Los crímenes de la inteligencia de la Armada llegaron hasta la CIDH

Esta es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza una audiencia sobre el caso de la Red de Inteligencia 07 de la Armada Nacional. Esta fue una alianza militar que operó entre 1991 y 1993 en Barrancabermeja, y desató un proceso de persecución y exterminio de líderes comunitarios, campesinos, sindicalistas y defensores de derechos humanos. La Comisión de la Verdad documentó 68 víctimas de esta red, entre las que se encuentran militantes de movimientos políticos como A Luchar y la Unión Patriótica.

La petición fue presentada desde 2016 por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas) por la presunta responsabilidad del Estado en las violaciones a derechos humanos en Barrancabermeja por la Red de Inteligencia militar después de 19 años que ocurrieron. Las víctimas, en su mayoría, fueron trabajadores de Ecopetrol que hacían parte de la Unión Sindical Obrera, trabajadores afiliados a sindicatos del transporte, periodistas, líderes/as campesinos, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos de izquierda.

(Le puede interesar: Inteligencia estatal tiene capacidades de vigilancia masiva y sin control: FLIP)

Esta red de inteligencia que operaba en Barrancabermeja se desarrolló como parte de la Estrategia Nacional Contra la Violencia del gobierno de César Gaviria, la primera política pública de seguridad del país que se adoptó por recomendación de las Fuerzas Militares de Estados Unidos dentro de la llamada “guerra antidrogas”. Tal parece, según los peticionarios, que el objetivo de la Red de inteligencia fue asesinar sistemática e impunemente a defensores de los derechos humanos de Barrancabermeja.

Según lo declarado por los abogados de las sobrevivientes, la Red operaba de la siguiente manera: sicarios contratados por la red de inteligencia se desplazaban en motos y les disparaban a sus víctimas cuando se encontraban usualmente en lugares públicos, como bares o restaurantes. Luego huían y no se daban capturas. Las personas que asesinaban a orden de la Red eran, en su mayoría, trabajadores de Ecopetrol afiliados a Unión Sindical Obrera (USO), líderes campesinos, periodistas y trabajadores sindicalizados.

Para los representantes de las víctimas fue así como los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles y grupos de oposición política, eran consideradas por el Ejército como un brazo de la insurgencia. La autoridad los estigmatizaba como si fueran miembros de guerrillas y buscaron eliminarlos a través de la amenaza y el asesinato. A esta política y estrategia al interior de las Fuerzas Militares se le conoció como “Enemigo Interno” y surgió a partir de la aplicación de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, concepción militar creada por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial; esta se implementó en Colombia a través de normas como la Ley No. 48 de 1968.

Alirio Uribe Muñoz fue escuchado como testigo y víctima. Actualmente representante a la cámara por Bogotá y fue abogado del caso contra la Red de Inteligencia durante la época. A inicios de los años 90, él pertenecía al colectivo de abogados Cajar y era defensor en la zona del Magdalena Medio, y Barrancabermeja. Durante su trabajo, se enteró de una serie de masacres y atentados ejecutados por las fuerzas armadas, muchas de ellas pertenecientes a sindicatos y organizaciones defensoras de derechos humanos a quienes comenzó a fungir como abogado.

A raíz de las denuncias de Uribe, se iniciaron múltiples investigaciones que involucraban a miembros de la Armada Nacional y a altos mandos, pero también señaló que recibió múltiples amenazas por ese y otros casos que ha llevado contra agentes estatales involucrados en múltiples violaciones de derechos humanos. Después de 30 años de impunidad, él y la representación de las víctimas reiteraron ante la CIDH, su llamado al Estado para que la verdad y la justicia alcancen a los responsables de estos hechos que, según sus declaraciones, demuestran cómo la inteligencia estatal ha sido usada ilegalmente en múltiples casos a lo largo de la historia de Colombia para perseguir a opositores políticos.

Por su parte, el Estado insistió en llegar a un acuerdo de solución amistosa. Sobre esto, la representación de víctimas señaló que sería posible a partir del reconocimiento de su responsabilidad internacional, además de que le solicita al mismo que corrija en sus alegatos expresiones como que los sicarios eran terceros civiles sin relación con la Red. Además, solicitan que el Estado reconozca que la actuación de la Justicia Penal Militar en este caso fue contraria al ordenamiento constitucional. Pues, fue a través de esta que se investigaron algunos de los hechos por involucrar a militares, cuando los casos de graves violaciones a los derechos humanos con competencia de la justicia ordinaria.

Por lo pronto, se espera que después de este encuentro la CIDH emita un informe en el que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano junto con sus recomendaciones dirigidas para el avance en la reparación, verdad y justicia a petición de las víctimas. Finalmente, la representación de víctimas le solicitó al Estado el reconocimiento de los archivos de inteligencia de la Red de Inteligencia 07 como archivos de derechos humanos, así como un cambio definitivo y estructural en la legislación sobre inteligencia y contrainteligencia, y en la doctrina militar, pues hace más de 30 años el Estado no ha establecido un marco jurídico que establezca la protección de derechos de personas investigadas por sus redes de inteligencia, para que hechos como estos no se repitan nunca más.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Esta es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza una audiencia sobre el caso de la Red de Inteligencia 07 de la Armada Nacional. Esta fue una alianza militar que operó entre 1991 y 1993 en Barrancabermeja, y desató un proceso de persecución y exterminio de líderes comunitarios, campesinos, sindicalistas y defensores de derechos humanos. La Comisión de la Verdad documentó 68 víctimas de esta red, entre las que se encuentran militantes de movimientos políticos como A Luchar y la Unión Patriótica.

