Los cuestionamientos al fiscal Rodrigo Aldana

Desde hace unas semanas, en la Fiscalía hay un asunto que se considera “delicado”. El nombre y apellido de ese asunto es Rodrigo Aldana. Todo comenzó el 9 de marzo pasado, cuando el diario El Tiempo publicó el artículo “Las seis reuniones con Otto Bula que enredan a fiscal”, en el que se afirmaba que dos bienes del clan narcotraficante Álvarez Meyendorff, en proceso de extinción de dominio en 2012, terminaron en manos de Otto Bula después de que él se hubiera reunido con el fiscal Aldana. La denuncia del artículo —que Aldana negó— era sin duda grave, pero hace por lo menos dos años la Fiscalía tiene más información sobre este funcionario, que está en deuda de esclarecer.

Para entender por qué hoy la Dirección de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema maneja una indagación preliminar con respecto a Aldana hay que retroceder hasta el 13 de noviembre de 2015, cuando la entonces directora de Fiscalías Especializadas, Caterina Heyck, presentó una denuncia ante el fiscal general Eduardo Montealegre. Se refería, principalmente, a un supuesto soborno que le habría pagado un abogado de los Comba al fiscal especializado Álvaro Sarmiento, situación que denunció El Espectador en ese momento y que la Fiscalía no ha resuelto aún, ni archivando el tema ni investigando formalmente a Sarmiento.

Para esa fecha, una petición particular había llegado a la Fiscalía de parte de los Comba: que el expediente 3452, un proceso de lavado de activos que involucraba a los Comba y sus familias, se uniera con otro de extinción de dominio y se le designara específicamente a Álvaro Sarmiento. Sarmiento negó entonces cualquier irregularidad o relación anómala con los Comba y sus abogados. Rodrigo Aldana, por su parte, rechaza cualquier cercanía con Sarmiento, más allá de que trabajan en la misma entidad. “A Sarmiento lo conozco y no más”, le dijo a este diario. Quien adelantaba la investigación del expediente 3452 era Rodrigo Aldana.

En diciembre de 2014, Aldana fue ascendido a fiscal delegado ante tribunal. Caterina Heyck, al igual que la directora de Lavado de Activos, Luz Ángela Bahamón, y la directora de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, indicaron que entonces Aldana debía entregar sus casos. Aldana se rehusó y elevó consultas ante el despacho del fiscal general, señalando que tenía esos casos por asignación especial. Yenny Claudia Almeida, entonces asesora del fiscal general, le confirmó que debía devolver los procesos. “Me demoré en hacerlo porque cada expediente tenía como 200 cuadernos y para revisarlos todos sólo contaba con mi asistente. No por otra razón”, dice Aldana.

No se trataba de un proceso cualquiera, sino de uno que llevaba años en la Fiscalía sin que pudiera concluirse, rodeado de presiones y hasta amenazas contra fiscales. Era tal el interés de los Comba en sacar a sus parientes del radar de la Fiscalía que Aldana viajó a Estados Unidos para oír a Javier Antonio Calle Serna aceptar cargos a cambio de beneficios para su familia. “No manejé irregularmente el 3452. Lo que pasa es que tenía una información sensible que debía corroborar. Los investigadores del caso saben de qué hablo. Calle Serna me aceptó cargos, pero yo no podía decirle que sí porque sí”, asegura el fiscal Aldana.

Desde que comenzó la investigación por lavado de activo a los Comba y su gente, en la Fiscalía el expediente 3452 ha ido de tropiezo en tropiezo. Hacia el año 2007, un abogado de los Comba se acercó al fiscal del caso a decirle que si ellos dos no llegaban a un acuerdo favorable, él podía conseguir que le quitaran el caso. La Unidad de Lavado de Activos le informó al fiscal general de la época, Mario Iguarán. Investigadores del DAS advirtieron también que la gente de los Comba sabía de las diligencias que estaba llevando a cabo la Fiscalía.

Para 2012, el expediente 3452 seguía sin resolverse. Ese año, el recién nombrado fiscal general Eduardo Montealegre nombró a Rodrigo Aldana fiscal destacado ante el subgrupo de apoyo de lavado de activos Gela, que patrocina el gobierno británico. Montealegre lo conocía de vieja data por su padre; Aldana es el hijo del Luis Enrique Aldana Rozo, uno de los magistrados que sobrevivieron a la toma del Palacio de Justicia en 1985, pero que, recuerda Fabio Castillo en su libro “Los jinetes de la coca”, murió meses después de ese episodio de guerra por cuenta de la persecución del narcotráfico hacia los altos jueces que estaban definiendo el tema de la extradición.

