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Justo cuando el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, enfrenta un juicio disciplinario por presuntas irregularidades en dos contratos para la construcción de casas fiscales en San Luis (Tolima), por actuaciones hechas cuando fue director del Fondo Rotatorio de la institución, la Fiscalía General anunció que no seguirá investigando al alto oficial y le archivó una investigación que apenas estaba en marcha y que inició a petición del propio oficial. La razón, dijo el ente investigador, es que, si bien podría haber irregularidades en los contratos, estas se habrían presentado antes de que el oficial llegara al cargo.
Esta historia remite a los contratos 117 de 2011 y 259 de 2012 para el proyecto de casas fiscales, conocido como Cenop 1 y 2. En el primero de ellos, que tuvo múltiples demoras y problemas técnicos, se llegó a un acuerdo entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el contratista el 26 de diciembre de 2014, y que incluyó pagar sumas adicionales a las pactadas inicialmente por $474 millones, pero para obras necesarias, la Fiscalía dijo que el general Atehortúa, que llegó cuando ya estaba avanzada la problemática, no cometió delito.
“Se tiene entonces, que la actuación surtida por el general Oscar Atehortúa Duque estuvo acorde con la ley y la jurisprudencia que ha tratado el tema de la transacción, pues se considera que fue procedente su aplicación al caso objeto de investigación, a efectos de finiquitar los intereses opuestos de las partes para efectos de dar cumplimiento a las finalidades del contrato”, dice la decisión de la Fiscalía. En el segundo contrato, que tiene hallazgos fiscales de la Contraloría, la Fiscalía dijo que las irregularidades existentes no reposan sobre la fase de liquidación que fue la que hizo el alto oficial.
Bajo esos argumentos, la Fiscalía trasladó la presunta responsabilidad por los vicios encontrados a otras personas y anunció que “continuará la investigación en contra de los generales que intervinieron y participaron en esas fases contractuales que sí revelan cuestionamientos”. Al tiempo, dijo que no se “configura(ron) los elementos objetivos que estructuran la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por la cual era investigado”.
(En contexto: Fiscalía archivó la indagación contra el general Óscar Atehortúa)
Los contratos
El Espectador tiene en su poder el documento de archivo de 54 páginas firmado por el fiscal cuatro delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernán Suárez Delgado, que beneficia al general Atehortúa y que da cuenta del paso a paso de los dos contratos que seguirán en la mira de esa entidad, así como los informes de Policía Judicial que acreditan la existencia de las irregularidades de este proyecto “Ciudadela Polical-Cenop” en San Luis. El primer contrato, el 117, lo firmó en 2011 el coronel Saúl Torres Mojica, director en ese momento del Fondo Rotario de la Policía y Louis Wagner Cortés, representante legal de Inversora Manare LTDA, por $10.930 millones.
Las 60 viviendas de la primera fase de la ciudadela se entregaron el 29 de julio de 2015, en el marco de un acuerdo suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el representante legal de Inversora Manare el 26 de diciembre 2014, razón por la cual se firmó un acta con el general Atehortúa, quien asumió el cargo de director del Fondo Rotatorio de la Policía en febrero de 2014 y el general William Ruiz Garzón. Dicha acta, dejó constancia de que las casas recibidas tenían falencia en calidad. Unos días después, el 11 de agosto de 2015, la Policía archivó el caso adelantado por presunto incumplimiento de obra por el contrato 117- 3-2011. Y en diciembre se firmó un acta de liquidación bilateral entre el general Atehortúa y el contratista.
La Fiscalía resaltó como desde el 26 de diciembre de 2011 se otorgó al contratista un plazo para la ejecución de la obra hasta el 30 de abril de 2012, por cuenta de demoras en estudios, diseños y modificaciones arquitectónicas. Además, se hicieron cinco contratos de prórroga más sobre el plazo, hasta el 20 de marzo de 2013 y una más sobre la forma y condiciones de pago. Luego, el contrato sufrió una suspensión en atención a que precisamente, por todas estas modificaciones, el contratista consideraba que era necesario verificar lo realizado. Y para obtener los permisos de funcionamiento de la red eléctrica y de vertimientos de aguas residuales.
El acta de liquidación bilateral que firmó el general Atehortúa en diciembre de 2015 indicó que el primer pago, por el 70 % de ejecución de la obra se hizo en marzo de 2012 por $ 2.065 millones y el segundo en julio por $1. 032 y, en octubre, el tercero por $1.032. “Los pagos se discriminan así: Por concepto de estudios y diseños $208 millones; licencias y permisos la suma de $396 millones; y por obra la suma de 10.930 millones”, dice el documento. A pesar de esto, en febrero de 2013, la contratista informó a la Policía que había hecho obras adicionales por $2.184 millones. El acta consigna que fue necesario iniciar el citado proceso por presunto incumplimiento, entre otros.
En pocas palabras, este contrato fue objeto de múltiples modificaciones y la obra enfrentó problemas por múltiples asuntos, que motivaron el seguimiento de la interventoría, entre otros. Por ejemplo, hubo cambios y especificaciones técnicas al proyecto, se puso de presente problemas para la operación de la disposición final de aguas tratadas de la PTAR, la disposición de la red pluvial para las varias etapas de la ciudadela, obras de protección de las casas que estaban fuera del alcance del proyecto y se hicieron ajustes en la red de gas.