La petición fue presentada desde 2016 por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas) por la presunta responsabilidad del Estado en las violaciones a derechos humanos en Barrancabermeja por la Red de Inteligencia militar después de 19 años que ocurrieron. Las víctimas, en su mayoría, fueron trabajadores de Ecopetrol que hacían parte de la Unión Sindical Obrera, trabajadores afiliados a sindicatos del transporte, periodistas, líderes/as campesinos, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos de izquierda.

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Esta red de inteligencia que operaba en Barrancabermeja se desarrolló como parte de la Estrategia Nacional Contra la Violencia del gobierno de César Gaviria, la primera política pública de seguridad del país que se adoptó por recomendación de las Fuerzas Militares de Estados Unidos dentro de la llamada “guerra antidrogas”. Tal parece, según los peticionarios, que el objetivo de la Red de inteligencia fue asesinar sistemática e impunemente a defensores de los derechos humanos de Barrancabermeja.

Según lo declarado por los abogados de las sobrevivientes, la Red operaba de la siguiente manera: sicarios contratados por la red de inteligencia se desplazaban en motos y les disparaban a sus víctimas cuando se encontraban usualmente en lugares públicos, como bares o restaurantes. Luego huían y no se daban capturas. Las personas que asesinaban a orden de la Red eran, en su mayoría, trabajadores de Ecopetrol afiliados a Unión Sindical Obrera (USO), líderes campesinos, periodistas y trabajadores sindicalizados.

Para los representantes de las víctimas fue así como los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles y grupos de oposición política, eran consideradas por el Ejército como un brazo de la insurgencia. La autoridad los estigmatizaba como si fueran miembros de guerrillas y buscaron eliminarlos a través de la amenaza y el asesinato. A esta política y estrategia al interior de las Fuerzas Militares se le conoció como “Enemigo Interno” y surgió a partir de la aplicación de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, concepción militar creada por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial; esta se implementó en Colombia a través de normas como la Ley No. 48 de 1968.

Alirio Uribe Muñoz fue escuchado como testigo y víctima. Actualmente representante a la cámara por Bogotá y fue abogado del caso contra la Red de Inteligencia durante la época. A inicios de los años 90, él pertenecía al colectivo de abogados Cajar y era defensor en la zona del Magdalena Medio, y Barrancabermeja. Durante su trabajo, se enteró de una serie de masacres y atentados ejecutados por las fuerzas armadas, muchas de ellas pertenecientes a sindicatos y organizaciones defensoras de derechos humanos a quienes comenzó a fungir como abogado.

A raíz de las denuncias de Uribe, se iniciaron múltiples investigaciones que involucraban a miembros de la Armada Nacional y a altos mandos, pero también señaló que recibió múltiples amenazas por ese y otros casos que ha llevado contra agentes estatales involucrados en múltiples violaciones de derechos humanos. Después de 30 años de impunidad, él y la representación de las víctimas reiteraron ante la CIDH, su llamado al Estado para que la verdad y la justicia alcancen a los responsables de estos hechos que, según sus declaraciones, demuestran cómo la inteligencia estatal ha sido usada ilegalmente en múltiples casos a lo largo de la historia de Colombia para perseguir a opositores políticos.

Por su parte, el Estado insistió en llegar a un acuerdo de solución amistosa. Sobre esto, la representación de víctimas señaló que sería posible a partir del reconocimiento de su responsabilidad internacional, además de que le solicita al mismo que corrija en sus alegatos expresiones como que los sicarios eran terceros civiles sin relación con la Red. Además, solicitan que el Estado reconozca que la actuación de la Justicia Penal Militar en este caso fue contraria al ordenamiento constitucional. Pues, fue a través de esta que se investigaron algunos de los hechos por involucrar a militares, cuando los casos de graves violaciones a los derechos humanos con competencia de la justicia ordinaria.

Por lo pronto, se espera que después de este encuentro la CIDH emita un informe en el que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano junto con sus recomendaciones dirigidas para el avance en la reparación, verdad y justicia a petición de las víctimas. Finalmente, la representación de víctimas le solicitó al Estado el reconocimiento de los archivos de inteligencia de la Red de Inteligencia 07 como archivos de derechos humanos, así como un cambio definitivo y estructural en la legislación sobre inteligencia y contrainteligencia, y en la doctrina militar, pues hace más de 30 años el Estado no ha establecido un marco jurídico que establezca la protección de derechos de personas investigadas por sus redes de inteligencia, para que hechos como estos no se repitan nunca más.

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