“Aldana recibió en su casa un féretro con una leyenda: ‘es para usted’ —contó Castillo—. Con la salud ya resquebrajada, sufrió un ataque al corazón. Fue trasladado a Houston, donde luego de una intervención quirúrgica pareció quedar restablecido. Pero cuando salió del quirófano, misteriosamente fueron cortados los tubos que le conducían el oxígeno y murió de inmediato”.

Rodrigo Aldana ingresó al organismo investigativo en 2011 como funcionario de carrera. Para esa época, su nombre había ocupado titulares de prensa porque, como fiscal antiterrorismo, le tocó conocer la denuncia que el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo hizo contra Carlos Alonso Lucio por supuestamente asesorar a los paramilitares en Santa Fe de Ralito sin autorización del Gobierno. Lucio es el esposo de quien por esas fechas era fiscal general, Viviane Morales. Aldana se declaró impedido arguyendo que el M-19 era responsable de la muerte de su padre y Lucio era un ex-M-19. Salió del caso, y del tema de Lucio no se supo más.

Cuando Eduardo Montealegre empezó como fiscal general, en la Fiscalía se decía que Aldana era uno de sus consentidos y, tal parece, los británicos le tenían mucho aprecio también. No obstante, algunos funcionarios de la Fiscalía veían su trabajo con reservas. No les gustaba, por ejemplo, su cercanía con Andrés Vélez, con quien almorzaba con frecuencia cerca del búnker. Andrés Vélez, quien está llamado a juicio por presuntamente haber mentido contra la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, había dicho en la Fiscalía que él podía declarar en el proceso contra la entonces contralora Sandra Morelli, y esa fue una carta que Aldana jugó a su favor.

En esa época, el fiscal Montealegre estaba empecinado en demostrar que Sandra Morelli había cometido algún delito al tomar en arriendo para la Contraloría un edificio de Aroch Mugrabi, empresario que después empezó a ser investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Andrés Vélez aseguró que tenía información que podía servir para la investigación contra Mugrabi y, por ende, contra Morelli; su puente era Rodrigo Aldana. “Eso no me dio ninguna ventaja con Montealegre”, asegura el fiscal Aldana. Otra cosa, sin embargo, concluyeron funcionarios de la Fiscalía que vieron cómo, poco después, Aldana fue nombrado representante de la Fiscalía para asesorar al Gobierno en sus deseos de ingresar a la OCDE y luego ascendido a fiscal delegado ante tribunal.

Procesos en extinción

Antes de ingresar a la Fiscalía en 2011, Rodrigo Aldana ya había sido parte del organismo desde 1993 hasta diciembre de 2002, cuando el fiscal general Luis Camilo Osorio lo declaró insubsistente. Aldana, cuenta él mismo, se fue a trabajar en la Contraloría de Antonio Hernández Gamarra y como penalista litigó hasta 2011. En 2012, como fiscal destacado ante el grupo Gela, a Aldana le entregaron más de 80 procesos de lavado de activos relacionados con distintos grupos mafiosos (entre ellos el famoso expediente 3452). Luego, superiores suyos encontraron información que, cuando menos, daba para indagar por su trabajo.

Como quedó registrado en el despacho quinto de fiscales delegados ante la Corte Suprema, que en septiembre del año pasado archivó la denuncia por injuria y calumnia que Rodrigo Aldana presentó contra Caterina Heyck luego de la comunicación que ella le envió al fiscal Eduardo Montealegre, la directora de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, también había reportado una “presunta irregularidad” de Rodrigo Aldana: “la proyección de una resolución inhibitoria dentro de un proceso de extinción de dominio” contra los hermanos Jacinto y Rodolfo Báez Báez, “testaferros del Loco Barrera”.

Jacinto y Rodolfo Báez Báez fueron capturados en marzo de 2011 junto a José Fernando Lopesierra, el hermano del “Hombre Marlboro”, el exsenador Samuel Santander Lopesierra. Los tres estaban solicitados en extradición, por cargos de narcotráfico, por una corte federal de Tampa (Estados Unidos). En el informe que firmó la fiscal Malagón se lee que Aldana, en su resolución inhibitoria, “inexplicablemente hace entrega formal de unos activos que pertenecían a los testaferros del ‘Loco’ Barrera, el mismo que él había representado en el año 2011 como abogado”.

