan ser identificados, prevenidos o mitigados oportunamente en caso de que ocurran y afecte a la población. Para llegar a ese análisis, el juzgado tuvo los argumentos de los demandantes, quienes señalaron las posibles afectaciones que podía tener no solo los habitantes del sector, sino también el medioambiente.
“Encuentra el despacho que la afectación directa aludida por la parte demandante recae sobre temas relacionados con las actividades agropecuarias y de pesca que realiza la comunidad étnica perteneciente a AfroWilches, al igual que el impacto ambiental que la realización de los proyectos PPII Kalé y Platero, sobre dichas actividades”, estimó el despacho y añadió que es importante recordar que los estudios sobre el fracking en Colombia ha dejado en evidencia afectaciones directas y que corresponden al impacto del proyecto en el territorio de la comunidad étnica y los cambios en el ambiente, la salud, o la estructura social, económica o cultural del grupo.
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Con el espaldarazo del juzgado, por el momento, los planes piloto para avanzar con esa práctica en el país se mantienen suspendidos en esa región. Aunque es una decisión momentánea, las comunidades y corporaciones demandantes celebraron la decisión y catalogaron el fallo como una “noticia simbólica” que puede convertirse en el fin de los planes piloto. A través de un comunicado la Alianza Colombia Libre de Fracking dijo: “esta es una victoria de las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches y de las organizaciones ambientales, que durante años hemos venido resistiendo al desarrollo de una técnica que se ha comprobado científicamente que contamina el agua y el ambiente, y demuestra una vez más que la implementación de estos proyectos desde sus inicios se ha realizado vulnerando derechos fundamentales a la consulta previa y la participación ambiental, y sin licencia social en los territorios”.
Para Carlos Andrés Santiago, miembro de Alianza Colombia Libre de Fracking, la suspensión emitida este jueves es un triunfo de las comunidades de Puerto Wilches y las comunidades afro. A su juicio, “demuestra la manera atropellada e improvisada de cómo el Gobierno ha intentado implementar estos proyectos y aprobar estas licencias violando los derechos a las comunidades a la consulta previa, a la participación, al acceso a la información, a la vida y la integridad. Y como la ANLA ha hecho un trámite exprés e irregular de estas licencias ambientales. Como han pasado por encima de la voluntad popular (...) esto demuestra el doble discurso del presidente Iván Duque que viaja por el mundo diciendo que es el Gobierno que defiende los páramos y la vida, pero en Colombia hace completamente lo contrario y pretende imponer proyectos que afectan la vida, los territorios y que contaminan el agua y el ambiente”.
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