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Cuando Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, era el hombre más buscado del país, antes de 2021, solía recordarle a toda Colombia su poder y presencia a través de comunicados públicos en medio de la selva. Con botas pantaneras y ropa militar, decía ser el líder de un nuevo tipo de autodefensas que conservan, sin sustento alguno, los ideales de Jorge Eliécer Gaitán. Imitando la propaganda de vieja escuela, de las FARC o las AUC, por una década Otoniel dio el mensaje de que el Clan del Golfo está en puntos ciegos para las autoridades. Sin embargo, contrario a esa puesta en escena, se han camuflado como empresarios y ciudadanos del común que podrían haber vivido al lado de su casa.
El Espectador revela las ubicaciones de alrededor de 40 lotes, fincas, apartamentos y mansiones que el núcleo familiar de Otoniel y narcos invisibles relacionados con el Clan del Golfo tuvieron en Antioquia, ante los ojos de todos y con escritura pública avalada por notarías de la región. Con documentación de la Superintendencia de Notariado y una investigación de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía, este diario muestra cómo y en dónde el Clan camufló dinero del narcotráfico a través de la compra de bienes. Múltiples negocios que han servido para mantener el control en zonas rurales y urbanas de Urabá, pero también para darles una vida cómoda a las mujeres de los Úsuga David, lejos de las balas y la guerra.
Los certificados de tradición contienen datos de quién compró, disfrutó y vendió un bien inmueble a lo largo de los años, y de cuánto costaron cada una de esas operaciones. Por ejemplo, la matrícula 214524, del círculo de Medellín, corresponde a un apartamento en el barrio Robledo. Pero una mirada más detallada, mediante su certificado de tradición, revela que allí mismo, entre 2012 y 2015, fue propietaria la mamá del entonces hombre más buscado de Colombia: Ana Celsa David de Úsuga. La radiografía de los bienes va mucho más allá. De los 15 municipios que componen el Urabá, hay propiedades relacionadas con el Clan en Turbo, Carepa, Necoclí, Acandí, Chigorodó y San Pedro de Urabá.
Para hacerse una idea de la apropiación de tierra, basta con ubicarse en Necoclí. En ese municipio existen 20 propiedades que suman más de 8,8 kilómetros cuadrados y que los criminales y sus familias adquirieron y registraron ante las notarías, dejando sus nombres y apellidos. Esa tierra, junta, es equivalente a casi 1.200 canchas de fútbol. “Todo modus operandi desarrollado por las extintas AUC siguió por parte del Clan del Golfo: apoderarse de la tierra y comprar grandes extensiones, pero siempre como predios estratégicos”, señaló en entrevista Liliana Donado, directora especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía. Desde 2020 le ha incautado 2.525 bienes al Clan, por un total de $6 billones 559 mil millones.
La tesis de la fiscal tiene sustento histórico, teniendo en cuenta que el Clan del Golfo está compuesto de reductos de autodefensas y guerrillas, como las que operaron en Córdoba y Urabá en los 90 y los inicios de 2000. Criminales que, como prueban sentencias judiciales, se apropiaron de la fecunda tierra de Urabá para tener vía libre para el narcotráfico. Se trata de “la mejor esquina de América”, por tener salida a ambos océanos, el Atlántico y Pacífico, y en cuyos caminos de banano campesinos se someten a las reglas del grupo narcotraficante más poderoso de Colombia. Claro ejemplo fue el paro armado del año pasado, que mostró la fragilidad de las instituciones del Estado ante el Clan.
Lavar plata en una ciudad capital
Ana Celsa David de Úsuga recibió el año nuevo de 2012 con la noticia de la muerte de su hijo, el exparamilitar Juan de Dios Úsuga, alias Giovanny. Más de 150 hombres jungla de la Fuerza Pública participaron en una operación que tuvo como desenlace la muerte del jefe criminal, en una lujosa finca de Acandí, Chocó. Ese mismo año Otoniel reemplazó a su hermano y quedó a cargo de quienes entonces eran conocidos como los Urabeños. Mientras las armas de fuego del Estado y los narcotraficantes sacudían las selvas de Urabá, para esa época Ana Celsa David vivía en la misma casa donde se llevaba la administración contable del grupo criminal. Su ubicación estaba lejos del fuego cruzado, en zona metropolitana de Medellín, junto a la extraditada Nini Johana Úsuga, otra de sus hijas.
