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Una vez más el aborto se enfrenta a un debate en la Corte Constitucional. Dos demandas abrieron de nuevo la discusión sobre un tema que parecía zanjado, desde 2006, cuando el alto tribunal estableció las tres reglas para practicar este procedimiento sin ser penalizado -malformación del feto, riesgo de la madre y violación-. Las demandas que reposan en los despachos de los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos buscan que este procedimiento sea despenalizado en su totalidad. Los gruesos expedientes, con los que piden tumbar el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, tienen enfrentados a los dos magistrados en una carrera para ver quién es el primero en presentar su ponencia.
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El expediente más grueso es el que reposa en el despacho del magistrado Lizarazo, pues tiene alrededor de 600 intervenciones. La demanda, en este caso, promovida por Causa Justa, pide eliminar del Código Penal el delito de aborto. La intención de la organización es que esta práctica sea abiertamente legal y su caracterización como delito sea cosa del pasado. El Espectador conoció que la ponencia de Lizarazo fue radicada el pasado 25 de agosto. No obstante, aún continúa haciendo algunas modificaciones al texto por lo que no ha sido expuesta ante sus compañeros. Desde ese entendido, si no se presentan recursos de impedimento o nulidades en el proceso, este caso puntual tiene plazo para resolverse hasta el 17 de noviembre de este año.
Una vez discutida en Sala Plena, los magistrados tendrán 60 días hábiles para resolver el caso. Aunque el papel aún se encuentra en etapa de modificación, el magistrado Lizarazo no ha dado luces de cómo quiere que se lleve a cabo el debate. No obstante, su postura ha quedado en evidencia en demandas similares que ya ha estudiado la Corte. Una de ellas fue la que tuvo como ponente al magistrado Alejandro Linares, en 2020, quien fue derrotado en Sala Plena tras presentar una ponencia que pedía despenalizar el aborto sin barrera alguna hasta la semana 16 de gestación. En ese entonces, a Linares solo lo apoyaron los magistrados Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, mientras que Lizarazo aclaró su voto.
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En su momento, el magistrado Lizarazo expuso, primero, que aunque sí había barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales, era el Estado quien debía intervenir para detener esos obstáculos. Segundo, consideró que para cambiar cualquier regla sobre el tema del aborto, debía ser el Congreso el encargado de hacerlo. Y tercero, Lizarazo dejó claro que, para él, la demanda que se estaba estudiando no cumplía con ciertos requisitos de forma y fondo. Y eso lo obligaba a apoyar la idea de la cosa juzgada (que ya todo estaba dicho). Sin embargo, el hoy magistrado ponente no le cerró la puerta a la despenalización del aborto. Simplemente explicó que esa no era la forma de hacerlo.
Con las 600 intervenciones a bordo, el despacho de Lizarazo tiene la pelota en su cancha para saber si encuentra argumentos jurídicos para darse la pelea de presentar ante la Sala Plena una ponencia lo suficientemente sólida como para que sus compañeros la apoyen. El otro jugador de esta discusión, el magistrado Rojas Ríos, está pendiente de ese movimiento. En sus manos está la segunda demanda que pide exactamente lo mismo que la que tiene Lizarazo: que se elimine el delito de aborto del Código Penal. El magistrado, a quien se le cumple su período de ocho años en febrero próximo, ha expuesto abiertamente su posición liberal frente a este y muchos otros temas, por lo que no se descarta que las dos ponencias tengan la misma orientación.
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En la decisión emitida en 2020, cuando el ponente fue Linares, Rojas Ríos dejó claro que la decisión de interrumpir un embarazo tiene relación directa con las convicciones de la mujer gestante, y por ello el Estado no puede intervenir al punto de que se anule su libertad. En su salvamento de voto, el magistrado expresó: “Cabe anotar que la mujer debe ser capaz de decidir, pues es su cuerpo el que enfrenta los cambios, riesgos y afectaciones que pueden derivarse de la gestación”. Su posición fue la misma que presentaron Linares y José Reyes. Pero los tres fueron derrotados. A favor de dejar el tema del aborto tal y como ha estado desde 2006 estuvieron los magistrados Lizarazo, Gloria Ortiz, Cristina Pardo, Diana Fajardo y los exmagistrados Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal.
