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Tras casi un año de demoras, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó ante un juez de control de garantías de Puerto Leguízamo (Putumayo) a los tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados, señalados de perpetrar la masacre en la vereda Alto Remanso de dicho municipio. Los militares fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio. Sin embargo, estos no aceptaron los cargos, y queda por definirse la medida de aseguramiento que la Fiscalía solicitará en su contra.
Las audiencias del proceso judicial fueron varias veces aplazadas por solicitud de la defensa de los implicados. En la primera, programada pare el primero de agosto de 2023, los militares solicitaron que su caso saliera de la justicia ordinaria y pasará a ser investigado por la Justicia Penal Militar. La Corte Constitucional negó esta solicitud, y decidió el pasado 10 de abril que el expediente seguiría en la Fiscalía.
En la segunda audiencia, programa para el 25 de junio pasado, Pedro Páez Pirazán, abogado del coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, comandante del batallón involucrado en la masacre, solicitó un aplazamiento porque para ese mismo día ya tenía programada otra diligencia. Luego, el 17 de julio pasado, el abogado del coronel presentó en la tercera audiencia una excusa médica y una orden de cirugía de rodilla que presuntamente le habían realizado apenas horas antes de la audiencia. Esa fue la tercera solicitud de aplazamiento que radicó.
Por su parte, el coronel Cadena Bautista, el 16 de julio, un día antes, había presentado excusas médicas, argumentado problemas de rodilla, que habían sido diagnosticados en 2014, y alegó problemas de salud mental que le impedían, según él, comparecer ante la justicia. A su vez, expresó que su abogado, Pedro Páez Pirazán, “no representaba sus intereses”. Con esto, Cadena buscó que se aplazara la audiencia una vez más, mientras conseguía un reemplazo para su defensa. La jueza a cargo del proceso negó sus alegatos y pidió a la Fiscalía que comenzara con la audiencia de imputación que tuvo una duración de dos días.
¿Qué pasó en la masacre de Alto Remanso?
De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, presentadas por el fiscal Luis Alfonso Cabezas, el operativo ejecutado por 24 militares repartidos en cinco equipos, entre integrantes del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, acabó el 28 de marzo de 2022 con la vida de 11 civiles, que celebraban un bazar comunitario en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguízamo (Putumayo). Entre las víctimas se encontraba un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal, un menor de edad y ocho personas más, que permanecían en estado de indefensión. Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embaraza que dormía en su vivienda.
Según la versión del Ejército, el operativo iba dirigido en contra Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, señalado de financiar el grupo armado Comandos de Frontera, disidentes de las FARC al mando de Iván Márquez. No obstante, la Fiscalía alegó que el Ejército tenía conocimiento previo de que Loaiza no se encontraba en la vereda, y señalaron erróneamente al presidente de la Junta de Acción Comunal de ser alias Bruno.
Sobre la operación militar, calificada como “exitosa” en su momento por el ministro de Defensa, Diego Molano, durante el gobierno de Iván Duque, el fiscal Cabezas, reveló que los militares —portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional—, dispararon durante dos horas y media, iniciando a las 7:13 a.m. y finalizando a las 9:45 a.m, en contra de las 50 personas presentes. El Ejército, de acuerdo con los análisis del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (Cevap), gastó en total 1.597 cartuchos de calibre 5,56 × 45 mm; 32 cartuchos de calibre 7,62 × 39 mm; nueve granadas de 40 milímetros y cinco granadas de mano.
El Espectador, Cambio y Vorágine, en una alianza periodística que puso en conocimineto público del país la masacre,viajaron al lugar de los hechos, en 2022, y revelaron que el Ejército buscó hacer pasar estos civiles como guerrilleros.
Los cinco equipos de militares, integrados por el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, según la Fiscalía, habían llegado 11 días antes a la vereda Alto Remanso para desarrollar labores de inteligencia. El primer equipo, según la Fiscalía, era dirigido por el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza, y se encontraban los soldados Dairo José Arboleda (el francotirador), Franky Fabián Hoyos Pérez, Jeisson Rico Soto y Jhon Fredy Hoyo. Su tarea era vigilar la zona, en la que presuntamente había sospechas de que encontraban disidentes de las FARC.
El segundo grupo, encargado de bloquear y emboscar el caserío, estaba liderado por el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez y estaba integrado por los soldados Róbinson Beleño Herrera, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeison Andrade Rivera Holguín y Yeison David Becerra Gutiérrez. El tercer grupo fue comandado por el cabo primero Wilson Andrés Santamaría Ramos y los soldados Fernando Anama Escobar, José Alexánder Villa Rico, Carlos Alberto Perdomo Romero, y Luis Ángel Núñez Peña, quienes tenían que vigilar movimientos de presuntos integrantes de la disidencia.
El cuarto grupo, a cargo del cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango e integrado por los soldados Jhon Félix Badel Correa, Wilmer Mosquera Poscué, Santander Licona Ramos y José Efraín Lectamo Yalanda tenían como tarea emboscar el lado suroccidente de la zona y alertar de cualquier evento sospechoso. Y el quinto equipo tenía como objetivo “asegurar y bloquear la zona, manteniendo el mando y control de los dispositivos”. Este último grupo era comandado por el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, y contó con la participación del sargento segundo Gabriel Pérez Morales, y los soldados Edinson Javier Esteban Aguiar y Danilo Quintero Urrea.
La Fiscalía aseguró que mientras esto ocurría, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista dirigía la acción armada desde el complejo militar Santana, en Puerto Asís (Putumayo).
También, durante la audiencia de imputación, la defensa de las víctimas solicitó a la Fiscalía que agregara a los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio, el de desplazamiento forzado y tortura, ya que aseguran que después de la masacre, 50 personas habrían sido retenidas en la cancha principal por al menos seis horas. Además, que dentro de los hechos que relató el fiscal Luis Cabezas sobre el presidente de la Junta de Acción Comunal, la defensa relató que el Ejército lo habría golpeado y obligado a declararse como alias Bruno. Finalmente, la petición no prosperó y los 24 militares serán imputados solo por los delitos iniciales.
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