“Yo jamás presenté un borrador (de resolución) de bienes de los Báez y de Lopesierra”, responde Rodrigo Aldana. Agrega que tampoco fue abogado de ellos, pero es un hecho que el Inpec ha certificado 25 ingresos de Aldana a cárceles entre 2007 y 2011 —la época en que litigaba— para visitar, entre otros, a los hermanos Báez y a José Fernando Lopesierra. Según los registros del Inpec, que este diario conoció, tanto Jacinto Báez Báez como José Fernando Lopesierra lo relacionaron como “abogado” para autorizar que él fuera a visitarlos.

También visitó a Diego León Montoya, cuando este jefe del cartel del Norte del Valle recién había sido capturado; a su hermano Eugenio Montoya; a José Leonardo Cuevas, empresario de San Victorino (Bogotá) que fue extraditado a Estados Unidos por un lavado de activos, y a Carlos García, un ciudadano español que hacía parte del cartel Rama Gallega y metía droga a Europa en alianza con los Rastrojos, el ejército privado del cartel del Norte del Valle que encabezaban los hermanos Comba. “A García lo ayudé para que, en vez de extraditarlo, lo deportaran y se fuera más rápido a España. Y vea cómo son las cosas, ni siquiera me pagó”.

“A los Báez los conocí —afirma Rodrigo Aldana— por Edward Kacerosky, quien estaba adelantando una investigación privada con Linda George”. Para esa época, Kacerosky, un reconocido funcionario antinarcóticos estadounidense que había cooperado en las indagaciones contra los hermanos Rodríguez Orejuela, empezaba a trabajar como consultor e investigador de abogados de mafiosos en Estados Unidos. La familia de Álvaro Gómez Hurtado lo contrató un tiempo con la esperanza de que los ayudara en la investigación por el magnicidio del político conservador, pero hace tiempo que ese contacto se desvaneció.

Todos esos elementos los tiene hoy la Dirección de Fiscales delegados ante la Corte Suprema, aunque todavía no hay investigación formal de nada. “Le he enviado unos cuatro oficios al doctor Fabio Espitia (director de los delegados ante la Corte), pidiéndole que me escuche en interrogatorio, pero no me ha respondido”, dice Aldana. También rechaza haber cometido cualquier irregularidad, dice que no le devolvió a Otto Bula bienes de los Álvarez Meyendorff y reclama además por su seguridad y la de su familia después de haber sido relacionado con el excongresista. “A mi mamá se le metieron a la casa hace un par de semanas, se le llevaron la caja fuerte. Me da la idea de que fue un mensaje para mí”, dice Aldana.

Desde hace unas semanas, en la Fiscalía hay un asunto que se considera “delicado”. El nombre y apellido de ese asunto es Rodrigo Aldana. Todo comenzó el 9 de marzo pasado, cuando el diario El Tiempo publicó el artículo “Las seis reuniones con Otto Bula que enredan a fiscal”, en el que se afirmaba que dos bienes del clan narcotraficante Álvarez Meyendorff, en proceso de extinción de dominio en 2012, terminaron en manos de Otto Bula después de que él se hubiera reunido con el fiscal Aldana. La denuncia del artículo —que Aldana negó— era sin duda grave, pero hace por lo menos dos años la Fiscalía tiene más información sobre este funcionario, que está en deuda de esclarecer.

Para entender por qué hoy la Dirección de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema maneja una indagación preliminar con respecto a Aldana hay que retroceder hasta el 13 de noviembre de 2015, cuando la entonces directora de Fiscalías Especializadas, Caterina Heyck, presentó una denuncia ante el fiscal general Eduardo Montealegre. Se refería, principalmente, a un supuesto soborno que le habría pagado un abogado de los Comba al fiscal especializado Álvaro Sarmiento, situación que denunció El Espectador en ese momento y que la Fiscalía no ha resuelto aún, ni archivando el tema ni investigando formalmente a Sarmiento.

Para esa fecha, una petición particular había llegado a la Fiscalía de parte de los Comba: que el expediente 3452, un proceso de lavado de activos que involucraba a los Comba y sus familias, se uniera con otro de extinción de dominio y se le designara específicamente a Álvaro Sarmiento. Sarmiento negó entonces cualquier irregularidad o relación anómala con los Comba y sus abogados. Rodrigo Aldana, por su parte, rechaza cualquier cercanía con Sarmiento, más allá de que trabajan en la misma entidad. “A Sarmiento lo conozco y no más”, le dijo a este diario. Quien adelantaba la investigación del expediente 3452 era Rodrigo Aldana.

