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Intimidar a los pobladores; hacerles la ‘oferta’ de que pudieran seguir con vida a cambio de que abandonaran sus parcelas; despojarlos del pedazo de tierra con el que subsistían para apropiárselos a través de testaferros o para ejercer control militar sobre las zonas ‘límpias’. Ese fue el drama que miles de habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta afrontaron durante la época de la barbarie paramilitar y que para la Fiscalía, de lejos, constituye un delito de lesa humanidad: el desplazamiento forzado.
Hace dos días, el pasado 31 de julio, la Fiscalía radicó las anunciadas 16 imputaciones masivas en contra de 13 exjefes paramilitares, 2 excomandantes de las Farc y el fundador del Ejército Revolucionario Guevarista. En esos documentos se sustenta por qué 187 desmovilizados en total, quienes en su momento eran los máximos responsables de sus bloques, deben ser condenados por crímenes de lesa humanidad como el desplazamiento: el delito que es, quizá, el rostro más visible de la guerra. Y en la historia del Bloque Resistencia Tayrona, cuyos exlíderes Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo y Salvatore Mancuso figuran entre los imputados, se entiende al detalle la relación entre el desplazamiento y el conflicto.
En un documento de 93 páginas, la Fiscalía concretó información cruzada de reportes judiciales, versiones libres, relatos de víctimas, documentos académicos y hasta reportes de prensa de la época, para concluir que el impacto del desplazamiento fue tal en su área de injerencia que merece ser llamado crimen de lesa humanidad: 13.146 habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, 80% situados en el Magdalena, dejaron sus tierras a la fuerza. Se habla de por lo menos 130 hechos de desplazamiento. “Yo en ningún momento lo hice con mala intención, lo hice por salvar a las personas”, dijo en versión libre, en marzo de 2011, Hernán Giraldo Serna.
El análisis que hizo la Fiscalía indica que, más que el ‘buen corazón’ de Giraldo, el factor principal que propició tal número de desplazamientos masivos en la Sierra fue la disputa a muerte en la que se enfrascaron, entre diciembre de 2001 y febrero de 2002, las autodefensas de Hernán Giraldo y los paramilitares de Carlos Castaño, representados por el Bloque Norte, liderado por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40). Para esa época, Giraldo y sus hombres llevaban 22 años combatiendo grupos guerrilleros en la zona —aunque la Fiscalía tiene evidencias de que muy pronto el grupo de Giraldo se involucró también con cobros a narcotraficantes—.
La Casa Castaño, indica la Fiscalía, quería el control de todo. Giraldo no quería soltar su poder, pero Carlos Castaño, que primero intentó convencerlo por ‘las buenas’ de que se uniera a las Autodefensas Unidas de Colombia, envió cientos de paramilitares del Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María a la Sierra Nevada. “Esta guerra trae como primera consecuencia de gran impacto social y económico para la región, el desplazamiento de miles de campesinos de las veredas de la Sierra Nevada para la troncal del Caribe, durante los meses de enero y febrero de 2002”, señala el organismo investigativo.
Giraldo ordenó los desplazamientos como estrategia para atraer a la Fuerza Pública y evitar su aniquilamiento. A la larga, fue derrotado militarmente y tuvo que integrarse al Bloque Norte, quedando bajo el mando de Jorge 40. A partir de ese momento, según Giraldo, nunca pudo volver a tomar una decisión autónomamente. A la Fiscalía no se le escapó que ese tipo de aseveraciones sólo podían tener un fin: evadir su responsabilidad por los tantos crímenes que él y sus hombres protagonizaron contra indígenas, campesinos y hasta jóvenes menores de edad: en la región era bien conocido el gusto de Giraldo por las adolescentes vírgenes.
Quienes no dejaron sus tierras durante esa guerra fueron expulsados a punta de amenazas o de asesinatos selectivos. Al fin y al cabo la filosofía implantada por Giraldo indicaba: “(La) orden dada por mí, Hernán Giraldo, a los comandantes, (era que) todo lo que oliera a guerrilla era dado de baja por ser los enemigos número uno del país”. Para la Fiscalía es claro que las autodefensas de Giraldo utilizaron el desplazamiento como una táctica sistemática de guerra para obtener control territorial y social, y lo que espera es que los magistrados de Justicia y Paz lleguen a la misma conclusión y condenen a Giraldo, a Mancuso y a los demás por este crímen de lesa humanidad.
dduran@elespectador.com
@dicaduran