Los candidatos inhabilitados y sancionados: por quién no votar este domingo

El próximo domingo, los ciudadanos del Vaupés encontrarán en su tarjetón el nombre y la foto de varios candidatos para la Gobernación de ese departamento, entre ellos Javier Miguel Vargas Castro, exalcalde de Mitú. Aunque miles de vaupenses voten por este político y su proyecto, las X que puedan marcar en los tarjetones no valdrán de nada porque Vargas Castro está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta septiembre de 2026. Así lo tiene consignado la Procuraduría en su más reciente base de datos de candidatos sancionados e inhabilitados para las elecciones regionales del 29 de octubre. Casos así, vale advertir, se cuentan por cientos.

El próximo domingo, los ciudadanos del Vaupés encontrarán en su tarjetón el nombre y la foto de varios candidatos para la Gobernación de ese departamento, entre ellos Javier Miguel Vargas Castro, exalcalde de Mitú. Aunque miles de vaupenses voten por este político y su proyecto, las X que puedan marcar en los tarjetones no valdrán de nada porque Vargas Castro está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta septiembre de 2026. Así lo tiene consignado la Procuraduría en su más reciente base de datos de candidatos sancionados e inhabilitados para las elecciones regionales del 29 de octubre. Casos así, vale advertir, se cuentan por cientos.

Lea: Corte Suprema de Justicia hace un llamado al Congreso sobre normativa de huelgas

Según la base de datos, incluyendo a Vargas Castro, hay cuatro candidatos a gobernaciones que no pueden ejercer cargos públicos. Además, 20 candidatos a alcaldías están inhabilitados para asumir un cargo de poder. Los más sancionados son los posibles concejales, con 596 casos; luego siguen los elegibles para edil, con 80 (25 casos solo en Bogotá), y, finalmente, 23 para el puesto de diputado, para un total de 723 aspirantes a cargos de elección popular cuyo nombre y foto estarán apenas de adorno en los tarjetones. Incluso, hay una serie de elegibles cuyas inscripciones fueron revocadas hace unos días por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que quedaron fuera del concurso electoral.

Volviendo al caso de Vargas, de Fuerza Ciudadana, su hoja de vida disciplinaria registra tres inhabilidades. Entre sus antecedentes está un juicio disciplinario por tratos irrespetuosos hacia concejales de Mitú, en su época de alcalde, en 2008. Durante su administración también fue sancionado por la Contraloría, por manejo irregular de recursos públicos. Ahora bien, cruzando el país hacia el norte, otro de los candidatos es el ingeniero Rodolfo Hernández, quien se inscribió a la Gobernación de Santander. Sin embargo, la Procuraduría ya lo sancionó cuatro veces, por maltrato a funcionarios públicos y corrupción. Además, el CNE le tumbó la inscripción, así que votar por él será una pérdida de tiempo.

Le puede interesar: Yo mismo entregaré las recompensas”: Petro sobre pagos por denuncias de compra de votos

Según la última resolución del CNE, si una persona vota por Hernández, esos votos serán tomados como tarjetón no marcado. Ni siquiera como un voto nulo. Igual de ineficiente será votar por Henry Silva Meche, del Partido Demócrata Cristiano, quien buscaba gobernar el Vichada, pero terminó renunciando y, según la Procuraduría, está inhabilitado hasta agosto de 2028. Entre sus antecedentes hay un fallo de responsabilidad fiscal, confirmado en agosto de 2018, que lo encontró culpable de omisiones como secretario privado de la Gobernación de Casanare. La discordia está en un contrato de 2009, cuyo contratista, GP Corporación, recibió casi $800 millones más de lo que el convenio establecía.

Lea: Investigan a ministro y exministra de Salud por presunta escasez de medicamentos

Asimismo, entre los aspirantes a gobernaciones que están inhabilitados por la Procuraduría está Manuel Eduardo Ocoro Carabalí, quien busca administrar el Putumayo. Tiene experiencia como alcalde de Orito entre 2016 y 2019, pero, según el órgano de control, le es imposible ocupar un cargo público hasta agosto de 2028. En su contra, además, tiene un proceso de responsabilidad fiscal originado en la Contraloría Departamental de Putumayo. Por último, aunque en los listados iniciales aparecía el candidato Luis Emilio Romaña Mosquera, para la Gobernación del Chocó, como un inhabilitado más, lo cierto es que sus votos sí serán contados en las próximas elecciones.

En cuanto a los candidatos a alcaldías, el caso más llamativo es el de Oneida Pinto Pérez, exgobernadora de La Guajira, quien quiere ser la mandataria local del municipio de Albania (por tercera vez); sin embargo, tiene todo en contra. El año pasado, la Procuraduría la inhabilitó por 10 años, en primera instancia, por adjudicar a dedo, como gobernadora, un contrato a favor de la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, en 2016. Además, el CNE le revocó la inscripción teniendo en cuenta la imputación en su contra por las supuestas falencias halladas en un contrato por $16.800 millones para el Hospital San Rafael, de Albania. Por ese expediente estuvo presa.

Asimismo, no tendrá ningún efecto votar por Helmut Falla Osorio, del Partido Liberal, para la Alcaldía de Baraya, en Huila. A finales de septiembre pasado, el CNE le tumbó la inscripción, basado en su inhabilidad de por vida para ejercer cargos en la Alcaldía, según documenta la Procuraduría. De acuerdo con medios locales, el caso es por una sentencia condenatoria que tiene. Lo mismo sucede en el caso de Nikol Yair Polanía Lasso, quien busca gobernar el municipio de Campoalegre en Huila, bajo las banderas de la Unión Patriótica. El CNE le revocó la inscripción, pues la Procuraduría encontró que tiene una sentencia en primera instancia por lesiones personales, de 2020, que no le permite ejercer cargos públicos por cuatro años.

Ahora bien, en teoría, todos estos candidatos deberían estar habilitados para ocupar cargos públicos por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas determinaciones reconoce este país por la Constitución. En 2020, esta Corte decidió que únicamente los jueces están en capacidad de destituir a un funcionario elegido por voto popular en Colombia, al resolver el caso del exalcalde de Bogotá y presidente Gustavo Petro, quien fue destituido por el procurador Alejandro Ordóñez en 2013. Sin embargo, en 2021, la Procuraduría de Margarita Cabello presentó una reforma en la cual protegió las funciones de juez que históricamente había tenido. La reforma, después, fue estudiada por la Corte Constitucional que, en contravía de la Corte IDH, permitió a la Procuraduría destituir a estos funcionarios, siempre y cuando el caso sea examinado por el Consejo de Estado. Para hacer el debate aún más difícil, este último tribunal ni siquiera tiene claro si debe aceptar los casos.

El listado conocido por este diario incluye aspirantes a alcaldes de ciudades o municipios medianos como Corozal (Sucre), Apartadó (Antioquia), Tibasosa (Boyacá), Paz de Ariporo (Casanare), Florencia (Caquetá), Caloto (Cauca) y Guayabetal (Cundinamarca). Además, la mayoría de los movimientos políticos cuyos candidatos están inhabilitados son emergentes, a excepción de Salvación Nacional, Partido Liberal, Conservador y Polo Democrático. En cuanto a posibles alcaldes o gobernadores, los partidos que más inhabilitados tienen son Fuerza Ciudadana y el Movimiento Alianza Democrática Amplia. Faltan apenas horas para las elecciones y la Procuraduría espera que los ciudadanos no marquen los nombres de aquellos que, como sus fallos lo prueban, no cumplieron la responsabilidad de la función pública.