Rojas Ríos y Lizarazo están ambos en una carrera que promete fotofinish. Ambos quieren ser el primero en presentar la ponencia lista para que sea esa la primera en discutirse en la Sala Plena. Ambos están a la vuelta de la esquina. Mientras se conoce quién será el ganador, en la meta hay un problema: los magistrados quedarían enfrentados para debatir sobre el mismo tema en Sala Plena. ¿Por qué no analizar las dos demandas en un solo despacho? Para el exmagistrado Guerrero, esa situación obedece a un tema netamente procedimental, ya que, una vez hecho el reparto de los expedientes, estos no se pueden acumular para un análisis en conjunto. Un escenario problemático, ante todo, porque, en palabras sencillas, van a trabajar en exactamente lo mismo.
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Aunque es claro que por ley no se podrían acumular los dos procesos, lo que sí podría ocurrir es que ambos casos tuvieran dos ponentes. En palabras más sencillas, esto significa que Lizarazo y Rojas podrían trabajar en una ponencia en conjunto que presentarían en las dos demandas. Una estrategia que podría beneficiar el debate de fondo, pues solo se tendría que discutir una vez en la Sala Plena, y no desgasta el sistema con dos expedientes diferentes. Aunque esa es una posibilidad que permiten las normas, por ahora no se ha propuesto en la Sala Plena. Dos fuentes del alto tribunal le explicaron a este diario que la razón podría ser que ni Lizarazo ni Rojas quieren perder la posibilidad de ser los ponentes de una decisión que podría ser histórica.
Como esa posibilidad no está en la baraja de la Corte, los magistrados ponentes están en una carrera por exponer las ponencias ante la Sala Plena. El que llegue primero tiene la ventaja. Al tratarse de un debate sobre la misma ley, la misma pretensión en la demanda y el mismo objetivo -despenalizar el aborto-, cualquiera que sea el segundo en presentarla se enfrenta a la posibilidad de que ya no haya discusión alguna, pues todo habría quedado resuelto con la primera. De acuerdo con el exmagistrado Guerrero, la tradición en la Corte es condensar todo en un solo debate, y no repetir y cambiar las posturas en uno posterior. No obstante, dejó claro que si en las demandas existen nuevos elementos, esto podría dar pie a una nueva discusión. En todo caso, ni Lizarazo ni Rojas quiere ser el segundo en llegar.
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La puja por despenalizar el aborto en Colombia sigue siendo un debate que despierta todo tipo de reacciones y polémica cada vez que alguien se inclina por dar la pelea de sacarlo del Código Penal. Grupos católicos y cristianos, por ejemplo, han defendido el derecho a la vida desde su concepción, de ahí que en más de una ocasión le hayan solicitado a la Corte que no le toque ni una coma a la norma que permite el aborto en las tres causales y reitere que, en otras situaciones, ese procedimiento está prohibido. Desde la arista médica, varios conceptos que reposan en el alto tribunal dan cuenta que la vida empieza semanas después desde la concepción, por lo que han estimado pertinente solicitarle al alto tribunal que mantenga la norma tal y como está desde 2006.
Sin embargo, varios voceros de la comunidad médica sí le han pedido a la Corte una ayuda: que le ordene al Congreso una regulación más eficaz para evitar las barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Desde la valoración jurídica, la Procuraduría les envió un concepto a los magistrados Lizarazo y Rojas, en el que expuso que, en su opinión, lo que debe hacer la Corte es declararse inhibida para tomar decisión de fondo, pues ese debate ya se surtió en 2006. El documento de 13 páginas que firmó la procuradora Margarita Cabello dice que, además de establecer las causales en las que se puede abortar, la Corte entregó directrices a las entidades promotoras de salud para que orienten a las mujeres que deseen acceder a la interrupción.