Los encargados de supervisar el proyecto explicaron que se hicieron obras adicionales al presupuesto contratado, que impedía hacer unas obras necesarias sobre redes y estructuras hidráulicas. En diciembre de 2014, el contratista hizo una propuesta para solucionar las diferencias, que fue evaluado por la Policía al punto que llegaron a un acuerdo que se firmó el 26 de diciembre y en el que se incluyeron nueve puntos claves, para entregar definitivamente las obras el 31 de mayo de 2015. Para ello debían entregar estudios y diseños de mitigación de las 59 casas de la primera etapa, para las obras de vertimiento de aguas residuales, aguas lluvias, permisos para energización, para aguas subterráneas, entre otras.
En ese acuerdo, el Fondo Rotatorio se comprometió a reconocer y cancelar, una vez fuera suscrita la liquidación del contrato, la suma de $1.238 millones correspondientes al 10 % del valor del contrato. Y $474 millones de obras adicionales imprevistas pero necesarias en temas como la subestación eléctrica, paisajismo y empradización y cuartos para basuras. Y se comprometió el fondo a suspender los procedimientos sancionatorios que en ese momento estaban en curso si se cumplían esos acuerdos.
El segundo contrato, el 259-3-2012, para la construcción de 51 casas fiscales en la misma ciudadela fue firmado el 14 de diciembre de 2012 entre el ya general Saul Torres Mojica como director del Fondo Rotatorio de la Policía y la sociedad Socar Ingeniería Ltda, representada por Pedro León Solano Carpio, por $6.697 millones. Este contrato tuvo varias adiciones y prorrogas. Una por seis meses firmada por el general Torres, otra por cuatro meses firmada por el general Gabriel Parada Díaz en junio de 2013 porque había diferencias entre Socar Ingeniería y el subcontratista Petrogas Ingeniería Ltda.
El general Parada firmó un contrato adicional por dos meses por temas de lluvias, otro más hasta el 30 de mayo de 2014 por demoras en el desembolso de los recursos e incumplimiento en las entregas de las cubiertas de las casas subcontratado a Ferresructuras S.A.S que había cerrado por vacaciones, entre otros. Un informe elaborado por una funcionaria del grupo de construcciones a la dirección del Fondo alertó de los retrasos, lo que inició una actuación administrativa, en la que, el 31 de marzo de 2015, el general Atehortúa, como director de la entidad declaró el incumplimiento parcial del mismo y ordenó el pago de la cláusula penal pecuniaria.
¿Qué dijo la Fiscalía?
Con este panorama, expuesto por la Fiscalía con base en informes de policía judicial ordenados y varios testimonios, incluido el del propio general Atehortúa, el ente investigador apuntó en que cuando el oficial llegó al cargo el 21 de febrero de 2014 tuvo conocimiento de las circunstancias que rodeaban estos dos contratos, así como los informes sobre los incumplimientos y los problemas que tenían. Sobre el 117, que terminó en una conciliación con un abogado externo, el general dijo que ordenó su revisión a los encargados del asunto dentro del Fondo, es decir, la Oficina Jurídica, Construcciones y Supervisión.
Según el oficial, estas dependencias le llevaron recomendaciones y se verificó el cumplimiento del acuerdo logrado el 26 de diciembre de 2014, lo cual reposa en acta del 29 de julio de 2015 y el 24 de agosto siguiente. “Ha afirmado el investigado que el 26 de agosto de 2015 con base en el cumplimiento de los acuerdos, se cita al contratista para el cierre del debido proceso, mediante acta suscrita en la fecha y se expide la resolución No 00560 del 11 de agosto de 2015 donde se archiva el proceso y además se le exige al contratista que se alleguen las pólizas respectivas por 5 años más hasta el año 2020”, dice el documento.
Para la Fiscalía, cuando Atehortúa Duque asume el cargo se encuentra con dos contratos con problemas, cuyas fases de “trámite, celebración y ejecución habían sido desarrolladas por otros generales que se desempeñaron en el cargo de Directores del Fondo Rotario y Bienestar Social de la Policía Nacional”. Para la entidad, el acuerdo alcanzado para el primer contrato y una transacción adicional era lo más procedente para garantizar los fines de este y evitar un posible detrimento patrimonial. “Como se puede observar entonces, existían posiciones que originaban fuertes controversias sobre los temas contractuales y sobre los cuales no había existido acuerdo, pese a las reuniones que se realizaron mientras el contrato estuvo suspendido, es decir, subsistían relaciones jurídicas que generaban y presagiaban inevitable litigio, porque no se tenía de ellas suficiente claridad”.
“Se considera entonces, que el acuerdo a que llegaron las partes del contrato 117, fue el mecanismo más idóneo para conciliar las entroncadas diferencias que existían, transigirlas y evitar futuros procesos, pues en ese momento la Entidad reconoció obras ejecutadas y no pagadas, se hicieron reconocimientos por medio de los cuales las partes ajustaron y mantuvieron el equilibrio económico del contrato (…) Se tiene entonces, que la actuación surtida por el general Oscar Atehortúa Duque estuvo acorde con la ley y la jurisprudencia que ha tratado el tema de la transacción, pues se considera que fue procedente su aplicación al caso objeto de investigación, a efectos de finiquitar los intereses opuestos de las partes para efectos de dar cumplimiento a las finalidades del contrato”, dice la decisión de la Fiscalía.
Sobre el contrato 259 de 2012, la Fiscalía resaltó que todo terminó en una decisión sancionatoria y en su posterior liquidación. Y señaló que, si bien hay cuestionamientos de la Contraloría en este contrato, los reparos son sobre las fases previas y no sobre la liquidación, que es lo que le correspondió al alto oficial. “Se encuentra entonces, que la actuación del general Atehortúa Duque en la liquidación del contrato 259 de 2012, se surtió igualmente bajo los estrictos parámetros establecidos en la ley”, precisa la decisión.