En diciembre de 2014, Aldana fue ascendido a fiscal delegado ante tribunal. Caterina Heyck, al igual que la directora de Lavado de Activos, Luz Ángela Bahamón, y la directora de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, indicaron que entonces Aldana debía entregar sus casos. Aldana se rehusó y elevó consultas ante el despacho del fiscal general, señalando que tenía esos casos por asignación especial. Yenny Claudia Almeida, entonces asesora del fiscal general, le confirmó que debía devolver los procesos. “Me demoré en hacerlo porque cada expediente tenía como 200 cuadernos y para revisarlos todos sólo contaba con mi asistente. No por otra razón”, dice Aldana.

No se trataba de un proceso cualquiera, sino de uno que llevaba años en la Fiscalía sin que pudiera concluirse, rodeado de presiones y hasta amenazas contra fiscales. Era tal el interés de los Comba en sacar a sus parientes del radar de la Fiscalía que Aldana viajó a Estados Unidos para oír a Javier Antonio Calle Serna aceptar cargos a cambio de beneficios para su familia. “No manejé irregularmente el 3452. Lo que pasa es que tenía una información sensible que debía corroborar. Los investigadores del caso saben de qué hablo. Calle Serna me aceptó cargos, pero yo no podía decirle que sí porque sí”, asegura el fiscal Aldana.

Desde que comenzó la investigación por lavado de activo a los Comba y su gente, en la Fiscalía el expediente 3452 ha ido de tropiezo en tropiezo. Hacia el año 2007, un abogado de los Comba se acercó al fiscal del caso a decirle que si ellos dos no llegaban a un acuerdo favorable, él podía conseguir que le quitaran el caso. La Unidad de Lavado de Activos le informó al fiscal general de la época, Mario Iguarán. Investigadores del DAS advirtieron también que la gente de los Comba sabía de las diligencias que estaba llevando a cabo la Fiscalía.

Para 2012, el expediente 3452 seguía sin resolverse. Ese año, el recién nombrado fiscal general Eduardo Montealegre nombró a Rodrigo Aldana fiscal destacado ante el subgrupo de apoyo de lavado de activos Gela, que patrocina el gobierno británico. Montealegre lo conocía de vieja data por su padre; Aldana es el hijo del Luis Enrique Aldana Rozo, uno de los magistrados que sobrevivieron a la toma del Palacio de Justicia en 1985, pero que, recuerda Fabio Castillo en su libro “Los jinetes de la coca”, murió meses después de ese episodio de guerra por cuenta de la persecución del narcotráfico hacia los altos jueces que estaban definiendo el tema de la extradición.

“Aldana recibió en su casa un féretro con una leyenda: ‘es para usted’ —contó Castillo—. Con la salud ya resquebrajada, sufrió un ataque al corazón. Fue trasladado a Houston, donde luego de una intervención quirúrgica pareció quedar restablecido. Pero cuando salió del quirófano, misteriosamente fueron cortados los tubos que le conducían el oxígeno y murió de inmediato”.

Rodrigo Aldana ingresó al organismo investigativo en 2011 como funcionario de carrera. Para esa época, su nombre había ocupado titulares de prensa porque, como fiscal antiterrorismo, le tocó conocer la denuncia que el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo hizo contra Carlos Alonso Lucio por supuestamente asesorar a los paramilitares en Santa Fe de Ralito sin autorización del Gobierno. Lucio es el esposo de quien por esas fechas era fiscal general, Viviane Morales. Aldana se declaró impedido arguyendo que el M-19 era responsable de la muerte de su padre y Lucio era un ex-M-19. Salió del caso, y del tema de Lucio no se supo más.

Cuando Eduardo Montealegre empezó como fiscal general, en la Fiscalía se decía que Aldana era uno de sus consentidos y, tal parece, los británicos le tenían mucho aprecio también. No obstante, algunos funcionarios de la Fiscalía veían su trabajo con reservas. No les gustaba, por ejemplo, su cercanía con Andrés Vélez, con quien almorzaba con frecuencia cerca del búnker. Andrés Vélez, quien está llamado a juicio por presuntamente haber mentido contra la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, había dicho en la Fiscalía que él podía declarar en el proceso contra la entonces contralora Sandra Morelli, y esa fue una carta que Aldana jugó a su favor.

En esa época, el fiscal Montealegre estaba empecinado en demostrar que Sandra Morelli había cometido algún delito al tomar en arriendo para la Contraloría un edificio de Aroch Mugrabi, empresario que después empezó a ser investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Andrés Vélez aseguró que tenía información que podía servir para la investigación contra Mugrabi y, por ende, contra Morelli; su puente era Rodrigo Aldana. “Eso no me dio ninguna ventaja con Montealegre”, asegura el fiscal Aldana. Otra cosa, sin embargo, concluyeron funcionarios de la Fiscalía que vieron cómo, poco después, Aldana fue nombrado representante de la Fiscalía para asesorar al Gobierno en sus deseos de ingresar a la OCDE y luego ascendido a fiscal delegado ante tribunal.