Con este antecedente, lo que resaltó la jefe del Ministerio Público es que lo que se debe hacer es acatar el fallo ya emitido en 2006. La misma postura se registró desde el Ministerio de Justicia. De los documentos que han llegado a la Corte para apoyar el debate, cuyos autores son entidades estatales, organizaciones sociales, investigadores, académicos, organizaciones religiosas, ciudadanos y expertos, ninguna de las intervenciones firmadas por el Gobierno dicen algo diferente a lo que pide la Procuraduría.
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Los ánimos para la votación
Los argumentos encontrados no escapan a la percepción de los magistrados del alto tribunal, quienes son los directamente vinculados en la toma de decisión de ese tema. Aunque este debate contará con dos nuevos integrantes en la Sala: el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Paola Meneses, los ánimos están caldeados y desde ya se evidencia lo que podría pasar durante los próximos meses. Ya existe un antecedente de la postura de la mayoría de los juristas que conocieron la demanda que estuvo en el despacho de Linares el año pasado. Esa acción legal, interpuesta por la abogada Natalia Cano, buscaba que se penalizara el aborto, aun cuando ocurriera en las tres causales permitidas desde 2006.
El magistrado ponente, como ya se sabe, le dio la vuelta a la petición de Cano y planteó justamente lo contrario: despenalizar el aborto, sin causales, hasta la semana 16 de gestación. Linares fue derrotado y la Sala Plena coincidió en que la Corte debía declararse inhibida para tomar una decisión de fondo, pues consideró que la demanda presentada por Cano carecía de argumentos. Aunque no cambiaron nada en ese momento, el debate sirvió para perfilar las posturas de los demás magistrados de la Corte Constitucional, que ahora son claves de cara a la discusión que se viene en las próximas semanas. Por ejemplo, la magistrada Cristina Pardo, a quien se le ha conocido por su postura conservadora, expuso que no comparte la despenalización del aborto en las tres causales.
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Además, para Pardo, el llamado a definir cualquier tema sobre el aborto es el Congreso. Con este antecedente, y con miras a un nuevo debate, la magistrada se opondría a que el aborto sea un hecho en Colombia. Sobre las magistradas Diana Fajardo y Gloria Stella Ortiz, la situación es más ambigua, pues ninguna de las dos dio a conocer su aclaración o salvamento de voto en la sentencia del año pasado. Sin embargo, se sabe que no le dieron el espaldarazo a la iniciativa de Linares por temas de forma, pero no de fondo. Es decir, ninguna de las dos estaría en contra de despenalizar el aborto completamente. En cuanto al magistrado Ibáñez, quien reemplazó al exmagistrado Guerrero, su posición es incierta.
El nuevo magistrado no alcanzó a estar en la discusión de la ponencia de Linares, pero se sabe que es uno de los juristas más rigurosos en las discusiones de la Sala Plena. Por otro lado, el magistrado Reyes Cuartas, quien se sumó a la postura liberal de Linares y Rojas Ríos, ha dicho que la Corte sí debería impulsar un nuevo debate para cambiar lo dicho en 2006, pues considera que las mujeres cuentan con el derecho a decidir libremente si interrumpen su embarazo. Los tres juristas que apoyaron la idea de cambiar el aborto señalaron que han pasado 15 años desde la última vez que se habló del tema y que ha existido una evolución de los derechos sexuales y reproductivos “en el contexto internacional que amerita realizar un nuevo estudio de constitucionalidad”.
El panorama de las posiciones de los magistrados da una idea de cómo se podría inclinar la balanza. A un lado estarían: Reyes Cuartas, Rojas Ríos, Linares y Lizarazo, este último que no escapa del ala liberal, quienes apoyarían la idea de que el aborto en el país tenga una nueva jurisprudencia. Mientras que, del otro lado, quedarían cinco votos sin concluir, entre los que se encuentra el de la magistrada Paola Meneses, a quien no se le ha conocido una postura definida en sus determinaciones. El tiempo ya está corriendo para los ponentes, que preparan sus argumentos para convencer a la Sala Plena si finalmente el álgido debate del aborto en Colombia puede tener una nueva cara o, si por el contrario, se mantiene como hace 15 años.