Los contratos por $17.000 millones que tienen en juicio a exfuncionarios de Uspec

La Procuraduría acaba de llamar a juicio disciplinario a Juan Ernesto Oviedo, exdirector de logística de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad encargada de administrar los potentes recursos para mantener el sistema penitenciario en Colombia. Al parecer, encargó un dinero por más de $17.000 millones, para vigilancia electrónica de sindicados y condenados, pero le aprobaron los recursos bajo un recurso que solo se usa en momentos excepcionales.

Lea: El misterioso correo sobre supuesta corrupción en la Uspec

De acuerdo con la Procuraduría, en 2019, Oviedo habría aplicado de forma irregular el concepto de “urgencia manifiesta” para celebrar un contrato por $16.955 millones para garantizar el “servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para las personas privadas de la libertad con detención domiciliaria, prisión domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel Nacional”. De allí, además, salió el contrato de interventoría por $970 millones.

Aunque el Ministerio Público no entregó detalle alguno de cómo, Oviedo y su equipo de contratación, habrían inaplicado el concepto de urgencia manifiesta, explicaron que pronto iniciarán las audiencias del juicio de responsabilidad disciplinaria. El concepto que tiene a Oviedo bajo la lupa de la Procuraduría está enmarcado dentro del Estatuto General de Contratación Pública. En la norma, queda claro que solo se puede solicitar dinero de esa forma si no hay de otra.

Le puede interesar: Tras auditoría fiscal de la Contraloría, Uspec rinde cuentas sobre cárcel de Girón

“Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección”, dice el concepto de la Ley 80 de 1993.

Hasta que la Procuraduría no entregue más detalles de la investigación, se podría decir que Oviedo y su equipo de contratación tenían otras alternativas para solicitar los fondos. También van a juicio disciplinario Claudia Beatriz Nieto, directora de Gestión Contractual; Myriam Beatriz de la Espriella, directora Administrativa y Financiera; y Viviana Marcela Herrera, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Uspec.

Lea también: Así será la multimillonaria licitación para mejorar la alimentación de las cárceles

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad hermana de la Uspec, permanecen en prisión alrededor de 96.000 personas. En cuanto a quienes está en detención y prisión domiciliaria, 4.979 hombres y 717 mujeres cuentan con vigilancia electrónica. El pasado 7 de septiembre, el presidente Iván Duque y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, firmaron un decreto para que quienes gocen del beneficio paguen por él, si está en la medida de sus posibilidades.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Procuraduría acaba de llamar a juicio disciplinario a Juan Ernesto Oviedo, exdirector de logística de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad encargada de administrar los potentes recursos para mantener el sistema penitenciario en Colombia. Al parecer, encargó un dinero por más de $17.000 millones, para vigilancia electrónica de sindicados y condenados, pero le aprobaron los recursos bajo un recurso que solo se usa en momentos excepcionales.

Lea: El misterioso correo sobre supuesta corrupción en la Uspec

De acuerdo con la Procuraduría, en 2019, Oviedo habría aplicado de forma irregular el concepto de “urgencia manifiesta” para celebrar un contrato por $16.955 millones para garantizar el “servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para las personas privadas de la libertad con detención domiciliaria, prisión domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel Nacional”. De allí, además, salió el contrato de interventoría por $970 millones.

Aunque el Ministerio Público no entregó detalle alguno de cómo, Oviedo y su equipo de contratación, habrían inaplicado el concepto de urgencia manifiesta, explicaron que pronto iniciarán las audiencias del juicio de responsabilidad disciplinaria. El concepto que tiene a Oviedo bajo la lupa de la Procuraduría está enmarcado dentro del Estatuto General de Contratación Pública. En la norma, queda claro que solo se puede solicitar dinero de esa forma si no hay de otra.

Le puede interesar: Tras auditoría fiscal de la Contraloría, Uspec rinde cuentas sobre cárcel de Girón

“Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección”, dice el concepto de la Ley 80 de 1993.

Hasta que la Procuraduría no entregue más detalles de la investigación, se podría decir que Oviedo y su equipo de contratación tenían otras alternativas para solicitar los fondos. También van a juicio disciplinario Claudia Beatriz Nieto, directora de Gestión Contractual; Myriam Beatriz de la Espriella, directora Administrativa y Financiera; y Viviana Marcela Herrera, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Uspec.

Lea también: Así será la multimillonaria licitación para mejorar la alimentación de las cárceles

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad hermana de la Uspec, permanecen en prisión alrededor de 96.000 personas. En cuanto a quienes está en detención y prisión domiciliaria, 4.979 hombres y 717 mujeres cuentan con vigilancia electrónica. El pasado 7 de septiembre, el presidente Iván Duque y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, firmaron un decreto para que quienes gocen del beneficio paguen por él, si está en la medida de sus posibilidades.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.