Procesos en extinción

Antes de ingresar a la Fiscalía en 2011, Rodrigo Aldana ya había sido parte del organismo desde 1993 hasta diciembre de 2002, cuando el fiscal general Luis Camilo Osorio lo declaró insubsistente. Aldana, cuenta él mismo, se fue a trabajar en la Contraloría de Antonio Hernández Gamarra y como penalista litigó hasta 2011. En 2012, como fiscal destacado ante el grupo Gela, a Aldana le entregaron más de 80 procesos de lavado de activos relacionados con distintos grupos mafiosos (entre ellos el famoso expediente 3452). Luego, superiores suyos encontraron información que, cuando menos, daba para indagar por su trabajo.

Como quedó registrado en el despacho quinto de fiscales delegados ante la Corte Suprema, que en septiembre del año pasado archivó la denuncia por injuria y calumnia que Rodrigo Aldana presentó contra Caterina Heyck luego de la comunicación que ella le envió al fiscal Eduardo Montealegre, la directora de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, también había reportado una “presunta irregularidad” de Rodrigo Aldana: “la proyección de una resolución inhibitoria dentro de un proceso de extinción de dominio” contra los hermanos Jacinto y Rodolfo Báez Báez, “testaferros del Loco Barrera”.

Jacinto y Rodolfo Báez Báez fueron capturados en marzo de 2011 junto a José Fernando Lopesierra, el hermano del “Hombre Marlboro”, el exsenador Samuel Santander Lopesierra. Los tres estaban solicitados en extradición, por cargos de narcotráfico, por una corte federal de Tampa (Estados Unidos). En el informe que firmó la fiscal Malagón se lee que Aldana, en su resolución inhibitoria, “inexplicablemente hace entrega formal de unos activos que pertenecían a los testaferros del ‘Loco’ Barrera, el mismo que él había representado en el año 2011 como abogado”.

“Yo jamás presenté un borrador (de resolución) de bienes de los Báez y de Lopesierra”, responde Rodrigo Aldana. Agrega que tampoco fue abogado de ellos, pero es un hecho que el Inpec ha certificado 25 ingresos de Aldana a cárceles entre 2007 y 2011 —la época en que litigaba— para visitar, entre otros, a los hermanos Báez y a José Fernando Lopesierra. Según los registros del Inpec, que este diario conoció, tanto Jacinto Báez Báez como José Fernando Lopesierra lo relacionaron como “abogado” para autorizar que él fuera a visitarlos.

También visitó a Diego León Montoya, cuando este jefe del cartel del Norte del Valle recién había sido capturado; a su hermano Eugenio Montoya; a José Leonardo Cuevas, empresario de San Victorino (Bogotá) que fue extraditado a Estados Unidos por un lavado de activos, y a Carlos García, un ciudadano español que hacía parte del cartel Rama Gallega y metía droga a Europa en alianza con los Rastrojos, el ejército privado del cartel del Norte del Valle que encabezaban los hermanos Comba. “A García lo ayudé para que, en vez de extraditarlo, lo deportaran y se fuera más rápido a España. Y vea cómo son las cosas, ni siquiera me pagó”.

“A los Báez los conocí —afirma Rodrigo Aldana— por Edward Kacerosky, quien estaba adelantando una investigación privada con Linda George”. Para esa época, Kacerosky, un reconocido funcionario antinarcóticos estadounidense que había cooperado en las indagaciones contra los hermanos Rodríguez Orejuela, empezaba a trabajar como consultor e investigador de abogados de mafiosos en Estados Unidos. La familia de Álvaro Gómez Hurtado lo contrató un tiempo con la esperanza de que los ayudara en la investigación por el magnicidio del político conservador, pero hace tiempo que ese contacto se desvaneció.

Todos esos elementos los tiene hoy la Dirección de Fiscales delegados ante la Corte Suprema, aunque todavía no hay investigación formal de nada. “Le he enviado unos cuatro oficios al doctor Fabio Espitia (director de los delegados ante la Corte), pidiéndole que me escuche en interrogatorio, pero no me ha respondido”, dice Aldana. También rechaza haber cometido cualquier irregularidad, dice que no le devolvió a Otto Bula bienes de los Álvarez Meyendorff y reclama además por su seguridad y la de su familia después de haber sido relacionado con el excongresista. “A mi mamá se le metieron a la casa hace un par de semanas, se le llevaron la caja fuerte. Me da la idea de que fue un mensaje para mí”, dice Aldana.