Los contratos que enredan a César Manrique, de Función Pública, con el caso Ungrd

El pasado miércoles 7 de agosto, mientras el presidente Gustavo Petro daba su discurso en el puente de Boyacá por el cumplimiento de los dos años de su administración, en los juzgados del complejo judicial de Paloquemao la Fiscalía ponía en evidencia a otro de sus alfiles por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla (exdirectivos de la Unidad) y Luis Eduardo López (contratista conocido como el Pastuso), el ente investigador puso el nombre de César Manrique Soacha, director del departamento de la Función Pública, como una de las más altas cabezas del entramado de corrupción.

El pasado miércoles 7 de agosto, mientras el presidente Gustavo Petro daba su discurso en el puente de Boyacá por el cumplimiento de los dos años de su administración, en los juzgados del complejo judicial de Paloquemao la Fiscalía ponía en evidencia a otro de sus alfiles por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla (exdirectivos de la Unidad) y Luis Eduardo López (contratista conocido como el Pastuso), el ente investigador puso el nombre de César Manrique Soacha, director del departamento de la Función Pública, como una de las más altas cabezas del entramado de corrupción.

Las pruebas de la Fiscalía en contra de Manrique, quien asumió como director de ese departamento el 24 de agosto de 2022, se basan en documentos y testimonios presentados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, los cuales presentaron en interrogatorios y citaciones a las instalaciones del búnker. Como contó El Espectador, Manrique estaría ligado directamente a la solicitud de un traslado de $100.000 millones desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hacia la Ungrd por medio de un convenio, con el fin de direccionar negocios y pactar coimas de hasta 7% por cada contrato entregado. Para idear esta estrategia, señaló la Fiscalía, el funcionario habría actuado en compañía de Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd.

En contexto: Ungrd: Las pruebas contra otro alto exfuncionario y el director de Función Pública

Durante la audiencia, en la que la Fiscalía puso sobre la mesa por primera vez una serie de pruebas en contra de los tres imputados, también se dio a conocer que la contratación irregular en la entidad se habría fundamentado en 21 órdenes de proveeduría que suman más de $228.000 millones, todo durante la gestión de Olmedo López y Sneyder Pinilla como directivos de la Unidad. Dentro de ese valor, precisó el ente investigador, se presentaron siete contratos en particular que fueron financiados con recursos de la ANT por más de $96.347 millones, dinero que salió de los $100.000 millones que Manrique habría solicitado trasladar de una entidad a otra.

De acuerdo con la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, encargada del expediente, entre Olmedo López y César Manrique acordaron el pago de sobornos para la transferencia de recursos de la ANT. Los convenios que se generaran con la utilización de ese dinero tendrían una coima del 7% en cada contrato y, según la Fiscalía, ese porcentaje sería repartido entre López, Pinilla y “los otros funcionarios de la Ungrd que participaron en la tramitación de la actuación ilícita”.

Más detalles: “Son un peligro para la comunidad”: Fiscalía sobre Olmedo López y Sneyder Pinilla

Los contratos por los cuales la Fiscalía pone la lupa sobre César Manrique

El ente investigador desglosó durante la diligencia los siete contratos que fueron financiados por más de $96.000 millones con recursos de la ANT. El más jugoso se habría firmado por $42.426 millones con el Consorcio Plantas Desalinizadoras Uribia 2023 para la adquisición de plantas desalinizadoras con un componente autónomo de energía solar. Otro contrato fue firmado por $29.000 millones con la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Sociall Yapurutú y con el cual se buscaba comprar 40 carrotanques con agua con destino a La Guajira. Este contrato es diferente al que llevó el escándalo a la luz pública, pues el contrato por otros 40 carrotanques fue entregado a una empresa del Pastuso, y fue sobre el cual se presentaron millonarios sobrecostos.

Según el ente investigador, otro contrato financiado con estos recursos se firmó por $11.199 millones con la firma ACF Ingeniería SAS, con el fin de poner en marcha y hacer mantenimiento de varios aerodesalinizadores. El cuarto convenio se firmó por $6.555 millones con la Unión Temporal Bases de La Guajira y tenía como objetivo la construcción de bases en concreto reforzado para instalar tanques de almacenamiento de 5.000 litros de agua en tres municipios. Un quinto contrato se firmó por $4.351 millones con la compañía Tecnoaguas SAS para el mantenimiento de pozos subterráneos en Maicao (La Guajira). Los otros restantes se firmaron por $2.547 millones y $261 millones para labores de interventoría con Siloh Group SAS y el Grupo Consultor e Ingenieros SAS, respectivamente.

Los contratos de Maquisabana Rentall SAS y Proyecta Ing SAS

El esquema utilizado por la Fiscalía, en el que se revelan las órdenes de proveeduría por más de $228.000 millones, también deja entrever otro punto clave en el entramado: los contratos por más de $24.000 millones que cayeron en manos de Maquisabana Rentall SAS y Proyecta Ing SAS. Estos convenios que beneficiaron a las dos compañías, sin embargo, no tienen relación con el director del departamento de la Función Pública, César Manrique. De hecho, están ligados a Sneyder Pinilla, pues fueron adjudicados a empresarios amigos suyos. Ambas empresas lograron convenios de hasta $27.000 millones a inicios de este año y en días cercanos a la renuncia de Pinilla como subdirector para el Manejo de Desastres.

Así lo evidenció la Fiscalía: “(Pinilla) le solicitó a su amigo de infancia Fabián González (...) proceder a la inscripción de Maquisabana Rentall SAS asegurándole su ayuda futura en la contratación, situación similar a la ocurrida con Nelson Triana, otro amigo de Pinilla Álvarez, y su empresa Proyecta Ing, que nunca inscribió en el registro de proveedores de la Ungrd, pero aún así fue seleccionada para adjudicarle cuatro órdenes de control y seguimiento por valor de $1.478 millones”.

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