Ana Celsa David, entonces, no tenía cuentas pendientes con las autoridades. Al contrario, era la propietaria, con escritura y firma notarial, de un apartamento y parqueadero ubicados en la carrera 81A con calle 51, en el barrio Robledo, y a algunas cuadras del estadio Atanasio Girardot. Un edificio de viviendas hecho en ladrillo, en zona de clase media, donde la madre de Otoniel invirtió $78 millones producto del narcotráfico. El negocio se firmó ante la Notaría 21 de Medellín. Al tiempo que Ana Celsa David llegaba como una vecina más al sector, en 2012, el grupo armado anunciaba su primer “plan pistola” regional, ofreciendo $2 millones por cabeza de policía muerto en seis departamentos.
La madre de Otoniel mantuvo posesión de su apartamento por tres años, de 2012 a 2015. Justamente el tiempo en el que el expresidente Juan Manuel Santos hablaba del Clan del Golfo como “la única banda criminal que tiene una connotación de carácter nacional”. Paralelo a la guerra entre Estado y narcotraficantes, acrecentada en el verde Urabá, íntimos de Otoniel compraron como ciudadanos comunes en los barrios medellinenses de Los Colores, El Poblado y Laureles. Tal es el caso de Ana Dilma Úsuga, hermana de Otoniel, quien en 2013 compró un apartamento en Los Colores. La Notaría 21 de Medellín, de nuevo, registró el negocio por $89 millones.
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Además, un apartamento desde el que se puede ver la gran ciudad hacia el occidente fue el que tuvo Yira Úsuga Úsuga en el barrio El Poblado, entre 2013 y 2015. La Fiscalía constató que con 23 años, en 2010, inició una carrera de adquisición de bienes, cuya única explicación era la de ser sobrina de Otoniel. Así lo confirmó el Juzgado Primero de Extinción de Dominio de Antioquia el año pasado, que también constató un contexto adicional de testaferrato: que Carmen Castellano, empleada de servicios de Nini Johana, también fungía en escritura pública como la dueña de un apartamento en Laureles, que le costó $200 millones. Y que Ana María Gómez David, familiar en segundo grado de Otoniel y con apenas 23 años, resultó con su propio apartamento en Los Colores.
“Los miembros del Clan dan órdenes para que se coloquen (las propiedades) en cabeza de personas de su grupo familiar, de sus hermanas, de sus padres, de sus cuñados y de sus empleados. Van formando a estas personas patrimonialmente para que tengan músculo financiero y puedan sustentar o justificar que estas ganancias vengan de una actividad lícita como la ganadería, la construcción o una actividad de turismo. Encontramos búfalos, equinos de las mejores razas y carros de alta gama. Son casas que están llenas de lujos. Aparte de las mansiones personales, tenemos hoteles y centros recreativos”, concluye la fiscal Donado.
Los negocios turbios en Turbo
Allí, hace más de 50 años, nació alias Otoniel. Y en ese mismo municipio, en octubre de 2021 y en la vereda Pitica, el narco fue capturado en una operación en conjunto entre el Ejército y la Policía. Según informaron las autoridades, lejos de los ostentosos bienes que se les han incautado a los miembros de Clan, Otoniel al parecer vivía en una pequeña casa hecha en madera, acompañado de un par de perros guardianes y una motocicleta de bajo cilindraje. El mismo Otoniel reveló ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se entregó. Desde entonces sonaron como herederos alias Siopas (que murió en marzo pasado), Chiquito Malo y ahora Gonzalito, quien aseguró estar dispuesto a hablar de paz con el Gobierno.
Turbo no es una zona ajena al Clan del Golfo y a su carrera por blanquear dinero. Los padres de Ana María Gómez David, sobrina de Otoniel, a quien la Fiscalía le quitó un apartamento en Medellín, fueron propietarios de hasta tres bienes inmuebles en las veredas Nueva Antioquia y Brunito Arriba. Se trata de Lody Amparo David, prima de Otoniel, y Joaquín Orlando Gómez Durango, quien registra una condena de 2014 por lavado de activos, concierto para delinquir y porte de armas de fuego. La justicia ya probó que en ambas fincas, que juntas suman más de 130 hectáreas, los familiares del líder del Clan del Golfo lavaron plata.
Joaquín Orlando Gómez, además, fue el socio del extraditado Hárlinson Úsuga Úsuga, alias Orejas. Como lo prueba un proceso de extinción de dominio conocido por El Espectador, juntos lavaron millones de pesos en Turbo y ante las narices de las notarías únicas de Carepa y Turbo, Antioquia. Así funcionó el entramado: para 2010 el empresario Mauricio Orozco Arbeláez tenía una finca denominada La Morelia. Su matrícula es 11125. A pesar de que el predio le costó $350 millones, alias Orejas y Joaquín Orlando Gómez la compraron por solo $90 millones en 2010. Allí mantuvieron propiedad durante dos años, hasta que se la vendieron al negociante Guillermo de Jesús Granada por apenas $1 millón.
La misma estrategia se repitió al menos 10 veces en las veredas Las Cañas, La Playona, Guadualito y El Tres de Turbo, a precios igual de irrisorios. Llama la atención la finca La Unión, ubicada en la vereda El Tres y con matrícula 034-6518, cerca de la vía principal que conecta a varios municipios del Urabá antioqueño. Fue en esa misma vereda donde, en febrero de 2018, el Clan del Golfo asesinó al patrullero Duvian Alberto Blanco. En este sector, además, el año pasado fue asesinado el suboficial del Ejército Guido Imbachí Samboní, vestido de civil. En cuanto a los negociantes de estas 10 antiguas propiedades de alias Orejas, que suman 3,8 kilómetros cuadrados, no se encuentran procesos penales. Únicamente Guillermo de Jesús Granada tiene antecedentes por extinción de dominio.
Entienda mejor el caso a través de este video:
¿Por qué comprar tierras en Urabá? Así responde la directora Donado: “Para poder viabilizar corredores de salidas de sustancias estupefacientes, en zonas estratégicas que están muy cerca de salidas por los océanos Pacífico y Atlántico, bien sea por Chocó o por las costas de Antioquia y de Córdoba. Y ahí van metiendo otros negocios, como la actividad agropecuaria, la explotación de madera, la ganadería y, últimamente, la explotación de minería ilegal. Esos predios del Clan del Golfo también eran utilizados para la circulación del tráfico de migrantes. Esa es la ruta que se utiliza para sacarlos al Darién. Todos salen por Necoclí”.
De las operaciones del Clan en Urabá participó, además, Ana Dilma Úsuga. Su nombre quedó retratado en la compra de un lote de terreno en el municipio de San Pedro de Urabá, que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ya arrendó en 2020. Casos de extinción de dominio dan cuenta de que el grupo criminal ha perdido bienes también en Apartadó, Chigorodó, Don Matías y Santa Rosa de Osos (Antioquia), así como en Acandí (Chocó), con respecto al golfo de Urabá. No obstante, la Defensoría sostiene que el clan criminal tiene presencia hasta en 20 departamentos, a corte de este año.
La estrategia del Clan del Golfo para proteger su fortuna tuvo éxito durante alrededor de cinco años. La Fiscalía ha avanzado en procesos de extinción de dominio, pero todavía quedan piezas sueltas de quiénes se prestaron, como testaferros o cómplices, para que nadie tocara las arcas de Otoniel, su familia y sus hombres. Mientras en la selva se pelean su imperio de narcotráfico contra la Fuerza Pública, en la ciudad y los municipios se juegan el lavado de su dinero. El imperio del Clan del Golfo no se habría erigido sin ayuda de reconocidos empresarios y, al parecer, de hasta funcionarios públicos. Pero de eso hablaremos mañana...